Como fruto de negociaciones reservadas con la CGT, el Gobierno modificó este lunes por decreto lo establecido en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que había perjudicado el financiamiento de los sindicatos al determinar que la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo estaría constituida por el salario básico convencional, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos pactados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Ahora, el flamante decreto 612/2026, firmado por Javier Milei y los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, flexibiliza parcialmente el efecto del límite del 2% a esos ítems porque aumenta la base salarial sobre la que se aplica: agrega que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional y establece que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador, tales como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”.

Esa mención al salario básico como base de cálculo que figura en el decreto 407 fue en contra de lo que había sido acordado previamente entre el ala política del Gobierno y la CGT cuando se sancionó la reforma laboral, donde el artículo 133, que modificó el artículo 9 de la Ley 14.250, sólo hablaba de que las contribuciones y los aportes vía convenio colectivo “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, sin especificar que iba a afectar al salario básico.

Luego de ese sugestivo cambio en el decreto reglamentario que sorprendió a la CGT, y que fue atribuido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sindicalistas del sector dialoguista intensificaron sus charlas con el asesor presidencial Santiago Caputo y Martín y Eduardo “Lule” Menem para tratar de moderar ese punto mediante una resolución o dictamen administrativo de la Secretaría de Trabajo que dejara en claro que se apuntaba a las remuneraciones normales y habituales, diluyendo el concepto de salario básico convencional que afectaba la caja sindical.

Las tratativas reservadas cobraron nuevo impulso cuando Diego Santilli fue designado jefe de Gabinete: junto con los Menem, fue quien convenció a Karina Milei de dictar alguna medida, que finalmente fue un decreto, para conformar a la CGT y pacificar el frente sindical.

En el flamante decreto 612, al mismo tiempo, ahora se excluyen del tope del 2% los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos de trabajo destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, mientras establece que deben administrarse y documentarse separadamente de los demás fondos sindicales.

Esto permitirá, por ejemplo, que no tengan límites las contribuciones de los empresarios que están destinadas a las obras sociales, que se convirtieron en decisivas para la subsistencia del sistema sindical de salud, como sucede en Camioneros: atraviesa una fuerte crisis financiera y recibe del sector empresarial una contribución para su obra social que llega a 5 mil millones de pesos mensuales, que surge del pago de 25 mil pesos por trabajador pactados en el convenio.

Esta es otra modificación de gran importancia para el financiamiento de los sindicatos porque permitirá que ciertos aportes patronales pactados en los convenios colectivos queden afuera del cómputo del tope global.

El nuevo decreto del Gobierno es interpretado por la CGT como una derrota política para Sturzenegger, el cruzado libertario contra las cuotas solidarias, que ahora está promoviendo los convenios por empresa y los sindicatos de empresa para debilitar al gremialismo, como anticipó Infobae. Y no es casual que se produzca en una etapa en la que la administración libertaria, con Santilli como escudero, se propone una mayor predisposición al diálogo y a la negociación para asegurarse la reelección de Milei en los comicios nacionales de 2027.

Tampoco parece una simple coincidencia que la norma rectificatoria de la reforma laboral que beneficia a los sindicatos se haya oficializado justo cuando la CGT está a punto de retomar su plan de lucha contra el Gobierno, con una movilización al Congreso que hará este miércoles para acompañar los reclamos de los jubilados.

El plan de lucha cegetista amenazaba con replicar el modelo francés, que atormentó a Emmanuel Macron en 2023 por su reforma jubilatoria, pero finalmente terminó en una versión light que incluirá movilizaciones callejeras, pero no paros sectoriales y rotativos, como se preveía en un primer momento.

En sus negociaciones sobre la reforma laboral, la CGT logró dejar a salvo el financiamiento de los sindicatos y el núcleo central de las convenciones colectivas de trabajo, dos pilares en que se basa el modelo sindical argentino, acuñado por Juan Domingo Perón.

En una entrevista con Infobae, el líder cegetista Gerardo Martínez (UOCRA), reconoció que pudieron mantener las cuotas solidarias en el proyecto oficial y, además, quitar un artículo por el que las empresas dejaban de ser agente de retención de las cuotas de afiliados. “Con eso se desmembraba toda la estructura sindical”, dijo.

La Ley 27.802 de Modernización Laboral, finalmente, dejó sin efecto las limitaciones a las cuotas solidarias que impulsaba Sturzenegger y sólo fijó un tope del 2% de las remuneraciones de los trabajadores y del 0,5% para los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto de las convenciones colectivas de trabajo en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente” que estén integrados por representantes de los empleadores.

Pese al tope, los jefes gremiales aceptaron silenciosamente la fórmula final de la Ley 27.802 porque se mantenían las cuotas solidarias, montos que se descuentan en forma compulsiva del sueldo de todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, y van a los sindicatos para su financiamiento.

Pero el decreto 407, dictado a fines de mayo pasado, incluyó de manera sorpresiva la inclusión del salario básico convencional como base de cálculo del tope del 2%, algo que la CGT atribuye a una decisión promovida por Sturzenegger, y a partir de allí comenzaron las negociaciones reservadas con el Gobierno que terminaron en el nuevo decreto que causa alivio al poder sindical.