Pese a la tensa calma que atraviesa el Gabinete tras la ensayada tregua en la interna entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem —del riñón de Karina Milei—, el Gobierno despliega nuevos intentos por intensificar la gestión, empantanada durante los últimos tres meses, y a imprimirle celeridad en la resolución de conflictos de cada ministerio.

Con algo más de aire en los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió retomar las reuniones de seguimiento con los equipos de las nueve carteras tras detectar demoras en la resolución de problemas que marcan la diaria. Además, tiene intenciones de recuperar la idea de fijar objetivos globales. “La intención es que sean a largo plazo para que puedan cumplirse independientemente a futuro”, argumentaron desde el entorno del funcionario.

El pasado miércoles, el ministro coordinador recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) junto a su equipo en el salón de los Escudos, y el viernes continuó con Juan Bautista Mahiques (Justicia) en lo que configuró las primeras reuniones de trabajo de la nueva tanda. Este martes continuará la serie con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa) en un encuentro conjunto.

Se trata de una política que adoptó el exvocero al asumir su nuevo cargo para dinamizar la comunicación entre los ministerios, pero que debió suspender, asediado por los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. “Hicimos un repaso de prioridades 2026 y ejes 2027. Son cosas que venimos hablando de forma cotidiana. Tenemos un diálogo muy fluido con Jefatura”, sostuvo uno de los asistentes a este medio.

En ese contexto, en Balcarce 50 aspiran a que la calma interna, con aires de triunfo para el asesor, se traduzca también en una reactivación de la dinámica de gestión y de la agenda parlamentaria. Luego de la reunión de Gabinete y de mesa política, el Poder Ejecutivo envió al Congreso la Ley de Sociedades Comerciales, diseñada por Sturzenegger, que busca habilitar la creación de empresas gestionadas por inteligencia artificial. Además, tiene intenciones de avanzar con un proyecto que introduzca cambios en Inocencia Fiscal.

Como contó este medio, el próximo jueves 4 de junio, el oficialismo buscará tratar en la Cámara de Senadores un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y algunos pliegos judiciales ya dictaminados.

Sin embargo, el Congreso aún acumula una extensa lista de iniciativas pendientes. Entre ellas figuran los proyectos de salud mental, Hojarasca, falsas denuncias, financiamiento universitario, etiquetado frontal, zonas frías y la postergada reforma política, además de las iniciativas vinculadas al fraude en pensiones por invalidez, la ley de lobby, el Súper RIGI y el PCT. “De todo lo enviado, las prioridades son reforma electoral, lobby, super RIGI y etiquetado frontal”, sintetizó ante Infobae un integrante de la mesa política encargada de definir la hoja de ruta legislativa.

Aunque la agenda parlamentaria vuelve a mostrar movimiento, dentro del oficialismo persiste la preocupación por el efecto que las tensiones internas podrían tener sobre la gestión. Algunos funcionarios creen que el conflicto ya impacta en el funcionamiento cotidiano del Gobierno desde hace meses. Con ese temor, le reclaman la intervención del presidente Javier Milei, que se niega a laudar, y que este martes participará del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Tras la baja del riesgo país, que se ubicó en los 493 puntos básicos, y la aceleración de las compras de reservas por parte del Banco Central, la administración transita una leve mejoría. En paralelo a los esfuerzos por intentar recomponer la dinámica, Adorni enfrenta además los movimientos en la causa judicial que lo involucra. Esta semana deberá terminar de definir la fecha para la presentación de su declaración jurada, reclamada por la senadora Patricia Bullrich. “Ni Bullrich ni Villarruel lo van a apurar”, sostuvo una fuente inobjetable.

Mientras tanto, la cúpula de poder se prepara para convocar a una nueva reunión de Gabinete, que podría tener lugar la próxima semana, en la que, bajo el argumento de “cuestiones de temario”, se limitarían solo a la plana del Ejecutivo, lo que significaría la exclusión de Bullrich y Martín Menem de esa edición.

A poco más de una semana del inicio del Mundial, en el oficialismo se esperanzan con que la fiebre mundialista aplaque las diferencias y apacigüe la situación judicial del jefe de Gabinete, quien promete que oficializará el detalle patrimonial antes del 15 de junio. “No creo que genere mucho impacto, aunque algo de mediatización va a tener. El Mundial barre con todo”, sostuvo un funcionario ajeno al equipo de Adorni.

El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá también funciona como una suerte de marcador temporal para La Libertad Avanza, que posterga hasta su finalización las definiciones electorales rumbo a las presidenciales de 2027. Mientras tanto, la actividad de gestión comienza a recuperar movimiento, aunque en el oficialismo admiten que el verdadero interrogante sigue siendo político: cuánto durará la tregua entre los principales actores del poder y si alcanzará para sostener la reactivación que el Gobierno intenta poner en marcha desde hace semanas.

Tal como lo había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X, el nuevo secretario Legal y Administrativo quedó designado a través de un decreto publicado esta madrugada tras la repentina salida de José García Hamilton.

A partir de hoy, Juan Ignacio Stampalija quien hasta este momento se desempeñaba como suboprocurador del Tesoro de la Nación, reemplazará en el cargo a García Hamilton.

Sin embargo, el funcionario de Gobierno admitió que ya había sido notificado al respecto. “Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía”, explicó Caputo mediante un tuit.

A su vez enfatizó: “También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Muchísimas gracias José!! @joseghamilton”, continuó diciendo, y completó el posteo señalando al nuevo titular de la Secretaría Legal y Administrativa que funciona bajo su órbita. “A partir del lunes, @juanistamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”, adelantó el ministro.

Stampalija llega a Economía con la reputación que le ganó el haber integrado junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla el trío de espadas jurídicas que desde la Procuración del Tesoro de la Nación diseñaron y sostuvieron la estrategia legal que permitió revertir una condena de USD 16.000 millones en contra del Estado argentino en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF.

La cartera que dirige Caputo no cesa de tener movimientos. El último ocurrió hace poco más de un mes, cuando el jefe de Economía “le aceptó la renuncia” (tal fue la versión oficial) a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura. La escandalosa salida sucedió cuando se supo que tenía propiedades en Miami que no había incluido en su declaración jurada. Este movimiento se dio casi a la par de la investigación contra el jefe de Gobierno, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

En reemplazo de Frugoni, Caputo designó a quien era secretario de Transporte, el arquitecto Fernando Herrmann, y en su lugar nombró a Mariano Ignacio Plencovich.

A su vez, a fines de febrero había renunciado Alejandro Lew al cargo de secretario de Finanzas, lo que obligó a Caputo designar a Federico Furiase, que se desempeñaba como director en el Banco Central. Lew, que había comenzado sus tareas en el puesto en noviembre de 2025, se fue por una propuesta de emitir bono que había sido rechazada por el propio presidente Javier Milei.

En su momento, Lew, quien se había desempeñado previamente como jefe financiero (CFO) de YPF, había llegado al equipo de Caputo en reemplazo de Pablo Quirno, que dejó Economía para pasar a ocupar el puesto de ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina.

Un desprendimiento mucho más significativo y temprano fue la renuncia de Joaquín Cottani, el secretario de Política Económica, con que el equipo económico había iniciado su gestión tras la asunción del presidente Milei. Cottani se fue por diferencias significativas sobre la política económica, en particular sobre la política cambiaria del gobierno y, en línea con el pensamiento cavallista con el que se identifica, porque era partidario de un desmantelamiento más completo del cepo cambiario.

En reemplazo de Cottani fue designado poco después José Luis Daza, economista nacido en la Argentina, pero que también tiene nacionalidad chilena, y a quien Caputo conoce desde sus tiempos de operador en Wall Street. Otra incorporación, más reciente, fue la del economista uruguayo Ernesto Talvi, pero más en la función de asesor externo y gestor ante organismos internacionales, dada su reputación como excanciller y excandidato presidencial de Uruguay y su experiencia como funcionario del Banco interamericano de Desarrollo (BID).

Los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio y Wado de Pedro, presentaron este domingo 31 de mayo, en el marco del Día Nacional de la Energía Atómica, dos proyectos de ley orientados a darle continuidad a las políticas de desarrollo nuclear argentino frente a lo que la posibilidad de cambios estructurales impulsados por el gobierno actual.

La primera iniciativa, firmada por ambos senadores, apunta a proteger la continuidad del reactor CAREM, el primer reactor nuclear de potencia diseñado íntegramente en la Argentina y uno de los desarrollos tecnológicos más novedosos del mundo en materia de reactores modulares pequeños.

El proyecto establece que cualquier decisión que implique la cancelación del CAREM, la transferencia de la tecnología generada en su marco o su desvinculación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) deberá contar con una mayoría agravada de dos tercios del Congreso nacional. La exigencia apunta a blindar institucionalmente un proyecto que concentra décadas de inversión pública y formación de recursos humanos especializados.

La segunda iniciativa, impulsada por Di Tullio, extiende esa lógica de protección al conjunto de las políticas estratégicas del sector nuclear. La propuesta alcanza a los programas de investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, los acuerdos internacionales de cooperación y otras decisiones estructurales para el sistema nuclear argentino.

Al igual que en el caso del CAREM, la propuesta fija la necesidad de amplios consensos institucionales para avanzar en esas materias. El objetivo declarado es consolidar la energía nuclear como una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno.

“No podemos permitir que una política transversal como ésta quede a merced de las decisiones arbitrarias de los gobiernos de turno. Los argentinos y argentinas nos merecemos diseñar y sostener estrategias a largo plazo”, sostuvo Di Tullio al presentar el proyecto.

La senadora también denunció que “todas las propuestas de desarrollo de este gobierno están orientadas a la extracción indiscriminada de nuestros recursos, a la entrega de nuestro patrimonio”, y advirtió: “No podemos permitir que además destruya el sistema de ciencia y tecnología”.

De Pedro, por su parte, puso el acento en la singularidad de la posición argentina a nivel global. “Somos uno de los pocos países del mundo que desarrolló el ciclo completo de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Ahí hay décadas de inversión pública, trabajo argentino, formación de recursos humanos y desarrollo científico que forman parte del patrimonio estratégico de la Nación”, afirmó el senador.

Sobre el reactor en cuestión, fue directo: “El CAREM es una muestra de la capacidad que tiene la Argentina para generar tecnología de punta, agregar valor al conocimiento y construir soberanía tecnológica“, y lo definió como “una herramienta clave para el desarrollo autónomo del país”.

Esas definiciones retoman una posición que De Pedro ha sostenido durante años en defensa de la CNEA, INVAP, Nucleoeléctrica Argentina y el propio proyecto CAREM.

En los fundamentos de ambas iniciativas, los legisladores advierten que el sistema nuclear argentino constituye un activo estratégico para el desarrollo nacional, la soberanía energética, la producción de conocimiento y la inserción internacional del país.

También señalan que la paralización de proyectos, la pérdida de capacidades tecnológicas o la discontinuidad de políticas de largo plazo generan daños difíciles de revertir.

La elección de la fecha no fue casual. El 31 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Energía Atómica en la Argentina, una efeméride que recuerda los hitos de un sector que posicionó al país como referencia mundial.

Ante lo que los senadores describen como los desaciertos del gobierno de Javier Milei y el interés oficial en avanzar hacia la privatización de los activos más relevantes del complejo nuclear, las propuestas buscan dotar al sector de mayores resguardos institucionales y garantizar que las decisiones de mayor impacto cuenten con consensos políticos amplios y duraderos.