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SUTNA centraliza el conflicto de FATE en la Provincia pero en el gobierno de Kicillof ponen reparos

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La falta de respuestas del gobierno de Javier Milei ante el cierre de la planta de FATE de San Fernando que impactó sobre la fuente laboral de 920 empleados hizo virar la estrategia Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) quien decidió concentrar los reclamos en la jurisdicción bonaerense.

Vencida la conciliación nacional y sin avances en las discusiones, las negociaciones pasaron a la órbita del ministerio de Trabajo bonaerense, lugar donde se dictó un nuevo periodo de conciliación aún vigente.

En ese marco, este miércoles desde las 12 y con formato virtual tendrá lugar una nueva audiencia entre las partes.

En paralelo, el gremio convocó a una movilización hacia la Plaza San Martín de La Plata, con el objetivo de exigir una reunión directa con Axel Kicillof en la Casa de Gobierno.

Aunque el reclamo es por los 920 despedidos, fuentes cercanas a la negociación admiten que la cifra se redujo a 250 trabajadores que no sellaron acuerdos de desvinculación.

Audiencia y mediación: el rol acotado de la Provincia

La convocatoria oficial aparece como un intento de encauzar el conflicto tras semanas de tensión por despidos y parálisis en la actividad. Sin embargo, en el entorno bonaerense reconocen límites claros para una solución de fondo.

Según admiten en el ámbito provincial, la propuesta impulsada por el SUTNA para que el gobierno provincial se haga cargo temporalmente de la fábrica  resulta “inviable” para las arcas provinciales en un contexto marcado por el cierre de empresas y la caída de la actividad.

En ese marco y aunque destacan la voluntad de acompañamiento a los trabajadores descartan que la Provincia pueda absorber el impacto económico del conflicto.

La estrategia, aseguran, pasa por apoyar los reclamos ante el Gobierno nacional, al considerar que “es donde están las herramientas” para intervenir de manera directa .

En ese diagnóstico subyace una lectura más amplia: el problema excede a FATE y se vincula con la apertura de importaciones, que golpea a la producción local.

Además el caso en cuestión no está ajeno al cierre masivo de empresas perjudicadas por el modelo económico: “La provincia no puede hacerse cargo del impacto de la cantidad de empresas que están cerrando por las políticas del gobierno de Javier Milei” advierten.

El sindicato redobla la presión sobre Kicillof

Del lado gremial, el tono es otro. El SUTNA apunta directamente a lograr un gesto político del gobernador y busca forzar una intervención más decidida frente a lo que consideran un “accionar antiobrero” del Gobierno nacional.

La movilización prevista en La Plata apunta a visibilizar el conflicto y a instalar la demanda de una reunión urgente con Kicillof, en un intento por escalar el reclamo más allá del ámbito técnico de la negociación laboral.

Al mismo tiempo, SUTNA presentó un proyecto ante la Legislatura bonaerense para lograr la “ocupación parcial” de la planta.

Se trata de una iniciativa para blindar por ley al Estado provincial para que pueda tomar el control del directorio y reactivar la producción.

Un fallo judicial que trae alivio a los trabajadores

En este escenario, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajointrodujo un elemento clave al fallar a favor de los trabajadores.

El tribunal determinó que el convenio firmado entre FATE y el SUTNA mantiene su vigencia hasta el 30 de junio de 2026, lo que obliga a la empresa a pagar los salarios adeudados y los correspondientes a los próximos meses hasta completar ese plazo.

La resolución se enmarca en un amparo presentado por el gremio y refuerza la posición sindical al reconocer el compromiso asumido por la empresa de no avanzar con despidos hasta mediados de 2026.

Fuente: Infocielo.

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Nación creó un registro para unificar los datos de beneficiarios de planes sociales

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El Gobierno nacional dispuso este martes la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base destinada a ordenar y unificar la información de personas que acceden a programas y prestaciones en todo el país.

La iniciativa fue formalizada mediante la resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, y funcionará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

El nuevo registro operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que actúa como repositorio central de datos provenientes de distintas áreas del Estado.

Según lo dispuesto, el objetivo es contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a los beneficiarios, sus características y el tipo de asistencia que reciben.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el encargado de la administración, actualización y resguardo de la información, además de realizar cruces de datos, elaborar estadísticas y evaluar políticas públicas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta permitirá tener un diagnóstico más preciso sobre el alcance de las políticas sociales y optimizar la gestión de los recursos públicos.

En términos operativos, el registro integrará información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintos organismos, con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones y vacíos de datos, y garantizar la trazabilidad de la información.

El sistema se nutrirá exclusivamente de datos aportados por organismos oficiales y funcionará bajo estrictos criterios de seguridad y confidencialidad. Además, se estableció que su implementación será financiada con partidas del propio Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sin asignaciones adicionales.

Fuente: Agencia DIB

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Confirman las nuevas tarifas de luz que regirán desde abril en la provincia

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El Gobierno nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que comenzarán a regir desde abril, con subas diferenciadas según la empresa distribuidora y la zona. La decisión se formalizó este martes a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, y alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Paralelamente, la administración de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La suba, que se da un día después del ajuste de los cuadros tarifarios de gas, será en el caso de Edesur del 1,98% respecto de marzo, y se da en el contexto de la emergencia energética dispuesta por el Gobierno en diciembre de 2023, momento en que se consideró “imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía”, entre los que incluyó a “las tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”.

En este sentido es que “las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica son incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Enargas”.

El nuevo cuadro tarifario de la empresa que brinda el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del sur del conurbano bonaerense surge a partir del aumento previsto en la revisión quinquenal en cuestión, más el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en febrero fueron de 0,99% y 2,90% respectivamente.

“El objetivo del mecanismo de actualización establecido es que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de cinco años en términos reales”, señala la normativa.

En cuanto a Edenor, que da cobertura a 20 municipios del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Capital Federal, la suba a partir de abril será del 2,04%, según lo indica la resolución 198/2026 del ENRE.

En los dos casos, los aumentos recaerán sobre los usuarios residenciales con y sin subsidio y para “los Clubes de Barrio y de Pueblo (CdByP) que integran el listado que confeccionó a tales efectos el Ministerio de Turismo y Deportes” en 2022.

Aumento de la luz en el interior bonaerense

Por otra parte, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 173/2026 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este martes en el Boletín Oficial y se enmarca en la actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico.

El ajuste incluye una modificación del valor agregado de distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa, junto con la incorporación de variaciones en los precios mayoristas de la energía y el transporte definidos a nivel nacional.

Según datos oficiales, un usuario residencial sin subsidios con consumo medio pasará de pagar unos $52.000 mensuales a cerca de $52.650, mientras que un usuario con subsidios verá su factura incrementarse de $33.300 a aproximadamente $33.700, valores que incluyen impuestos.

El nuevo cuadro tarifario se aplicará a partir de los consumos de abril, por lo que el impacto se reflejará en las facturas que llegarán entre ese mes y mayo.

La resolución aprueba el recálculo de tarifas para las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes, en sus respectivas áreas de concesión dentro de la provincia, tomando como base los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía del ministerio de Economía de la Nación.

Fuente: Agencia DIB

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Inquilinos: un 70% está endeudado y casi el 20% se mudó por no poder pagar el alquiler

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Endeudamiento, recortes en alimentos, mudanza y pluriempleo como estrategias de supervivencia. Así transita la vida de miles de inquilinos en el país, en medio de un deterioro del poder adquisitivo que impacta en las condiciones de vida, pese a la desaceleración en la suba de los alquileres por la baja de la inflación.

De acuerdo a un informe de la organización Inquilinos Agrupados, el 17,2% de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar el alquiler. Mientras que otro número que preocupa es que siete de cada diez de los encuestados destinan más del 40% de su salario al pago del alquiler.

En paralelo, el 70,9% reconoce tener deudas activas, en un escenario donde la economía cotidiana se sostiene, cada vez más, a base de crédito.

La radiografía se vuelve más cruda cuando se observa el destino de ese endeudamiento. Más de la mitad de los inquilinos (53,2%) tomó deuda para poder comer, mientras que el 38,9% lo hizo específicamente para pagar el alquiler. Las tarjetas de crédito aparecen como principal herramienta de financiamiento: el 65,2% recurrió a ellas para cubrir gastos básicos.

El ajuste también se siente dentro del hogar. El 89,6% de los consultados afirmó haber recortado gastos domésticos. En ese universo, el 65,1% redujo el consumo de alimentos y el 54,2% resignó gastos en salud. El dato más elocuente: apenas el 38,6% logra realizar cuatro comidas diarias.

Frente a ese escenario, el trabajo aparece como variable de compensación, aunque insuficiente. El 45,7% de los inquilinos tiene más de un empleo, mientras que el 14,1% perdió alguna fuente laboral en el último año. La precariedad laboral y el pluriempleo conviven como dos caras de la misma moneda.

Fuente: Agencia DIB

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