Los titulares del oficialismo y la oposición dialoguista del Senado acordaron esta tarde la ratificación de la sesión de pasado mañana, donde aparece el tratamiento de un eventual pedido de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No obstante, se confirmó lo contado por Infobae el reciente fin de semana: Patricia Bullrich tuvo que desconocer el acuerdo inicial que tenía con el kirchnerista José Mayans y, para que la convocatoria al funcionario se efectivice, deberá habilitarse en el recinto por dos tercios de los presentes.

El desenlace ocurrió en la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, – quien no estuvo presente – en un encuentro en el que se ausentó el cristinismo, que ya prepara una furia inevitable para cuando comience la sesión. Con lo ocurrido, la balanza se dio vuelta por completo y la Casa Rosada podría respirar el jueves: en caso de tener completa a su escuadra -21- y sumar cuatro -o tres, ya que dependerá de presencias- bloquearía la habilitación del tema y una votación del asunto.

¿Qué opciones le quedan a la oposición que detesta a Adorni? Pedir un emplazamiento de comisiones, algo que no suele hacerse en el Senado y así evitar el caos que suele generarse en Diputados. O reclamar que se convoque urgente a la comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego). Y pedir dentro de 48 horas una moción de preferencia -con dictamen- para que, en el próximo encuentro en el recinto, se vote una potencial interpelación. Más allá de todo esto, lo cierto es que, el jueves, las dos actas de Labor Parlamentaria estarán vigentes -la de la semana pasada, y la de hoy- y habrá que optar por una.

El conflicto generado por el entendimiento Bullrich-Mayans se activó por una polémica visión sobre el artículo 101 de la Constitución, que plantea que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

La disidencia de los últimos días no estuvo sobre la Carta Magna, sino por la interpretación que hicieron, en tándem, los jefes libertario y kirchnerista. Para ellos, no hacía falta habilitar ninguna iniciativa en ese sentido y podía votarse todo directo, con mayoría absoluta. En cambio, desde la Casa Rosada e incluso varios compañeros de la ex ministra de Seguridad alertaron que, al referirse a un proyecto de resolución -como el que semanas atrás impulsó el propio Mayans- precisaría un despacho de comisión. Es decir, de la de Asuntos Constitucionales.

¿Cuál es el problema de una reinterpretación acelerada del artículo 101 de la Constitución? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente hubiese sembrado y germinado una magnitud negativa descomunal. Varios despachos coincidieron ante este medio sobre la “irresponsabilidad” y las alertas de ir en camino a “parecerse a Perú”, por la cantidad de funcionarios removidos desde el Congreso. De hecho, en la cumbre de esta tarde sobraron antecedentes que destronaron la postura de Bullrich y el formoseño.

Tras estas consideraciones, para la sesión de las 11 de pasado mañana quedan en bandeja, junto con la ya ahora trabajosa definición sobre Adorni, la golpeada ley de inviolabilidad de la propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que las bancadas aliadas le desplumaron a Bullrich en las últimas semanas. De hecho, el borrador final aún no está cerrado y las críticas hacia La Libertad Avanza continúan por haber apurado, sin necesidad, un dictamen que pierde volumen ante cada respiración.

Las dudas persisten sobre la venta de tierra a extranjeros -peor, en zona de frontera- y las modificaciones a ley de Manejo de Fuego que impulsó Máximo Kirchner durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández. Lo que no debe permitir LLA el jueves es que se descontrole primero lo de Adorni -se esperan muchos discursos kirchneristas- y, luego de ello, que se complique más este proyecto.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció en las últimas horas que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, bloqueó el financiamiento de obras a través de créditos internacionales que la gestión de Axel Kicillof tiene comprometidos con distintos organismos, pero que para su ejecución, requiere del aval de la gestión de Javier Milei. El pedido va en consonancia con lo que vienen reclamando otras provincias, como Córdoba, Santa Fe y las del Norte, que ponen el foco en la coparticipación.

El lunes, el ministro de Infraestructura bonaerense y ex funcionario de esa área en la órbita nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, detalló los proyectos que esperan aprobación de Nación. Hay préstamos que vencen este año y, para su prórroga, deben tener el aval de Nación; obras que tienen la anuencia de organismos, pero también requieren el ok de Economía; y otras a través de créditos que vencerán en 2027 y deberán ser renovados. El conjunto de grandes obras de infraestructura hídrica y saneamiento previstas para la provincia de Buenos Aires representa una inversión que supera los 1.100 millones de dólares, según los montos estipulados para seis proyectos principales, sin contar el Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores.

Cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que atraviesa los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. Es una obra que, además, se ha metido en la discusión interna del peronismo y que tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, como una de las puntas de lanza y buscando financiamiento internacional.

De hecho, esta semana, Mendoza se encuentra en Marruecos en el marco del Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, donde explicará el impacto que tiene sobre los municipios la obra de la cuenca de los arroyos en cuestión. Alcanza 1 millón de habitantes, de los cuales 335.289 pertenecen al partido de Quilmes. La legisladora ha sostenido en diversos ámbitos que el plan incluye obras de gran escala como la canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Desde Quilmes plantean que “para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política”, y que en eso se encuentra la legisladora. Meses atrás, Mendoza viajó al Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, donde también buscó financiamiento para la obra.

Además de ese proyecto, entre las iniciativas por las que, según Buenos Aires, no hay autorización del gobierno nacional, aparecen la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, el acueducto Parque San Martín en La Plata, la ampliación de la capacidad del río Salado y la ejecución de intervenciones hidráulicas en distintos municipios, además de la nueva planta potabilizadora y las obras en la cuenca del río Luján. La concreción de estos proyectos depende de la aprobación y prórrogas de financiamiento internacionales que requieren el aval del Gobierno nacional. “Hay una situación que nos preocupa mucho y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno nacional para muchas de estas obras que necesitamos ejecutar. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispone de fondos del tesoro provincial, pero también de créditos internacionales, de créditos con organismos multilaterales. Esos créditos requieren, por ley, por protocolos internacionales y procedimientos internacionales, de avales por parte de la Nación. No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación, —que definitivamente ya después de casi tres años estamos seguros de que no vamos a contar con esos recursos—, pero sí necesitamos de avales que nos permitan poder ejecutar muchas de estas obras”, planteó Katopodis en las últimas horas.

“Es una situación que solo el Gobierno nacional aplica de manera excepcional, discriminatoria y arbitraria a la provincia de Buenos Aires”, planteó el funcionario del gobierno de Kicillof, puntualizando que el Gobierno Nacional aprobó créditos internacionales en distintas provincias para obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y productivo en 10 provincias, pero que Buenos Aires no entró en ese esquema que equivale a USD 1.973 millones.

Autorizaciones para financiamiento

Desde el gobierno bonaerense dejaron correr que entre 2024 y 2026, el gobierno nacional sí autorizó créditos internacionales en otras provincias excluyendo a Buenos Aires. Mediante decretos de garantía y contragarantía se habilita a distritos como Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones a comprometer avales estatales para obtener fondos destinados a infraestructura, desarrollo productivo y mejoras en servicios esenciales. Entre los proyectos destacados, Salta recibió autorización para el Programa de Desarrollo Productivo y Exportador, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de USD 50 millones. Entre Ríos fue habilitada para acceder a USD 40 millones a través del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En Jujuy, el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE II) obtuvo el aval nacional para gestionar USD 60 millones.

El gobierno nacional también concedió garantías para iniciativas interprovinciales, como el Acueducto Santa Fe–Córdoba, que cuenta con financiamiento del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD) por 375 millones de riyales saudíes. Neuquén fue autorizada para el Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, con un aporte de USD 100 millones, y Chaco recibió el aval para el proyecto vial sobre la Ruta Provincial N° 13, por USD 33,4 millones. En 2025 y 2026, el Ejecutivo nacional amplió las autorizaciones. Río Negro obtuvo el respaldo para dos programas: uno de desarrollo territorial por USD 140 millones y otro de emergencia y recuperación en El Bolsón por USD 5 millones. Mendoza fue habilitada para un plan de optimización de los servicios de agua potable, con USD 75 millones de FONPLATA.

Córdoba recibió el aval para la refuncionalización del sistema de agua potable de la capital provincial, también con financiamiento de CAF por 75 millones. Santa Fe accedió a recursos para el fortalecimiento de la actividad deportiva urbana y para la logística metropolitana del Gran Rosario, ambos por USD 75 y USD 150 millones respectivamente. Misiones obtuvo autorización para mejoras en infraestructura eléctrica por USD 75 millones, y Entre Ríos para el desarrollo agroalimentario, incluyendo un enfoque en la agricultura familiar y el sector apícola.

Mientras predomina en la CGT la idea de iniciar un plan de lucha contra el Gobierno basado en el “modelo francés”, que incluiría huelgas sectoriales y escalonadas, un grupo de sindicatos que lideran Gastronómicos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad presionarán por un paro de 36 horas durante el encuentro de este jueves del Consejo Directivo cegetista para evaluar nuevas medidas de fuerza.

La postura de los disidentes cegetistas será consensuada este martes por la tarde en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo, adonde concurrirán dirigentes enrolados en su sector y otros aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA), cuyo gremio, en realidad, ya no integra la conducción de la CGT.

En este bloque rechazan la idea de los paros “a la francesa” porque creen que la única forma de “frenar” a Javier Milei es logrando una paralización total de actividades en donde “no se mueva ni una mosca”, como dijo a Infobae un líder de un gremio de servicios.

Para este grupo sindical, la cúpula de la CGT está siendo “demasiado tolerante” con el gobierno de Javier Milei y deben tomarse medidas drásticas para que se rectifiquen las medidas oficiales: “Lo pudieron hacer en las universidades, así que hay otro camino que podemos seguir ”, señaló el gremialista consultado.

Además de las críticas por los salarios y el empleo, la alianza de Barrionuevo, Maturano y Fernández analizará la crítica situación actual de las obras sociales: “Están desfinanciadas y se sostienen con plata de los sindicatos”, señaló un barrionuevista, que anticipó que y se barajarán acciones para reclamar al Gobierno una urgente solución para el sistema sindical de salud.

Mientras, en el sector mayoritario de la CGT, de impronta dialoguista, apuestan a un esquema de protestas por sectores, con paros, asambleas, volanteadas y movilizaciones que se vayan alternando, hasta terminar en una gran medida de alcance nacional, pero entienden que hoy no hay condiciones para otro paro general.

Por eso, esta fracción terminó avalando la aplicación de un plan de lucha similar al que se instrumentó en Francia para protestar contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023.

Es la propuesta que venía haciendo desde hace meses el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, junto con el líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey: creen que hacer un solo paro general aislado y sin continuidad pierde eficacia.

El primer debate sobre el tema se dio el miércoles pasado durante un encuentro de los líderes de la CGT con dirigentes de confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la energía y la alimentación para empezar a discutir cómo seguirá el plan de lucha cegetista.

Allí, la postura más extrema fue llevar adelante un paro por tiempo indeterminado, que fue planteada por Maturano, aunque esa posibilidad no tuvo consenso entre sus pares. Sí, en cambio, hubo un acuerdo casi mayoritario en instrumentar una modalidad de protestas por sectores, que se vayan alternando en cada actividad y en su modalidad, con la idea incluso de sumar a otros sectores de la sociedad que están castigados por el actual programa económico.

En el encuentro, varios de los sindicalistas hicieron una cruda descripción de la crisis que atraviesan sus actividades y, a la vez, dieron un panorama pesimista sobre el efecto de las políticas de Milei en sus organizaciones. Por eso hubo dirigentes que hicieron discursos de carga dramática (“si tengo que morir, prefiero hacerlo con las botas puestas”, dijo uno de ellos) y hasta un jefe cegetista que puntualizó que “es hora de debatir protestas concretas” contra Milei y concluyó: “Si hay que ir en cana, iremos en cana”.

El debate de este jueves en el Consejo Directivo de la CGT, que tendrá lugar en la sede de Azopardo 802, se dará en medio de las presiones de varios gremios por un paro de 36 horas y de una suerte de contraofensiva de la cúpula cegetista, que exigirá que los secretarios generales de los sindicatos vayan a las reuniones de la central obrera y no deleguen su presencia en dirigentes de segunda o tercera línea, como suele suceder hoy.

Esa exigencia obedece a que los máximos jefes de la CGT se quejan de que muchos sindicatos siempre exigen paros generales, pero no logran que sus propios afiliados adhieran a ese tipo de medidas de fuerza o no disponen huelgas en sus propias organizaciones: apuntan justamente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), La Fraternidad y Gastronómicos, entre otras.

Fuera de esos cuestionamientos hay dirigentes como Sergio Romero (UDA), secretario de Políticas Educativas de la CGT, que es el único que puso en marcha conversaciones con otros gremios de la actividad con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol, en reclamo de una mejora en el salario mínimo del sector, que desde hace un año está congelado en 500 mil pesos.

El triunvirato de la CGT, conformado por Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), sintoniza con el ala dialoguista que integran líderes como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Hugo Moyano (Camioneros) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Los miembros de esta fracción están convencidos de que no tendrá apoyo interno la propuesta del paro de 36 horas y que, en cambio, se terminará aprobando el esquema de protestas “a la francesa”. Aun así, queda claro que la CGT sigue estando dividida, una de las tradiciones más afianzadas del sindicalismo local.