La vacunación antigripal está dirigida a los grupos de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en estadío grave: niños entre 6 meses y 2 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y puérperas, personas con enfermedades de base de riesgo (enfermedades respiratorias, neurológicas, cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, insuficiencia renal crónica, entre otras), mayores de 65 años y personal de salud.

Fuente: Agencia DIB

El conflicto con el sector comenzó en 2024, cuando las universidades nacionales impulsaron fuertes manifestaciones producto del atraso de las transferencias presupuestarias desde Nación, mientras que el año pasado, con apoyo opositor, se sancionó una ley que pretendía recomponer salarios en ese sector. El presidente Javier Milei la vetó, pero la oposición lo insistió en ambas cámaras y revirtió ese rechazo.

Al día de hoy, no obstante, su aplicación se encuentra completamente paralizada pese a existir un fallo judicial que obliga al Ejecutivo a realizar esa transferencia. Para ganar tiempo, el oficialismo presentó un contraproyecto con menores incrementos bajo la promesa de que, en caso de aprobarse, darán los fondos para su aplicación.

Más allá del paro de la próxima semana, los gremios advierten sobre la profundización del plan de lucha. En ese sentido, la Conadu Histórica propuso un nuevo paro para la semana del 30 de marzo. Serían tres días sin clases, que se suman a los dos del feriado de Semana Santa (jueves 2 y viernes 3 de abril).

Fuente: Agencia DIB

Restricciones e inhibidores de señal

La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.

Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.

Para evitar delitos

“Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.

El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.

Aportes de especialistas

Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.

Procedimiento

El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.

Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa.

Fuente: Agencia DIB