El Gobierno y la CGT reanudarán la semana próxima en forma oficial sus negociaciones para introducir cambios en la reforma laboral, pero los líderes cegetistas, sin garantías de un resultado satisfactorio, decidieron hacer dentro de 15 días una gira por varias provincias para hablar con los gobernadores y tratar de convencerlos de no votar el proyecto oficial tal como está hoy.
Así lo decidieron los cotitulares de la CGT Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que ya tienen un itinerario tentativo: viajarán a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, en una primera etapa, y luego se trasladarán a la Patagonia para verse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
En todos los casos, quieren presionar en forma directa para evitar que el Gobierno, que envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a hacer casi los mismos contactos, imponga una versión de la reforma laboral tal como fue presentada en el Senado, que contempla puntos considerados inaceptables por la dirigencia gremial.
De todas formas, los sindicalistas harán especial hincapié ante los mandatarios en cómo el capítulo impositivo incluido en la reforma laboral de Javier Milei tendrá un fuerte impacto negativo sobre los ingresos que las distintas provincias reciben por coparticipación federal.

Un reciente informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) afirma que las modificaciones al Impuesto a las Ganancias representan un costo fiscal anual directo del 0,22% del PBI, lo que equivale a $1,9 billones. De esa suma, la Nación asumiría $790.000 millones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires afrontarían una pérdida de $1,12 billones.
Entre los principales cambios, el proyecto de reforma laboral plantea una reducción de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres destinados a vivienda. Según los gobernadores, eso reduce la base tributaria de la cual se distribuyen los fondos, lo que redundaría en menores envíos automáticos de recursos a los distritos.
Mientras, el viernes 16 de enero comenzará formalmente a trabajar una comisión técnica en el Senado, piloteada por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que evaluará con los representantes de la CGT algunas modificaciones en el proyecto, con la idea de que, si hay acuerdo, a partir del 26 de enero se apruebe un nuevo dictamen en comisión y ese sea el texto consensuado (aunque sea parcialmente).

¿Qué pide la CGT y qué aceptaría cambiar el Gobierno? Por un lado, los libertarios se resisten a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación. En la Casa Rosada advierten: “Quedó muy a tono con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no está bien que un actor social tenga que trabajar para otro, como sucede en este caso si los empleadores tienen que ser los que retengan y giren los fondos de las cuotas sindicales”.

Sí, en cambio, el Gobierno aceptaría liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes compulsivos que, pactados a través de los convenios colectivos, financian a los sindicatos. Es, en el fondo, uno de los puntos que más desvelan a los dirigentes gremiales. Y habría predisposición libertaria a buscar una fórmula para que sigan casi como ahora. Aun así, algunos referentes del oficialismo sospechan que la estrategia de Patricia Bullrich sería “demostrarle a la sociedad que lo que exige la CGT es solo en beneficio del poder sindical y no de los trabajadores”.
Otro punto que la administración Milei concedería a la CGT es suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades. Se impondría la idea del ala dialoguista del Gobierno de quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%) para los sindicatos se autorregulen y si no es así, en todo caso, que la Comisión de Garantías que funciona en la Secretaría de Trabajo disponga porcentajes tentativos de servicios mínimos.

Un tema aun sin resolverse está vinculado con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones y, a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, algo que desfinanciaría las jubilaciones: según algunos expertos, tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Pero, según fuentes oficiales, en el Ministerio de Economía aseguran que “con el IVA y todas las otras fuentes de financiamiento alcanza para que se mantenga el financiamiento del sistema previsional”. La CGT desconfía y quiere ver los números para analizarlos.

Por otra parte, aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto oficial establece la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar como sea para que en la negociación colectiva siga predominando el unicato sindical. En el Gobierno estarían dispuestos a eliminar el artículo que facilita los sindicatos por empresa (que están contemplados hoy en la ley, pero el poder lo tienen los sindicatos más representativos por rama de actividad).
La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión de la reforma laboral un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas. El Gobierno no quiere aflojar en estos temas, que alivian a las empresas y les ponen límites a los sindicatos.

Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. En el Gobierno, por ahora, están firmes: aseguran que esa pérdida podría compensarse si las obras sociales fueran eficientes en su gestión y se evitaran gastos superfluos en la administración de estas entidades.

Se vienen semanas decisivas de negociaciones y presiones, en donde el Gobierno y el sindicalismo jugarán fuerte para ponerle su sello a la reforma laboral, que parece de inevitable sanción, pero no es intocable.