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Trotta criticó a Alberto Fernández por su salida del gabinete y lo culpó por el cierre de las escuelas en pandemia

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Nicolás Trotta dijo no estar enojado, sino “sorprendido” por su salida del gabinete nacional. Dejó de ser ministro de Educación de la Nación el pasado viernes 17 de septiembre, cinco días después de la derrota electoral del oficialismo en las PASO. A casi 10 días de la reestructuración de funcionarios, manifestó sus críticas y responsabilizó a Alberto Fernández por la suspensión de la presencialidad en las escuelas durante la pandemia del coronavirus.

Trotta, en una entrevista con radio Mitre, aseguró que él quería mantener las aulas abiertas a pesar de la segunda ola de COVID-19, pero -dijo- el Presidente prefería otra cosa, retomar la virtualidad bajo el argumento de la segunda ola. “Durante toda esa semana previo a la decisión del presidente, desplegamos el camino que considerábamos correcto que implicaba no la suspensión, sino la restricción de la presencialidad porque la realidad epidemiológica era de gravedad”.

“Considerábamos que no era necesario suspender de manera total la presencialidad. El presidente manifestó una agenda distinta. Yo lo terminé conversando dos o tres días después: él me explicó sus razones. No era una decisión que le manifestaba como ministro de Educación, sino que tenía el acompañamiento de las referencias del campo epidemiológico. El presidente tomó una decisión que no compartí pero terminé acatando”, afirmó.

En virtud a su salida, el ex funcionario manifestó sorpresa por la decisión de ser reemplazado. “Veníamos trabajando fuertemente con un equipo en lo que para nosotros era central, que era fortalecer el diálogo con todas las jurisdicciones educativas. En un país federal la respuesta de la agenda educativa se construye a partir de la concertación con las 24 jurisdicciones. Ya estábamos transitando, afortunadamente con la mejora de los indicadores sanitarios, el desafío de la presencialidad plena y luego todo el esfuerzo para recuperar las instancias de inversión prioritarias en nuestra escuela”.

“Para nosotros fue una sorpresa. Pero es una decisión del presidente en cuanto a la conformación de sus equipos de cara a lo que debe ser la agenda para los próximos dos años, que no debe estar exenta de complejidades, porque una vez que se retire la pandemia, que fue como un tsunami para nuestra sociedad, veremos el impacto, las cicatrices que dejó la pandemia y la prepandemia, porque Argentina venía transitando una situación de marcada recesión económica”, agregó.

El ex ministro, que fue reemplazado en la cartera de educación por Jaime Perczyk, reconoció que aún no se ha comunicado con el presidente. Dijo que su última charla fue por una situación que se hizo pública. El 26 de agosto se conoció un video en el que la docente Laura Radetich, exaltada y a los gritos, exponía y cuestionaba a un alumno en plena clase de historia en la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

“¿Que esto es gratis? ¿que porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó. Te robó el futuro”, le dijo la docente con el tono de voz elevado e increpando al estudiante. “¿Y este no?”, le contestó el chico para indicarle si con el actual presidente, Alberto Fernández no ocurría lo mismo. “No me robó nadie, nadie te robó. vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta… andá dale, andá!”, atacó la docente.

Alberto Fernández respaldó la actitud de la profesora. Dijo: “Que haya tenido ese debate es formidable porque abre la cabeza de los alumnos”. Nicolás Trotta, por su parte, ordenó la separación de la docente de su actividad y manifestó, en aquella oportunidad: “Eso no es docencia. Puede haber intercambios en la escuela secundaria y en el nivel superior, y es saludable hacerlo, pero en otras condiciones. El maestro, el profesor y la profesora no pueden imponer su perspectiva, sino respetar la mirada y la pluralidad, tratando de generar pensamiento crítico”.

“Con el presidente hacía varias semanas que no tenía diálogo -dijo Trotta hoy en una entrevista radial-. La última discusión que tuvimos fue pública, en el marco de la discusión sobre la docente de La Matanza. Me expresé como el ministro de Educación se tenía que expresar, impulsé las medidas que el ministro de Educación tenía que impulsar. Y el presidente tuvo una mirada distinta, desde ese momento no recuperamos las instancias de diálogo”. El ex funcionario contó que un día antes de que el presidente avalara el comportamiento de la docente, el mandatario le manifestó que sus declaraciones no habían sido adecuadas.

Trotta, a su vez, también evidenció sus reparos con la reconversión del gabinete y la crisis política desatada dentro del fuero interno de la coalición de gobierno. Criticó la carta pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la avanzada de dirigentes peronistas que sometieron al presidente a través de la presentación de renuncias y habló del debilitamiento del oficialismo. “Las renuncias siempre están a disposición del presidente porque él puede cambiar a cualquier funcionario cuando lo disponga. Ahora, la presentación pública de renuncias, cuando el presidente el día posterior a las elecciones había manifestado que no iba a realizar ningún cambio de gabinete hasta después de las elecciones generales de noviembre, debilita a nuestro frente electoral. Todas esas discusiones las tenemos que dar hacia adentro de nuestra fuerza política. Cualquier diferencia de estilo, de prioridades, de despliegue, de agenda, que son legítimas, se debaten hacia adentro de toda fuerza política. La discusión en los medios de comunicación termina debilitando la fuerza que tiene cualquier gobierno”.

“Estoy muy comprometido con nuestro frente político pero también considero que debemos retomar algo que en nuestra gestión educativa nunca renunciamos, que es al diálogo como herramienta de construcción de las políticas públicas. El concepto básico de nuestra campaña en el 2019, luego de años muy difíciles para la Argentina, era unir a los argentinos. No tenemos que renunciar a esa vocación de concertación de diálogo”, concluyó.

(Infobae)

 

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El Gobierno convocará a la mesa política la semana que viene para definir el envío de reformas al Congreso

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El Gobierno planea convocar la semana próxima a la mesa política del oficialismo para ordenar la agenda legislativa y definir el envío de reformas al Congreso durante el período de sesiones ordinarias.

La reunión se realizará después de la gira internacional del presidente Javier Milei, que incluye su viaje a Estados Unidos, su participación en la asunción de José Antonio Kast en Chile y su paso por un foro económico en Madrid.

El encuentro buscará establecer las prioridades del Ejecutivo para los próximos meses y coordinar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. El objetivo central es fijar el orden de los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso a lo largo del año.

En ese esquema, la primera iniciativa que se abordaría es la reforma de la ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para abril. Luego aparecería el debate sobre financiamiento universitario. En tercer lugar se ubicaría la reforma política y, posteriormente, una modificación del Código Penal.

Ese orden forma parte de una planificación más amplia que también contempla el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales. La estrategia del oficialismo prevé que ambos procesos avancen de manera paralela durante el período legislativo.

La mesa política reúne a los principales dirigentes del núcleo de poder del Gobierno. Está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y cuenta con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli. En algunos encuentros también suele sumarse el ministro de Economía, Luis Caputo.

Del espacio también suelen formar parte el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo. En determinadas reuniones participa además Eduardo “Lule” Menem, un funcionario cercano a la hermana del Presidente.

Fuente: TN

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Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada el próximo martes en Comodoro Py

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El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los recursos interpuestos por los imputados en la denominada causa Cuadernos que buscaban la nulidad del juicio. De esta manera, indagarán a Cristina Kirchner de manera presencial el próximo martes 17 de marzo. Luego será el turno del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Uno de los primeros planteos en ser rechazado fue el presentado por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que pidió la nulidad total del juicio, alegando irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. “La lectura del expediente no evidencia los vicios”, aseguró el TOF 7.

Por otra parte, los magistrados ratificaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso.

El TOF 7 rechazó los recursos de los imputados, que buscaban la nulidad del juicio de la causa Cuadernos

El TOF7 rechazó los planteos las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias en la causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta, acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.

El pedido de nulidad partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como es el caso del exministro de Planificación Federal, que argumentó irregularidades en la instrucción y cuestionó la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

El TOF 7 dijo que la intención de las partes de “obturar el juicio en las puertas de su inicio, desde una visión sistemática no es posible reeditar todas las objeciones planteadas, porque el Tribunal se vería obligado a volver sobre sus pasos. No se introdujeron argumentos novedosos que justifiquen apartarse de lo ya decidido”.

Para el abogado de Cristina Kirchner los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

En la última audiencia la fiscal Fabiana León opinó que estos argumentos no debían prosperar y alertó sobre el riesgo de prescripción para algunos delitos si las estrategias defensivas logran extender el proceso.

Durante su exposición, la fiscal aseguró que para que esta causa llegue a juicio, tuvieron que soportar “expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral, que es la forma en que deben resolverse este tipo de cuestiones”.

Fuente: TN

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Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser “call centers del delito”

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Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza(LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.

La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.

Protocolo “sin justificación”

El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.

Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Restricciones e inhibidores de señal

La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.

Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.

Para evitar delitos

Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.

El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.

Aportes de especialistas

Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.

Procedimiento

El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.

Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa.

Fuente: Agencia DIB

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