Con el regreso desde Chile de la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el oficialismo senatorial se reunirá esta tarde -15- con la oposición dialoguista para intentar destrabar algunas de las leyes que envió la Casa Rosada y que, hasta las últimas horas, continúan sin las firmas necesarias para avanzar con dictámenes de mayoría.
Tras el cónclave, los legisladores mantendrán otro convite junto a la vicepresidenta -a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei– y titular de Cuerpo, Victoria Villarruel, para actualizarla un poco -aunque sea- sobre el estado de la agenda que piensan entre las principales fuerzas -sin contar al kirchnerismo- y vislumbrar, en caso de haber algún entendimiento, la posibilidad de sesionar la semana próxima -jueves 14- o la siguiente, que sería con temas sin conflicto y ya despachados.
El primer texto a definir es el relacionado con el blindaje a la “propiedad privada”. Fue defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y criticado por otros tantos disertantes invitados por la oposición. Como contó Infobae días atrás, el capítulo que quiere borrar la mayoría de los dialoguistas apunta es el referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Durante la era Cambiemos, la regularización de barrios populares fue promocionada por la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votada con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores de distintas esferas suelen vanagloriarla como el ejemplo de “consenso”.
No piensa igual el Gobierno que, a través de Sturzenegger, señaló: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Detrás de todo esto se asoman millonadas. No obstante, como está planteado el articulado, no tendrá luz verde y se acumulan sugerencias parar borrar, de un plumazo, el capítulo entero.
La segunda espina a quitar es la de venta de tierras a extranjeros. La bandeja de opciones incluye límites vía porcentaje, cifra o, como deslizan desde algunos pícaros despachos, que cada provincia tenga la libertad de decidir sobre ello. Algo parecido a la reciente sancionada ley de glaciares. Los votos mandan y los aliados ya no huelen el mismo perfume que post elecciones de octubre pasado. La Casa Rosada tendrá la última palabra. Mismo caso para planteos sobre desalojos exprés, otro ítem delicado para el sector más zigzagueante de la corrección política.
Otro proyecto por ahora frenado es la reforma política. Allí, el Gobierno desea dinamitar las PASO e incluyó la normativa de Ficha Limpia que hicieron caer, hace casi un año, los misioneros renovadores Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, siempre bajo las estrictas directivas del inoxidable mandamás provincial y exgobernador Carlos Rovira.
En tanto, en cuanto a la ley de salud mental, se habla de una lista cercana a 60 expositores que aterrizarían a partir de las próximas semanas. Ni una palabra se menciona sobre la iniciativa de discapacidad y, mucho menos, sobre la norma -vetada e insistida luego con dos tercios- que el Ejecutivo continúa sin cumplir.
Para la jornada de hoy se estima, de no repetir cancelaciones sorpresivas, la conformación de tres bicamerales: Mixta Revisora de Cuentas, a las 11.30; y Control de los Fondos de La Seguridad Social, desde las 16. Media hora más tarde será el turno de la Permanente de La Defensoría del Pueblo, que sigue sin resolver al sucesor de Eduardo Mondino. Fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se arribó a un reemplazo.
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