La Cámara Federal de Casación Penal convalidó por mayoría el criterio de negar salidas anticipadas a personas condenadas por narcotráfico, al declarar la constitucionalidad de la ley 27.375, que impide el acceso a la libertad condicional y otros beneficios. El fallo fue dictado en acuerdo plenario por los diez jueces del máximo tribunal penal del país.

El pronunciamiento, conocido como fallo plenario Nº16, sostiene como doctrina obligatoria que “resultan compatibles con el régimen de progresividad de la pena, el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660” en relación a los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley de drogas 23.737.

La decisión fue adoptada por la mayoría compuesta por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes destacaron que el régimen diferenciado para narcotraficantes no contradice la finalidad de reinserción social de la pena, prevista en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

En sus fundamentos, los magistrados explicaron que la ley establece un “régimen preparatorio para la liberación” aplicable durante el último año de la condena, que contempla etapas progresivas de reinserción, y que ello no implica una afectación de derechos fundamentales.

En disidencia, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani consideraron que el recurso que dio origen al plenario era inadmisible y que el tema excedía las facultades del tribunal en ese marco.

El fallo se originó en un recurso del Ministerio Público Fiscal contra una decisión de la Sala de Feria de Casación, que había declarado inconstitucional el artículo 56 bis de la ley 24.660, al hacer lugar al planteo de la defensa de una persona condenada por narcotráfico.

La audiencia pública se celebró el 11 de marzo con transmisión en vivo y contó con exposiciones de representantes del Ministerio Público, de la Defensoría General de la Nación, del CELS, de la Asociación Pensamiento Penal y otras organizaciones especializadas en ejecución penal. Algunas solicitaron ser consideradas “amigos del tribunal”, aunque no se admitieron como parte formal del debate.

El criterio adoptado por la mayoría refuerza una línea interpretativa impulsada en su momento por el actual ministro del Interior, Luis Petri, y por la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, conocida como “doctrina del encierro” y considerada por sectores críticos como parte de una política de endurecimiento punitivo sin base en evidencias sobre su eficacia en la reducción del narcotráfico.

A un mes de la inundación que castigó a Bahía Blanca, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció esta mañana que también habrá subsidios nacionales para comerciantes y beneficios impositivos para los damnificados.

“Venimos también a decir que el gobierno nacional, a través del ministro de Economía, ampliará la ayuda a todos los comercios, empresas y depósitos que están en zonas inundadas. Tenemos unos 26 mil millones de pesos para ese objetivo y les pedimos por favor a sus titulares que sigan las condiciones, siempre y cuando hayan tenido daños totales y parciales”, dijo la ministra en conferencia de prensa, citada por La Brújula.

Bullrich habló esta mañana en las antiguas instalaciones de la terminal de colectivos y ofreció detalles de la implementación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), destinado a los ciudadanos de Bahía Blanca afectados en sus domicilios particulares, agrega el diario La Nueva.

“El gobierno nacional decidió generar un mecanismo, una ayuda directa a los bahienses que perdieron todo. Por eso, lanzamos un formulario que ya tiene 23.366 inscriptos”, sostuvo. “Sabemos que algunas personas han tenido dificultades para entrar el número específico de la boleta de luz -principal requisito para completar el formulario-, a ellos les decimos que llamen al 0-800-555-2040, ahí van a poder inscribirse”.

La semana pasada, la propia Bullrich había anunciado la puesta en funcionamiento del programa, por el cual se otorgarán subsidios de 2 y 3 millones de pesos a personas afectadas por la inundación. En ese sentido, se puso en funcionamiento un registro en la página argentina.gob.ar/seguridad/bahiablanca, que debe completarse luego de ingresar el número de NIS que figura en la factura de electricidad. Hay tiempo hasta el próximo 15.

Respecto de la ampliación de la ayuda, Bullrich anunció: “Esta semana vamos a habilitar un sistema para que se anoten, faltan unos días porque se está analizando si la ayuda va a ser directa o a través del ARCA. La ayuda va a llegar, el dinero está y queremos que haya una reactivación”, completó. (DIB) GML

A un mes de la trágica inundación en Bahía Blanca y mientras avanza la reconstrucción de la ciudad, el gobernador Axel Kicillof destacó las muestras de solidaridad recibida y la presencia del Estado bonaerense, y remarcó que “acá nadie se salva solo”.

“El temporal que afectó hace un mes a Bahía Blanca movilizó la solidaridad de todo un pueblo y la presencia del Estado bonaerense, que junto al municipio puso todo lo que tenía a su alcance para reconstruir las zonas afectadas y que los vecinos y vecinas comiencen a recuperar lo perdido. Con una inversión de $ 273.000 millones y un trabajo sin descanso estamos reactivando una ciudad muy importante para toda la provincia y el país”, sostuvo un posteo en su cuenta verificada de la red social X.

En la publicación, el mandatario detalló los aportes que hizo su gestión durante el desastre que sufrió la ciudad del sur bonaerense, aunque evitó hablar del Gobierno nacional. Allí, por ejemplo, contó el trabajo de 400 voluntarios que permitieron el reparto de insumos, ropa, agua y materiales de construcción; la reparación del Hospital Penna y el aporte de 10 ambulancias y un tren sanitario.

Además, detalló que el ministerio de Seguridad envió 800 efectivos policiales y más de 250 vehículos terrestres, acuáticos y aéreos. También se sumaron otros 20 patrulleros para la flota local y se firmó el Fondo Municipal del Fortalecimiento de la Seguridad para sumar más móviles y equipamiento, a lo que sumó otras medidas de infraestructura y la suspensión del pago de tasas.

A través del Ministerio de Economía, contó, se llevó adelante el proceso de otorgamiento de subsidios de hasta $800.000 para hogares afectados por la inundación y se impulsaron acciones con organismos internacionales de crédito.

Además, se eximió por 180 días del pago de tasas provinciales al recupero de escrituras públicas de inmuebles que se hayan perdido. Mientras que Arba otorgó beneficios impositivos que incluyen un año en el impuesto inmobiliario urbano, un año del impuesto automotor para vehículos afectados, beneficios para monotributistas y para el inmobiliario rural, además de otras prórrogas y planes de pago.

“Sabemos el profundo dolor que generó esta tragedia, pero estuvimos y vamos a seguir trabajando para que los bahienses recuperen la vida que se vio tan afectada. Requiere mucho esfuerzo y no tengan dudas de que lo estamos haciendo desde todas las áreas de Gobierno, en colaboración con las provincias que brindaron su ayuda, el intendente Federico Susbielles y todo un pueblo que sabe que acá nadie se salva solo”, concluyó. (DIB)