Aún sin el cronograma electoral definido, en el Gobierno no descartan presentarse en unidad con el PRO para competir por la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027. Si bien desde La Libertad Avanza aseguran que el tema no está planteado, en Casa Rosada dejan abierta la posibilidad y sostienen que, antes de encarar negociaciones electorales, deben resolver previamente algunas definiciones del sistema electoral, como el futuro de las PASO.

“Todavía no estamos pensando en eso. Nosotros antes tenemos que definir algunas otras cosas, como por ejemplo, si hay PASO o no”, sostuvo una fuente del armado porteño ante Infobae. “Todo puede ser”, postuló al respecto una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En las filas libertarias esperan tener despejadas algunas incógnitas antes de sentarse a cranear el mapa de alianzas que posibilite la reelección del presidente Javier Milei en los próximos comicios. Uno de esos puntos pendientes es la aprobación de la reforma electoral que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Las declaraciones llegan después de que el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, manifestara su intención de competir por un nuevo mandato. “Deseo tener cuatro años más de gestión. Los planes que estamos llevando adelante y la planificación estratégica, desde el subte a toda una transformación muy grande de movilidad de la ciudad, tiene que dar un salto cualitativo grande”, planteó en declaraciones a Infobae En Vivo.

Los titulares del oficialismo y la oposición dialoguista del Senado acordaron esta tarde la ratificación de la sesión de pasado mañana, donde aparece el tratamiento de un eventual pedido de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No obstante, se confirmó lo contado por Infobae el reciente fin de semana: Patricia Bullrich tuvo que desconocer el acuerdo inicial que tenía con el kirchnerista José Mayans y, para que la convocatoria al funcionario se efectivice, deberá habilitarse en el recinto por dos tercios de los presentes.

El desenlace ocurrió en la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, – quien no estuvo presente – en un encuentro en el que se ausentó el cristinismo, que ya prepara una furia inevitable para cuando comience la sesión. Con lo ocurrido, la balanza se dio vuelta por completo y la Casa Rosada podría respirar el jueves: en caso de tener completa a su escuadra -21- y sumar cuatro -o tres, ya que dependerá de presencias- bloquearía la habilitación del tema y una votación del asunto.

¿Qué opciones le quedan a la oposición que detesta a Adorni? Pedir un emplazamiento de comisiones, algo que no suele hacerse en el Senado y así evitar el caos que suele generarse en Diputados. O reclamar que se convoque urgente a la comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego). Y pedir dentro de 48 horas una moción de preferencia -con dictamen- para que, en el próximo encuentro en el recinto, se vote una potencial interpelación. Más allá de todo esto, lo cierto es que, el jueves, las dos actas de Labor Parlamentaria estarán vigentes -la de la semana pasada, y la de hoy- y habrá que optar por una.

El conflicto generado por el entendimiento Bullrich-Mayans se activó por una polémica visión sobre el artículo 101 de la Constitución, que plantea que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

La disidencia de los últimos días no estuvo sobre la Carta Magna, sino por la interpretación que hicieron, en tándem, los jefes libertario y kirchnerista. Para ellos, no hacía falta habilitar ninguna iniciativa en ese sentido y podía votarse todo directo, con mayoría absoluta. En cambio, desde la Casa Rosada e incluso varios compañeros de la ex ministra de Seguridad alertaron que, al referirse a un proyecto de resolución -como el que semanas atrás impulsó el propio Mayans- precisaría un despacho de comisión. Es decir, de la de Asuntos Constitucionales.

¿Cuál es el problema de una reinterpretación acelerada del artículo 101 de la Constitución? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente hubiese sembrado y germinado una magnitud negativa descomunal. Varios despachos coincidieron ante este medio sobre la “irresponsabilidad” y las alertas de ir en camino a “parecerse a Perú”, por la cantidad de funcionarios removidos desde el Congreso. De hecho, en la cumbre de esta tarde sobraron antecedentes que destronaron la postura de Bullrich y el formoseño.

Tras estas consideraciones, para la sesión de las 11 de pasado mañana quedan en bandeja, junto con la ya ahora trabajosa definición sobre Adorni, la golpeada ley de inviolabilidad de la propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que las bancadas aliadas le desplumaron a Bullrich en las últimas semanas. De hecho, el borrador final aún no está cerrado y las críticas hacia La Libertad Avanza continúan por haber apurado, sin necesidad, un dictamen que pierde volumen ante cada respiración.

Las dudas persisten sobre la venta de tierra a extranjeros -peor, en zona de frontera- y las modificaciones a ley de Manejo de Fuego que impulsó Máximo Kirchner durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández. Lo que no debe permitir LLA el jueves es que se descontrole primero lo de Adorni -se esperan muchos discursos kirchneristas- y, luego de ello, que se complique más este proyecto.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció en las últimas horas que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, bloqueó el financiamiento de obras a través de créditos internacionales que la gestión de Axel Kicillof tiene comprometidos con distintos organismos, pero que para su ejecución, requiere del aval de la gestión de Javier Milei. El pedido va en consonancia con lo que vienen reclamando otras provincias, como Córdoba, Santa Fe y las del Norte, que ponen el foco en la coparticipación.

El lunes, el ministro de Infraestructura bonaerense y ex funcionario de esa área en la órbita nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, detalló los proyectos que esperan aprobación de Nación. Hay préstamos que vencen este año y, para su prórroga, deben tener el aval de Nación; obras que tienen la anuencia de organismos, pero también requieren el ok de Economía; y otras a través de créditos que vencerán en 2027 y deberán ser renovados. El conjunto de grandes obras de infraestructura hídrica y saneamiento previstas para la provincia de Buenos Aires representa una inversión que supera los 1.100 millones de dólares, según los montos estipulados para seis proyectos principales, sin contar el Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores.

Cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que atraviesa los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. Es una obra que, además, se ha metido en la discusión interna del peronismo y que tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, como una de las puntas de lanza y buscando financiamiento internacional.

De hecho, esta semana, Mendoza se encuentra en Marruecos en el marco del Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, donde explicará el impacto que tiene sobre los municipios la obra de la cuenca de los arroyos en cuestión. Alcanza 1 millón de habitantes, de los cuales 335.289 pertenecen al partido de Quilmes. La legisladora ha sostenido en diversos ámbitos que el plan incluye obras de gran escala como la canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Desde Quilmes plantean que “para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política”, y que en eso se encuentra la legisladora. Meses atrás, Mendoza viajó al Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, donde también buscó financiamiento para la obra.

Además de ese proyecto, entre las iniciativas por las que, según Buenos Aires, no hay autorización del gobierno nacional, aparecen la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, el acueducto Parque San Martín en La Plata, la ampliación de la capacidad del río Salado y la ejecución de intervenciones hidráulicas en distintos municipios, además de la nueva planta potabilizadora y las obras en la cuenca del río Luján. La concreción de estos proyectos depende de la aprobación y prórrogas de financiamiento internacionales que requieren el aval del Gobierno nacional. “Hay una situación que nos preocupa mucho y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno nacional para muchas de estas obras que necesitamos ejecutar. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispone de fondos del tesoro provincial, pero también de créditos internacionales, de créditos con organismos multilaterales. Esos créditos requieren, por ley, por protocolos internacionales y procedimientos internacionales, de avales por parte de la Nación. No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación, —que definitivamente ya después de casi tres años estamos seguros de que no vamos a contar con esos recursos—, pero sí necesitamos de avales que nos permitan poder ejecutar muchas de estas obras”, planteó Katopodis en las últimas horas.

“Es una situación que solo el Gobierno nacional aplica de manera excepcional, discriminatoria y arbitraria a la provincia de Buenos Aires”, planteó el funcionario del gobierno de Kicillof, puntualizando que el Gobierno Nacional aprobó créditos internacionales en distintas provincias para obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y productivo en 10 provincias, pero que Buenos Aires no entró en ese esquema que equivale a USD 1.973 millones.

Autorizaciones para financiamiento

Desde el gobierno bonaerense dejaron correr que entre 2024 y 2026, el gobierno nacional sí autorizó créditos internacionales en otras provincias excluyendo a Buenos Aires. Mediante decretos de garantía y contragarantía se habilita a distritos como Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones a comprometer avales estatales para obtener fondos destinados a infraestructura, desarrollo productivo y mejoras en servicios esenciales. Entre los proyectos destacados, Salta recibió autorización para el Programa de Desarrollo Productivo y Exportador, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de USD 50 millones. Entre Ríos fue habilitada para acceder a USD 40 millones a través del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En Jujuy, el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE II) obtuvo el aval nacional para gestionar USD 60 millones.

El gobierno nacional también concedió garantías para iniciativas interprovinciales, como el Acueducto Santa Fe–Córdoba, que cuenta con financiamiento del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD) por 375 millones de riyales saudíes. Neuquén fue autorizada para el Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, con un aporte de USD 100 millones, y Chaco recibió el aval para el proyecto vial sobre la Ruta Provincial N° 13, por USD 33,4 millones. En 2025 y 2026, el Ejecutivo nacional amplió las autorizaciones. Río Negro obtuvo el respaldo para dos programas: uno de desarrollo territorial por USD 140 millones y otro de emergencia y recuperación en El Bolsón por USD 5 millones. Mendoza fue habilitada para un plan de optimización de los servicios de agua potable, con USD 75 millones de FONPLATA.

Córdoba recibió el aval para la refuncionalización del sistema de agua potable de la capital provincial, también con financiamiento de CAF por 75 millones. Santa Fe accedió a recursos para el fortalecimiento de la actividad deportiva urbana y para la logística metropolitana del Gran Rosario, ambos por USD 75 y USD 150 millones respectivamente. Misiones obtuvo autorización para mejoras en infraestructura eléctrica por USD 75 millones, y Entre Ríos para el desarrollo agroalimentario, incluyendo un enfoque en la agricultura familiar y el sector apícola.