Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a la CGT y las dos CTA, marcharán el jueves 18 de diciembre junto a Plaza de Mayo contra la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutuvo, y al rumbo general de la política económica y social del gobierno de Javier Milei.

Según estimaciones de los organizadores, la convocatoria podría reunir a alrededor de 150 mil personas.

La decisión de salir a la calle se tomó a pesar de que el Gobierno introdujo modificaciones en el texto original de la reforma laboral y excluyó la eliminación de la cuota solidaria sindical, una contribución clave para el financiamiento de los gremios. Ese punto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue retirado tras negociaciones del ala dialoguista del Gobierno, que mantuvo contactos con la CGT a través de Santiago Caputo y el ministo del Interior Diego Santilli.

Para las organizaciones convocantes, sin embargo, la versión final del proyecto mantiene cambios estructurales que afectan el sistema de derechos laborales vigente y justifican una respuesta en las calles. En ese marco, los referentes sindicales y sociales detallaron sus principales objeciones.

“La reforma laboral que propone el gobierno nacional está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, sostuvo ante este medio Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

El dirigente del Movimiento Evita cuestionó con dureza el nuevo esquema de despidos incluido en el proyecto: “Proponen indemnizaciones por despido más bajas y en cuotas, excluyendo aguinaldo, bonos y adicionales. Encima proponen que se financien con el aporte de los jubilados. Te hacen trabajar más, cobrando menos por ese trabajo extra”, afirmó.

También rechazó el argumento oficial que vincula la quita de derechos con una supuesta reducción de la informalidad laboral. “Invocan a los trabajadores informales que están por fuera de una relación salarial formal argumentando que la quita de derechos a uno va a redundar en mayores derechos para los otros. Algo nunca visto”, señaló. Y agregó: “Esto no solamente sería injusto, sino que además es totalmente falso. Una pérdida de derechos para los trabajadores incluidos o formales repercutiría en una pérdida para el conjunto de los trabajadores, incluidos los de la economía popular. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”.

Gramajo citó antecedentes internacionales: “En el mundo, varios países probaron recortar la protección laboral prometiendo que así la economía iba a repuntar. No fue así y la Organización Internacional del Trabajo confirmó que quitarle protección al trabajador no genera más empleo, sino trabajadores más desprotegidos”.

En ese contexto, el dirigente planteó la necesidad de una agenda alternativa. “Por todo esto creemos necesaria la creación de un Estatuto Laboral para la Economía Popular, que sirva de puntapié inicial para una nueva institucionalidad y marcos jurídicos que reconozcan esta realidad laboral”, afirmó. Y detalló: “Como primer punto debe plantear la reactivación del l Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Salario Social Complementario y la posibilidad de avanzar en convenios colectivos por rama de actividad”.

“Una reforma esclavista”

Desde una posición más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, calificó el proyecto como una “reforma esclavista”. “La esclavitud laboral que propone el gobierno nacional solo puede sancionarse si la avalan quienes traicionan a quienes los votaron como peronistas”, afirmó.

Castro sostuvo que la iniciativa no beneficia ni a los trabajadores formales ni a los informales. “Este proyecto de ley es anti-justicia social, quita los derechos que consagraron las familias trabajadoras y no tiene un solo punto en favor de los informales”, señaló. Y apuntó: “No solo no beneficia a los que trabajamos sin derechos, tampoco mejora los ingresos ni los derechos de los trabajadores formales”.

En ese marco, afirmó que las propuestas del movimiento popular solo podrían avanzar si el proyecto oficial es rechazado: “El estatuto de los trabajadores de la economía popular y el salario social complementario solo son posibles si la reforma esclavista de Milei cae. No queda otra. Por eso vamos a luchar con toda nuestra fe”. Y concluyó con una definición simbólica: “Ningún poder puede prevalecer contra Dios y el pueblo humilde trabajador”.

El rechazo político y social

La dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, confirmó la participación de su organización en la movilización y sostuvo que la protesta busca enviar un mensaje político claro. “Este jueves 18 nos movilizamos para dar en las calles un mensaje opositor contundente a Milei”, afirmó.

Saravia advirtió que la reforma laboral se inscribe en un modelo más amplio de ajuste. “Cada uno de los proyectos de ley presentados por el oficialismo reafirma que el gobierno va hacia un modelo de mayor desigualdad”, sostuvo. Y destacó: “Existe un consenso amplio en que la reforma laboral regresiva no va a servir para generar puestos de trabajo genuinos”.

También vinculó la movilización con el rechazo al Presupuesto aprobado en el Congreso. “Vamos a reafirmar el rechazo a un presupuesto que elimina las leyes de financiamiento universitario, las emergencias en pediatría y en discapacidad”, dijo. Y manifestó: “Milei cree que en octubre se le dio un cheque en blanco, pero la profundización del ajuste tarde o temprano va a volverse en repudio masivo”.

Desde el ámbito de los derechos humanos, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, cuestionó la aprobación del Presupuesto y el rumbo del Gobierno. “Repudiamos la lamentable aprobación en la Cámara de Diputados de un presupuesto regresivo que viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salud y educación”, sostuvo.

Según Lubertino, los recortes vulneran el principio de no regresión en materia de derechos. “Atentan contra los derechos de las personas con discapacidad, el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades”, afirmó.

Las dos CTA confirmaron su participación en la jornada del próximo jueves, El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, informó que las tres centrales sindicales acordaron una estrategia común frente a la reforma laboral. “Acordamos rechazar de forma contundente el proyecto por considerarlo regresivo y contrario a los derechos de los trabajadores”, señaló.

Godoy agregó que se resolvió “poner en estado de movilización permanente a la clase trabajadora” y convocar a “una gran jornada nacional de protesta, con una movilización central en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en las principales plazas del país”.

Los principales puntos contra la reforma laboral

Entre los ejes más cuestionados del proyecto se destacan el abaratamiento de los despidos, la flexibilización de la jornada laboral, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de convenios por empresa, el salario ligado a la productividad, las restricciones al derecho de huelga y la falta de políticas reales para reducir la informalidad laboral.

La oposición y los movimientos sociales también sostienen que la reforma no incluye incentivos reales para formalizar empleo.

Con la CGT, las CTA y los movimientos sociales en estado de movilización permanente, el jueves 18 se perfila como una de las principales demostraciones de fuerza contra la agenda laboral del Gobierno, en un escenario de creciente tensión entre la Casa Rosada y el movimiento obrero organizado.