En sintonía con un alineamiento político con la administración de Donald Trump, el gobierno de Javier Milei ratificó su cooperación bilateral con Estados Unidos en el área de energía nuclear.

Delegaciones de ambos países se reunieron en Washington a finales de febrero, donde valoraron el rol central del Organismo Internacional de Energía Atómica en la cooperación técnica y la promoción de aplicaciones responsables de la tecnología nuclear.

También coincidieron en sostener y perfeccionar el régimen global de no proliferación nuclear. El interés conjunto por nuevas tecnologías civiles, particularmente los reactores modulares pequeños, tuvo un lugar central en la agenda, según se informó, al tiempo que se reafirmó la asociación en el marco del Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños.

En el texto, además, se informó que las delegaciones identificaron el potencial de los reactores avanzados para el desarrollo económico y energético de sus respectivos países. El diálogo abordó acciones concretas como el intercambio de información técnica sobre regulación, licencias, supervisión, ciberseguridad y protección física, junto con controles de exportación y verificación internacional de salvaguardias.

A su vez, uno de los temas prioritarios fue la negociación de un nuevo acuerdo de cooperación sobre usos pacíficos de la energía nuclear, que reemplazará al actual convenio vigente hasta 2027. Ambas administraciones hicieron hincapié en la voluntad de acelerar las negociaciones para asegurar el marco jurídico necesario y dar continuidad a los proyectos conjuntos.

En septimebre del año pasado, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en unirse como “socio contribuyente” al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST), liderado por Estados Unidos, que apunta a promover el despliegue de esos dispositivos a escala regional y global.

FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado norteamericano, que encabeza Marco Rubio. Está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) y “busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”.

“Los Estados Unidos celebran la decisión de Argentina de convertirse en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al FIRST”, se indicó de manera oficial en aquel momento.

Y se agregó: “La Argentina se une a un distinguido grupo de socios contribuyentes, incluidos Japón, la República de Corea y Canadá, que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo”.

La 19º reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la Argentina y los Estados Unidos se celebró en Washington, entre el 25 y el 27 de febrero. Estuvo presidida por Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Argentina; y Gonzalo Suárez, subsecretario Adjunto de Política de No Proliferación de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La delegación argentina incluyó también a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., así como de la Embajada de la Argentina en Washington.

La delegación estadounidense incluyó a representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Energía (DOE), la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) y el Departamento de Comercio.

Por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el petróleo superó este viernes los US$90 por barril, un máximo desde agosto de 2023.

En este escenario, el presidente de YPF, Horacio Marín, buscó llevar calma frente al impacto que el conflicto en Medio Oriente tuvo en la cotización internacional del petróleo y aseguró que, por ahora, no se prevén cambios bruscos en el precio de los combustibles en la Argentina.

En diálogo con TN, el ejecutivo sostuvo que la petrolera aplica una política de precios basada en promedios móviles que evita trasladar de manera inmediata las subas o bajas del barril al surtidor. “No va a haber cimbronazos en los precios de las naftas”, afirmó, y remarcó que en escenarios de alta volatilidad “no hay que actuar con pánico”.

Marín explicó que la compañía no toma como referencia el precio diario del crudo, sino que utiliza un promedio que suaviza las fluctuaciones del mercado internacional. De esa manera, cuando se registran subas abruptas pero de corta duración, el impacto en el precio final de la nafta y el gasoil es limitado.

No obstante, advirtió que si el aumento del barril se sostiene en el tiempo, eventualmente podría reflejarse en el mercado local, aunque de manera gradual. “Si llega a pasar, será muy de a poco”, señaló.

Desde que comenzó la guerra, el petróleo reaccionó al alza y acumula más de 45% de alza desde principios de 2026.

Algunos analistas y bancos de inversión estiman que los precios del petróleo podrían llegar a alcanzar hasta los US$100 por barril, si continúa la escalada del conflicto bélico. A principios de abril de 2022, en los inicios de la guerra Rusia-Ucrania, el crudo llegó a costar 120 dólares.

Fuente: TN

La Confederación General del Trabajo (CGT) hizo una presentación formal ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral.

Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principio de 2024.

El planteo está firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera.

La presentación judicial llega luego de que el lunes pasado la CGT marchara a Tribunales y presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.

“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.

También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil.

En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.

La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.

Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Fuente: TN