La morosidad récord que hay en la Argentina registró un número impensado tiempo atrás. La mora del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en el último año y medio. Cuatro de cada diez endeudados tienen menos de 30 años y la morosidad creció a su nivel más alto en los últimos 20 años. Ese es el retrato de la realidad que empujó al peronismo a la calle y lo obligó a ponerse sl frente del debate.

El tema atravesó la conversación pública en los últimos días y llevó a todo el arco político a poner en cuestionamiento la política económica del gobierno de Javier Milei. En ese terreno, el peronismo unificó un discurso y lo disparó desde distintas terminales, tratando de ser la proa de un problema que afecta la vida familiar de miles de argentinos.

“Son millones de personas que no pueden pagar la deuda que tomaron para cubrir gastos mínimos y para sobrevivir. Esto requiere una respuesta y debe ser nacional, porque la potestad regulatoria sobre las instituciones que dan crédito es nacional”, sostuvo Axel Kicillof ayer.

En ese sentido, el mandatario agregó: “No es un problema individual y entre privados, hay que abordar esto con la gravedad que merece y el gobierno nacional no hace nada. Milei hizo que la morosidad de aquellos que están endeudados con los bancos se multiplicara por cinco. Algo pasó que hizo crecer de esta manera en el endeudamiento y, además, los incumplimientos. Y lo que pasó es la política económica de Milei”, precisó.

Durante la tarde, en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Producción, Augusto Costa, apuntó contra el sector de las billeteras virtuales y dijo que “ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades”.

El gobernador bonaerense apuntó contra Milei al anunciar una serie de medidas para defender a los consumidores de billeteras virtuales y sostuvo que “las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”.

Otro que lanzó una serie de medidas para proteger a las familias endeudadas fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que crea un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo.

El decreto crea un régimen provincial específico que fortalece la intervención del Estado frente a prácticas abusivas, establece mayores exigencias de información para quienes otorgan créditos, incorpora mecanismos de registro y fiscalización, y habilita instancias de conciliación para abordar situaciones de endeudamiento que se hayan vuelto insostenibles. Con esa medida, Quintela también declaró la emergencia económica y crediticia por 180 días.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la medida no implica desconocer deudas ni afectar la actividad financiera legítima, sino intervenir frente a situaciones de abuso, falta de transparencia o condiciones desproporcionadas que terminan comprometiendo seriamente los ingresos de las familias.

“Estamos atravesando una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta del estado provincial. Muchos familias y trabajadores se endeudan para pagar deudas, no para progresar y crecer. Tenemos que poner un límite. Buscamos que nadie se aproveche de la debilidad de las familias”, afirmó Quintela.

A principio de la semana los diputados nacionales del PJ Federal solicitaron una investigación contra las billeteras electrónicas y las financieras. La denuncia es por conductas anticompetitivas y violatorias de la ley de defensa a la competencia. La iniciativa tuvo el aval de los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos y Pablo Yeldlin.

“El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir. El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos ¿y que hacen?; se endeudan para comprar alimentos. El problema es que hoy la tasa llega en algunos casos al 700% anual y los trabajadores, jubilados y monotributistas optan por no pagar. Ya existen más de 5,5 millones de deudores. Están destruyendo la clase media”, sostuvo Michel.

Ayer la CGT y los movimientos sociales marcharon juntos a la Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo por el aumento en las deudas de las familias. “Marchamos al ministerio de Economía para mostrar esta pandemia del endeudamiento que está atravesando la ciudadanía argentina, trabajadores formales e informales, la familia. El poder adquisitivo que no alcanza. Es un problema de toda la sociedad que no llega a fin de mes”, aseguró Jorge Sola, uno de los secretarios generales.

Los reclamos del peronismo se multiplicaron en las distintas vertientes. Algunos con proyectos, otros en la calle, otros con pedidos de investigación. La postura es la misma. Exponer el golpe de la política económica libertaria al bolsillo de la gente, hacer propio el reclamo y unificar un discurso en un momento donde el peronismo intenta ingresar en una etapa de sintonía fina.

Como parte de su plan de lucha, la CGT marchó este jueves ante el Ministerio de Economía, junto con las dos CTA y los movimientos sociales, para exigirle al Gobierno medidas urgentes para aliviar el problema del endeudamiento y la morosidad de familias y pymes.

En un documento entregado en Economía, la CGT advirtió que el equilibrio macroeconómico, lejos de ser suficiente, debe incluir una solución integral al creciente endeudamiento de los sectores productivos ya que la combinación de ingresos en caída, consumo deprimido y altos costos financieros está desestabilizando tanto a los hogares como al tejido empresarial del país, con graves consecuencias sobre la actividad económica y el empleo.

“El crecimiento de la mora financiera formal ya sea a través del sistema bancario u otros canales financieros es el reflejo de una economía que está perdiendo capacidad de ahorro, de consumo y de producción -señala el texto-. Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo”.

De acuerdo con la CGT, “mucho más complejo aún es el escenario de aquellas familias que, imposibilitadas de acceder al crédito a través de canales formales, se ven obligadas a recurrir a vías informales de financiamiento, incluso para poder cubrir sus necesidades básicas, y son víctimas de intereses usurarios exponiéndose a situaciones más dramáticas aún”.

Frente a esta situación, pidió que “las políticas públicas atiendan esta problemática que agrava aún más la crisis socioeconómica” y, en concreto, hizo hincapié en “la posibilidad de refinanciar las deudas, extendiendo los plazos y reduciendo transitoriamente la presión de las cuotas, puede permitir que las familias recuperen capacidad de consumo y que las empresas puedan sostener su producción”.

En este marco, la CGT definió tres exigencias clave al gobierno nacional en este tema. La primera apunta directamente al Banco Central, al reclamar que cumpla con su función regulatoria, estableciendo límites a los niveles de tasa de interés que aplican los bancos y otros proveedores de créditos, incluyendo tarjetas, préstamos personales y cualquier instrumento de financiamiento dirigido a personas físicas. Para la CGT, la actual escalada de tasas impide a las familias recuperarse y agrava el círculo de endeudamiento.

En segundo lugar, la CGT exige un abordaje específico de la problemática del endeudamiento de las pymes, destacando el impacto negativo que tiene el sobreendeudamiento sobre el capital de trabajo y la continuidad de la actividad productiva. Señala que las pymes, muchas veces consideradas el motor del empleo en la Argentina, ven amenazada su propia existencia ante la dificultad de acceder a créditos sostenibles, lo que se traduce en una amenaza directa a las fuentes de trabajo.

Por último, la CGT reclama la puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas, con condiciones adecuadas que permitan aliviar el alarmante nivel de morosidad, tanto en familias como en empresas. Este programa, según sostuvo, debería contemplar tasas de interés acordes a la evolución de los ingresos, permitiendo así recuperar capacidad de consumo, sostener la producción, y reactivar el círculo virtuoso de ingresos, consumo, producción y empleo.

La CGT concluye que no es viable pensar en la recuperación de la economía real sólo a partir del ajuste macroeconómico y el equilibrio financiero. Recalca que el país necesita una estrategia más amplia, con políticas que estimulen el consumo, la producción y el empleo, para que nuevamente “cierren las cuentas de las familias, las empresas y del país”.

El documento enfatiza que un verdadero programa económico debe incluir inversión productiva y crecimiento en una matriz diversificada, para alcanzar lo que llama “la trilogía virtuosa: desarrollo, producción y trabajo”.

Con la Plaza de Mayo dividida en dos por el extenso vallado y varios efectivos de la Policía Federal Argentina cercando la zona, el Gobierno acusa a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de utilizar políticamente el reclamo de las familias endeudadas que se nuclean frente a las puertas del Ministerio de Economía para insistir en el reclamo.

“Es una movilización de la CGT y la CTA. No representan ni pueden representar al sector. Hacen un aprovechamiento político de la situación”, sintetizó un funcionario ante Infobae horas antes de que las primeras columnas se apostaran frente a Casa Rosada.

La protesta de esta tarde busca colocar en la agenda pública la crisis de morosidad que afecta a millones de hogares. Además de las centrales, adhieren a la convocatoria la UTEP, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda.

Por su composición, en el oficialismo hablan de “una marcha política”, con la que buscan bajarle el precio, aunque aseguran que se trata de un reclamo genuino. “Son dos temas distintos. Por un lado, la marcha, en la que no hay una identificación clara de los deudores, y por otro, el problema de fondo que hay que trabajar para resolver”, se sinceró una fuente con despacho en Balcarce 50.

A esta hora, la administración libertaria espera una convocatoria no mayor a las 10 mil personas y descuentan que será una protesta pacífica. No obstante, el Ministerio de Seguridad, que lidera Alejandra Monteoliva activó el protocolo de seguridad y sigue la protesta desde el Comando Unificado.

El fuerte deterioro crediticio configura un tema que el Poder Ejecutivo sigue con atención. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, contra el 2,5% de octubre de 2024, mientras que 5,8 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días.

Pese a que el presidente Javier Milei se expidió sobre el tema, al hablar de “una cuestión entre privados” que deriva de una “consecuencia” del gobierno de Alberto Fernández, algunos actores de la administración libertaria ven con preocupación los reclamos económicos de un sector de la sociedad.

No es casual que el mandatario se haya mostrado autocrítico durante el discurso que pronunció el pasado lunes en la Plaza San Martín. Sin embargo, el libertario ya anticipó que no tomará parte del conflicto: “Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, consideró en una entrevista a la Nación +.

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ratificó el rumbo económico, pero admitió lentitud en el repunte de la actividad. “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, planteó a través de su cuenta de X. Minutos antes, el mensaje original que modificó consignaba: “Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”.

En línea con la senadora, algunos integrantes del espacio aseguran que los números, que se ubicaron en niveles récord, comenzaron a disminuir y plantearon que todavía no impactan debido a que “el Banco Central opera con dos meses de retraso”. Para explicar el fenómeno, precisan -al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo- que la gente “se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas”, algo que finalmente “no pasó”.

Desde las 14, las centrales convocaron a la protesta y se nuclean en Paseo Colón y Estados Unidos y la intersección entre las avenidas Independencia y Paseo Colón y la Avenida Independencia. La idea es visibilizar el reclamo de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos.