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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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La pobreza bajó a 28,2% en el último semestre de 2025 y afectó a cerca de 13 millones de personas

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La pobreza llegó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 en la Argentina, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es el nivel más bajo en 7 años.

El nivel de pobreza bajó 3,4 puntos porcentuales con respecto a los primeros seis meses del año y afectó a cerca de 13 millones de personas. Por su parte, el nivel de indigencia alcanzó 6,3%.

Además, La información difundida por el INDEC muestra que el 41,3% de los niños de hasta 14 años son pobres. El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 32,6% y 24,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 9,7%.

A nivel regional, el Noreste (NEA) registró la incidencia más alta de pobreza, con un 32,7%, seguido por el Noroeste (NOA) con 28,4% y el Gran Buenos Aires con 28,3%. En cambio, las menores tasas se observaron en la Patagonia (25,4%) y en la región Pampeana (26,2%).

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos difundidos por el INDEC y aseguró que “la pobreza es la más baja en más de siete años”. A través de un mensaje en redes sociales, destacó que en el segundo semestre de 2025 la tasa se ubicó en 28,2%, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%.

En esa línea, remarcó que, en comparación con el mismo período de 2024, la pobreza se redujo 9,9 puntos porcentuales y la indigencia 1,9 puntos. Además, subrayó la magnitud de la mejora frente al pico registrado en el primer semestre de 2024, cuando ambos indicadores habían escalado al 52,9% y 18,1%, respectivamente: desde entonces, la caída fue de 24,7 puntos en pobreza y 11,8 puntos en indigencia.

Fuente: TN

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Citan a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Adorni en Caballito

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Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que certificó la compra del departamento de Caballito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La escribana, que habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del vocero presidencial en un country en Exaltación de la Cruz, deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py el miércoles 8 de abril.

La citación se da en el marco de la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.

De acuerdo con los registros inmobiliarios, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento, sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.

La intervención de la escribana Nechevenko fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2025 y que figura a nombre de Julieta Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.

En la causa, el fiscal Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.

La fiscalía sostuvo en el expediente que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal.

En ese contexto, Pollicita también requirió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino. La citación como testigo está prevista luego de que el fiscal reúna los documentos disponibles en los registros correspondientes.

Fuente: TN

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Nación creó un registro para unificar los datos de beneficiarios de planes sociales

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El Gobierno nacional dispuso este martes la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base destinada a ordenar y unificar la información de personas que acceden a programas y prestaciones en todo el país.

La iniciativa fue formalizada mediante la resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, y funcionará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

El nuevo registro operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que actúa como repositorio central de datos provenientes de distintas áreas del Estado.

Según lo dispuesto, el objetivo es contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a los beneficiarios, sus características y el tipo de asistencia que reciben.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el encargado de la administración, actualización y resguardo de la información, además de realizar cruces de datos, elaborar estadísticas y evaluar políticas públicas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta permitirá tener un diagnóstico más preciso sobre el alcance de las políticas sociales y optimizar la gestión de los recursos públicos.

En términos operativos, el registro integrará información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintos organismos, con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones y vacíos de datos, y garantizar la trazabilidad de la información.

El sistema se nutrirá exclusivamente de datos aportados por organismos oficiales y funcionará bajo estrictos criterios de seguridad y confidencialidad. Además, se estableció que su implementación será financiada con partidas del propio Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sin asignaciones adicionales.

Fuente: Agencia DIB

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