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Reforma laboral: la postura intransigente se impone en el Gobierno y gana adeptos la idea de no hacer cambios

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A menos de una semana de que el proyecto sea votado en el Senado, el Gobierno continúa ultimando los detalles de la estrategia legislativa con la que va a impulsar la reforma laboral, que podría terminar siendo convertida en ley recién en marzo, ya durante las sesiones ordinarias del Congreso.

Si bien hay diferentes posiciones dentro del propio Poder Ejecutivo, por el momento viene ganando terreno la idea de ser intransigentes ante los pedidos de algunas provincias para modificar el capítulo fiscal del proyecto o, al menos, agregar algún tipo de compensación por la caída de la recaudación que implicaría la baja del impuesto a las Ganancias.

Esta postura es la que se impuso durante la última reunión en la Casa Rosada de la mesa política libertaria, que no descarta volver a juntarse el martes que viene, un día antes del tratamiento de la iniciativa.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, explicó durante aquel encuentro la situación en el recinto luego de las intensas negociaciones que llevó adelante con los aliados, y aseguró que tiene los votos necesarios como para que la medida consiga a media sanción.

Asistieron, como es habitual, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

A la salida, uno de los integrantes de la mesa precisó: “La postura que está ganando por ahora es la de no modificar nada. O se aprueba así como está, o no sale”.

Cuando conversó con los aliados, Bullrich había ratificado que podrían llegar a haber modificaciones sobre el texto, tal como había prometido cuando consiguió dictamen, a finales del año pasado, y precisó que “el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Un senador de otro partido, que participó de aquella charla, reveló a Infobae que Ganancias “fue el único tema que quedó pendiente” en aquella oportunidad y que la referente libertaria les prometió que el Ministerio de Economía iba a trabajar en eso.

De todas formas, de acuerdo con lo que pudo recopilar este medio, en varias provincias descreen de la postura dura de la Casa Rosada y confian en que habrá cambios en el texto, ya sea antes o durante su votación.

“Vamos a esperar a ver qué sale del Senado”, aclaró a este medio un funcionaro de diálogo directo con uno de los gobernadores del centro del país, que ya está coordinando con sus legisladores los pasos a seguir.

En tanto, en la Patagonia directamente consideran que la Nación va a rever su postura: “No tengo la línea de que no vaya a haber cambios en la ley, hasta último momento todo puede cambiar. Incluso durante el tratamiento”, señalaron.

Así coincide también otra persona que tiene contanto directo con varios mandatarios locales cercanos al oficialismo, quien remarcó que “formalmente nadie dijo nada”, por lo que no descartó que sí se vaya a modificar el artículo referido a Ganancias.

Si el resto de los bloques consigue los números necesarios, el proyecto podría sufrir cambios ya sea el próximo miércoles, o incluso durante su discusión en Diputados, que podría demorarse hasta la primera semana de marzo, según reconocieron en la bancada libertaria.

“Está difícil que se trate durante las sesiones extraordinarias, no dan los tiempos”, admitieron en el espacio que encabeza el cordobés Gabriel Bornoroni.

Además de los retrasos propios del proceso legislativo, en el medio están los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero por carnaval y la Cámara baja también tiene que abordar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Para el próximo jueves se convocó al primer encuentro plenario de febrero, en el que se va a debatir la reforma penal juvenil, que tiene a la baja de la edad de imputabilidad como principal medida.

El oficialismo tendría en este recinto el consenso como para aprobar esta iniciativa, pero el esenario sería más complicado con respecto a la modernización laboral: “Patricia quiso llevarse la pelota para su campo, solamente para presentar esa victoria como propia, pero descuidó lo que puede llegar a pasar acá”, cuestionó un diputado de uno de los partidos afines al Gobierno.

En este sentido, el legislador remarcó que “las provincias no están influyendo mucho, porque la orden de muchas de ellas va a ser más o menos la misma así haya cambios o no con Ganancias”.

“Rogelio Frigerio es más mileísta que Javier. Pero las cosas se tienen que conversar. Yo creo que, por lo menos hoy, el panorama es que la baja de la edad de imputabilidad va a salir fácil, pero la reforma laboral no estoy seguro de que se vaya a aprobar”, agregó.

Como un primer gesto de diálogo, Santilli recibió este miércoles en la Casa Rosada a Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, uno de los espacios que más aompañó a la gestión de Milei en este tiempo.

La relación entre ambos había quedado tensa luego de que, en diciembre, el oficialismo acordara con el peronismo para repartirse los lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), relegando a sus socios de esas negociaciones.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes cercanas a los protagonistas, “la idea de la foto es que comiencen a mostrarse nuevamente juntos”, por lo que no negaron futuras reuniones.

Luego de esto, el titular de la cartera de Interior subió a ver a Karina Milei para contarle lo que conversó con el jefe del bloque PRO y cuál es su visión respecto del desafío en Diputados.

En tanto, en el entorno de “El Colo” destacaron que durante la charla con Ritondo “coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo”.

“Asimismo, abordaron la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que existen proyectos presentados por ambos y la relevancia que esta discusión tiene para la seguridad en la provincia de Buenos Aires”, indicaron.

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EEUU reconoció que le preocupa la ley que podría sancionar a sus empresas por el conflicto con Malvinas

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El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a las empresas -incluidas las norteamericanas- vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, y encuadró la propuesta de disolver el Comité de Descolonización de la ONU como parte de una reforma general del organismo.

“No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, afirmó Landau en una conferencia de prensa desde el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno que, a su turno, calificó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del C-24 “no tiene ningún tipo de mella” en la posición argentina, aunque reconoció que el foro es de su interés porque allí presenta el reclamo cada año.

Consultado sobre si Estados Unidos propone efectivamente disolver el foro donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo contra el Reino Unido, y si existe incomodidad en Washington por el alcance de las sanciones previstas en el proyecto de ley oficialista, Landau respondió que la administración Trump impulsa una reforma de las Naciones Unidas y que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, “a través de los años no han hecho casi nada”. “Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó.

El vicesecretario de Estado fue más allá y señaló que el comité “ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas”.

Sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sostuvo que “las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina”, pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.

Como contexto de esta postura son los trascendidos de que funcionarios de la Casa Blanca transmitieron al Gobierno argentino su preocupación por el alcance de las penalidades previstas en el proyecto 0010-PE-2026, que podrían alcanzar no solo a las compañías que operan directamente en el archipiélago sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Quirno fue más explícito en la defensa de la iniciativa. Argumentó que la ley vigente “no le da a la Argentina las herramientas necesarias” para defender sus intereses en Malvinas y que la nueva iniciativa busca ampliar esas capacidades. “No va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, insistió, y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.

“Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, cerró el canciller.

El canciller dedicó la parte más extensa de su respuesta a desvincular el reclamo argentino de la suerte del C-24. Aseguró que las resoluciones que sustentan la posición del país son “resoluciones generales de las Naciones Unidas, no de un comité en especial” y que la causa se presenta “en todo foro internacional”.

Sin embargo, reconoció que el comité “es un foro que a nosotros nos interesa, porque es un foro donde anualmente realizamos este reclamo”. En esta línea, el vocero presidencial Adrián Ravier había reconocido esta semana que la postura argentina frente al pedido estadounidense “está bajo análisis” y no descartó cambios en la ley de soberanía durante el debate parlamentario. Además, la Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, una decisión que Quirno atribuyó a “razones técnicas” pero que la oposición interpretó como un gesto a Washington.

Consultado por Infobae sobre si las inversiones anunciadas por el embajador Peter Lamelas —quien en Neuquén cifró en USD 20.000 millones el financiamiento previsto y lo condicionó a que el país siga “hacia la derecha”—, Landau evitó referirse a esas declaraciones. Trazó un paralelo entre el momento actual y la prosperidad argentina de fines del siglo XIX, elogió al Gobierno por “crear las condiciones para otra época dorada” y se limitó a expresar entusiasmo por las “enormes posibilidades” del país.

Quirno, en tanto, reconoció que “el embajador Lamelas lo dice constantemente, que su visión es que el Gobierno argentino reelija el año que viene”, pero intentó separar la afinidad política de la lógica de las inversiones. “El único condicionamiento que hay es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo”, afirmó, y enumeró el equilibrio fiscal, el orden macroeconómico y la previsibilidad como las garantías reales del flujo de capitales.

Antes de las preguntas, Quirno detalló que la administración de Trump aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico —USD 7,5 millones para proyectos en el país y el resto para iniciativas regionales— y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, con un apoyo de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.

El “quitavisas”

Ante la consulta sobre si Estados Unidos busca un compromiso argentino para bloquear el uso de tecnología china en proyectos de infraestructura, en referencia a un episodio reciente en Neuquén donde directivos de una empresa habrían recibido advertencias sobre sus visas por un vínculo con Huawei, Quirno negó que exista discriminación y describió las decisiones como resultado de un análisis de seguridad informática.

Landau fue más directo: “Por algo me llaman el quitavisas”, dijo, y explicó que las visas son “una herramienta de la política exterior”. “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”, completó.

Landau y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, llegaron a Buenos Aires en la noche del miércoles desde Asunción, Paraguay.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Detalle de los cortes de calles y cambios de recorrido de colectivos

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La Municipaliad informó que hoy continuarán los cortes de calles en Necochea y Sócrates por una obra de bacheo y en Drago y Chubut por empalme y reparación de pavimento.

La línea 513 modifica parte de su recorrido desde Stella Maris hacia el centro, circulando por Remedios de Escalada, Estados Unidos, Brown y desde allí recorrido habitual.

Mañana jueves, en tanto, de 10.30 a 14.30 no se podrá transitar por Mitre al 300, por izaje de pallets de hormigón, mientras que de 10 a 12 habrá un corte en Lautaro al 2900 por actividad comunitaria en el exterior del Centro de Salud.

Además, adelantaron que el sábado 24 de octubre estará interrumpido el tránsito de 7.30 a 16 en Euzkadi e Yrigoyen, por trabajos con una grúa.

Hasta el domingo 25, continuará el corte en Zelarrayán y Felipe Varela por la ejecución de la obra “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto- Los Chañares. El desvío vehicular se realiza desde calle El Resero y calle Facundo Quiroga.

Dos lineas de colectivos tiene que modificar sus recorridos:

  • 500: desde Sesquicentenario hacia Ingeniero White circula por Paraguay, Zapiola, 19 de mayo, Mitre y Sarmiento.
  • 509: desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay transita por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán; y en el regreso por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.

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