El oficialismo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados quiere que el miércoles se consiga dictamen para tratar el jueves la reforma laboral en el recinto. De darse este panorama, la CGT llevará a cabo un paro nacional que tendrá la adhesión de los gremios estatales. Ante eso, el Gobierno avisa que le descontará el día a los empleados que no acudan a su lugar de trabajo o que no cumplan funciones esa jornada.

Lo confirmaron dos altas fuentes de Casa Rosada a Infobae. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, avisó uno de estos dos funcionarios.

Se trata de una medida que el Gobierno adoptó en los anteriores paros nacionales convocados por la central obrera. La diferencia que habrá respecto a la tercera y última movilización convocada en abril del 2025 es que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis. Es decir, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza.

“Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, indica un alto funcionario libertario sobre la logística que deberá ejecutar para que su planta llegue a su puesto de trabajo el día del paro nacional.

Mientras que la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, adhirió al paro pero no a la movilización; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que saldrá a las calles a marchar frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. El día que se prevé para eso es el jueves, salvo que ocurra algo impensado.

La decisión de la movilización fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales. Consultado por Infobae en vivo, explicó que la decisión de convocar a un paro con movilización responde a la necesidad de evitar que el Congreso se quede sin la presión de la calle, lo que, según su visión, facilitaría el avance legislativo del oficialismo.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta. El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN) justificó el paro general anunciado para este jueves, mientras se trate la reforma laboral en Diputados, y dijo que “el principal motivo” de la medida de fuerza “es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.

El disparador del llamado al paro nacional surgió a partir de la polémica por el artículo que reducía sustancialmente el régimen de licencias médicas. Tras la crecida mediática de ese asunto, el oficialismo se vio forzado a modificar esa parte del proyecto y lo anunciará mañana en la reunión de comisiones en la Cámara de Diputados. La reforma será aprobada con modificaciones en el recinto y volverá al Senado, donde LLA busca sancionarla el viernes de la semana que viene.

Que el Gobierno haya cedido con ese aspecto hace que la consigna del paro pierda fuerza, esgrimen en la Casa Rosada. Aun así, esto podría ser una verdad a medias: a raíz de la discusión de las licencias médicas, también se puso bajo el foco mediático otros aspectos de la llamada Modernización Laboral que antes no eran siquiera conocidos.

Rodríguez recalcó que, además de la redacción de las licencias tal y como salió del Senado, “hay otros artículos muy importantes para modificar” entre los cuales mencionó “la ultraactividad de los convenios, o que un convenio de empresa sea superador de uno por actividad”, o el que obliga a “pedir permiso para hacer una asamblea” en los lugares de trabajo.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT. “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente, en Infobae al amanecer, con la conducción de Nacho Girón, junto a Belén Escobar y Luciana Rubinska.

La dinámica en la que se producirá el paro del jueves también produce fricciones al interior del sindicalismo. Las diferencias no son solo entre ATE y UPCN, sino entre actores más amplios. El secretario general de la UOM de Córdoba, Rubén Urbano, definió como “bastante tibios” a los dirigentes de la CGT por no llamar a hacer un paro con movilización.

“No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, remarcó, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por radioMitre.

El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en la Cámara de Senadores. La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

Fuentes parlamentarias confirmaron a Infobae que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión que tiene que emitir dictamen mañana en Diputados, con el objetivo de garantizarse la aprobación en la sesión prevista para el jueves próximo. La Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara baja apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley.

El artículo en cuestión era el siguiente:

“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

La decisión del Gobierno nacional de retirar el artículo sobre licencias médicas del proyecto de reforma laboral marcó un giro en las negociaciones parlamentarias de los últimos días. La medida, resultado de una serie de reuniones intensas con bloques aliados, reflejó la tensión que generó este punto específico dentro de la iniciativa impulsada por el oficialismo. Las conversaciones, que se extendieron hasta última hora, pusieron en evidencia el delicado equilibrio que el Ejecutivo debe mantener para avanzar con su agenda en la Cámara de Diputados.

En el centro del debate se ubicó la propuesta original que establecía modificaciones en el régimen de ausencias justificadas por cuestiones de salud. La eliminación del artículo, confirmada por fuentes oficiales, surgió como respuesta directa a los reclamos de espacios políticos que consideraron que la redacción ponía en riesgo derechos adquiridos de los trabajadores. De acuerdo con lo informado, la postura que adoptó el bloque de Innovación Federal fue determinante para forzar el retiro del texto, ya que anticipó que no acompañaría la medida si no se revisaba su contenido.

Este escenario evidenció el peso político que adquirió el tema en las últimas jornadas, ante la proximidad de la sesión extraordinaria convocada para tratar la reforma. La urgencia por alcanzar consensos puso de relieve la fragilidad de la mayoría oficialista y la importancia estratégica de cada voto. Funcionarios del Ejecutivo, según trascendió, consideraron que priorizar la aprobación general del paquete de cambios era más relevante que insistir en un punto que generaba resistencias insalvables.

El debate por las licencias médicas se intensificó tras la difusión de la letra chica del proyecto, que proponía limitar la cantidad de días de ausencia por motivos de salud y endurecer los controles sobre los certificados expedidos. Legisladores de sectores dialoguistas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estas restricciones afectaran a trabajadores con enfermedades crónicas o situaciones especiales. En este contexto, la presión pública de organizaciones gremiales y asociaciones médicas sumó un factor adicional de tensión, acelerando la necesidad de revisar el texto.

La reacción sindical se manifestó en comunicados y pronunciamientos que reclamaron respeto por los convenios colectivos de trabajo y advirtieron sobre eventuales retrocesos en materia de derechos laborales. Voceros de la Confederación General del Trabajo (CGT) señalaron que cualquier intento de limitar las licencias representaba “un ataque a conquistas históricas”. La postura de la central obrera fue replicada por representantes de otros gremios, que coincidieron en la defensa de los marcos legales vigentes.

En paralelo, desde el oficialismo se intentó instalar la idea de que la reforma general no perdería fuerza por la exclusión del artículo en cuestión. Fuentes del Ministerio de Trabajo remarcaron que el objetivo central sigue siendo “modernizar las relaciones laborales y dotar de mayor flexibilidad a las empresas”, pero reconocieron que “la búsqueda de consensos es prioritaria”. La voluntad de allanar el camino para la aprobación del resto de los artículos fue compartida también por los bloques aliados, que destacaron la importancia de avanzar en los aspectos vinculados a la formalización del empleo y la simplificación de trámites administrativos.

El retiro del artículo no implicó, según se explicó, la renuncia definitiva a debatir cambios en materia de licencias. Algunos referentes legislativos anticiparon que el tema podría ser retomado en futuras discusiones, bajo un formato más acotado y negociado. Por el momento, la atención se centra en la votación convocada para las próximas horas, en la que el oficialismo aspira a obtener el respaldo necesario para aprobar el grueso de la reforma.

El escenario parlamentario se mantuvo en estado de máxima incertidumbre, con negociaciones abiertas y contactos permanentes entre los distintos bloques. La dinámica de los acuerdos reflejó el carácter fragmentado de la Cámara de Diputados y la necesidad del Ejecutivo de construir mayorías caso por caso. La eliminación del artículo sobre licencias médicas se convirtió, así, en un gesto de flexibilidad orientado a evitar el naufragio de una reforma considerada clave por el Gobierno.

El futuro de la iniciativa dependerá ahora del resultado de la sesión y de la capacidad del oficialismo para sostener el apoyo de sus socios coyunturales. Mientras tanto, actores sindicales y empresariales se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos, conscientes de que cualquier modificación en la legislación laboral tendrá impacto directo sobre millones de trabajadores y empleadores en todo el país.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, endurecerá los controles en la marcha piquetera y sindical hasta ahora prevista para el jueves 19 de febrero, fecha en que la Cámara Baja tratará de transformar en ley la reforma laboral que ya tiene media sanción.

Para ese mismo día, la CGT convocó a un paro general al cual se adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales no movilizarán al Congreso. En cambio, sí lo harán las organizaciones de izquierda, los piqueteros, los gremios y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado, entre otros, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA, que han convocado a una movilización que intentarán que sea numerosa. A estos se suman algunas organizaciones populares, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete.

Según pudo establecer este medio, la cartera de Seguridad elabora medidas para extremar el control de estos manifestantes, luego de los incidentes registrados el miércoles pasado frente al Congreso, durante una marcha contra la Reforma Laboral. Allí, grupos extremos y encapuchados arrojaron bombas molotov sobre los efectivos policiales.

Por esos hechos de extrema violencia fueron judicializadas 26 personas, entre ellas un menor de 16 años con antecedentes de robo.

Si bien aún está en estudio, entre las opciones que se barajan se incluyen:

-la revisión de mochilas

-regulación del uso de banderas

-control de los vehículos, como camionetas y micros que transportarán a los activistas

-vallado preventivo en la zona aledaña al Congreso de la Nación y la Casa Rosada.

Desde el Ministerio a cargo de Alejandra Monteoliva le explicaron a Infobae que los controles buscan “prevenir riesgos y mantener la seguridad” y que se procurará que las acciones no pongan en riesgo la integridad de los manifestantes ni del personal de seguridad.

También recordaron que, según el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, referente a PFA, la policía solo puede realizar requisas sin orden judicial de personas, efectos personales o vehículos cuando existen circunstancias razonables que permitan presumir la existencia de un delito, no se pueda esperar una orden judicial por riesgo de pérdida de pruebas y la acción se realice en la vía pública o en lugares de acceso público. Requisitos que, para los funcionarios de La Libertad Avanza, se cumplen.

En estos casos, los secuestros deben formalizarse con un acta que detalle los motivos, y la medida debe ser comunicada de inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Casa Rosada descreen del poder de convocatoria que puedan llegar a tener estos grupos. En primer lugar, porque se prevé que el paro de transporte será total y, en segunda medida, porque los gremios más numerosos y las organizaciones sociales como el MTE, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, entre otras, tampoco movilizarán, como sí lo hicieron el 11 de febrero. De hecho, más de 30 integrantes de la UTEP fueron detenidos y horas después quedaron en libertad.

En las últimas horas, la mesa nacional de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) resolvió participar “del paro convocado por la CGT de manera activa sumándonos a actividades locales que surjan en los distritos con corte de rutas y ollas populares en todo el país”. Y, con respecto de la convocatoria al Congreso el día jueves, se decidió “acercaremos con una delegacion solo para acompañar, teniendo en cuenta las dificultades logísticas por la confirmación del paro de transporte”.

Los dirigentes de izquierda fueron los primeros en reaccionar ante la decisión de la CGT de no movilizar al Congreso.

Por ejemplo, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, denunciaron que la conducción cegetista convocó a un paro sin movilización porque buscan “limitar la fuerza que se expresó en las calles el pasado 11 de febrero” y llamaron a “movilizarse masivamente al Congreso y hacer que el paro sea activo para derrotar la reforma laboral”. También proponen acciones en todo el país y organizar caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y los barrios de la Ciudad para confluir en el Congreso.

Bregman denunció que “producto de la rosca en el Congreso, aún no se sabe si la reforma laboral esclavista se tratará el 19 o el 25. De lo que sí estamos seguros es que hay una bronca bárbara y que a esta reforma hay que enfrentarla y derrotarla de conjunto”.

Del Caño, por su parte, agregó que “la CGT convocó a un paro general por la bronca de millones a su traición escandalosa, pero quieren que sea sin movilización, lo que debilita la fuerza para voltear la reforma”.