La euforia del presidente Javier Milei sigue al tope tras la cadena nacional por las islas Malvinas. Pero con el correr de los días la agenda empieza a dispersarse. Y el Gobierno vuelve al riesgo de perder el eje de la discusión. Dos temas irrumpieron con fuerza. Dos temas de la realidad cotidiana. El primero, el dato oficial del INDEC sobre la actividad de la industria y la construcción, dos sectores clave para que la economía traccione. El segundo, una oposición que conseguirá este mediodía el quórum para abrir el Congreso y debatir temas que el Gobierno quiere cerrar: morosidad y discapacidad.

En cuanto a la industria, fue un golpe durísimo la variación interanual de la industria. La actividad cayó un 4,9% en comparación con julio de 2025. En la medición mensual se registró un retroceso del 5,0% frente a junio de 2026. Incluso durante el acumulado de los primeros siete meses del año, obtiene un retroceso del 2,6% frente al mismo período de 2025.

En la construcción hubo un pantallazo similar, ya que acumuló una baja del 4,5% frente a julio del año pasado. Sin embargo, logró conservar una variación positiva del 1,7% en el acumulado del año, según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

Este mediodía, además, la oposición conseguirá el quórum necesario para abrir el recinto y plantear una agenda incómoda para el oficialismo. Según supo Infobae, Martín Menem modificó la estrategia y el bloque libertario también se sentará para comenzar la sesión. Luego, apuntarán a cuestiones reglamentarias para clausurar el avance de los bloques más combativos.

El último relevamiento QMonitor de la consultora QSocial Big Data circuló entre funcionarios de Casa Rosada el martes por la tarde. Los números fueron malos para el oficialismo. Según la encuesta, el clima social alcanzó su peor registro histórico: la evaluación negativa de la situación actual del país trepó al 55%, 6 puntos más que el mes anterior, y el 59% considera que el país está peor que cuando asumió Milei, también un nuevo máximo de la serie.

La evaluación de la situación económica nacional sigue sin mejorar: el 48% cree que la economía del país está mal. Además, el 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes y el 60% no cuenta con capacidad de ahorro. Según su director, Lucas Klobovs, los datos reflejan la disparidad y heterogeneidad de los indicadores económicos del país: “El crecimiento se concentra en unos pocos sectores económicos, el consumo online crece mientras el consumo tradicional cae. La encuesta refleja eso mismo: algunas leves mejoras en el plano personal que se combinan con otros datos negativos a nivel individual y general”.

Pocas horas más tarde, la encuesta de Atlas Intel y Bloomberg, que acertó con precisión los resultados del 2023, mostró el deterioro de la opinión sobre el gobierno de Milei en el último año, aunque reflejó una leve mejora en los últimos meses. El rechazo llegó al 52,7% en las últimas semanas, después de tocar un 59% en marzo, en coincidencia con un momento de aceleración inflacionaria. Quienes creen que la gestión es “excelente” rondan el 31,5%, mientras que la opinión regular se ubica en 15,8%, también en ascenso en los últimos meses.

La reforma electoral empieza a entrar en un laberinto complicado. Los votos no están. Lo repite el jefe de gabinete Diego Santilli en cuanta reunión de mesa política hay. Es lo mismo que viene diciendo hace meses Patricia Bullrich, que el jueves tendrá el desafío de abrochar proyectos del Poder Ejecutivo. “Le vamos a dar la sesión. Pero será para biocombustibles y Hojarasca. No vemos nada más en el corto plazo”, sentenció un legislador radical del interior del país a Infobae. “Esto es ley por ley. Sobre todo después de lo que pasó con Tierras”.

En materia electoral el escenario, no hace falta aclararlo, puede cambiar. Quienes arman estrategias pisan con cuidado. Hay una espesa bruma por lo que cada acuerdo puede ser revisado en cuestión de días. Quienes arman estrategias pisan con cuidado. Hay una espesa bruma por lo que cada acuerdo puede ser revisado en cuestión de días. La desconfianza avanza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué punto? Si no se eliminan las PASO y la elección bonaerense se desdobla, la pregunta es la siguiente. Los libertarios deberían acompañar la candidatura de Diego Santilli. Luego, los del PRO deberían hacer lo mismo con la de Javier Milei.

En el medio de las dos elecciones, habrá cierre de listas para diputados nacionales. Eso significa que los libertarios deben confiar en la palabra del PRO para la presidencial. Y los del PRO deben confiar en la palabra oficialista de que no habrá traiciones a la hora de armar el listado de legisladores. En el partido de Mauricio Macri dudan. Y citan ejemplos concretos de palabra empeñada y no respetada. El primero, el acuerdo que había para que Cristian Ritondo sea el titular de la comisión bicameral de la SIDE. Karina Milei decidió, a último momento, que ahí iría Sebastián Pareja. Para sumar dudas, es Pareja quien negocia con Santilli el armado bonaerense. También recuerdan lo sucedido en la Auditoría General de la Nación (AGN). Un lugar era, supuestamente, para Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Macri. Martín Menem negoció con el kirchnerismo y quedó la salteña Pamela Caletti.

Después hay otros síntomas que preocupan en las últimas horas. La ultra mileísta Leila Gianni, siempre dispuesta al mensaje vulgar para llamar la atención en redes sociales, ahora pasó a ser ultra opositora del proyecto libertario y acusó al espacio de pagos de coimas a cambio de contratos. ¿Qué pasó en el medio? Las teorías son dos. Como ella es de La Matanza hay quienes creen que Fernando Espinoza pudo haber negociado un pacto de no agresión.

Sin embargo, todas las miradas apuntan a la “tercera vía” peronista. Es decir el armado por fuera del kirchnerismo. El nombre de Emilio Monzó recorre los caminos. En esa zona Pareja tiene como mano derecha a Luis Ontivero. Los manejos por esos pagos dejan mucho que desear. Leila ahora será un problema. “Tiene mucha información. Y no hay canal de TV que no la invite”. A 89 kilómetros de ese municipio está Zárate. Allí gobierna el PRO. El intendente, hombre de Ritondo, se llama Marcelo Matzkin. Envió un proyecto de reforma para la costanera. Obtuvo los votos. Pero La Libertad Avanza votó en contra. El jefe comunal se quejó por lo sucedido. Nadie entendió la jugada. Hay un dato que pasó desapercibido de Marcos Juárez.

Si bien nacionalizar una elección de 26 mil votos es un error obvio, el aumento del ausentismo puede ser un signo de alerta. No en términos de riesgo democrático, no es la intención entrar en ese debate ahora. Sino en que el Gobierno deberá buscar otra vez la expectativa que generó Milei en 2023 para que el votante agotado quiera ir a la urna. En 2025 el ausentismo en esa ciudad de Córdoba fue del 25%. En 2019 escaló al 27%. En 2022 fue del 36% y este año tocó el 38%.

Sin embargo, algo ya se ha repetido. El descontento no es capturado por la oposición. Por ahora, el peronismo se debate entre cruces en actos, chicanas por redes sociales y títulos que no llevan a ningún lado. Algo distinto se vio ayer en el hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires en un evento homenaje a José Manuel De La Sota. Sergio Massa apareció junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. También estuvo Juan Schiaretti.

Del sindicalismo, Luis Barrionuevo. Massa se cruzó con el jefe de gabinete de Kicillof, Carlos Bianco. También se sentó Juan Manuel Olmos. Generó revuelo otra presencia. La del banquero Jorge Brito que coquetea con una candidatura que se definirá, seguramente, a fin de año. Quienes vieron en sus oficinas al empresario lo notaron con entusiasmo nunca visto por “jugar” en el 2027.

Los organizadores del evento invitaron a las autoridades de La Cámpora. Se encargaron de hacerle llegar una directa a Máximo Kirchner. Pero ni él ni otras autoridades de la agrupación fueron. “No los dejan salir”, bromeó un intendente ante Infobae. El de Tigre luego se fue para San Fernando. Allí cenó con intendentes que buscan alguien que los escuche. No les había ido bien ni con Kicillof ni con Máximo.

El gobernador viene de subirle un impuesto al juego. Gracias a un texto de la ley que se aprobó durante la gestión de María Eugenia Vidal propuso un 2% sobre los premios de los slots. El cálculo en La Plata es que habrá ingresos de entre 35 y 40 mil millones de pesos por mes. Los bingueros gritaron, aunque no de manera oficial. Según pudo saber este medio, habrá presentaciones judiciales. “Nos clavaron. Nos enteramos hoy mismo, nos hicieron mierda. Todavía tenemos que ver cómo reaccionar”, dijo uno de los operadores más importantes de la provincia a este medio.

Los principales bloques de la oposición confían en tener apoyo de sobra para alcanzar el quórum y avanzar hoy en la Cámara de Diputados con dos temas incómodos para la Casa Rosada: los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

La convocatoria encendió luces de alarma en el Gobierno porque nuevamente deja en evidencia que algunos gobernadores, que hasta hace poco eran considerados aliados confiables, vuelven a dar muestras de autonomía en temas sensibles que pueden generarles un costo electoral.

En las horas previas, el “poroteo” opositor arrojaba al menos 134 presentes (se necesitan 129 para tener quórum) entre los que se destacaban Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y algunos monobloques como el de Natalia de la Sota y el de Marcela Pagano.

Sin embargo, en la Casa Rosada seguían con más preocupación el apoyo de los bloques donde influyen directamente los gobernadores, como Elijo Catamarca (Raúl Jalil), Provincias Unidas (Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro), Primero San Luis (Claudio Poggi), La Neuquinidad (Rolando Figueroa) y Argentina Federal (Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua).

Durante los últimos meses se acumularon cerca de 50 proyectos de diferentes bancadas para abordar los niveles récord de mora y la oposición aún está lejos de alcanzar un texto que sintetice las propuestas de todos los espacios. Ante este panorama, en la sesión de hoy solo buscarán aprobar un emplazamiento a dos comisiones para ponerle un límite de tiempo al debate.

Según pudo saber Infobae, el cronograma tentativo incluiría dos reuniones de debate y un plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor el miércoles 29 de septiembre para dictaminar y dejar algún texto listo para discutir en el recinto. “Hay 50 proyectos y necesitamos por lo menos dos semanas para trabajar seriamente”, detallaron. Si bien el oficialismo accedió la semana pasada a dar inicio al tratamiento de los proyectos en la comisión de Finanzas, la oposición desconfía y prevé que los libertarios recurrirán a alguna maniobra para dilatar el debate.

“¿Quién nos da la certeza de que van a cumplir con el compromiso de dictaminar antes de fin de mes si todas las señales que dieron desde el Gobierno son que no están de acuerdo con buscar una solución para este problema?”, sintetizó una diputada de Unión por la Patria.

Los proyectos de la oposición abarcan una amplia batería de propuestas para abordar la problemática como refinanciación obligatoria para deudas de hasta tres Canastas Básicas Totales, quita de los intereses punitorios acumulados, planes de pago de hasta 36 meses y topes a las tasas de refinanciación. Ante la consulta de Infobae, fuentes “dialoguistas” señalaron que existe un acuerdo transversal para no impulsar ningún proyecto que tenga costo fiscal para el Estado. De esta forma, apuestan a dejar al Gobierno sin argumentos para un eventual veto de la ley.

En paralelo, la oposición también emplazará hoy a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año.

La Emergencia en Discapacidad que se aprobó el año pasado, y que el Gobierno tuvo que implementar por orden de la Justicia, creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a hacer las modificaciones presupuestarias necesarias “sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

La semana pasada, diputados de La Libertad Avanza dejaron trascender que estaban trabajando en un proyecto propio que sería “superador” de la Emergencia en Discapacidad y que permitiría sumar el apoyo de los bloques aliados y los gobernadores. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo se limitaron a decir que los equipos técnicos estaban “trabajando en el tema” pero no adelantaron ningún detalle de la propuesta.

Con los dictámenes, la oposición quedaría en condiciones de convocar a otra sesión especial para mediados de octubre para avanzar con la media sanción de ambas iniciativas.

A casi 12 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el Vaticano será sede del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socio-ambiental Norte-Sur, que reunirá en Roma a representantes sindicales, empresariales, eclesiales, comunitarios y de organismos internacionales. El papa León XIV recibirá a los participantes en una audiencia privada el 12 de septiembre, en el Palacio Apostólico.

La reunión se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre en la Casa Generalizia de La Salle, sobre la Vía Aurelia 476. La convocatoria propone una agenda de cooperación entre actores del Norte y el Sur del continente americano, con debates sobre inteligencia artificial, empleo, cuidados, adicciones, transición energética y protección de los territorios.

La delegación argentina contará, entre otros dirigentes, con el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo. También participará Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el grupo de los trabajadores.

Las “tres T” del papa Francisco

El nuevo encuentro se inscribe en una línea de diálogo que el papa Francisco inició el 28 de octubre de 2014, cuando recibió en el Aula del Sínodo a referentes de movimientos populares de los cinco continentes. Aquella cita puso en el centro la consigna de las tres T: tierra, techo y trabajo. Para Francisco esa no era una consigna más.

• Tierra: el acceso a un territorio para vivir y producir, con especial atención a campesinos, pueblos originarios y comunidades afectadas por el despojo o la degradación ambiental.

• Techo: el derecho a una vivienda digna y a condiciones adecuadas de hábitat, servicios e integración urbana.

• Trabajo: empleo con salario justo, derechos laborales y protección social, como vía para sostener a las familias y participar plenamente en la vida comunitaria.

En septiembre de 2024, durante la conmemoración por el décimo aniversario de ese primer encuentro, Francisco definió esos principios como “derechos sagrados” y sostuvo que los sectores populares tenían un papel central en la construcción comunitaria y en la demanda de justicia social.

El pontífice argentino vinculó esa agenda con la desigualdad, la precarización laboral, el acceso a la vivienda, el endeudamiento, los efectos de la tecnología y la crisis ambiental. También pidió a los movimientos que actuaran dentro de la no violencia y que sostuvieran formas de organización capaces de responder a las necesidades de sus comunidades.

La conmemoración de 2024 incluyó un simposio promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Allí participaron referentes sociales y eclesiales que repasaron el recorrido iniciado una década antes.

La continuidad de esa agenda quedó expuesta en el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que se realizó en Roma entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Fue la primera reunión mundial de esas organizaciones con León XIV, luego de la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025.

En la audiencia del 23 de octubre, León XIV afirmó que eligió su nombre en referencia a la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, —la encíclica se publicó el 15 de mayo de 1891, su título en latín significa “De las cosas nuevas”— y propuso analizar las “cosas nuevas” desde las periferias. Ante los participantes, sostuvo que la tierra, el techo y el trabajo eran derechos por los cuales “vale la pena luchar”.

El Papa también expresó su respaldo a las organizaciones de base y señaló que su tarea no se limita al reclamo, sino que incluye respuestas concretas ante la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda y la exclusión. “Estoy dentro, estoy con ustedes”, manifestó ante representantes de distintos continentes.

La declaración final de aquel V Encuentro reclamó el respeto de los derechos vinculados con las tres T y planteó demandas sobre trabajo digno, justicia ecológica, derechos de los migrantes, igualdad de género, paz y soberanía sobre los bienes comunes. El documento también advirtió sobre el impacto de los conflictos armados, la desigualdad económica, la precariedad laboral y la degradación ambiental.

El IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti reunirá a centrales sindicales como la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la AFL-CIO, el Congreso Canadiense del Trabajo (CLC), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la UTEP.

También asistirán representantes de organizaciones empresariales, entre ellas la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas (Uniapac).

La lista incluye a la OIT, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), redes eclesiales, universidades, fundaciones y empresas como Microsoft.

Los organizadores, entre ellos la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), el CELAM, la USCCB y la OEI, buscarán presentar acuerdos y acciones en seis áreas. La agenda contempla inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética con protección de los territorios.

El papa León XIV plantea que la inteligencia artificial debe estar subordinada a la persona, la dignidad humana y el bien común. Sus principales conceptos son los siguientes:

• La inteligencia artificial es una herramienta, no un reemplazo de las personas. Puede colaborar con tareas complejas y aportar beneficios sociales, pero no debe reducir, sustituir ni despojar a las personas de su identidad, sus libertades fundamentales o su trabajo.

• La tecnología no equivale a inteligencia ni a sabiduría. El acceso a enormes volúmenes de datos no reemplaza la capacidad humana de discernir, buscar la verdad, establecer vínculos y dar sentido a la vida.

• La evaluación debe ser integral. León XIV sostiene que el impacto de la inteligencia artificial debe medirse según el desarrollo integral de la persona y de la sociedad: bienestar material, intelectual y espiritual, junto con el respeto por la diversidad cultural de los pueblos.

• La decisión moral no puede automatizarse. Los sistemas pueden simular razonamientos y tomar decisiones técnicas, pero no poseen conciencia, discernimiento ético ni capacidad de construir relaciones auténticas.

• Hace falta regulación local y global. El Pontífice reclama marcos de gobernanza que superen los criterios de utilidad, velocidad o eficiencia, y que se basen en la dignidad inherente y las libertades fundamentales de cada persona.

• Advierte sobre la desigualdad y la concentración de poder. La inteligencia artificial puede favorecer la igualdad, pero también puede utilizarse para beneficios particulares, concentración de riqueza, conflictos y agresiones. La pregunta central es quién controla la tecnología y con qué fines.

• Manifiesta preocupación por niños y jóvenes. León XIV alertó sobre las posibles consecuencias de estas herramientas en el desarrollo intelectual y neurológico de las nuevas generaciones. Considera que deben ayudar a la maduración y a la responsabilidad, no obstaculizarlas.

• Vincula la inteligencia artificial con una nueva revolución industrial. En sus primeras intervenciones como Papa, la ubicó entre los desafíos contemporáneos para la defensa de la dignidad, la justicia y el trabajo, en una referencia directa a la tradición social inaugurada por Rerum Novarum.

La encíclica Rerum Novarum es considerada como uno de los textos fundacionales de la doctrina social de la Iglesia. Abordó las consecuencias de la industrialización sobre los trabajadores, como los bajos salarios, las jornadas extensas, la precariedad y la falta de protección social.

En este texto, León XIII defendió varios principios: el derecho de los trabajadores a organizarse en asociaciones o sindicatos; el derecho a un salario justo; la protección de las familias trabajadoras; la propiedad privada, junto con su función social; la responsabilidad del Estado de proteger a los sectores más vulnerables; y la necesidad de cooperación entre trabajadores y empleadores para evitar los conflictos sociales.

La audiencia del 12 de septiembre cerrará tres días de reuniones en Roma, donde la agenda social de los movimientos populares coincidirá con representantes del trabajo organizado, el sector privado, organismos multilaterales y la Iglesia.

El encuentro tendrá una conferencia de prensa el viernes 11 de septiembre, a las 13 horas, en la Sala Stampa de la Santa Sede. Estarán el cardenal Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM); la presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), Liz Shuler; el vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), monseñor Daniel Flores; el cardenal Leonardo Steiner y monseñor Reginaldo Andrietta.