El Gobierno decidió pasar la fecha de privatización del Belgrano Cargas para el primer trimestre del año próximo con el objetivo posterior de finalizar el procedimiento para mitad de año. En este último tramo de la confección del pliego se están haciendo las valuaciones de cada uno de los activos de la compañía, a la vez que se está pasando por las últimas revisaciones legales y de consultas de empresas interesadas en aplicar al proceso.

Se trata de una ligera demora de los plazos que se preveían un mes atrás, cuando el objetivo era publicar los términos y condiciones antes de fin de año. Aun así, en el Gobierno esperan que durante el primer trimestre se inicie este proceso y que meses después comiencen los traspasos formales a las compañías que ganen las respectivas adjudicaciones.

El modelo de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. aprobado por el Decreto 67/2025, establece una privatización total de la empresa mediante un proceso de desintegración vertical y open access.

A diferencia de la privatización que se hizo en la década de los 90, no habrá un único pliego que venda todo a una compañía. Serán varios según los activos o actividades: el material rodante -las locomotoras y vagones- será vendido a través de remate público; las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública; y los talleres ferroviarios también serán concesionados para su uso a través de licitaciones.

“Una empresa puede querer aplicar a todas las licitaciones o solo a algunas. Es indistinto para nosotros. Existen modelos de control absoluto de una compañía o la connivencia de varias en cada una de las diferentes áreas. Con este esquema no se obliga a que si una empresa quiere manejar los talleres deba, además, ser administradora de la traza ferroviaria, por ejemplo”, explicaron fuentes del Gobierno que trabajan en la licitación.

El esquema de open access permite que múltiples operadores privados usen la misma red pagando un canon. En rigor, la empresa operadora debe dar una ventana de paso de manera obligatoria a los privados que deseen hacer uso de las vías y cumplan con las condiciones legales.

En principio, se espera que para mediados del próximo año se pueda arribar a la conclusión de la privatización.

En lo que refiere a la subasta del material rodante, el Gobierno hará un fideicomiso que servirá para financiar por única vez la renovación de vías y la mejora estructural en aquellos tramos en donde haya volumen y demanda. Es decir, los trazos donde más interés hay puesto de parte de las compañías que buscan aplicar a la privatización.

El dinero de las subastas no irá a reactivar algunos tramos de los casi 18.000 kilómetros de vías inactivas que hay en el país. Eso se lo dejará a consideración de la futura operaria si es que consigue clientes y demanda en esos sectores abandonados que hoy en día no tienen rentabilidad económica.

Por otro lado, hay 17.700 kilómetros de vías que sí están operativas. De aquellas, el Gobierno quiere invertir con el dinero subastado en dos líneas en particular: se van a hacer mejoras en el ramal San Martín a través de la renovación de cerca de 300 kilómetros de vías y se hará una inversión de capital sobre las vías del ramal Belgrano.

La empresa que gane el control y el mantenimiento de las vías tendrá que cumplir con un aspecto que estará expresamente mencionado en la licitación: la finalización de la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe. Esta obra ya tiene un grado de avance del 50% y fue anunciada en 2019, pero las autoridades habían decidido supeditar la continuación de la misma a que se termine la privatización del Belgrano Cargas.

Esta obra de infraestructura es considerada como una de las más importantes para las autoridades a los fines de poder incrementar el volumen de carga. “Con ese avance ya se va a estar logrando un incremento enorme en el transporte, que buscamos que para los próximos 18 meses se duplique”, indicó a Infobae un funcionario libertario. El objetivo es que para dentro de cuatro años el volumen de carga se cuadruplique.

Hay varios grandes grupos empresarios que están interesados en aplicar en los segmentos más importantes del manejo de la Línea Belgrano y la San Martín. El primero es un pool de compañías cerealeras que está liderada por Aceitera General Deheza (AGD) y acompañan ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus.

Otro de los players interesados en aplicar es Grupo México Transportes, que en Argentina se presentará como Grupo GMXT. Opera los ferrocarriles más grandes de México y de Florida. Buscan promocionarse como la única de los tres oferentes capaces con experiencia en todos los aspectos del rubro ferroviario. Estiman desembolsar una inversión de 3.000 millones de dólares en el país. Se habla de que también hubo sondeos de compañías de Chile y de España.

En los últimos meses, hubo interés de parte de diferentes compañías mineras como la británica Río Tinto. También hubo otras multinacionales más, algunas de ellas que tienen producciones que están esperando a que haya modificaciones en la Ley de Glaciares o que el Gobierno les autorice su inversión a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Este último aspecto es clave. Algunas de las compañías interesadas en aplicar piden que el Gobierno les asegure que su inversión ferroviaria en el país pueda encuadrarse bajo el esquema RIGI. Tal y como lo contó Infobae, Bernardo Ayala, el CEO de GMXT USA, parte del Grupo México Transportes, visitó la Argentina para mostrar su interés en el mercado local.

“Las inversiones que se quieran hacer para este caso aplican perfectamente al RIGI”, aseguró un hombre autorizado del Gobierno. Lo que sucede es que las compañías buscan que la ratificación sea exante y en el Gobierno marcan que eso, a priori, no se puede hacer porque está establecido de manera procedimental que todo proyecto de inversión que quiere encuadrarse en el RIGI debe pasar primero por un comité de evaluación.

“Lo que no podemos hacer es garantizar sí o sí que se va a aprobar. Pero no hay motivos como para que no aplique”, agrega este funcionario. La lógica es que varias mineras, petroleras y la posibilidad de extender la frontera agrícola dependen de que se mejore el cuello de botella del transporte que hay hoy en día en la Argentina. “Sería contraintuitivo que ese RIGI no se apruebe, porque frenaría muchísimas oportunidades de inversión de otros sectores”, concluyeron.

La privatización del Belgrano Cargas y Logística fue anunciada hace más de un año y es la que más avanzada está. No hay previsiones para que en el largo plazo logre concretarse la de Trenes Argentinos Operaciones (SOF S.A.), que tiene la operación de los servicios de líneas urbanas (como el Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento), regionales y de larga distancia.

Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión y venta, se procederá a la disolución y liquidación de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. El Ministerio de Economía, asistido por la ATEP, será la autoridad encargada de llevar adelante todo el proceso, dictando las normas operativas y complementarias necesarias. La letra chica del pliego está siendo diseñada por Chaher y el presidente del Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, un hombre ligado al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Con la reforma laboral de Javier Milei a punto de ser presentada en el Congreso, la CGT reunirá este mediodía por primera vez al nuevo Consejo Directivo elegido en octubre pasado para analizar cómo bloquear la sanción del proyecto oficial: algunos dirigentes propondrán una movilización de protesta, mientras que otros apuntan a reforzar las presiones sobre los gobernadores y los legisladores.

Durante el encuentro, que comenzará a las 12 en la sede de Azopardo 802, los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) presentarán un informe sobre las negociaciones entabladas con el Gobierno para atenuar la reforma laboral, que será apuntalado por Gerardo Martínez (UOCRA), representante cegetista en el Consejo de Mayo.

Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán la cuotas sindicales, que clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.

Aun así, los líderes cegetistas mantienen su oposición a la reforma laboral en su totalidad porque “sólo plantea una quita de derechos”, como advirtió Cristian Jerónimo en declaraciones radiales.

Este jueves se redactará un documento en el que se fundamentará la postura de la CGT, pero se espera un intenso debate sobre la estrategia que se elegirá para frenar el proyecto oficial. Los sectores más duros, como los del sector del transporte, impulsan una movilización ante el Congreso el día en que comience el tratamiento legislativo de la reforma laboral.

Es la alternativa que tiene más adherentes, aunque hay dirigentes de impronta dialoguista que prefieren poner en marcha un plan de acción que comience con la intensificación de las presiones sobre gobernadores y legisladores para que el proyecto oficial no tenga los votos para ser convertido en ley.

Este bloque sindical cree que será difícil concretar una movilización multitudinaria en pleno verano, con muchos trabajadores de vacaciones, y que así podría fracasar esa marcha como demostración de fuerza.

En una postura intermedia, también existen sindicalistas partidarios de impulsar un combo de medidas que incluya tanto asambleas informativas y movilizaciones callejeras como un fuerte lobby político para tratar de que se trabe la sanción de la ley.

La discusión de este tema decisivo se dará en medio del malestar de algunos dirigentes de sindicatos importantes que se sienten marginados en la nueva estructura de poder de la CGT y reclaman participar de manera activa en la toma de decisiones.

Son los mismos que critican a la nueva cúpula cegetista porque demoró dos meses en convocar al Consejo Directivo elegido el 5 de octubre pasado y eligió una actitud muy moderada ante el Gobierno durante la elaboración de la reforma laboral.

Mientras, miembros de la mesa chica de la CGT se reunieron este miércoles con el interbloque kirchnerista del Senado, que encabeza el formoseño José Mayans, para analizar una estrategia dirigida a cerrarle el paso a la reforma laboral en el Congreso.

Se habló también de la sugestiva demora en publicar oficialmente el proyecto de ley y enviarlo al Senado, donde comenzará su debate, algo que pospondría su tratamiento en las sesiones extraordinarias. Y compartieron el temor de que el oficialismo avance con un trámite express para aprobar la iniciativa.

Si bien tienen una postura más dura, los gremios agrupados en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) decidieron esperar a lo que resulte de la reunión de Consejo Directivo de la CGT antes de tomar una decisión fuerte contra la reforma laboral.

Sin embargo, la posición de los gremios del transporte ya tuvo una expresión concreta durante el 3° Congreso Federal de la Juventud de la CATT, realizado este martes, donde se definió una “fuerte postura en contra de la reforma laboral” y se destacó el valor de los convenios colectivos de trabajo como una “herramienta transformadora, actualizadora y ampliadora de derechos”.

En el encuentro, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), sostuvo que esta “brutalidad” que el Gobierno llama reforma laboral se produjo por el resultado negativo del peronismo en las últimas elecciones. En este sentido, resaltó “la falta de discusión critica” y la necesidad de “lograr el mayor grado de unidad para confrontar con este proyecto”, mientras admitió: “Estamos en desventaja porque hay gran parte de la sociedad argentina que cree que esto le va a favorecer”.

Por su parte, el secretario de Prensa de la CATT, Horacio Calculli (aeronavegantes), señaló: “Es importante ser reconocidos como actores sociales en la discusión pública política en la Argentina. Tenemos representantes dentro del Congreso que llevan adelante la voz de los trabajadores, pero es muy necesario que el movimiento obrero siga incrementando la cantidad de trabajadores adentro de las cámaras porque tenemos a los compañeros formados para llevar adelante esas discusiones”.

El presidente Javier Milei regresa este jueves de su viaje relámpago a Noruega, donde no pudo encontrarse con María Corina Machado por problemas de agenda, y firmará los proyectos que fueron terminados mientras se encontraba fuera del país, entre los cuales está la reforma laboral, para que así puedan ser enviados al Congreso.

El mandatario nacional partió de Oslo apenas terminó la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, por lo que estará de vuelta en Buenos Aires unos minutos antes de las 9:30 de este jueves, para cuando estaba previsto originalmente su arribo.

Las autoridades legislativas lo estaban esperando para poder iniciar con el tratamiento de varias de las iniciativas del Consejo de Mayo que, si bien ya fueron anunciadas, todavía falta que el jefe de Estado rubrique.

De hecho, de los temas que se van a debatir en las próximas sesiones extraordinarias, el Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares estaban listos.

Por el contrario, la norma que modifica algunos aspectos del sistema de trabajo se terminó de redactar recién cuando Milei ya estaba en el exterior, debido a que hasta último momento había partes del texto que generaban polémica.

La discusión pasó, fundamentalmente, por la inclusión o no de un apartado vinculado a la limitación de las cuotas solidarias, una medida que era resistida por los sindicatos, ya que afectaba la forma en que se financian los gremios.

Puntualmente, la gestión libertaria buscaba modificar el sistema actual que establece descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo.

La idea de las autoridades nacionales es que ese pago pase a estar condicionado a un consentimiento explícito por parte de los empleados, pero finalmente se decidió suprimir esta parte para evitar conflictos con la cúpula sindical.

Sin embargo, se incluyó una aclaración para que el pago de las cuotas de afiliación, que hasta el momento es “obligación” de las empresas retener para girarlas al sindicato, pase a ser optativo y “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

Por otra parte, Milei también tiene que firmar otros proyectos que también fueron creados en el marco del Consejo de Mayo, vinculados a la apertura al comercio internacional y la reducción del gasto público, aunque son temas que no se van a discutir durante este periodo de extraordinarias, por lo que no son la prioridad para la Casa Rosada.

El Gobierno sí considera importante, en cambio, la aprobación en el Senado de la reforma laboral y, por este motivo, designó a tres funcionarios que actuarán como los voceros oficiales para defender esta iniciativa.

Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

Los integrantes del Gabinete, que trabajaron activamente en la medida, podrían ser convocados por la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, que tiene que tratar el proyecto antes de que pase al recinto para su votación.

Ese cuerpo todavía se tiene que formar, debido al recambio legislativo, que modificó el peso de cada partido en el Congreso, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, busca ser la presidenta de ese organismo.

De hecho, la ex ministra de Seguridad fue una de las principales impulsoras de esta reforma e incluso antes de que se terminara, pidió que la misma ingresara por el Senado para iniciar su mandato parlamentario con su aprobación como primer objetivo.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, sigue con sus reuniones con gobernadores para tratar de asegurarse el apoyo para el resto de los asuntos que se van a tratar durante el verano.

Este miércoles por la tarde recibió en la Casa Rosada a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, quienes están interesados especialmente en la ley de Glaciares.

Sobre este punto, justamente, conversaron durante el encuentro del que también participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes del Poder Ejecutivo, en la reunión también se habló del Presupuesto 2026, que es otra de las prioridades para Milei y será tratado en la Cámara de Diputados, que espera avanzar con un dictamen la semana que viene y pasar a votarlo en los días siguientes.

Este jueves, Adorni y Santilli recibirían al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los referentes del peronismo que se alejaron de Unión por la Patria en la Cámara Baja y analizaban armar un interbloque federal.