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Senado post ley laboral: los libertarios ya se mueven dentro del sistema, mientras un peronismo sin líderes se desangra

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La sesión del miércoles y jueves en el Senado, donde el oficialismo logró la aprobación de la ley de reforma laboral, marcó el bautismo libertario en el “sistema” que tanto criticó para llegar al poder, tras un sinfín de concesiones en la iniciativa que se debatió.

Además, el escenario de la nueva Cámara alta mostró a un peronismo roto y ya no sólo sin un “campeón” o “pajarito llamador”: ni siquiera tiene un prospecto a considerar y sus soldados juegan libres, sin necesidad de ruptura, y la única apuesta que le queda al principal partido opositor es que el Gobierno falle, en el corto y mediano plazo, en mostrar resultados que viraron de la baja de inflación hacia bolsillos que no compensan lo nominal versus lo real. Veamos.

El primer punto fue descripto desde un experimentado despacho opositor durante la madrugada del jueves, mientras se desarrollaba la sesión: “Acá hay un arco que se corrió de blanco a negro, o viceversa, si uno compara lo que sucedió entre la Ley Bases y la reforma laboral que se está votando. A comienzos de 2024, ese proyecto venía con el mote de ‘destino manifiesto’, del ‘elegido’, y terminó en lo que ya conocemos. Ahora, el antisistema fue más sistema que ninguno, con herramientas del sistema, con una mujer/máquina de las pocas que quedan -en referencia a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich y concesiones sin dudar a sindicatos, gobernadores y senadores. Por mucho menos que esto se retiró la Ley Bases en su momento. Acá se privilegió la victoria política y, si no chocan, tendrán el camino liberado en 2027″.

Del convite reciente en el recinto también quedó pincelado que, al oficialismo libertario, la acusación de “rodillo parlamentario” que siempre se le cuestionó al cristinismo en sus épocas más feroces y oscuras es casi tan importante como una leve picadura de mosquito. El ejemplo concreto fue la incorporación del traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad: no se amplió el temario de extraordinarias para esto, tampoco se le dio ingreso formal por sesión al acuerdo -para que tomara estado parlamentario-, no pasó por comisión ni se dictaminó. Quedó como un anexo de la reforma laboral que, también es cierto, hacía mención en dos artículos sobre el tema. Lo que vale entre los dos es lo primero.

Al consultar sobre ítems más delicados del texto, cuando los legisladores del oficialismo y la oposición dialoguista indagaban a caminadores de pasillos trasladados desde Casa Rosada hacia la Cámara alta, la respuesta fue idéntica: “La orden es del Presidente”. Bajo esa premisa también se movió Bullrich, quien sorprendió a propios y extraños por haberse tirado encima de todas las granadas posibles de la agenda de extraordinarias, sin garantía de victoria. Los condujo a un triunfo que, si Diputados confirma, será histórico, con sus respectivas consecuencias. Ni tuiteros ni desde el cielo. El sistema.

Quienes mejor decodifican los movimientos y convivencia de Balcarce 50 direccionaron la lupa hacia la parafernalia que armó la ex ministra de Seguridad horas después de la votación, con un video en redes que incluyó una divertida melodía de after office. Fue furor. Sobre ello, un histórico asesor sugirió: “Levantó demasiado la cabeza y temo que le llegue la factura. Muchos libertarios no entienden que Javier y Karina Milei son los únicos dueños del 100%. El resto son amistades”. Si hay algo que los hechos ya comprobaron es el desprecio por personas que hicieron demasiado para que el jefe de Estado llegue y se mantenga en el poder. Ni hablar de quienes osaron advertir algún potencial inconveniente. En el corazón de la administración central no existen, ni siquiera, los accionistas. Muchos siguen sin comprenderlo.

Post sesión, la sensación que quedó en varios senadores es que el Gobierno, en medio de su estrategia para aprobar la ley, intentó cuidar a los integrantes del pleno, en el sentido de reconocer que la agenda nacional no es la misma que en las provincias. Esto fue clave -aunque deberán ajustarse varias tuercas-, porque le dio margen a un ramillete de legisladores para no quedar muy expuestos, de forma innecesaria, en sus distritos. La diferencia fue abismal en comparación con lo sucedido en la Ley Bases.

Mientras tanto, el peronismo se desangra. Hay referentes del kirchnerismo que, durante la reunión el recinto, se rieron en varias ocasiones. Después, se preguntan por qué pierden elecciones. La situación ya delirante de “cristinistas obsecuentes” o “traidores”, es insostenible. No obstante, la discusión del Presupuesto 2026 de diciembre pasado ya dejó una marca -por un puñado de acompañamientos selectivos- que no volvió a repetirse en la reforma laboral -nadie del interbloque iba a pisar ese infantil palito-, pero sí en el armado de comisiones que los más duros no quieren integrar: las ramas del interbloque ya se manejan libres, sin necesidad de fractura.

“En el Presupuesto 2026 votaron algunos y no pasó nada. Ahora, dos de Convicción Federal se metieron en dos comisiones -en referencia a la tucumana Sandra Mendoza, en la de Acuerdos; y el catamarqueño Guillermo Andrada, en la de Relaciones Exteriores- y acá estamos. Lo mismo ocurrirá con lo del Mercosur, que beneficia a varias provincias. ¿Pensás que no van a acompañar? Además, no hay beneficio en irse. No tenemos más a un campeón. Ni siquiera vemos que aparezca un retador o pajarito llamador que vaya a la televisión a decir algo interesante. Nada de nada. Entonces, el PJ no tiene la capacidad de echar a nadie. ¿Cómo te van a echar de una casa donde lo único que tienen para ofrecerte es un plato de sopa fría y techos con goteras a la hora de dormir? Eso sí, no olvidemos el pin de ‘Cristina libre’ para llevarlo al recinto”, reflexionaron desde un despacho justicialista.

Con la derrota aún fresca, un senador kirchnerista opinó ante Infobae: “El Gobierno tiene la responsabilidad de mostrar resultados. No hay más palos en la rueda. Nosotros perdimos en la sesión, pero ellos pueden llegar a perder su discurso en el corto plazo”. La cita apunta ya no tanto sobre si la inflación bajó o no en estos dos años -algo insólito, a esta altura-, aunque coincide con la mirada de un grupo no menor de dialoguistas, por fuera de la trifulca de días atrás relacionada con el INDEC: la realidad nominal de los bolsillos no podrá quedar detrás de la real.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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