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Economia

El oficialismo aspira a convertir en ley el proyecto de movilidad jubilatoria

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El oficialismo de la Cámara de Diputados aspira a convertir en ley el martes, con el respaldo de bloques provinciales, el proyecto de movilidad previsional, por el cual las jubilaciones se ajustarán en forma trimestral con una fórmula que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial.

El proyecto, que ya tiene sanción del Senado, será debatido el martes -a partir de las 11- en una sesión especial, la última del año, que se realizará bajo la movilidad presencial con las excepciones de conexión remota para aquellos diputados que integran grupos de riesgo, ya sea por cuestiones de edad o de salud.

La iniciativa recibió dictamen el miércoles pasado en el marco de un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, que preside Marcelo Casaretto; y de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller; ambos del Frente de Todos.

El plenario de comisiones avaló el texto por el cual las jubilaciones se ajustarán con una fórmula que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el Indec y por el Ministerio de Trabajo, en base a al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

La fórmula, que surgió de una propuesta elaborada en base al trabajo de una comisión mixta que el Poder Ejecutivo envió al Senado, comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

El nuevo índice está basado en la fórmula aplicada desde 2009 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que luego el expresidente Mauricio Macri dejó sin efecto y estableció su propio esquema jubilatorio que, según los análisis, perjudicó los haberes del sector pasivo.

En su paso por el Senado y a sugerencia del Frente de Todos, se le introdujeron cambios sustanciales para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.

El proyecto original establecía que los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses.
Esa modificación fue adoptada para “empalmar” los meses de “enero, febrero y marzo”, que estaban “afuera” de la actualización, porque la fórmula del anterior Gobierno de Mauricio Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018.

El oficialismo se aseguró la sanción del proyecto en el recinto, luego de que el Frente de Todos logró el respaldo de los diputados de Córdoba Federal, Pablo Cassineiro, del Frente Misionero de la Concordia Diego Sartori, y de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón.

El respaldo de los bloques provinciales es esencial para la bancada del oficialismo -conducida por Máximo Kirchner- ya que tiene 117 votos y requiere del apoyo de otros bloques para construir una mayoría.

De esta manera, el apoyo de seis diputados del Interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo y cuatro de Córdoba Federal, ya le garantiza al oficialismo un piso de 127 votos para poder para convertir en ley el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional.

Fuentes del Frente de Todos confían en que también votarán a favor los dos diputados del bloque peronista que integran el interbloque Federal, dos de Acción Federal y uno del Movimiento Popular Neuquino.

En tanto, Juntos por el Cambio, Consenso Federal, y la izquierda objetaron que no se incluya a la inflación en la fórmula de ajuste a las jubilaciones propuesta por el Gobierno Nacional, con lo cual adelantaron su rechazo al texto.

La iniciativa que modifica la Ley de Movilidad Jubilatoria, establece cuatro aumentos anuales para el sector (uno cada tres meses), con un índice basado en la suba de la recaudación de la Anses y los ajustes salariales.

En la sesión del martes, los diputados buscarán aprobar además el proyecto que autoriza al Presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 2021 y el que aprueba el acuerdo entre Argentina y Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de la renta y patrimonio.

(Télam)

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Semipeatonal Belgrano-Donado: la Municipalidad rescindió el contrato

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El Ejecutivo bahiense decidió rescindir el contrato con la empresa Consar para la semipeatonalización del eje Belgrano-Donado, entre San Martín y Brown.

Mediante un decreto, publicado en el portal de Gobierno Abierto, se comunicó que los trabajos no avanzan conforme lo previsto por el contrato y por lo tanto se da por finalizado el convenio “por exclusiva culpa y responsabilidad del Contratista” Consar Constructora Argentina SRL.

Hace dos meses el titular de Obras Públicas, Gustavo Trankels, había cuestionado la ejecución de la esta obra en el marco de la polémica por la acumulación de agua en otra semipeatonal, en ese caso la de Villa Mitre, otra tarea iniciada durante la gestión comunal anterior de Héctor Gay.

Ahora se llega a esta decisión con la firma Consar, por lo que el Municipio deberá comenzar los trámites para contratar a una nueva empresa que mejore y continúe la labor en esa zona clave del centro de Bahía Blanca.

La intervención del eje Belgrano-Donado comenzó el 23 de enero de 2023, tenía un plazo inicial de 6 meses y un presupuesto, en ese momento, de 280 millones de pesos. Los plazos no se cumplieron y, de hecho, la tarea permanece inconclusa.

 

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El gobierno ató el RIGI al proyecto de GNL

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Luego de ocho horas concluyó la sesión en la que Nicolás Posse, jefe de Gabinete de la Nación, presentó su primer informe de gestión. A lo largo de la jornada, el funcionario expuso sobre las proyecciones económicas que hace la presidencia de Javier Milei, aportando un dato significativo al mencionar que se espera que, a diciembre de 2024, la inflación interanual se ubique en un 139%, marcando así una desaceleración en los meses que restan del año.

Además, en un segmento que tiene especial interés para Bahía Blanca, el funcionario hizo una defensa cerrada del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que es considerado el capítulo fundamental de la Ley Bases que se discute en el Senado, al asegurar que son los propios inversores los que reclaman la seguridad jurídica que allí se promueve.

En ese sentido, puso como ejemplo un pedido que le atribuyó a la empresa multinacional Petronas, asociada con YPF, cuyo proyecto de instalar una planta de lucuefacción en Bahía Blanca se encuentra hoy en el ojo de la tormenta, a partir de la postulación de Río Negro como otro posible punto donde instalar el emprendimiento.

“Es la misma Petronas la que dice que sin RIGI no hay gas natural licuado”, aseguró.Posse señaló que “el volumen de exportaciones de hoy es igual al que teníamos 10 años atrás; si no tomamos medidas diferentes vamos a tener los mismos resultados”.“El RIGI además favorece una cantidad de inversiones mineras que también están frenadas” -advirtió-. Las inversiones están esperando seguridad jurídica en las regiones”.

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Susbielles recordó lo que no hay que olvidar: Bahía es la mejor opción para el megaproyecto de GNL

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El intendente de Bahía Blanca, con datos precisos, marcó las diferencias que existen entre el Puerto local y Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. Más allá de lo obvio, el abordaje se volvió necesario ante algunas consideraciones marginales que pretenden mostrar otras opciones, supuestamente superadoras a la de nuestra ciudad.

En virtud del debate actual sobre la locación para el emplazamiento del megaproyecto impulsado por YPF junto a la empresa Petronas, con miras a la exportación de gas natural licuado, Federico Susbielles señaló los elementos que posicionan al Puerto de Bahía Blanca como mejor opción para el proyecto.

En junio YPF probablemente definirá el lugar de radicación del megaproyecto de GNL que llevará adelante junto con la petrolera malaya Petronas, para explotar y exportar el gas que produce el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

El puerto de Bahía Blanca será la probable sede de esa inversión estimada en 50 mil millones de dólares para los próximos años, una vez que se construya una planta en tierra de procesamiento de ese gas. No obstante, en los últimos tiempos surgió un competidor: Punta Colorada, en la provincia de Río Negro.

Según sus palabras, “en términos de infraestructura, el Puerto contiene accesibilidad náutica, no existe requerimiento de obras de abrigo ni restricciones climáticas. Opera prácticamente todo los días del año, a diferencia de la alternativa rionegrina que operara entre un 30 y un 40 % menos”.

Además, el ex titular del CGPBB destacó que la implementación del proyecto en Bahía Blanca lo ubicaría además en una ciudad con una conectividad vial altamente superior: cuatro accesos cercanos por rutas nacionales y tres por rutas provinciales.

Por otra parte, el mandatario remarcó el perfil industrial de Bahía Blanca y expresó que “tiene la superficie necesaria, compatibilidad con los usos de suelo, distintas terminales y áreas con alta especialización en oil & gas, capacidad instalada y experiencia para agregar valor a los derivados del gas que surgirán de la separación”.

“Hay un plan en marcha”, agregó el intendente y señaló el trabajo conjunto que se viene realizando desde el Municipio con las universidades y el Puerto en el Plan Rector “que unifica criterios en función de estos proyectos, lo cual implica que la mano de obra local y regional esté disponible para cuando se operativicen”, aseguró a través de un comunicado.

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