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Senado: el Gobierno prioriza la ley de zonas frías y busca sancionarla antes de armar el Presupuesto 2027

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El Senado se encuentra en una instancia de freno y demora de varios proyectos enviados por el Ejecutivo en los últimos meses, algo impensado a inicios del corriente año. Mientras libertarios buscan respuestas a este tapón -ya sin la excusa del indefendible Manuel Adorni en el Gabinete-, la Casa Rosada ubicó un objetivo de máxima prioridad antes de enviar -a mediados de septiembre- el Presupuesto 2027 al Congreso: sancionar lo más rápido posible las modificaciones -recorte de subsidios y suba de tarifas- de la ley de zona fría.

La iniciativa ni siquiera está dictaminada -y la época para analizarla es la peor- por lo que, de mínima, no se tratará hasta que finalice el receso invernal de las últimas dos semanas de julio. Para tener una idea del panorama vigente en la Cámara alta: recién el jueves 16, siempre y cuando haya número -en duda-, el oficialismo intentará aprobar la ley de propiedad privada -expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y cambios en manejo del fuego- tras un despacho firmado en mayo pasado, que ya sumó la delirante cifra de 13 borradores extra. La versión original fue desplumada.

El primer indicio de la urgencia de Balcarce 50, tras la cautelar reactivada a favor de las universidades y los insistentes reclamos de gobernadores por dilaciones en giros millonarios de fondos -rutas importantes en estado terminal-, fue el eje central de la primera cumbre que mantuvieron representantes de bancadas dialoguistas del Senado con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien apareció acompañado de los principales referentes del Ejecutivo en cuanto a energía.

Días atrás, la ley recibió un trompazo desde su propio espacio. El miércoles, tras la reunión de Labor Parlamentaria -donde se consensuó la potencial sesión del jueves 16-, la titular libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que la iniciativa “sigue fría”. La porteña no se privó de nada, ya que también objetó parte de las variantes para la reforma electoral -colectoras- que empuja la administración central. Es decir, ya no se trata sólo de un pliego judicial -témpera republicana- o un ex funcionario que llenó de lodo a Javier Milei. La gran pregunta es si la ex ministra hace sola su juego o si existe un tándem. Especulaciones, sobran.

Tras el convite con Santilli, Infobae consultó a tres despachos de peso y confirmaron que los diálogos con Balcarce 50 continuaron su curso y que la prioridad es zona fría -“va a salir; quizá más justa, pero va a salir”, deslizaron desde uno de ellos-, más allá de que se empiece a quitar antes algo de peso a una mochila ya muy cargada de textos sin definición. Los aliados fueron claros con el oficialismo: el primer semestre era el período ideal para acelerar leyes. Al parecer, no los oyeron. O, como sospechan otros: los mensajes llegaron distorsionados. Por ese motivo es que proliferaron vías bilaterales de legisladores dialoguistas con el Ejecutivo.

¿Qué cuentas hace la administración central? En caso de tener a sus 21 soldados, añadiría a los tres del PRO y a un puñado de radicales. En la UCR son 10 y un poco menos de la mitad -por ahora- no acompañaría. A partir de eso ingresan los silvestres provinciales y los -de nuevo- peronistas que se fueron del interbloque K, tengan o no gobernadores como terminal. La incorporación de las zonas cálidas -subsidio a la energía eléctrica- en la Cámara baja y algunas promesas a la hora de implementar una hipotética norma ayudarían a cerrar el asunto. Más los fondos anunciados -el “bis” del “bis”- y una ley de gastos 2027 que permitan meses de calma. Claro está que, primero, deberá rubricarse un despacho en comisión.

La bandeja de temas -en modo tortura- incluye, a los tres mencionados, los de salud mental, etiquetado frontal, biocombustibles, Hojarasca -ya dictaminada y con chances para el 6 de agosto, en caso de sesionar-, Sociedades, y ludopatía. Habrá que esperar si aterriza lo relacionado con la Carta Orgánica del Banco Central al Senado, como insinuó Bullrich.

Si Diputados continuase con el trámite de otros textos se llegaría casi a la docena en fila, algo objetivo y fuera de discusión. Un escenario complejo para los cuatro meses que restarán del período ordinario, que finaliza el último día de noviembre, excepto que el mismo se prorrogue o se convoque a extraordinarias. Sobre el último punto es donde, en diciembre y febrero pasados, la porteña se pudo lucir. Tras ello, cedió parte del monopolio que tenía sobre la Cámara alta y, ahora, desde el Ejecutivo intentan avanzar por su cuenta. No trajo grandes resultados durante la primera mitad de gestión libertaria. Y, sobre la reforma política, no hay un solo aliado que no quiera esperar al último trimestre del año para una decisión final.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Detalle de los cortes de calles y cambios de recorrido de colectivos

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La Municipaliad informó que hoy continuarán los cortes de calles en Necochea y Sócrates por una obra de bacheo y en Drago y Chubut por empalme y reparación de pavimento.

La línea 513 modifica parte de su recorrido desde Stella Maris hacia el centro, circulando por Remedios de Escalada, Estados Unidos, Brown y desde allí recorrido habitual.

Mañana jueves, en tanto, de 10.30 a 14.30 no se podrá transitar por Mitre al 300, por izaje de pallets de hormigón, mientras que de 10 a 12 habrá un corte en Lautaro al 2900 por actividad comunitaria en el exterior del Centro de Salud.

Además, adelantaron que el sábado 24 de octubre estará interrumpido el tránsito de 7.30 a 16 en Euzkadi e Yrigoyen, por trabajos con una grúa.

Hasta el domingo 25, continuará el corte en Zelarrayán y Felipe Varela por la ejecución de la obra “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto- Los Chañares. El desvío vehicular se realiza desde calle El Resero y calle Facundo Quiroga.

Dos lineas de colectivos tiene que modificar sus recorridos:

  • 500: desde Sesquicentenario hacia Ingeniero White circula por Paraguay, Zapiola, 19 de mayo, Mitre y Sarmiento.
  • 509: desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay transita por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán; y en el regreso por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.

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Por trabajos programados no tendrán agua en el barrio Juan Lopes

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ABSA informó que mañana se verá afectado el servicio de agua potable en el barrio Juan Lopes por trabajos programados en el marco del plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) en Bahía Blanca.

Las intervenciones serán en las intersecciones de Thompson y Arango; y de Cittá y Chubut.

“Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio”, pidieron desde la prestataria.

Fuente: Frente al cano.

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