Olivos quiere cerrar el año con un maratón legislativo que le permita coronar el Presupuesto 2026 y avanzar con la reforma laboral, tema que divide aguas en medios oficialistas sobre las chances reales. La ofensiva, que el lunes debería asegurar la integración de comisiones al menos en Diputados, va a exponer sin demoras los alcances y costos del pacto con gobernadores, el juego de internas y los riesgos que podría arrastrar el juego violeta, por falta de cálculo según algunos socios o, de acuerdo con los más críticos, por cerrazón política.

La negociación por el Presupuesto pareció enderezarse desde mediados de esta semana, lo que explicaría la demora inicial para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Quedó para el lunes y mostraría premiados y castigados desde la óptica ofcialista.

Según trascendió, no sería esa la única convocatoria para iniciar la semana, aunque sí la prioritaria para los planes del Gobierno. La hoja de la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, incluye la integración de otras comisiones atadas a las iniciativas oficiales: Legislación del Trabajo, a la espera de los pasos del Senado con la reforma laboral, y Recursos Naturales, por el sensible capítulo de la ley de Glaciares, además de Legislación general y Asuntos Constitucionales.

Es probable que una primera discusión en el ámbito de Diputados esté centrada en un tema que, de todos modos y para operadores con kilometraje legislativo, sería un hecho consumado: el reparto de asientos en las referidas comisiones, empezando por PyH, para asegurar socios y aliados. En medios opositores como Provincias Unidas y, por supuesto, en la franja dura del peronismo/K señalan que finalmente terminarían ganando lugar, por encima de su peso, espacios de gobernadores del PJ que fisuraron a UxP y algunos provinciales.

La ofensiva por el Presupuesto y los primeros movimientos por la reforma laboral están mostrando acuerdos que, como en la política tradicional, tienen contraprestación clara: la distribución de fondos manejados discrecionalmente por el poder central. También, y a pesar de los tiempos consumidos para elaborar los proyectos y encarar tratativas públicas y reservadas, problemas que podrían derivar en la Justicia -sobre todo, en el caso laboral- y pulseadas domésticas.

Las señales de cierre de trato con gobernadores no estuvieron dadas por nuevas negociaciones, sino más bien por respuestas a reclamos que anotó el Gobierno en la ronda de conversaciones de Diego Santilli con gobernadores. No incluye al menos por ahora a la totalidad de los gobernadores convocados por el Ejecutivo. Y se trata sin vueltas de demandas a cambio de votos en el recinto. “Están cumpliendo”, resumió en el cierre de la semana una fuente cercana a varios jefes de provincias, que apenas unos días antes definía como “lenta” a la reacción de la Casa Rosada. El filtro de Economía asomaba como el principal factor de duda sobre el resultado final de las tratativas.

La inusual atención a Tucumán con el giro de ATN asomó como un dato expreso, tosco, del tipo de convenio no escrito. Osvaldo Jaldo viene jugando como aliado de Olivos desde los primeros meses de esta gestión, tomó distancia en la etapa de ofensiva de LLA en su propio distrito -hasta rearmó alianzas locales rotas por su alineamiento nacional- y volvió a jugar como amigo después de octubre.

No es el único caso que exhibió el tipo de avance, con selección de casilleros. El catamarqueño Raúl Jalil es especialmente apreciado después de romper con UxP y favorecer la movida de LLA para convertirse en primera minoría de la Cámara baja. Eso fue reconocido como parte de la atención a sus reclamos. También hubo aportes claros por afuera del peronismo: se destacan los compromisos con los sanjuaninos de Marcelo Orrego y los misioneros de Carlos Rovira. Algunos de ellos ganaron casilleros llamativos en Presupuesto y Hacienda, según el listado que trascendió anoche.

Las tratativas con aliados como el mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio estaban prácticamente cerradas, pero faltaban las concreciones, como había ocurrido en otros momentos de la gestión mileista. En cambio, más fría venía la relación con Santa Fe y Córdoba. Tampoco asomaba un desenlace para las retomadas conversaciones con la Ciudad de Buenos Aires, por la poda de coparticipación decidida por CFK y ejecutada por Alberto Fernández.

El oficialismo confía en tener número para acelerar el trámite del Presupuesto. La idea es integrar la comisión el lunes, emitir dictamen de inmediato y sesionar a mitad de semana. Si lo logra, pasaría al Senado, para que lo vote sin modificación alguna y lo transforme en ley. Eso requiere que el alcance del pacto con gobernadores y el aval disciplinado de socios sea repetido en la Cámara alta.

El Senado viene con su propia carga, es decir, la reforma laboral. Y el punto es otro, en forma de interrogante: ¿el acuerdo de ida y vuelta con jefes provinciales por el Presupuesto garantiza apoyo también en este caso? No estaría claro, entre otras razones porque algunos renglones del tramo tributario del texto podrían dañar los ingresos de los distritos por coparticipación. Para el Gobierno, es una cuestión más inquietante que la posibilidad de demandas judiciales por los artículos impositivos. Cree que eso no tiene destino práctico.

Más allá de ese punto en particular, desde pliegues del oficialismo trasciende cierto malestar por la falta de manejo en puntos sensibles para las provincias. No es fácil de sostener tampoco el punto vinculado con indemnizaciones, que puede afectar el sistema previsional. Y en rigor, la tensión tiene que ver con la velocidad que busca darle Patricia Bullrich, para afirmarse además como jefa política del oficialismo en el Senado. Eso explica las diferencias en la proyección sobre tiempos: desde el dictamen a la votación en el recinto antes de fin de año. Son pocos los días hábiles y suelen ser muchos los viajes de legisladores a sus provincias por las Fiestas.

El proyecto, por lo demás, generó posiciones encontradas sobre los puntos más sensibles para los jefes sindicales. Y hasta aportó un dato fuera de lo común en el círculo más cercano a Milei. Dicho linealmente, de un lado quedaron los “más políticos” –Karina Milei o su gente y Santiago Caputo– y del otro los más “técnicos”, empezando por Federico Sturzenegger. De todos modos, el cálculo de tiempos para acelerar el tema expone que la apuesta es al pacto político, sin consideraciones sobre convocatoria a los sectores involucrados: cegetistas, organizaciones empresariales, expertos en legislación del trabajo.

Fuera de agenda del oficialismo, surgió un mensaje inquietante para el Gobierno. La Asociación de Magistrados se pronunció contra artículos del proyecto que, sostiene sin vueltas, apuntarían a la “disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”. ¿Impericia? Puede ser, pero antes parece un reflejo político de fondo, amortiguado por las necesidades de acuerdo y sostén político para los proyectos, como mensaje que supera las fronteras.

El lunes volverá la actividad en la Cámara de Diputados de la Nación cuando se conformen las cinco comisiones a las que llamó el oficialismo.

A partir de media mañana los legisladores comenzarán a reunirse en las salas del Anexo para conformar y votar las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; Legislación Penal; Legislación del Trabajo y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La que concentra la mayor atención en estos días es Presupuesto ya que es la única de las leyes que ya tiene debate previo y, según confiaron fuentes del oficialismo, buscarán aprobar en un período de 12 días hábiles.

El Cronograma que diseño La Libertad Avanza para poder lograr el objetivo, y que ya le comunicó a los legisladores de la oposición, es la de avanzar con el debate del presupuesto el martes y miércoles, dictaminar el último de los días y el jueves ir al recinto para darle media sanción.

“Tiene que llegar al Senado el lunes 22 para que lo puedan aprobar el 29 o el 30 de diciembre”, explicó un diputado libertario. Respecto a si cuentan con las firmas para dictaminar y los votos en el recinto, el mismo legislador se mostró confiado. “Si logramos dictaminar cuando éramos minoría seguramente lo podremos hacer ahora”.

En la oposición aseguran que quieren que haya presupuesto el año que viene, pero muestran diferencias respecto del proyecto oficial.

El peronismo insistirá con un dictamen propio señalando que el texto que propone el Ejecutivo es de “ajuste”.

Por el lado de Unidos, la decisión que se tomó en las últimas horas es la de ir con un dictamen propio tomando como base el que había presentado el diputado Nicolás Massot de Encuentro Federal.

En ese momento, Massot señalaba que el proyecto contenía la aplicación de las leyes sancionadas por el Congreso y que el Ejecutivo se negó a llevar adelante. Particularmente, se refería a la aplicación de las leyes de Emergencia en Discapacidad, Garrahan y Presupuestos para las Universidades nacionales.

El diputado por la provincia de Buenos Aires señalaba que su proyecto de Presupuesto “va a arrojar superávit de 0.9 y no de 1.5%. Se va a cumplir la ley y la financiación va a ser de rentas generales”.

En paralelo, La Libertad Avanza buscará avanzar en las otras comisiones y, aunque no lo tiene planeado, puede ser que en algunos de los temas se formalice un plenario de comisiones. Particularmente el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Este proyecto, que genera un fuerte rechazo de parte de los legisladores de la oposición, establece en su artículo 4 que toda ley “que establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”.

El punto en conflicto es el artículo 10 de la norma que establece una modificación del Código Penal en donde se introduce que “será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena el funcionario público que, en violación de las reglas fiscales previstas en la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, dictare, aprobare, autorizare o ejecutare normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento”.

Con esta norma, los legisladores entienden que el Ejecutivo busca restringir el derecho de los diputados y senadores de presentar leyes que modifiquen el gasto establecido por el Presupuesto y ponen como ejemplo las normas aprobadas este año y que el Gobierno se negó a aplicar.

“El único que puede modificar las partidas del Presupuesto es el Jefe de Gabinete, si el Congreso establece una ley que implica sacar recursos de alguna partida para destinarlo a otra. Se quejaban del kirchnerismo pero si no podemos establecer esa discusión pasamos a ser una escribanía el Ejecutivo”, explicó un diputado opositor.

Para poder avanzar en esta ley se tiene que trabajar en la Comisión de Legislación Penal, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, por lo que una opción que se estudia en el despacho de Menem.

No es que ya no haya dialoguistas en la CGT. Lo que sucedió es que la reforma laboral de Javier Milei transformó a todos los dirigentes en combativos. El ala política del Gobierno logró eliminar y moderar algunos artículos que irritaban al gremialismo, pero el análisis más detallado del proyecto oficial dejó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como el gran triunfador: en muchos de sus 197 artículos se apunta a romper la vieja coraza protectora del poder sindical.

A esta CGT elegida el 5 de octubre no le quedó otro camino que estrenar el método de la protesta: los líderes sindicales quieren llevar 150 mil personas a la Plaza de Mayo para presionar al Gobierno y a los legisladores.

Aun así, sobrevivieron canales subterráneos de diálogo entre dirigentes gremiales y representantes libertarios, que hasta ahora demostraron ser insuficientes para alcanzar una tregua. Esos interlocutores oficiales ya estaban avisados de que se iba a decidir una movilización para protestar contra la reforma laboral, ideada como una forma de descomprimir el creciente malestar en el sindicalismo y contener a los sectores más duros.

Por eso, aun en medio del amenazante sonido de los los tambores de guerra, hay expectativas de que el Gobierno acceda a introducir en el tratamiento parlamentario algunos cambios en el proyecto final: hay artículos que, tal como quedaron redactados, son “una provocación”, como se quejan los máximos líderes sindicales.

Uno de los que piensan así es Gerardo Martínez (UOCRA), el adalid del sector dialoguista que defendió a capa y espada la integración de la CGT al Consejo de Mayo con la intención de consensuar la reforma laboral. Hoy, sigue reivindicando el diálogo, pero habla como el más duro de todos: “Hay una intromisión del Gobierno en la libertad sindical, en la relación que existe entre empleadores y trabajadores a través de la articulación de los convenios colectivos de trabajo”, aseguró a Infobae.

“No se observa libertad en el ejercicio de las actividades privadas -dijo-, sino que se busca meter al Estado desde la política para ejercer un cierto condicionamiento a lo que representa la defensa de los trabajadores, tanto en el derecho colectivo como en el derecho individual”.

Aun así, Martínez rescató algo: “Desde la CGT mostramos que no le tememos al diálogo. Consideramos que cualquier propuesta de diálogo surgida desde el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de administrar el destino de la Argentina, es importante, más que nada para resolver los problemas estructurales. Así como le preocupa al Gobierno el nivel de informalidad que hay en Argentina, nos preocupa a los dirigentes que representamos al movimiento sindical en la CGT. Sabemos que con el actual modelo económico lo único que se va a lograr es tener más desocupación por el nivel de recesión y de crisis que está pasando el sector productivo, donde se observa gran cantidad de empresas grandes, medianas y pequeñas que están cerrando sus puertas. A eso se suma la apertura indiscriminada de la política económica, permitiendo el ingresos de miles de productos que vienen subsidiados del exterior”.

Más allá de distintos artículos urticantes para la CGT, el ejemplo del sindicalismo sobre la provocación del Gobierno se basa en el artículo 126 de la reforma laboral, en el que dice que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

La ley vigente establece la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención y no sólo de las cuotas de afiliación, como quedó ahora tras la modificación libertaria, sino también de “otros aportes”, lo que permitió que también estuviera garantizada la recaudación de las cuotas solidarias.

¿A quién le molesta que los sindicatos tengan acceso más fácil a recaudar las cuotas de sus afiliados, que pagan de manera voluntaria? Es cuestionable el sistema de cuotas solidarias porque fija el descuento salarial tanto a los afiliados como a los no afiliados de manera compulsiva y obligatoria, pero incluso la Corte afianzó el esquema de los empleadores como agente de retención de las cuotas sindicales al convalidar ese beneficio para los sindicatos con simple inscripción, en un fallo dictado en 2021 que fue un golpe para el establishment gremial.

Un abogado que asesora a empresas incluso encontró una contradicción del Gobierno que favorecerá los litigios: impulsa aquel artículo que jaquea la recaudación de las cuotas sindical, pero no derogó la Ley 24.642, que establece un procedimiento como juicio ejecutivo para el cobro de las cuotas sindicales que el empleador debe retener obligatoriamente. Entonces, según este abogado, “mantuvieron una ley que en realidad pasaría a no tener fuerza legal, salvo que el trabajador haya consentido afiliarse, comunicarle al empleador y que el empleador haya asumido un compromiso de retener y no hacerlo”.

Para la CGT, todo esta trama que rodeó a la reforma laboral pone al desnudo que el ala política del Gobierno (los Menem y Santiago Caputo) se impuso a Sturzenegger en algunos puntos del proyecto, pero no alcanzó a desactivar un grupo de “artículos-bomba” que finalmente hicieron estallar la relación con la CGT.

Los líderes de la CGT reaccionaron rápidamente para evitar que los apurara el ala dura y apenas comenzó la reunión de Consejo Directivo de este jueves (la primera de esta nueva conducción), el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguros) propuso una movilización para el jueves 18, que todos aceptaron sin reparo alguno (ese día incluso marchará la izquierda trotskista, que además de movilizarse le reclama a la CGT hacer un paro general).

La actitud del Gobierno terminó endureciendo a toda la central obrera, que cerró filas alrededor de su triunvirato, de una impronta más dialoguista. Otro dirigente de llegada al Gobierno como Sergio Romero (UDA) también se pasó al bando de los duros: hace meses que pelea infructuosamente con sus colegas para mejorar el salario docente de apenas 500 mil pesos.

Fue curiosa una postal que se registró este viernes: Luis Barrionuevo (gastronómicos), que perdió su lugar en el triunvirato de la CGT e influencia sindical, organizó una comida de sus dirigentes más fieles con Jorge Sola para anunciarle su apoyo a la protesta del jueves 18. Allí también estaban dirigentes inflexibles como Omar Maturano (La Fraternidad) y volubles ante las medidas de fuerza como Roberto Fernández (UTA), e incluso Sergio Aladio (Camioneros de Santa Fe), el máximo opositor interno de Hugo Moyano (¿se quejará porque Jorge Sola se sentó al lado de su peor enemigo?).

Ahora, la CGT reforzará el lobby entre gobernadores y legisladores dirigido a lograr los votos necesarios para que se caiga la ley en el Congreso y promoverá la impugnación judicial del proyecto. ¿Alcanzará? Ninguna de las partes de este conflicto aceptará una derrota.

Por eso hay exponentes libertarios que planean una contraofensiva contra la CGT: si bien aún no hay ánimo de una batalla total, podría haber “hostilidad” en la distribución de fondos para las obras sociales, como insinuó un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

Desde la CGT, que se imaginan algo sí, hay pánico: si ya tienen problemas para administrar obras sociales en crisis, la perspectiva será peor, tal como surge de un dato de los técnicos cegetistas: la baja de 1 punto en las contribuciones patronales que prevé el proyecto equivale a 16.500 millones mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución (que paga los reintegros a las obras sociales) y a 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las entidades del sistema sindical de salud (según los cálculos sobre números de agosto).

El escenario que quedó instalado preanuncia que ambas partes están condenadas a una guerra de final imprevisible. ¿Habrá vencedores y vencidos? ¿O el Gobierno y la CGT se conformarán con un empate?