El endeudamiento familiar viene escalando en los renglones de la agenda pública. El oficialismo lo registra y trata de bajarle el tono argumentando que es una cuestión entre privados que no requiere respuesta del Estado. Resulta difícil frente al elevado nivel de mora, pero con ese objetivo trabaja el oficialismo. Es el caso de Diputados, donde busca desarmar el intento opositor de instalar el debate en el recinto. El problema es que el tema creció mediáticamente y parece desbordar el límite de los cruces políticos: la Iglesia acaba de sumar su voz, en tono de reclamo doblemente significativo para el Gobierno.

El oficialismo, por momentos, queda enredado en su propio juego. Combina la expectativa sobre una baja de los registros de mora -en el ámbito bancario y en el circuito no estrictamente financiero- y la intención de restarle trascendencia. En junio, el incumplimiento mostró un leve declive, que en medios libertarios buscaron mostrar como un cambio de tendencia, pero en julio mostró un repunte según cálculos en base a datos oficiales. Pasó de 12,77% a 12,99%. En las últimas horas, desde el Gobierno se deja trascender que agosto cerraría en baja. Se verá cómo evolucionan los números, pero asoma limitada la idea de clausurar el tema de ese modo.

Por lo pronto, un foco se lo llevó el Congreso por iniciativa opositora, la semana pasada, cuando la LLA exponía números cómodos para avanzar con la segunda entrega de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Quedó claro que los acuerdos son proyecto por proyecto, porque algunos dialoguistas -y más bien aliados- expusieron su margen de espacio propio. Dieron apoyo para facilitar los objetivos violetas y, a la vez, algunos acompañaron la votación para plantear el tema del endeudamiento familiar.

Estaba claro que ese ensayo los iba a exponer muy lejos de la mayoría especial para tratar en el recinto las iniciativas sobre morosidad, que se cuentan de a decenas, pero la intención de los promotores era testear si había chances de impulsar después una sesión especial. Sumaron 133 votos, es decir, cuatro por encima de las 129 presencias para garantizar quórum. Y lo que se abrió de inmediato fue la operación del oficialismo para revertir ese cuadro, es decir, restarle al menos unos pocos apoyos para desvanecer el movimiento.

Las autoridades libertarias decidieron repetir en Diputados lo hecho cuando la orden desde Olivos era bloquear la ofensiva sobre Manuel Adorni. El entonces jefe de Gabinete arrastraba tres meses de deterioro –con costo generalizado para el Presidente, Karina Milei y el Gobierno en general– y enfrentaba la posibilidad cierta de una interpelación. La oposición avanzaba en esa línea y hasta socios de LLA apuntaban en la misma dirección. Se había planteado una sesión para emplazar al tratamiento en comisiones, pero el oficialismo citó a una de las comisiones para restarle sustento a la movida. Sumó el acompañamiento del PRO, el radicalismo oficial y coronó su contraofensiva: hizo fracasar la sesión del 23 de junio. El Senado exhibía un panorama más difícil. Finalmente, el 27 de ese mes Adorni presentó su renuncia.

El oficialismo busca reproducir ahora la “estrategia Adorni” para frustrar la jugada opositora. Los proyectos sobre morosidad suman alrededor de cincuenta. Muchos de ellos, con giro a la comisión de Finanzas, presidida por el libertario fueguino Santiago Pauli. Tendrá reunión mañana, miércoles, como parte de las fichas movidas desde el despacho de Martín Menem. No está claro cuando sería convocada otra de las comisiones, como Defensa del Consumidor, que también cuenta con iniciativas que le fueron remitidas. Y todo indica que el mismo camino para enfriar el tema, y si es posible congelarlo, seguiría el reclamo de extensión de la emergencia en el área de discapacidad.

La oposición convocó a una sesión especial para el miércoles de la semana que viene. Y apunta a motorizar desde allí un plenario de todas las comisiones que deben intervenir en esta materia, para avanzar efectivamente y marchar después al recinto. El foco se concentra en la actitud que tomen algunos espacios y, sobre todo, gobernadores cuyos diputados apoyaron el impulso del tema. En particular, el interrogante alcanza al tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua.

El oficialismo iba cerrando su estrategia cuando surgió un gesto inesperado, una doble señal que desde las filas violetas buscan amortiguar como si se tratara de una declaración sin otras connotaciones. Desde la jerarquía de la Iglesia, le dieron trascendencia al tema en sí mismo -es decir, lo que expondrían los actuales niveles de morosidad en el endeudamiento familiar- y cuestionaron de hecho la posición del Gobierno.

El mensaje estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo. En declaraciones radiales, habló de la gravedad del tema, lo vinculó además con otros problemas sociales como la ludopatía -cuestión con debate pendiente en el Congreso- y puso en la mira la falta de criterios claros, razonables, sobre los intereses. Y agregó: “No se puede tener una mirada superficial, ni menos decir: no nos interesa o que se arreglen”.

El Gobierno sostiene como letra discursiva que el tema es una cuestión entre privados. Y que hace exclusivamente al riesgo tomado por quienes se endeudaron. Milei lo sostiene públicamente y, en sus encuentros con ministros y legisladores, dejó en claro que no hay margen para matices. Quizá el diputado Alberto Benegas Lynch fue quien más extremó esa posición: dijo entre otras cosas que hay gente que compró pantallas de TV para ver el Mundial y no quiere pagar las cuotas porque Argentina no logró coronar la final.

Las declaraciones de monseñor Colombo se producen en días marcados por reuniones oficiales para definir cuestiones prácticas de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Precisamente, el titular del episcopado y el secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, fueron recibidos el jueves pasado por el Papa para analizar aspectos del viaje. El contexto no parece ser un dato menor.

Seis meses después de que se implementara el Plan de Retiro Voluntario para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo lanzó una segunda etapa al considerar que en su primera edición hubo una “favorable convocatoria y acogida por parte del personal”. La fecha para solicitarlo se extiende hasta fin de mes.

La medida quedó formalizada hoy mediante la resolución 261/2026, que explica que el “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) – Etapa 2” se enmarca en la política de reforma del Estado y desregulación económica que impulsa el Gobierno, y busca profundizar el esquema de desvinculaciones consensuadas.

Aquella primera convocatoria tuvo lugar en marzo mediante la resolución 68/2026 y poco después se extendió hasta el 24 de abril. Según explicó la nueva resolución, durante la vigencia el personal manifestó “su voluntad en relación con adherirse a formas orientadas al distracto laboral” lo que motivó la apertura de esta nueva etapa.

Procedimientos

Los acuerdos de desvinculación deberán formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad administrativa del trabajo y, en particular, ratificarse y homologarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

La resolución delega en la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES la implementación operativa del plan, así como la aprobación de los modelos de acuerdo de desvinculación que deberán suscribirse ante la autoridad laboral.

En la primera edición, el plan había fijado una gratificación extraordinaria equivalente al 90% de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva en el organismo, con un tope de 24 haberes brutos, y estaba dirigido a empleados de planta permanente con al menos dos años de antigüedad.

Ese esquema excluía a quienes estuvieran procesados o condenados por delitos contra la administración pública, a los agentes con procedimientos disciplinarios en curso, a quienes hubieran iniciado el trámite jubilatorio o presentado renuncia, a los mayores de 62 años y a quienes mantuvieran litigios laborales pendientes, salvo que desistieran de ellos. También establecía que el personal adherente no podría reincorporarse al sector público nacional durante cinco años. Las condiciones se mantienen hasta hoy.

Requisitos

El personal alcanzado por el “RVR 2” únicamente puede ser de planta permanente del organismo, comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E”, y contempla dos modalidades de acceso: según la edad y los aportes previsionales de cada agente. En tanto, el personal con mandato sindical vigente o que se postule como delegado gremial deberá renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder adherirse.

La primera modalidad incluye a quienes ingresaron antes del 1° de enero de 2024 y tienen entre 60 y 64 años. La segunda comprende a los trabajadores de la misma fecha de ingreso, con edades de entre 65 y 69 años, que registren menos de 30 años de aportes al sistema previsional. En ambos casos, la gratificación extraordinaria de egreso equivale al mismo porcentaje de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva, o fracción mayor a tres meses, pero esta vez el tope máximo es de 19 haberes brutos.

Las etapas del proceso serán cuatro:

• La revisión de requisitos por parte de la Dirección General de Recursos Humanos
• La evaluación de cada solicitud por las Subdirecciones Ejecutivas y Secretarías
• El dictado del acto administrativo aprobatorio o denegatorio
• Y la notificación a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y a la Secretaría de Hacienda

El pago se realiza en una cuota única cuando el monto no supere los 80.000.000 de pesos; por encima de esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

El plazo de adhesión se extiende desde la entrada en vigencia de la resolución hasta las 23:59 horas del 30 de septiembre de 2026.

Los senadores cobrarán, desde enero de 2027, más de $13.100.000 en bruto, tras un nuevo acuerdo paritario entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos. Las subas son idénticas a las que acordó el Gobierno con los empleados estatales: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, lo que da un total -acumulado- de 6,96%, aunque sin bono.

¿Por qué ocurre esto en la Cámara alta? En 2024, el pleno se movió en modo ninja y, horas antes de una sesión, consensuó -todas las bancadas coincidieron y se hizo a mano alzada, pese a volteretas y aclaraciones de “donaciones” posteriores- y los legisladores volvieron a atar sus dietas a las de los agentes.

De esa manera, los bloques evitaron que se involucrara en el asunto la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Semanas antes de ello, un incremento en base a una resolución conjunta con su par de Diputados, Martín Menem, tuvo que retrotraerse. Como se cansaron de esperar una resolución y el pleno es soberano, se movieron en consecuencia. Por ello, cada vez que hay una paritaria, el tema reflota.

Si de números se trata, dicho sistema establece que las dietas están conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Además, se incorporó una dieta más a las 12 de ese entonces para compensar el aguinaldo.

Pese a que existen en vigencia renuncias voluntarias sobre los aumentos de los últimos meses -aunque las especificaciones no son las mejores-, el desarraigo no es recibido por los representantes de la Ciudad de Buenos Aires: el kirchnerista Mariano Recalde y los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

En tanto, tal como informó desde 2024 Infobae, la única integrante de la Cámara alta que no cobra dieta es la cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien desistió de percibirla: al ingresar, optó por su jubilación como ex gobernadora.

La reunión realizada esta tarde contó con la presencia de los secretarios administrativos del Senado y Diputados, Alejandro Fitzgerald y Laura Oriolo, respectivamente. Del lado de los sindicatos rubricaron, entre otros, el líder de APL, Norberto Di Próspero, y el de UPC, Martín Roig.

En el acta que vio este medio aparece, en su primer artículo, el detalle de los porcentajes mencionados -iguales a las subas para estatales, pero sin bono-, mientras que en el segundo se manifiesta que “en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras”.

Después de la polémica generada en 2024 por la mecánica en cuestión, las bancadas alta anularon un incremento para julio y agosto de 2025 y congelaron sus dietas hasta el 31 de diciembre pasado, en una votación unánime, con 65 adhesiones. En 2026, eso se cayó, salvo para quienes continúen con las donaciones, como dijo La Libertad Avanza en julio último, luego de una paritaria. Esto suele ser replicado por otras fuerzas, con poca precisión sobre el destino final de esos fondos.

“Como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos, a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o las ya establecidas previamente por el mismo Senado”, expresó en su momento el espacio que comanda Bullrich.

En paralelo a la resolución, Infobae corroboró la presencia de cuatro de los 72 legisladores esta tarde. Los días más “pesados” son martes, miércoles y jueves, donde se concentra la mayor cantidad de actividad en el Congreso.