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Revelan la identidad del terrorista que voló la Embajada de Israel

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El informe del Mossad sobre el atentado contra la Embajada de Israel aporta un dato clave: la identidad y la imagen del conductor suicida. Se trata de Muhammad Nur Al-Din Nuer Al-Din, un libanés nacido el 3 de enero de 1966. Al momento del atentado, el 17 de marzo de 1992, tenía apenas 24 años, la edad promedio de un miembro de bajo rango de la Yihad Islámica, el brazo armado del Hezbollah.

El mismo documento, al que tuvo acceso Infobae, aporta una foto del suicida. Esa imagen fue publicada en noviembre de 1992 en el periódico libanés AI-AHD, donde se afirmaba que había muerto en la guerra de Serbia. El aviso fúnebre invitaba a recordar a un “héroe del Islam” en el Templo de Nuestra Señora del Floral, en el pueblo Zikak El Blat. Sin embargo, la agencia israelí asegura que “un familiar (de Muhammad) reconoció que fue el conductor del coche bomba que explotó en la embajada israelí en Argentina en 1992″.

El nombre del suicida casi no figuraba en los expediente judiciales. Según pudo saber este medio, apenas hubo una mención en un legajo paralelo a la causa de la AMIA, por entonces a cargo de Juan José Galeano. Ese legajo investigaba las actividades en la Triple Frontera.

En Foz de Iguazú, donde vivió un tiempo, Muhammad habría sido reclutado por una persona identificada como Farouk El-Omeiri, que tenía lazos estrechos con Hezbollah. Luego, el joven fue trasladado a Buenos Aires por un miembro de la Yihad Islámica.

Entre el 14 y el 17 de marzo, José Salman El Reda, hermano de Samuel El Reda, que tiene pedido de captura vigente por el atentado a la AMIA, se habría ocupado de la estadía del suicida en una “casa segura” y lo llevó a reconocer el estacionamiento donde estaba escondido el coche bomba. Juntos también habrían estudiado el recorrido hasta la puerta de la embajada.

De acuerdo a la causa judicial de la Embajada, José Salman El Reda, había sido detenido y procesado por la justicia federal de Rosario por una importante cantidad de dólares falsificados – conocidos como “super dólares”, que financiarían actividades terroristas.

Según el servicio de inteligencia de Israel, el 17 de marzo a las 14:42 el joven suicida libanés retiró la camioneta del estacionamiento ubicado en la calle Cerrito (entre Juncal y Arenales), y la condujo hasta la puerta de la embajada. Tardó entre 4 y 5 minutos hasta llegar a Arroyo 916.

La investigación judicial confirmó que hubo 22 fallecidos: nueve empleados y funcionarios de la Embajada, tres albañiles y dos plomeros, un taxista y tres peatones, un sacerdote de una iglesia vecina y tres ancianos que se alojaban en una residencia a pocos metros. Sus nombres quedaron retratados en una placa en la plaza seca que se levantó en el lugar del ataque.

Para el Mossad, no hay dudas sobre la participación de un conductor suicida. “Cabe señalar que Hezbollah solía hacer uso frecuente de terroristas y/o conductores suicidas en las décadas de los 80 y 90″, dice el informe.

La agencia de inteligencia israelí también es contundente sobre la participación de Irán: “Irán fue quien decidió, autorizó y asistió, y el “Hezbollah”, mediante su “Aparato de Yihad Islámica” fue el brazo operacional, convirtiendo la decisión en una acción, poniendo en la práctica los atentados que causaron la muerte y las heridas de numerosas personas inocentes”.

El coche bomba, siempre según el informe de 42 páginas, se habría preparado en una casa ubicada en la provincia de Buenos Aires, en un lugar no identificado. La persona encargada de alquilar esa vivienda habría sido Samuel El Reda. Lo hizo mediante un documento falso a nombre de un ciudadano brasileño identificado como Antonio Hadad.

El Mossad asegura que ese documento se tramitó en 1989 y habría sido utilizado en la preparación de ambos atentados. ”Samuel El-Reda tramitó esta cédula en junio 1989, posiblemente por intermedio de soborno, en Brasil. Es decir, existe una alta probabilidad de que el operativo Samuel El-Reda haya hecho uso de esta cédula brasilera para realizar misiones logísticas, en miras a los atentados del ‘92 y del ‘94″, agrega el informe.

En 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Samuel El Reda, el nombre colombiano de Salman Raof Salman, y ofreció una recompensa de 7 millones de dólares por información sobre su paradero.

El inmueble alquilado por El Reda también se habría utilizado para guardar los explosivos. “El pago del alquiler se hacía por adelantado, en dólares y en efectivo. Es lógico pensar que quien le alquiló a Salman el inmueble conoce su rostro ya que ha sido publicado, pero no ha acudido a las autoridades, quizás por temor. Esta persona es inocente, y no tiene ninguna conexión con Hezbollah, simplemente alquilo ese inmueble a una persona que hizo un buen pago por el mismo”, sostiene el Mossad.

La preparación de los explosivos se le adjudica al ingeniero Malek Ubeid, apodado como “Houssam”. Esa persona estuvo en Buenos Aires previo al atentado y abandonó el país luego del mismo.

(Infobae)

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Pinamar: la Justicia ordenó admitir la renovación del permiso de un vendedor ambulante que no tiene domicilio en el distrito

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Un fallo del Tribunal Criminal N° 1 de Dolores ordenó admitir la renovación del permiso de Alejandro Cellilli, que lleva más de catorce años vendiendo en la costa, sin exigirle residencia local. La resolución apunta a la “doctrina de los actos propios” y al derecho constitucional al trabajo, cita El Mensajero de La Costa.

La Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó a la Municipalidad otorgarle un permiso provisional al vendedor, sin exigirle la residencia local que impone la Ordenanza N° 7336/2026. La medida cautelar innovativa y de no innovar recayó en la causa “Cellilli, Alejandro Marcos c/Municipalidad de Pinamar s/ Amparo” y llevó las firmas de los jueces Christian Rabaia y María Claudia Castro, según pudo saber Diario Compromiso.

El conflicto tiene un detalle que resultó clave: Alejandro Cellilli no es un recién llegado. Es permisionario de venta ambulante no alimenticia en las playas de Pinamar desde hace más de catorce años, en los rubros “Pareos, pañuelos y túnicas” y “Bijouterie”, y está domiciliado en Dolores. Cuando inició la renovación para la próxima temporada, la Dirección de Habilitaciones calificó expresamente el trámite como “Renovación”, constatando el cumplimiento de los requisitos vigentes.

El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda Municipal le informó que la solicitud estaba “en proceso de resolución” y le pidió el pago del canon fiscal. Cellilli pagó $ 1.330.473,60 mediante el Recibo de Recaudación N° 10-5610848, correspondiente a la “Tasa Venta Ambulante No Alimenticio” y Tasas de Salud y Seguridad. El comprobante emitido por el propio municipio consignaba su domicilio en Dolores y lo identificaba como “Notificado Permisionario”.

El problema llegó el 14 de agosto de este año, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 7336/2026, que introdujo la exigencia de residencia efectiva y continua en el Partido como condición excluyente para conceder o renovar habilitaciones. Al intentar continuar con su trámite, la Comuna le negó el certificado de libre deuda y la continuidad del proceso por no registrar residencia en Pinamar o General Madariaga.

Según cita El Mensajero, los magistrados analizaron la secuencia cronológica de las actuaciones administrativas y fueron contundentes: el trámite no solo ya estaba iniciado, sino que la propia Administración Municipal requirió y cobró el canon conociendo perfectamente que el solicitante residía en Dolores.

El fallo citó expresamente la doctrina de los actos propios, un principio general del derecho basado en la buena fe que impide a un sujeto contradecir sus propios actos anteriores: “La actitud asumida por la Comuna al negar el permiso requerido sobre la base de requisitos impuestos por una nueva Ordenanza, luego de haber dado inicio a lo peticionado y percibir el canon al efecto, trasunta una conducta que va contra sus propios actos anteriores, trasluciendo una actitud distanciada de la confianza legítima y la buena fe”.

Uno de los argumentos más fuertes del fallo fue la naturaleza estacional de la actividad. Los jueces advirtieron que, tratándose de venta ambulante durante la temporada estival, la falta de una tutela oportuna tornaría ilusoria cualquier sentencia definitiva dictada después del verano, privando al trabajador de su sustento económico. El pronunciamiento mencionó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa “Camacho Acosta”) sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten perjuicios de difícil o imposible reparación, y encuadró la tutela en garantías constitucionales.

El Tribunal aclaró que la medida no desconoce la potestad municipal de ordenar el espacio público ni concede un derecho absoluto, sino que busca equilibrar los derechos del trabajador con las atribuciones de fiscalización del Estado local.

En consecuencia, la Justicia ordenó hacer lugar a la medida cautelar promovida por Cellilli e instó a la Municipalidad a que, en el plazo perentorio de 24 horas de notificada, reciba, admita y dé curso a la solicitud de renovación del permiso de venta ambulante para la temporada 2026/2027.

Fuente: Agencia DIB

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ARCA reglamentó el plan de reducción de multas para pymes

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Las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026 se reducen en un 50% para los contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida, comunicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen está previsto en el artículo 17 de la Ley 27826 y fue reglamentado por el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026 y por la Resolución General 5927/2026https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf de ARCA, publicada en el Boletín Oficial este jueves 12 de noviembre.

Pymes: a quién alcanza la quita

El beneficio alcanza las obligaciones vencidas del 2 de enero de este año en adelante, y cuyas infracciones a los deberes formales de la Ley N° 11.683 se cometieron antes del 9 de octubre, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 27.826.

La reglamentación define quiénes pueden acceder, qué multas quedan comprendidas y fija una fecha cierta, el 18 de diciembre de 2026, para cumplir las condiciones.

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El Senado de la Nación evaluará los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores

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El martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, el Senado realizará dos audiencias públicas para evaluar los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores. La reunión la presidirá el vicepresidente de la comisión, el radical Maximiliano Abad, ya que todavía no se designó al nuevo titular luego de la muerte del senador libertario riojano Juan Carlos Pagotto.

Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara Alta apuntan a cubrir vacantes en el fuero laboral y en tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, informó NA.

La audiencia del martes 17

Uno de los candidatos que defenderá su pliego será Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

También expondrán como postulantes a conjueces de los tribunales orales en lo Criminal y Correccional Martín José Adrogué, Sofía Chiambretto, Guido Damián Cresta, Lucía Inés Gallagher Campos, David Gabriel Mangiafico, Federico Martín Mercader, Horacio Alfredo Peix y Andrea Paola Santos.

En tanto, Federico José Iuspa, fiscal del juzgado de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, defenderá su postulación como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la CABA.

Para integrar distintos tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la CABA también se presentan Ariel Alejandro Vilar, Juan Carlos Bernial, Romina Monteleone y Sixto Mihura Gradín. Mientras para las Cámaras de Apelación del Trabajo fueron propuestos Rosalía Romero y Matías Sebastián Moreno Espeja.

Por su parte, para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la CABA se postula a Sofía Inés Hernández Saint Jean y Alejandro Jorge Nobili. Asimismo fue propuesto Camilo Jorge Almeida Pons como vocal de la Sala III de esa Cámara.

En tanto, Eduardo Aníbal Aguayo fue postulado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de CABA Federal.

Durante la audiencia también defenderán sus pliegos Valeria Alicia Bertolini, propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 6 de la CABA, y María de los Ángeles Sapín, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 8.

Además, expondrá Luciano Cruz Savignano, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Savignano, quien está a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Pergamino, ganó el concurso en 2018 y recibió el respaldo del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el entonces presidente Alberto Fernández nunca envió su pliego al Senado, por lo que ahora será tratado después de ocho años.

Por último, también se presentarán las postulantes a defensoras públicas de CABA Carolina Morales Deganut, María Lucrecia Sammartino, Natalia Eda Bonino y Romina Soledad Paraboni, propuesta como defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación.

La audiencia del miércoles 18

Se presentarán candidatos a jueces, fiscales y defensores para distintos cargos en el interior del país.

Expondrán Mateo Dijou, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Resistencia; Mariano Javier Camblong, como juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; y Juan Manuel Kees, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

También defenderán sus pliegos Federico Miguel Baquioni, propuesto como fiscal general de la Unidad Fiscal de San Luis, y María Julieta Ibáñez Arrieta, postulada como defensora pública de Víctimas con asiento en la provincia de La Rioja.

Para distintos juzgados penales de Santa Fe fueron propuestos Emiliano Pedro Méndez Ortiz, Franco Mariano Carbone, Guido Yercovich y Vanesa Natalia Druetta.

Por otra parte, se tratarán postulaciones de conjueces de primera instancia del Trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la CABA.

La nómina está integrada por Norma Alejandra Benítez, María Virginia Chedrese, María Victoria Consentino, Alejandro Esteban Danusi, Gabriela Andrea Donadio, María Ximena Fernández Barone, Mirna Lorena Martínez, Juan Martín Segura, Lucas Hernán Palla, María Roxana Henríques, Federico Pablo Agüero Urquiza, Fernando Guzmán, Silvia Rita García y Héctor David Rodríguez.

Fuente: Agencia DIB

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