La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.

“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.

El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.

También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.

El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.

Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.

El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.

Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.

El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.

La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.

Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.

Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.

Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.

“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.

La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.

Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.

Los datos de la economía preocupan en la Casa Rosada, pero el oficialismo está convencido de que un escenario de crispación social no es hoy un potencial peligro. En medio de las especulaciones sobre la continuidad de Luis Caputo —que en Economía niegan a rajatabla—, en el mileismo se esmeran en mostrar tranquilidad y generar expectativas.

Le bajan el precio al impacto de los temas sociales sensibles que la oposición tomó como emblemas contra el Gobierno—. Esto a pesar de esos ejes sensibles sacuden la agenda desde la semana pasada. Las protestas por el incumplimiento del fallo sobre los fondos para las universidades o el recorte para discapacidad en el Presupuesto del año que viene coparon los canales de TV y probablemente ocupen las primeras planas la semana que viene con la marcha federal universitaria.

Con todo, no creen que esos temas, por más tangibles y cercanos que sean, puedan influir en la inclinación hacia el Gobierno ni volcar a la masa de indecisos hacia la fragmentada oposición. Están convencidos de que Milei aún puede generar expectativa. Si bien admiten que la paciencia podría acabarse por el famoso “metro cuadrado”, por ahora ven un escenario estable.

No todo es negación. Aunque defienden a muerte el modelo económico, les preocupan los efectos de la caída de la actividad y admiten que está muy complicado el Conurbano. “Antes todos teníamos un amigo que se iba del país o mandaba a sus hijos afuera. Hoy todos tenemos un conocido que cerró el negocio o se quedó sin trabajo”, dijo un referente violeta.

Aun así, no ven un escenario de crispación social. Creen que los intendentes no tienen el poder de fuego para organizar revueltas y que el terreno no está fértil para incidentes espontáneos. Un armador libertario que conoce y recorre el conurbano analizó: “La gente sale a la calle a romper todo cuando no tiene para darle de comer a los hijos. Hoy no estamos en esa situación”, dijo.

El Gobierno se ocupa de mantener actualizadas las partidas para asistencia social que canaliza Capital Humano. “Los endeudados no se endeudan para comer”, dicen, muy por lo bajo. Saben que es políticamente incorrecto, pero aseguran con confianza: “Las importaciones suben, Temu y Shein están a full. La gente en los barrios tiene ropa nueva gracias a este Gobierno. Parece un dato menor, pero la gente lo valora”.

Pero no dejan de deslizar una autocrítica. “Hace falta el látigo, pero también de vez en cuando una caricia. Y hoy todos quieren imitar a Milei”, dijo un estratega en relación con el modo agresivo que muestran los (pocos) ministros o referentes violetas que hablan.

Por último, confían en la capacidad del Presidente para generar conversación sobre sí mismo y “no aburrir”. Un atributo que podría considerarse clave solo en campaña, pero que los libertarios creen crucial también para perdurar con buena imagen durante la administración. “Milei no es estático, es entretenimiento”, dijo un hombre del círculo presidencial, consultado por la caída de todos los oficialismos en la última decena de elecciones en otros países. “De Lula se aburrieron. De Petro se aburrieron. De Javier no se van a aburrir”, sumó.

En esa lógica, mientras amplios sectores del país viven la actualidad laboral, de ingresos y de vivienda como una crisis, el Presidente publicó un spot de “Milei Media” con el anuncio del lanzamiento de un video del recital que brindó en el verano, pero “remasterizado”. Un trabajo del funcionario Santiago Oría, realizador audiovisual de la Presidencia, muy cercano a Karina Milei, que navega a diario las aguas de las redes sociales.

Milei lanzará el video el 13 de este mes. Lo que aún no pudo concretar es la convocatoria a un nuevo recital, que prometió hace algo más de un mes para festejar el 0,8% de inflación mayorista de julio. Los guarismos no se lo permitieron.. Y es posible que los datos de septiembre —que se conocen la semana próxima— registren un Índice de Precios al Consumidor con una suba que, si bien sería mínima, contradice la narrativa oficial.

De todas formas, en Balcarce 50 creen en el modelo de Luis Caputo y aseguran que el IPC más temprano que tarde volverá a bajar. “El dólar está estable. La gente se está yendo de viaje. El dólar está barato. Podés proyectar”, dijeron en el Gobierno.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires elevó en las últimas semanas una serie de pedidos al Poder Ejecutivo y a la Legislatura para ampliar la estructura judicial, crear 40 cargos de magistrados suplentes, reorganizar las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo y cubrir puestos que ya fueron creados por ley, pero aún no funcionan. Las iniciativas se suman a la presentación realizada para impulsar la autarquía económico-financiera del Poder Judicial y al reclamo previo para completar las cuatro vacantes del máximo tribunal, que hoy cuenta con solo tres de sus siete miembros.

Los planteos, admiten en el Poder Judicial, revelan una agenda institucional que excede el funcionamiento interno de la Corte. El tribunal busca que el Ejecutivo y las dos cámaras legislativas -el Senado y la Cámara de Diputados- intervengan en decisiones vinculadas con el presupuesto, la designación de jueces, la creación de órganos y la distribución territorial de competencias. En todos los casos, la Corte sostiene que las medidas son necesarias para atender el aumento de expedientes, las vacancias y las modificaciones del mapa judicial bonaerense.

El presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, el vicepresidente Daniel Fernando Soria y la jueza Hilda Kogan firmaron las resoluciones que impulsan las reformas. Son los únicos integrantes actuales del cuerpo, luego de que quedaran sin cubrir cuatro cargos.

El pedido para cubrir las vacantes del máximo tribunal de Justicia no es nuevo. La Corte ya había llevado esa preocupación a un acto institucional realizado el 28 de abril. Allí reclamó al Poder Ejecutivo y al Senado bonaerense que avanzaran con las designaciones necesarias para devolverle al tribunal su composición de siete integrantes. También presentó su proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial.

La cobertura de las vacantes parte de un acuerdo político. Un entendimiento que aún no asoma. En los seis años que lleva Kicillof al frente de su gestión no se han girado postulantes para el máximo tribunal. La última designación fue la de Torres durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Los distintos espacios políticos esperan que el Ejecutivo abra esa instancia de negociación, que invariablemente también está atravesada por la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Cuando presentó el proyecto de ley de Autarquía Judicial, Torres sostuvo que la independencia judicial requiere autonomía financiera. La Corte argumentó que el actual esquema presupuestario condiciona la administración de recursos destinados a salarios, infraestructura, tecnología y funcionamiento de los tribunales.

En abril, la Corte exhortó formalmente al gobernador y al Senado a iniciar el proceso de designación. La Constitución bonaerense establece la intervención del Ejecutivo en la propuesta de candidatos y del Senado en la prestación del acuerdo. El reclamo no se limitó a una cuestión de representación institucional. Según expuso el máximo tribunal, la actividad asignada a siete ministros recae sobre tres.

Luego hubo reuniones de Torres con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, y con la vicegobernadora y también titular del Senado, Verónica Magario, para avanzar con el tema. De momento no hubo mayores novedades.

Los últimos pedidos

Fueron tres las resoluciones que los integrantes de la Corte elevaron días atrás. La Resolución 2917/26 que pide la creación de más de 60 órganos judiciales en los fueros Penal, Civil y Comercial, de Familia, Contencioso Administrativo y Laboral.

La Corte pidió, entre otras medidas, la creación de 12 Juzgados de Garantías en Junín, La Plata, Cañuelas, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Malvinas Argentinas y San Pedro. También reclamó dos Juzgados en lo Correccional y dos Tribunales en lo Criminal para La Plata, además de un órgano de cada tipo para Junín.

El documento incluye Juzgados de Ejecución en La Matanza, La Plata y Quilmes, junto con una nueva sala para la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes y el reiterado pedido de otra sala para La Matanza.

En el fuero Civil y Comercial, la Corte propuso una sala adicional para la Cámara de Apelación de San Isidro, un Juzgado en La Matanza y dos Juzgados en Malvinas Argentinas, con competencia sobre ese distrito, San Miguel y José C. Paz.

Una parte importante del requerimiento se concentra en el fuero de Familia. La resolución propone tres juzgados en La Plata, dos en Merlo, cinco en Moreno-General Rodríguez, uno en Pergamino, Quilmes, Florencio Varela y Pilar, dos en Zárate-Campana y tres en Escobar. A ese listado se agregan órganos en Coronel Rosales, Ezeiza, San Pedro y Chivilcoy, a partir del incremento de causas familiares que tramitan ante Juzgados de Paz.

El tribunal también solicitó cuatro juzgados en lo contencioso administrativo: dos para La Plata y uno para cada una de las jurisdicciones de La Matanza y Quilmes. En el fuero Laboral, pidió 12 nuevos tribunales distribuidos en La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, San Martín y San Nicolás.

La resolución aclara que las nuevas dependencias deben contar con partidas presupuestarias, personal e infraestructura. La Corte advirtió que la creación de organismos sin edificios adecuados ni plantas funcionales podría profundizar la sobrecarga de las sedes existentes y la dispersión de oficinas en inmuebles alquilados o adquiridos en diferentes zonas urbanas.