En paralelo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, luego de haber logrado la sanción del Presupuesto 2026 en diciembre, el Gobierno Nacional estudia las posibilidades en carpeta para insistir con el contenido del capítulo XI, excluido de la previsión presupuestaria y del articulado tributario que quedó afuera del proyecto de “Modernización” laboral, según confirmaron a Infobae dos integrantes de la mesa política.

Lo cierto es que para avanzar en la aprobación de los proyectos enviados por el presidente Javier Milei al Congreso durante el período de extraordinarias, los encargados de negociar con los bloques aliados y gobernadores debieron ceder en algunos debates y marginar parte de la redacción para conquistar las voluntades legislativas necesarias.

El accionar que inició en diciembre, cuando la oposición, incluso los sectores que mantiene buena sintonía con el Poder Ejecutivo, rechazaron lo contemplado en el capítulo XI de la Ley de Leyes, algo que se repitió este febrero en el marco del tratamiento de la reforma laboral. Ante estos escenarios, después de varios intentos fallidos de sostenerlo, el mandatario dio luz verde para quitarlos de los proyectos, pero bajo la idea volver a intentarlo más adelante.

A finales del 2025, el oficialismo debió declinar de la idea de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, pero también de incorporar la demanda por la deuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y las modificaciones en la ley de zonas frías al tratamiento. También de la posibilidad de discutir el financiamiento del Poder Judicial, y de aplicar cambios que ampliaban las facultades del Ejecutivo.

Por orden del mandatario y voluntad del ministro del Economía, Luis Caputo, el círculo de funcionarios y legisladores designados para la aprobación del temario durante el verano intentó mantener el capítulo, pero debieron abandonar el mandato a raíz de la rígida postura de los aliados.

“La idea es insistir con todo lo que quedó afuera. Pronto”, confesó una fuente inobjetable ante este medio. Hasta entonces, el reducido círculo que designó el mandatario debate las formas para concretarlo. Lo cierto es que la postura encuentra algunas dudas, en especial del ala que encarna las negociaciones de manera directa con los aliados que no ven factible que el resto de los bloques den el brazo a torcer.

En la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta, la jefa de bloque Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, argumentaban que el apartado tributario contemplado en el proyecto, en especial la reducción en el Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas, no gozaría de la bendición de los gobernadores en el recinto, luego de que los representantes provinciales se mostraran reticentes a su aprobación.

Para eso, la propia Bullrich se encargó de anunciar en conferencia de prensa la aplicación de 28 modificaciones para alcanzar un proyecto de “consensos”, como lo definió. “La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, supo plantear.

De esta forma, la exfuncionaria prometió a su vez avanzar con una Reforma Fiscal integral que como contó este medio figura en los planes del Poder Ejecutivo para el año legislativo que iniciará el próximo 1° de marzo cuando el mandatario pronuncie su habitual discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso. Sin embargo, hasta entonces, según revelaron fuentes involucradas, las ideas para materializarla son diversas y se encuentran en análisis.

Aún en pleno diseño, la administración libertaria intenta encontrar coincidencias en la manera de compatibilizar la reducción de impuestos con el respaldo económico que deberá enfrentar el Estado tras su concreción. Actualmente, la idea en mente es avanzar en un esquema de simplificación de impuestos con una reducción de Ganancias para las personas y un incentivo para el desarrollo de los mercados. Sin detalles, más allá de la determinación de modificar Ganancias e implementar un “IVA dividido”, que anticipó el ministro de Economía, el oficialismo analiza opciones.

Con intención de insistir en lo excluido, la mesa chica tiene en mente el diseño de un proyecto de ley, para debatir en ordinarias, que contemple casi la totalidad de lo abarcado en el capítulo XI, a excepción de la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sobre este último punto, en los últimos días, el Ejecutivo resolvió incluir una versión propia de la ley para compensar a las autoridades universitarias al temario de extraordinarias e intentar dejar atrás uno de los reclamos que dio lugar a una de las movilizaciones más grandes que tuvieron lugar con esta gestión.

El presidente Javier Milei está cerca de lograr algo que ninguno de sus antecesores pudo conseguir en las últimas décadas, a pesar de que hubo intentos para hacerlo: una reforma laboral integral que modificaría con una sola ley varios aspectos del sistema actual. Sin embargo, en el camino comenzaron a surgir algunos imprevistos que el Gobierno intentará sortear esta semana, mientras crece el conflicto con la cúpula del gremialismo, que endureció su postura sobre este proyecto.

Recientemente, el Consejo Directivo de la CGT confirmó que llevará adelante un paro general de 24 horas -el cuarto contra la gestión libertaria- cuando la Cámara de Diputados trate la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado

Sin embargo, en la Casa Rosada miran con especial atención y hasta último momento la decisión que pueda llegar a tomar la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de la gran mayoría de líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ese sindicato en particular ya no integra la conducción cegetista por diferencias con la elección del triunvirato y, además, suele no participar de estas medidas de fuerza y se muestra más conciliador.

Las autoridades nacionales consideran que este es un punto clave, ya que si la UTA finalmente no se suma al cese de actividades, muchas de las actividades funcionarían con normalidad y eso podría interpretarse como un respaldo de la población hacia la reforma.

“Tienen que hacer que pare el transporte, porque, de lo contrario, va a quedar en evidencia que los trabajadores no los apoyan”, señaló a Infobae una fuente del Poder Ejecutivo.

La última vez que la CGT convocó a un paro de estas características fue en abril del año pasado, en reclamo a mejoras en las jubilaciones y en contra de las políticas económicas.

En aquel momento, el gremio de los colectivos informó que se iba a adherir, pero finalmente no lo hizo luego de que la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Capital Humano, dictara la conciliación obligatoria.

De todas formas, según una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el costo económico del cese de actividades para el país fue de $208.497 millones, lo que equivalía a aproximadamente USD 194 millones.

Ahora, la UTA volvió a confirmar que se va a plegar a la protesta contra la reforma laboral, pero en Balcarce 50 no descartan que se pueda abrir una negociación y termine habiendo transporte ese día, por lo menos en lo que respecta a los micros.

Sucede que el resto de los medios de movilización también pararán, desde los trenes que son representados por la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

En el plano legislativo, uno de los conflictos que surgió en relación al proyecto que se está debatiendo en Diputados es el rechazo que se generó por parte de distintos sectores en torno al artículo 44 de esta iniciativa, que fue agregado a último momento durante la votación en el Senado y regula las licencias médicas por enfermedades o lesiones contraídas fuera del ámbito del trabajo.

Se trata de una idea impulsada principalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que prevé una reducción del salario del empleado en esos casos en lo que tiene que dejar de cumplir sus tareas para hacer reposo, con el objetivo de aliviar la carga del privado.

La medida generó polémica, ya que implicaba, según distintas interpretaciones del texto, que una persona que tiene que someterse a tratamientos oncológicos por padecer de cáncer iba a empezar a percibir el 75% de su sueldo, mientras que otra que se haya quebrado practicando deporte -por citar un ejemplo-, pasaría a percibir el 50 por ciento del mismo.

Ante esta situación, una de las principales referentes del oficialismo, Patricia Bullrich, anunció que el Poder Ejecutivo está estudiando una manera para que esta decisión no alcance a las afecciones “severas, degenerativas”, y siempre que sean “fehacientemente comprobables”.

Tal como precisó este medio, las propias autoridades nacionales reconocen que con este apartado cometieron “una de más”, pero la idea era tener una alternativa para evitar la demora de la sanción final del proyecto, algo que ya parece inevitable.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes del oficialismo a este medio, el texto tendrá cambios durante su tratamiento en Diputados, previsto para este jueves.

Al día siguiente, el viernes, Bullrich tendría que conseguir el dictamen para que, cumplida la semana reglamentaria, y sobre el filo del cierre de las extraordinarias, la norma sea votada en el Senado y se convierta en ley en el cierre de la semana que viene, el 27 de febrero.

Esto habría definido la ex ministra de Seguridad cuando visitó durante el feriado de este lunes a Milei en la Quinta de Olivos para conversar sobre las posibilidades que tienen a mano y lo que implicaría cada uno de los caminos.

La cuestión se seguirá discutiendo durante la próxima reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, que se llevará adelante esta semana -probablemente el miércoles- para terminar de definir una estrategia legislativa puntual.

Si bien el encuentro todavía no fue convocado formalmente, se espera que en las próximas horas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo organice junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Allí estarán también Bullrich, el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Este grupo terminaría de definir el futuro del proyecto, que el Gobierno quiere que se apruebe antes del comienzo del Periodo de sesiones ordinarias.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará un paro con movilización frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. La decisión fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales. Según detalló en diálogo con Infobae al regreso, la organización estableció su alineamiento con un frente de más de cien sindicatos que rechazan cualquier intento de acuerdo parcial en el tratamiento de la ley.

Aguiar explicó que el frente sindical entiende que el diálogo para realizar modificaciones parciales no resulta viable, ya que, a su juicio, “toda la ley de principio a final nos perjudica”. El dirigente remarcó que, si bien se eliminaron artículos que afectaban directamente a los sindicatos, permanecen intactos aquellos que considera lesivos para los trabajadores. “No puede aparecer como que canjeamos plata por explotación, plata por más precarización, justo de aquellas y aquellos que tenemos que representar”, expresó, planteando la dificultad de justificar cualquier acuerdo en esas condiciones.

El anuncio de la medida de fuerza llega en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los principales actores sindicales. La movilización de ATE se sumará al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que también fijó una huelga nacional de 24 horas para el día en que se debata la reforma laboral en la Cámara baja. La adhesión de los gremios del transporte garantiza la interrupción total de colectivos, trenes, subtes y taxis en todo el país, lo que anticipa un fuerte impacto en la vida cotidiana.

El secretario general de ATE, quien obtuvo el respaldo de casi medio millón de estatales en la última elección interna, enfatizó que la postura de la organización no busca generar polémica interna en el sindicalismo, sino que refleja una forma de ejercer la representación gremial. Según sus palabras, “no estamos generando ninguna polémica. Simplemente, estamos expresando cada uno nuestra manera de pensar y de ejercer esta actividad”.

Consultado sobre la estrategia de movilización, Aguiar explicó que la decisión de convocar a un paro con movilización responde a la necesidad de evitar que el Congreso se quede sin la presión de la calle, lo que, según su visión, facilitaría el avance legislativo del oficialismo. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta. El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

Aguiar también cuestionó el comportamiento de algunos legisladores, señalando que “muchos gobernadores, muchas de esas senadoras y senadores y de las diputadas y de los diputados que van a intervenir esta semana, hace solo pocos meses juntaron votos diciéndose peronistas en sus provincias y confrontando las políticas del Gobierno Nacional”. El sindicalista advirtió sobre una “malversación instantánea del voto” y puso en duda la legitimidad de ciertas transformaciones políticas recientes.

La preocupación por el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores se extiende más allá de la estructura sindical. Según el propio Aguiar, la iniciativa oficial “ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales”.

El dirigente advirtió que la aprobación de la ley pondría en riesgo “todos los derechos laborales que conocemos” y anticipó la posibilidad de profundizar el plan de acción si el proyecto avanza en el Congreso.

El paro y la movilización de ATE se inscriben en una etapa marcada por la alta conflictividad entre el Gobierno y los sindicatos. Esta será la cuarta medida de fuerza general enfrentada por el presidente Javier Milei en poco más de dos años al frente del Ejecutivo, un indicador de la presión social y gremial que atraviesa la gestión. El fenómeno no es nuevo: los presidentes no peronistas suelen experimentar más paros generales en menos tiempo que los mandatarios del Partido Justicialista, de acuerdo con un estudio de la Universidad Austral.

La estrategia sindical se apoya también en el rechazo a ciertos artículos específicos de la reforma. Entre los puntos más cuestionados figura el artículo que limita el pago de salarios completos durante licencias por enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.

Según el texto aprobado en el Senado, los trabajadores afectados recibirán el 50% del salario, con opción a alcanzar el 75% si la situación no responde a una acción voluntaria ni a conocimiento previo del riesgo.

Por el momento, la atención permanece puesta en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a sesión para debatir la reforma laboral. La movilización de ATE promete constituirse en uno de los focos de presión más relevantes durante la discusión parlamentaria, en un escenario de alta tensión política y social.