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Reforma laboral: por qué pierde apoyo el oficialismo en Diputados tras el debate sobre las licencias por enfermedad

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El Gobierno quedó en una encerrona. La inclusión del artículo que se refiere a una reducción en el pago de las licencias médicas generó un fuerte rechazo social que derivó en que algunos de los socios necesarios para aprobar la reforma laboral se planten en la vereda de enfrente.

Cada vez más diputados que La Libertad Avanza contaba como votos positivos se oponen y ya no solo en la intimidad de las conversaciones sino frente a los micrófonos, lo que hace que el cambio de opinión en un tema tan sensible sea más difícil por el costo político y social que esto podría significar.

El oficialismo contaba con un paso complicado por el Senado y, una vez obtenida la media sanción, avanzar con mayor agilidad en la Cámara de Diputados. Con una votación en la Cámara Alta que lo dejó muy cerca de los dos tercios, los libertarios se mostraron confiados, pero el clima cambió.

El artículo 44 reduce al 50% o al 75%, según el caso, la remuneración que el trabajador tiene derecho a percibir en casos de enfermedad o accidente, así como los plazos de la licencia que pasan de 12 a 6 meses. Mientras se busca al responsable del artículo, todos miran al ministro de desregulación Federico Sturzenegger, quien fue el único que lo defendió públicamente, en la oposición empiezan a sopesar los dichos de la senadora Patricia Bullrich respecto de posibles cambios. La senadora promete una protección de 100 % para las enfermedades graves, pero la palabra de la ex ministra no parece suficiente, mucho más que no dio certeza cómo se iba a resolver.

“Nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco a Patricia Bullrich. Si quieren hacer algún cambio quien lo tiene que explicar es Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni o Diego Santilli, no la senadora”, señaló una alta fuente del PRO, uno de los aliados necesarios en la Cámara de Diputados.

“Puede ser que la saquen -en Diputados- pero hay 21 votos que los suelen acompañar que hoy están en contra o que se pueden abstener en esos artículos y eso va a complicar”, agregó. La fuente amarilla hace referencia a los 12 diputados del PRO, más 6 de la UCR, dos del MID y 1 de Adelante Buenos Aires.

Pero a ese grupo que el oficialismo ya contaba como propios, ya que vienen acompañando en gran medida los posicionamientos de La Libertad Avanza, se le suman otros que responden a gobernadores o trabajan en espejo con el Senado.

El interbloque Unidos, que contiene a Provincias Unidas, camina a la oposición. Lo mismo sus socios Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal y los miembros de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. También estaría en este grupo Marcela Pagano de CoherenciaNatalia De la Sota de Defendamos Córdoba y varios de los diputados de Innovación Federal. Los senadores de Tucumán que responden a Osvaldo Jaldo votaron en contra en el Senado y en Diputados cuenta con un bloque de 3 diputados que podrían seguir el mismo camino.

Este grupo se suma a los 93 diputados que tiene el bloque de Unión por la Patria que se opone en su totalidad a la norma y que está preparando un dictamen propio con un proyecto de ley que tiene 11 puntos de reforma de la ley laboral.

“Están emperrados con tener todo para el 1 de marzo -fecha de apertura de las sesiones ordinarias donde el Presidente se presenta en la Asamblea Legislativa- es inentendible cuando el escenario es este”, explicó un diputado dialoguista.

Más cambios

Pero el oficialismo no solo tiene en riesgo la parte que se refiere a las licencias por enfermedad, sino que también pondría en riesgo el Fondo de Asistencia Laboral en donde el peronismo también se opone. Pero aunque en este caso el PRO, la UCR y el MID se muestran en la misma línea que La Libertad Avanza aparecen luces de alarma en donde el malestar por las licencias puede “contagiar” al FAL.

La representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz en el Senado, la ex ministra de Energía Flavia Royón, en su discurso señaló que la ley le parecía mala pero solo votó en contra el FAL. En el caso de Diputados, el gobernador que supo ser candidato a vice de Sergio Massa cuenta con nueve votos en la Cámara Baja que podrían seguir el mismo camino que la senadora Royón.

En la Cámara de Diputados sienten que se “empiojó” el debate por la ley. Los legisladores que suelen acompañar a La Libertad Avanza entienden que son los senadores los que se tienen que responsabilizar por lo que las chances de que vuelva al Senado se incrementan con el paso de las horas.

“Patricia -por Bullrich- no es ministra como para decir qué va a cambiar. Y ahora no se pueden hacer los que no sabían del texto, todos lo sabían y lo votaron, que sean ellos quienes lo dejan afuera”, señaló un diputado provincial que tiene la intención de rechazar ambos artículos.

En La Libertad Avanza también crece la percepción que la idea inicial de un pasaje tranquilo por la Cámara de Diputados está desapareciendo. Es por eso que apuran el llamado a una sesión para el próximo 19 de febrero.

La intención que dicen tener es la de dictaminar el miércoles en el plenario de comisión e ir al recinto el jueves. Si esto sucede, le daría tiempo al Senado para insistir con la norma original o aprobarla con cambios antes del 27 de febrero, fecha en que culminan las sesiones extraordinarias y cumplir con el objetivo de que el presidente Javier Milei tenga el paquete de leyes aprobado para su discurso el próximo 1 de marzo.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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