Una medida para tratar de reanimar el crédito hipotecario, cierta flexibilidad para préstamos en dólares, la difusión del impulso a una base salarial mínima en los convenios colectivos más deteriorados. Todo realmente módico, aunque significativo como síntoma de preocupación por la marcha de la economía y como exposición de fisuras en el discurso libertario. Esa combinación va en paralelo, aunque asome paradójico, con la cerrazón de Javier Milei, expresada en una escalada de descalificaciones, cargadas de insultos, frente a cualquier dato o análisis que vaya en sentido contrario a su opinión. Anuncios y reacciones tienen el mismo denominador: la tensión entre necesidades económicas y políticas en tiempo electoral.

Milei se muestra activo y no deja mucho margen para contradecirlo en el interior del oficialismo. Expone dureza hacia afuera en cada cuestión incómoda, como ocurre en estas horas con el rechazo a cualquier medida que contemple la situación de morosidad y endeudamiento familiar. Existe una movida opositora en el Congreso, que LLA intenta bloquear, pero la cuestión es el crecimiento de ese tema en la agenda pública. Para rechazar cualquier salida que suponga intervención estatal, el oficialismo apela a etiquetarla como “populista”. La misma fórmula es aplicada como advertencia a quienes sugieren internamente algo de flexibilización económica o, al menos, de “empatía” frente a problemas sociales.

El mensaje, en ese punto, tiene la misma lógica de la apuesta a la polarización electoral extrema. En la visión del Gobierno, el “populismo” sería adjudicable sólo o principalmente al peronismo/K, como si se tratara de una cuestión de mirada económica y no, básicamente, de posición en materia política, algo que podría encontrar puntos de convergencia del mileismo con el “enemigo”, en este caso el kirchnerismo. Resulta especialmente llamativa la descarga en continuado sobre buena parte del periodismo.

El último capítulo lo produjo el Presidente en su visita a la escuela ORT, donde habló frente a alumnos de los últimos años de la secundaria. La exposición, bajo el título “Etica como política de Estado”, derivó en frases ácidas e intolerantes. Fue, de algún modo, la coronación de dos semanas de creciente cantidad de mensajes en redes sociales -se cuentan por centenares- dedicados a descalificar periodistas. El dato ya visible es que no se trata de hechos marginales, ni siquiera de rachas, sino de una actividad sistemática de Olivos y, por supuesto, de su círculo, terreno también de las disputas internas.

Parte de esa “comunicación” apunta a tratar de instalar el siguiente concepto: no importan los “modales” o las “formas”, sino la decisión de Milei de enfrentar al periodismo, englobado como corrupto, “ensobrado”, “basura” y cantidad de términos soeces. Es una manera de presentarlo casi como una originalidad, un ejemplo casi único de Presidente decidido a dar semejante batalla. Es algo que además esconde las proporciones de poder: el jefe del Estado contra periodistas apuntados individualmente, con nombre y apellido.

Es llamativo: la intención de montar esa especie de “épica” revulsiva ocupó un lugar central entre los objetivos del kirchnerismo: discursos repetidos de Cristina Fernández de Kirchner, campañas en las calles, intentos de ley. Lo que hoy el batallón violeta alimenta en redes sociales reedita aquella convocatoria K a escupir carteles con fotos de periodistas. Lo que es común ahora en canales mileistas tiene antepasados en la TV pública de la era de CFK. El eco es significativo, además de peligroso. Por lo demás, la percepción colectiva de la realidad es un fenómeno más complejo.

Y en ese último plano se anotan algunas de los anuncios referidos, al menos como ensayo. Los resultados podrán ser vistos con el correr del tiempo. Por lo pronto, está claro -incluso en medios oficialistas- que pesa más la señal pretendida que el efecto práctico. Dicho de otra forma: el anuncio de Luis Caputo sobre el impulso a créditos hipotecarios es destacado como gesto político hacia una franja de la sociedad, antes que por su alcance, limitado. En el mejor de los casos podría motorizar unas 18 mil “soluciones habitacionales”.

El movimiento es difícil de explicar en términos ideológicos cerrados. El Gobierno intervino utilizando fondos de la ANSeS. Por supuesto, junto a cuestionamientos puntuales, corrieron chicanas por la utilización de la idea de “justicia social” que expuso el ministro. Se trata de un concepto anatematizado por Milei, que lo rechazó con calificaciones como “aberración”, “robo”, “engaño”. En rigor, de momento no parece haber sido un problema. En cambio, generó cierto malestar en Olivos la utilización del verbo “reactivar” para hablar del efecto que tendrían las últimas medidas en la economía.

Igual o más fuerte resultó la difusión del impulso del Gobierno a una negociación de los convenios colectivos -los de base más baja- que incluya un piso salarial garantizado de 1.070.000 pesos, a partir de agosto. En el bolsillo, una vez hechos los descuentos de rigor, serían unos 860.000 pesos. El panorama de las paritarias es muy amplio y la cifra, si cierran las negociaciones, alcanzaría a gremios rezagados.

Lo dicho: puede entenderse como una señal de reconocimiento, parcial, de la realidad más amplia del deterioro de ingresos. Más cuesta arriba se la haría al oficialismo argumentar la intervención directa en temas de empresarios y sindicatos. Desde las veredas gremiales, señalaron que la base salarial que sería garantizada puede ser comparada con la Canasta Básica Total, utilizada para trazar la línea de pobreza, que en julio anotó 506.381 pesos para una persona adulta. Esa canasta no incluye gastos de alquiler. Por supuesto, el tema queda para las negociaciones de cada gremio. No se trata del salario mínimo, vital y móvil, cuya discusión acaba de registrar un nuevo fracaso y cruce entre las centrales sindicales y el Gobierno.

Desde hace rato, los salarios vienen registrando datos desparejos, según la actividad y la formalidad o informalidad, pero en líneas generales no exponen recuperación. Es visible en informes del INDEC y en cifras de la Secretaría de Trabajo, que suelen ser tomadas más en cuenta por el Gobierno.

Según la secretaría referida, el salario promedio registrado, privado, cayó 0,9% en junio, después de la baja de 2,9% en mayo. El INDEC indica que en el primer semestre de este año, el sector registrado privado (14,5%) y tanto el público nacional (13,7%) como el público provincial (16,4%) perdieron frente al acumulado de la inflación en el mismo período (16,8%). Queda, para la discusión, la evolución de ingresos en la amplia franja de la informalidad.

Pero no es sólo una cuestión de estadísticas, en la que a veces se enredan funcionarios, como acaba de ocurrir con las cifras sobre niveles de empleo. El punto, para el oficialismo, es si la sobrecarga de mensajes descalificantes de Milei alcanza para imponer su juego político. Es, sin dudas, complicado: el discurso escala en dureza y al mismo tiempo, exhibe fisuras y un tan preocupante como agotador eco del pasado.

El Gobierno anunciará un incremento en los salarios que perciben los militares, así como el resto del personal que integra las Fuerzas Armadas. Según confirmaron a Infobae, dicho aumento salarial se aplicará a partir del mes de septiembre y sería de entre 7% y 10%.

El porcentaje oficial que corresponde al aumento, así como los demás detalles vinculados a esta actualización, serían dados a conocer públicamente en el momento en que se lleve a cabo una comunicación oficial específica sobre el tema. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

A comienzos del mes de agosto, el Gobierno otorgó una suma fija de $50.000 a la totalidad de los integrantes en actividad pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales y de seguridad federales. Esta decisión por parte de la administración nacional fue hecha pública a través de dos publicaciones que se emitieron en el Boletín Oficial.

La disposición adoptada en ese entonces fue excepcional, es decir, no se repetirá, además de que este monto es remunerativo y no bonificable. La suma correspondiente se pagará en una única ocasión junto con el salario mensual que corresponde al mes de agosto, alcanzando a decenas de miles de agentes que forman parte de las distintas fuerzas bajo la órbita y administración del Estado nacional.

En este contexto, la misma resolución se implementó a través de la firma de los decretos 695/2026 y 696/2026. Estos decretos fueron rubricados por el presidente Javier Milei, por enjefe de Gabinete, Diego Santilli, y, también, por quienes están al frente de los ministerios de Defensa y de Seguridad, es decir, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente. Para cada ministerio con competencias sobre las fuerzas comprendidas en la medida, fue dispuesto un acto administrativo separado y diferenciado.

El texto oficial fundamentaba que la medida respondía a la necesidad de ajustar o actualizar los ingresos de este personal, con la finalidad de preservar el poder adquisitivo de sus salarios, ya que contempla las demandas y el grado de compromiso asociados con las funciones que desempeñan.

Por otra parte, el Gobierno decidió hace algunos meses establecer un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. El beneficio fue instituido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 y tiene como finalidad reconocer la formación académica y la profesionalización del capital humano militar; para ello, se otorga una suma adicional que se agrega al haber mensual bruto y que será automáticamente actualizada a medida que se vayan concretando futuros aumentos de salario.

El Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, recibió la responsabilidad de comunicar la decisión adoptada por Milei. El suplemento establecido se implementó en tres tramos diferenciados: un 10% para quienes tengan tecnicaturas o títulos terciarios, un 15% para aquellos que cuenten con títulos universitarios de grado y un 25% para quienes dispongan de especializaciones, maestrías o doctorados.

Este beneficio comprende tanto al personal militar que está actualmente en actividad, como también a los retirados y pensionados. El acceso a este reconocimiento no depende de si el beneficiario ocupa o ha ocupado el rol de oficial o suboficial, sino que la condición para percibirlo es haber presentado los títulos académicos correspondientes por parte de cada uno de los integrantes del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

En ese momento, voceros oficiales explicaron a Infobae que la propuesta fue diseñada para responder a una demanda histórica, planteada por las Fuerzas Armadas desde el año 2013, la cual busca igualar las condiciones de los militares respecto a otros organismos de la Administración Pública Nacional y frente a las fuerzas federales de seguridad, en cuyos ámbitos ya se encuentran en vigencia mecanismos similares para el reconocimiento de la formación académica.

La posibilidad de que Estados Unidos revise su respaldo a la posición británica sobre las Islas Malvinas apareció en el centro de una nueva advertencia de Washington a Reino Unido, de acuerdo con un reporte de The Telegraph. La publicación sostuvo que altos funcionarios del Pentágono evalúan esa carta de en medio de una exigencia más amplia para que los aliados de la OTAN eleven su inversión militar.

Según informó The Telegraph en los primeros tramos de su publicación, la discusión forma parte de una revisión sobre el compromiso de los socios atlánticos con las nuevas metas de gasto en defensa. El punto de tensión, según ese medio, pasa por la percepción de funcionarios estadounidenses de que Londres no presentó hasta ahora una hoja de ruta suficiente para acercarse al objetivo del 5% del PBI que impulsa la administración de Donald Trump.