El Gobierno mantiene cautela frente a los trascendidos sobre una posible revisión de la posición de Estados Unidos en la disputa por las Islas Malvinas. En el Ejecutivo sostienen que no trabajan sobre filtraciones ni correos internos, pero admiten que el episodio vuelve a poner en primer plano la apuesta central de Javier Milei en política exterior: profundizar el alineamiento con Washington.

En el Ejecutivo insisten con que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas forma parte de una estrategia que combina fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y vínculos con aliados internacionales. “Vamos a recuperar las Islas antes de dejar la gestión”, repiten cerca del jefe de Estado.

En el gabinete lo resumen con una frase: “Somos amigos de la gente correcta”. La reacción oficial se activó después de que Reuters informara que un correo interno del Pentágono evaluaba opciones para sancionar a aliados de la OTAN que no acompañaron las operaciones de Estados Unidos en la guerra contra Irán. Entre esas alternativas figuraba revisar el respaldo diplomático estadounidense a posesiones europeas, como las Islas Malvinas.

El Reino Unido respondió de inmediato y sostuvo que la soberanía “recae” en Londres y que el derecho de autodeterminación de los isleños es “primordial”. En la Casa Rosada le bajan el tono público al tema, pero lo leen como una señal del nuevo escenario geopolítico. “Queremos ser los aliados más importantes de la región”, expresan en Nación. Esa definición abarca la agenda económica y comercial, pero también las áreas de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

La visita del subsecretario de Estado Thomas DiNanno al Centro Nacional Antiterrorismo fue leída en el Gobierno como parte de ese esquema de cooperación, con capacitación técnica, equipamiento e intercambio de inteligencia. El funcionario anticipó un aumento de recursos, especialistas, entrenamiento, software y capital humano de Estados Unidos hacia la Argentina.

El Ejecutivo también niega que la Casa Blanca haya pedido a la Argentina enviar unidades navales al estrecho de Ormuz. La versión había surgido en marzo por dichos de un dirigente cercano a Donald Trump, pero en Defensa aseguraron que “no hubo ningún contacto” para aportar buques y remarcaron que la Armada no cuenta con capacidad operativa para una misión de ese tipo.

El alineamiento con Estados Unidos tiene además una pata institucional pendiente. Milei firmó en enero la incorporación de la Argentina como miembro fundador del Consejo de la Paz, impulsado por Trump, y en febrero ratificó en Washington el compromiso. Sin embargo, en términos internos, el oficialismo todavía no completó el circuito legislativo para darle aprobación parlamentaria al instrumento.

En la Casa Rosada consideran que la sanción legislativa de los acuerdos con la Casa Blanca -como el comercial- abarcarán una gesto político hacia Washington. Cerca de Milei remarcan que el presidente “hace todo lo que pide Estados Unidos dentro de lo que está a su alcance”, pero aclaran que eso no implica comprometer recursos militares que la Argentina no tiene ni participar de operaciones sin respaldo legal.

Fuente: TN

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, y ordenó la ejecución de 111 bienes inmuebles para resarcir al Estado nacional por el perjuicio causado en la causa Vialidad.

La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del empresario y sus empresas.

Según se detalló en el fallo firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, del decomiso confirmado, corresponden 84 inmuebles a Lázaro Báez, uno a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones S.A., tres a Kank y Costilla S.A., dos a Loscalzo y Del Curto S.R.L., y 19 a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

Las defensas de los condenados cuestionaron la medida. Los abogados de la expresidenta y sus hijos argumentaron que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de Néstor Kirchner o recibidos por cesión en 2016, y que algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.

Las defensas invocaron la buena fe de los adquirentes y sostuvieron que no existe nexo directo con el origen ilícito de los fondos. Por su parte, los abogados de Báez y otros condenados alegaron falta de fundamentación suficiente sobre el vínculo entre los bienes y los beneficios del delito.

Todos estos argumentos fueron rechazados por Casación que consideró que los parámetros utilizados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los bienes resultaron adecuados y que exigir una reconstrucción contable exhaustiva de cada flujo de dinero resultaría irrazonable en casos de criminalidad económica organizada de larga duración.

Los jueces explicaron que, ante la fungibilidad del dinero y su posible mezcla con activos lícitos, alcanza con acreditar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.

“Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”, sostuvo la sentencia.

El juez Borinsky discrepó parcialmente con la medida. Si bien avaló los criterios generales, consideró que la resolución del TOF presentaba defectos de fundamentación al aplicarlos a determinados inmuebles concretos, especialmente algunos heredados por los hijos de la exmandataria. En su voto, propuso anular el decomiso respecto de esos 19 bienes y ordenar un nuevo pronunciamiento.

El voto mayoritario no hizo lugar a ese planteo y remarcó que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

Todos los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para su administración y eventual venta.

La causa Vialidad investigó un esquema de corrupción donde hubo un esquema sistemático de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes. La sentencia condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La expresidenta se encuentra actualmente cumpliendo esta pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

Fuente: TN