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Revés para Milei: declaran inconstitucional el decreto que limitó el derecho de huelga

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En un fallo con impacto político y sindical, la Justicia laboral le dio un revés al Gobierno de Javier Milei al suspender este lunes los artículos centrales del DNU 340/2025 que limitaba el derecho a huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades.

En el fallo, firmado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal, a cargo de Moira Fullana, se declara la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa y hace lugar a la medida cautelar pedida por la CGT, que consideró que el decreto firmado por Milei “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución”.

De acuerdo a la resolución, la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, sino a través de una ley sancionada por el Congreso.

En ese sentido, en los considerandos la jueza destaca que el decreto 340 fue “dictado en expreso uso de las facultades conferidas por la Constitución Nacional en el inciso 3 citado (de la Carta Magna)”, pero recuerda que “en nuestro ordenamiento constitucional el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa” y resalta que, por ello, “la admisión de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales”.

“Estas circunstancias excepcionales a las que refiere la norma presuponen que el Poder Ejecutivo no pueda, por motivo alguno, continuar con el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes. Es así que, para el ejercicio de esa facultad de excepción, además de restringir determinadas materias y disponer la debida consideración por parte del Poder Legislativo, exige que exista un estado de necesidad y urgencia”, agrega el fallo, que pone en duda si realmente están reunidas las circunstancias reales y emergencia suficientes para justificar el ejercicio de las facultades excepcionales.

El decreto en cuestión limitaba el derecho de huelga ampliando los servicios esenciales. Es decir, aumentó la cantidad de actividades que deberían garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto. “En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”, aducía el decreto.

Frente a esto, la CGT había solicitado la acción de amparo para que se decretara la invalidez constitucional de esos artículos, al argumentar que violan el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical. Además, pidió una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de los artículos hasta la sentencia definitiva.

Al respecto, se consideran como servicios esenciales las actividades:

a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;

c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;

g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

Se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:

a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c. Los servicios de radio y televisión;

d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y

h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación. (DIB)

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El gobierno nacional extendió a las cárceles provinciales el bloqueo del uso de telefonía celular

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El Gobierno amplió el bloqueo de celulares en cárceles provinciales para las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional, una medida que habilita la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de penales con el objetivo de impedir que esos dispositivos sean usados para planificar o coordinar delitos desde el encierro.

La decisión quedó formalizada este jueves en la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada en el Boletín Oficial. La norma extiende a los establecimientos penitenciarios provinciales un mecanismo que ya regía para las unidades federales.

Según el texto oficial, las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, asociado a la SIM; y la línea telefónica vinculada. El alcance abarca aparatos que se activen tanto en el área de detención como en sectores de acceso restringido al público dentro de los establecimientos alcanzados.

La medida no operará de manera automática ni quedará librada a las compañías. De acuerdo con el Boletín Oficial, cada bloqueo requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que además será el único canal para comunicar a las prestadoras los pedidos efectuados por las provincias adheridas.

Ese punto responde de manera directa a cómo funcionará el sistema: una provincia no podrá ordenar por sí sola la inhabilitación ante las telefónicas, aunque se haya sumado al protocolo. La cartera nacional concentrará el envío de datos y la activación del procedimiento en todas las jurisdicciones que se incorporen.

La incorporación de los penales provinciales se produjo después de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Esa cartera advirtió sobre la problemática del uso de teléfonos dentro de las cárceles bajo administración provincial y pidió una norma complementaria que las incluyera de forma expresa.

De acuerdo con Diario Uno, la ministra de Seguridad mendocina Mercedes Rus planteó la necesidad de contar con un respaldo legal claro para integrar a los penales subnacionales al esquema preventivo. Por ende, la provincia impulsó una licitación pública para adquirir plataformas integradas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.

Hasta ahora, el procedimiento estaba limitado al sistema penitenciario federal. La resolución modificó el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 para el bloqueo de terminales con denuncia de robo, hurto o extravío, y sumó esta nueva facultad vinculada a los establecimientos penitenciarios.

El procedimiento exige trazabilidad y límites técnicos

La resolución dispone que la tecnología utilizada deberá ajustarse para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario. Esa exigencia ya estaba presente en normas previas sobre inhibidores y fue reiterada para impedir que la restricción alcance a vecinos, comercios o usuarios ajenos al penal.

Las prestadoras también deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas. Según el Boletín Oficial, esa información tendrá que resguardarse con criterios de integridad y trazabilidad, y quedar disponible para usuarios y autoridades que la requieran.

En los considerandos, el Enacom vinculó la decisión con la necesidad de reforzar estrategias para prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros asociadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones. El organismo recordó además que la Ley 24.660 prohíbe en su artículo 160 las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles dentro del sistema penitenciario.

La ampliación a las provincias se conoce meses después de un caso judicial: el 21 de febrero de 2026, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos de cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón, investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados como organizadores de robos violentos desde sus celdas.

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Patricia Bullrich puso en duda su candidatura en CABA para facilitar un acuerdo electoral entre Milei y Mauricio Macri: “Hay que ser realistas”

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La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso en duda competirá por la Jefatura de Gobierno porteño en 2027 para que el PRO pueda buscar la reelección en ese distrito, con la idea de que eso aporte que el presidente Javier Milei Mauricio Macri sellen una coalición rumbo a las elecciones presidenciales.

Este jueves, el Gobierno convocó a una reunión en la Casa Rosada con el PRO para comenzar a hablar de un acuerdo electoral para 2027. De un lado estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo “Lule” Menem. Del otro, los diputados y dirigentes macristas Cristian Ritondo Fernando de Andreis.

¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La Ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realistas. ¿Y nos vamos a poner obcecadamente a decir que ‘no’? Entonces no querés una coalición”, señaló Bullrich, al ser consultada por una posible candidatura porteña suya.

Según la senadora de LLA, la base de una negociación con sectores aliados es con “todos aquellos que manejan una provincia o un distrito”, como los “cinco gobernadores radicales y los tres del PRO” y “sean parte de una coalición”. “Y en esos distritos habría que respetar el principio de continuidad”, remarcó. “¿Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión este acuerdo político? Yo vengo de ganar la Ciudad por el 51% de los votos siendo candidata a senadora. Tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consciente de la necesidad de una coalición“, puntualizó, en declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNEWS.

En ese contexto, la ex candidata presidencial consideró que esta construcción es “estratégica para la Argentina”, porque permitiría fortalecer “una coalición” de cara a las elecciones presidenciales. “Es importante para la gobernabilidad presente, pero también para el futuro porque los inversores y los ahorristas están preguntándose qué va a pasar en las elecciones del año que viene”, dijo.

“Empezar a generar un acuerdo político es importante, con el PRO y también con el radicalismo y con algunas fuerzas provinciales. Eso nos va a dar mucho más espacio de gobierno y de certeza, que va a influir positivamente en el ciclo económico que tiene que arrancar a mayor velocidad”, dijo Bullrich.

Desde su mirada , “la no reelección de este proyecto sería algo muy negativo”, en relación a la continuidad de La Libertad Avanza por cuatro años más, y que una victoria opositora de un sector del peronismo que quiere “destruir todo” sería “un gran retroceso para la Argentina”.

Por lo tanto, evitó pronunciarse sobre una definición de una candidatura presidencial propia: “¿Qué pasaría? No lo puedo pensar demasiado. Tengo que pensar que tenemos que lograr que este proyecto reelija. En el caso mío, no tengo una idea sobre mí, no tiene demasiado sentido. El sentido es que este equipo se tiene que agrandar cada vez más y coalicionar. Después, puedo decir: “Bueno, yo quise ser presidenta, la peleé, la luché y la puedo volver a luchar”, pero es como en otro momento y otra etapa”.

El impacto del caso Adorni entre los aliados

La senadora nacional aseguró que “el caso Adorni” generó “un cansancio en los aliados” del Gobierno, que se molestaron porque la Casa Rosada no resolvió la salida del ahora exfuncionario con mayor celeridad. Según la senadora, eso llevó al oficialismo a buscar nuevos acuerdos políticos de cara a 2027.

“Creo que nos generó un cansancio de parte de los aliados, que decían qué pasa que no resuelven este problema que tienen. (El caso Adorni) fue como un tapón para la posibilidad de avanzar en temas importantes, tanto los que planteaba el Gobierno como algunos que planteaba la oposición, que también tienen que ser discutidos. Eso generó un cansancio de parte de los aliados parlamentarios también”, dijo la senadora.

En ese marco, Bullrich consideró que la permanencia del ex jefe de Gabinete hasta su renuncia fue “un proceso que nos demoró mucho, que nos ponía siempre al borde de una situación institucional muy compleja”, ante los intentos de moción de censura.

“En distintas ocasiones plantee, tanto privada como públicamente, que se debía tomar una determinación. Adorni estaba en una situación que lo que hacía era paralizar la función gubernamental y también la función parlamentaria. Se tardó un tiempo, eso nos complicó y luego vino el Mundial y eso trabó muchísimo”, insistió.

En ese marco, la senadora consideró que “no hay duda” de que la coalición entre La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo aún “no está bien construida”. “El año pasado perdimos los acuerdos políticos que se habían tejido en el Congreso y estuvimos al borde del precipicio, mirando para abajo. Entonces, es evidente que la fortaleza política te ayuda muchísimo a que la economía se ordene más rápido”, concluyó.

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Kicillof no frena su armado pese al acercamiento con Massa y Máximo Kirchner y prepara un acto nacional

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La reunión que los principales dirigentes del peronismo mantuvieron el lunes por la noche en el hotel Emperador, en el barrio porteño de Retiro, en Ciudad de Buenos Aires, fue un puntapié para empezar a ordenar el espacio en vistas al armado electoral del año que viene y trazar una estrategia para enfrentar la agenda legislativa que busca imponer el gobierno de Javier Milei en los próximos meses. Sin embargo, lejos estuvo de ser determinante: el único preacuerdo al que se llegó es defender en el Congreso el régimen de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que serán un ordenador en la discusión interna. En este cuadro de situación, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof —que busca una precandidatura presidencial— sigue con su estrategia de ampliación.

La reunión de este lunes de la que participó el gobernador bonaerense junto a sus pares Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Zilliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador nacional Gerardo Zamora; el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; el ex ministro de Economía y conductor del Frente Renovador, Sergio Massa; además de los presidentes de los bloques legislativos del peronismo en el Congreso, José Luis Mayans por el Senado y Germán Martínez, por Diputados, no intervendrá en el plan de construcción de Kicillof.

El mandatario bonaerense avanzará en su plan de expansión. De hecho, la semana que viene estará en la provincia de Chaco. Allí participará del acto de normalización de la CGT. Será el miércoles 19 de agosto. Detrás de esa movida está el titular de ATSA, Héctor Daer, que actualmente es secretario de Interior de la Confederación General de Trabajo. Desde su rol, Daer ya había apuntalado parte de la recorrida que Kicillof había hecho por la provincia de Córdoba. Además de participar formalmente en el acto de normalización, el economista también aprovechará su paso por la provincia del nordeste para presentar su libro “De Smith a Keynes”.

Asimismo, el próximo sábado seguirán los plenarios seccionales del Movimiento Derecho al Futuro. Como había adelantado Infobae, el gobernador ordenó a sus intendentes y ministros que hicieran encuentros seccionales. El objetivo es potenciar lo propio en la provincia de Buenos Aires para utilizar el peso político y electoral del territorio bonaerense como insumo cuando sea la negociación con el resto de los sectores. El sábado pasado se inició esta recorrida en la Cuarta sección electoral, con un encuentro en el distrito de Alberti del que participaron ministros, intendentes y hasta potenciales precandidatos a la sucesión bonaerense como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Son dos de los nombres que hoy Kicillof tiene para poner sobre esa mesa bonaerense de negociación.

El próximo sábado será el plenario del MDF en la Segunda sección electoral. El distrito elegido fue Ramallo. Originalmente el acto iba a ser en San Pedro, pero se definió mover la locación. Una vez finalizados los plenarios seccionales, habrá un gran plenario federal.

Se espera que ese acto sea a mediados de septiembre, que sea en la provincia de Buenos Aires, pero que tenga connotación federal. De hecho, se está trabajando para que asistan representantes de distintas provincias. La modalidad será con paneles de disertación de diferentes temáticas, con perspectiva federal y luego culminará con un acto de cierre a cargo de Kicillof. Por estos días se busca la locación. Los organizadores apuestan a que tenga concurrencia masiva. El gobernador no hablará de una candidatura propia. Coincidirá con el aniversario de la elección provincial, donde Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos en la contienda para legisladores provinciales; un escenario que no se repitió luego cuando se eligieron diputados nacionales en el mes de octubre y La Libertad Avanza logró dar vuelta la elección, ganando con Diego Santilli encabezando la lista a diputados nacionales.

Sin embargo, a sus interlocutores, el mandatario les transmite el mismo mensaje: “El próximo candidato no puede salir ni de una decisión individual ni de la rosca de tres personas entre cuatro paredes”. La apuesta es la competencia interna. Las tres personas serían él, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Allí es donde cobra relevancia el encuentro del pasado lunes y el contenido de sostener las PASO, ya que el Gobierno trabaja para eliminarlas. Además, de no haber PASO a nivel nacional, es casi seguro que también quedarán sin efecto las EPAOS -elecciones primarias- en la provincia de Buenos Aires. Lo cual abriría otra complejidad para el peronismo en la discusión sobre la sucesión de Kicillof.

El plan de construcción federal de Kicillof ya está en marcha. El fin de semana pasado hubo visitas del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis y del intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi a Mendoza. Inauguraron un local partidario de Kicillof y realizaron distintas actividades con intendentes y con el diputado nacional, Martín Aveiro.

En La Plata creen que no es momento de sellar un acuerdo interno, pese a lo que —interpretan— es el apuro de los otros sectores. Dejan correr que al gobernador “no le van a manejar los tiempos” y que el momento de sentarse será “el año que viene y con un escenario más clarificado”. Por eso la apuesta es acumular para, luego, ir a una PASO. Las defensa de las Primarias fue el punto de partida del encuentro del último lunes. Una reunión que no sella la unidad, pero acerca.

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