El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. “Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Pero no solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.

Tras la furia de las extraordinarias de diciembre y febrero, el Senado mantuvo un ritmo de actividad normal desde el 1 de marzo, con el período ordinario ya inaugurado por Javier Milei. Sin embargo, oficialistas y dialoguistas le bajaron ayer el precio a la idea de ir al recinto el miércoles 29 de abril, con varios legisladores que ya dan caído el encuentro y que prefieren, sobre todo, aguardar hasta mayo próximo.

Uno de los principales argumentos, en realidad, no pareció bastante sólido. Desde algunos despachos remarcaron la inconveniencia de consumar una sesión en simultáneo al informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará en Diputados. El segundo fue más lógico: no hay tantos temas dictaminados y abrir el recinto para que lo aproveche la oposición kirchnerista no parece sumar tantos adeptos.

Ayer se descartó rápido, como plan “b”, el martes 28. Era la última opción ya que, desde el jueves 30, se iniciará un ramillete de audiencias públicas para analizar los pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. Esto ocurrirá en la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto y que días atrás avanzó con la extensión, por cinco años, de la labor del camarista federal Carlos Mahiques.

Una iniciativa ya rubricada y que genera tensión desde hace más de dos años -ya es la tercera vez que se despacha y queda lista para que la vote el pleno- es la relacionada con las falsas denuncias. Es la obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe), de óptimos vínculos con el oficialismo.

El inconveniente, como contó Infobae el reciente fin de semana, es que un puñado de aliados no está convencido con la confección final del articulado -“mal escrito”, dijo uno a este medio- y desliza, por lo bajo, la “incomodidad” de tener que votar el proyecto en cuestión. Más allá de esto, al revisar las firmas de quienes apoyaron en la comisión de Justicia, se sostiene una cantidad de adhesiones a considerar, aunque más ajustada y, en Diputados, el escenario parece más delicado.

Para mayo -o antes-, La Libertad Avanza, que maneja Patricia Bullrich, espera llegar a dictaminar la ley mileísta que “blinda” la propiedad privada. Se debate en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, que lideran los oficialistas Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Tras dos reuniones y cerca de 25 disertantes -el primero fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger-, la discusión viró hacia el lado de los reparos dialoguistas, con enviar advertencias y propuestas para modificar el texto, que no saldrá de la manera pura que desea el Ejecutivo. Al igual que con la reforma laboral, habrá que “consensuar”.

Por otra parte, las recientes leyes que aterrizaron en la Cámara alta sobre discapacidad y salud mental deberán pasar sí o sí por la comisión de Salud, que tiene a sus integrantes designados, pero no su reunión constitutiva formal. Se estima, según confiaron desde LLA a Infobae, que la libertaria puntana Ivanna Arrascaeta quedaría como presidenta. Cristinismo y peronismo tendrán allí a varios médicos.

Queja

Tras la nueva dilación del tratamiento de ascensos diplomáticos, apareció la crítica de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN). Aún siguen sin avanzar las listas de 2024 y 2026 y la Cancillería ya es un hervidero.

En medio de curiosas versiones sobre supuestas conversaciones entre diplomáticos y legisladores, la salida que se busca en el Senado apuntaría a frenar un par de nombres. Sin dudas, generará discordia. Lo importante, a esta altura, es si detrás de todo esto hay otro interés político sobre los bloques que habitan en la Cámara alta. Todo sirve para negociar o, en todo caso, limar.

En medio de los cuestionamientos de la oposición y los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta dar sobradas muestras de actividad para reafirmar su lugar en el cargo. Con agenda semanal, que incluye la asistencia al homenaje del Papa Francisco que se hará este martes en la Basílica de Luján, y una nueva convocatoria de la mesa política prevista para el viernes, el funcionario busca dejar atrás los señalamientos mientras enfrenta la investigación en curso.

El pasado lunes, Adorni retomó las reuniones individuales con ministros al recibir a la mañana a Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, quien retornó este domingo de Estados Unidos, donde cumplió con una intensa agenda que incluyó una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y a las 15, se entrevistó con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en un intercambio que incluyó además la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

Según supo Infobae, fueron dos reuniones de gestión, cuyo temario incluyó un repaso de las principales preocupaciones y los próximos objetivos, entre los que la judicializada Ley de Financiamiento Universitario tuvo parte importante de la conversación. Por un lado, Caputo lleva el seguimiento y la habilitación de los fondos, mientras que Ibarzabal Murphy es la que coordina la estrategia de la Procuración del Tesoro.

Al respecto, una importante fuente de Casa Rosada admitió que la presentación del recurso extraordinario para suspender parte de la ley persigue el objetivo de “ganar tiempo” para modificar el proyecto que prepara el Ejecutivo cuyo tratamiento legislativo aspiran a motorizar en los próximos días. “Tenemos que acomodar los números para que funcione. Así no lo podemos pagar. Tenemos un problema de Presupuesto porque está comprometido”, se sinceró.

Con el Presidente y la titular de La Libertad Avanza (LLA) en Israel hasta el miércoles, es el ministro coordinador quien quedó formalmente al frente de la administración libertaria y, bajo esa responsabilidad, este martes continuará con el reunionismo en Casa Rosada con un nuevo intercambio con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En horas de la mañana, tiene previsto recibir a varios de los secretarios que dependen de la Jefatura de Gabinete en el Salón de los Escudos, para luego, por la tarde, trasladarse a Luján con la intención de dar asistencia, junto a gran parte del Gabinete, en la misa que se celebrará a las 17 en la Basílica. Serán de la partida los ministros Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También asistirá el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Como contó este medio, la Iglesia Católica dará inicio a una serie de homenajes al Papa Francisco en el primer aniversario de su muerte y lo hará con un acto central del que participará además la vicepresidenta Victoria Villarruel, de nulo vínculo con el Poder Ejecutivo y a la que el funcionario, en calidad de vocero presidencial, se encargó de aclarar que estaba “fuera del Gobierno”.

La fuerte presencia de la administración liberataria puede ser leída además como una gestualidad del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica y va en sintonía con la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quien visitó la semana la sede de la Conferencia Episcopal Argentina para concretar un encuentro con el Secretario General del Episcopado, Monseñor Raúl Pizarro.

Tras el regreso de la delegación presidencial que partió el sábado a Israel para participar de los festejos del Día de la Independencia, el ministro coordinador se prepara para citar nuevamente a la mesa política que, de coincidir en las agendas de los involucrados, volverá a verse las caras el viernes en el despacho de planta baja de Casa Rosada.

De lograrse, compartirán la mañana el ministros Luis Caputo (Economía), ausente en la última edición, y Diego Santilli (Interior); el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrih; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Todos ante la supervisión de la menor de los Milei, que por estos días activó la mesa electoral y se prepara para establecer nuevos contactos con gobernadores aliados de cara al 2027.

Los criterios para el futuro armado parecen reeditar viejas diferencias que también alcanzan al diseño de los proyectos de ley a enviar al Congreso Nacional. Es por eso que Adorni, en su rol de equlibrista, intentar poder ordenar la convergencia de posturas para coincidir en una hoja de ruta legislativa, algo que el oficialismo logró efectivizar durante el periódo de sesiones extraordinarias.

Luego de que un sector del Gabinete alertara por la falta de ritmo de la gestión, el ministro coordinador, que detecta una merma en la escalada mediática, trabaja para retomar la agenda, potenciar su rol y motorizar la diaria. Para eso, además de los intercambios individuales, tiene intenciones de coordinar una nueva reunión de Gabinete que podría tener lugar a principios de la semana próxima.

“Va a salir más fortalecido”, vaticinan a este medio desde su entorno. En el camino tiene dos paradas claves: la primera el miércoles 29 de abril, cuando asista a la Cámara de Diputados a brindar su primer informe de gestión, y la segunda, el jueves 30 del mismo mes, fecha límite para presentar su declaración jurada actualizada.

Ambos compromisos parecen no preocupar a los equipos de la Jefatura de Gabinete que ultiman los detalles para asistir al funcionario en las presentaciones. Sin embargo, en los últimos días, el que sembró dudas por el desempeño del ex vocero fue el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, aliado estratégico de la Casa Rosada hasta entonces.

El vaticinio de que la exposición del jefe de Gabinete podría suponer “un show” que “no ayuda para nada”, fue recibido con cierto malestar en las filas violetas que le cuestionan al legislador su palabras y el haberse subido a lo que consideran “operaciones de la prensa y la oposición”.

“Son todos chorros y Manuel, que no lo es, lo torturan por explicaciones. Es espectacular”, sentenció al respecto un colaborador del estrecho entorno del ministro, al tiempo que le reclamó al diputado amarillo que “explique” sus propiedades en Miami.