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Advierten que renovar los colectivos no alcanza si las calles están en mal estado: “Todo está relacionado”

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Después de varios años de demoras, el proyecto para reorganizar el transporte público de Bahía Blanca comenzó a transitar su camino institucional. Para Cecilia Metlicich, integrante de la Comisión de Usuarios Testigos, la presentación representa un paso esperado desde hace tiempo, aunque advirtió que todavía falta conocer uno de los aspectos centrales de la iniciativa: el diseño de los nuevos recorridos.

“Es algo que está demorado desde 2018. Se fue prorrogando por distintas razones y, finalmente, llegó el día”, señaló, en diálogo con Panorama, por LU2.

La principal expectativa está puesta en la modificación de las trazas. Según explicó, el esquema actual presenta superposiciones entre distintas líneas, mientras que otros sectores de la ciudad carecen de cobertura o tienen que caminar entre 10 y 15 cuadras para acceder a un colectivo.

“Un solo pasajero no puede subir a dos o tres líneas al mismo tiempo. Esa superposición hace que se pierda kilometraje, mientras hay barrios que directamente no tienen servicio“, analizó.

Metlicich anticipó que la Comisión espera ser convocada para estudiar el expediente y participar de las discusiones. También consideró fundamental incorporar la opinión de los vecinos, ya que cualquier modificación de recorridos puede generar tanto beneficios como dificultades para los usuarios.

“Cuando se mueven las trazas, algunos sectores pueden quedar mejor conectados, pero otros quizás pierdan el colectivo que les pasaba a una o dos cuadras y tengan que caminar un poco más. Habrá que evaluar cómo se desarrolla esta nueva etapa”, sostuvo.

Las frecuencias, una deuda que dejó la pandemia

Más allá de los recorridos, la frecuencia de los colectivos aparece entre los problemas que la nueva concesión deberá atender. Metlicich señaló que el servicio nunca recuperó los niveles anteriores a la pandemia, especialmente durante la noche y los fines de semana.

“Perdimos el servicio nocturno. No lo prestaban todas las líneas, pero algunas circulaban y hoy eso ya no ocurre. Los fines de semana también tenemos esperas muy prolongadas”, indicó.

En ese contexto, valoró el funcionamiento del boleto combinado, una herramienta que la propia Comisión había impulsado años atrás y que permite realizar conexiones entre líneas. Sin embargo, advirtió que su utilidad queda condicionada por los tiempos de espera.

“Nosotros habíamos presentado un proyecto entre 2012 y 2013 y finalmente se hizo realidad hace un par de años. Funciona muy bien, pero si una persona tarda en esperar el primer colectivo y después tiene que esperar otro, el viaje se hace eterno, sobre todo los fines de semana”, explicó.

Por eso, consideró que una redistribución de las líneas podría mejorar las conexiones y reducir los tiempos de traslado.

Barrios nuevos y recorridos condicionados por las calles

La expansión urbana también plantea un desafío para el transporte. De acuerdo con Metlicich, numerosos barrios nuevos no tienen colectivos cerca y sus habitantes deben trasladarse hasta las rutas o avenidas principales para acceder al servicio.

Como ejemplo, mencionó la línea 521, que llega hasta el Conicet, pero no ingresa en los barrios ubicados a los costados de su recorrido. “Va por una traza principal, pero los barrios de alrededor quedan afuera. Los vecinos tienen que llegar hasta la ruta para poder tomar el colectivo”, describió.

A esa dificultad se suman las condiciones de algunas calles por las que circulan las unidades. La Comisión realiza relevamientos periódicos de los recorridos y presentó su último informe durante el año pasado.

En esas recorridas detectaron sectores donde fue necesario modificar las trazas para evitar arterias que no estaban en condiciones. Uno de los casos señalados es el de la línea 506: “Se me viene a la cabeza la esquina de Corrientes y Brandsen. Actualmente, la línea circula por Darwin”.

“Es una calle chiquita, que no está preparada para semejante tráfico… Tuvimos que observar situaciones en las que los recorridos debían alejarse o acercarse para esquivar alguna calle”, explicó.

Para la referente, la renovación de las unidades tampoco puede analizarse por separado del estado de la infraestructura vial. “Por más que el colectivo sea nuevo, si en su recorrido encuentra dos o tres pozos seguidos y eso se repite durante todo el trayecto, no va a durar mucho tiempo en buenas condiciones. Todo está relacionado”, advirtió.

El precio del boleto y los costos del sistema

Otro de los puntos que planteó la representante de los usuarios es el esquema de financiamiento del transporte. Desde la Comisión consideran que los subsidios distorsionaron el valor real del pasaje y que una distribución más eficiente de los kilómetros recorridos podría contribuir a aliviar los costos del sistema.

“Todo lo que no paga el usuario lo termina pagando el resto. Por eso también es importante que el kilometraje esté bien distribuido y que los colectivos puedan levantar pasajeros a lo largo de todo el recorrido”, concluyó Metlicich.

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El Gobierno aumentó un 2,2% las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso un incremento del 2,2% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, correspondiente a noviembre de 2026. La actualización alcanza a todas las prestaciones, sin distinción por tipo de servicio, y se calculó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

La medida fue establecida por una resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad y se enmarca en el sistema creado por la Ley 24.901, que regula las prestaciones destinadas a garantizar la atención integral de las personas con discapacidad.

La actualización se aplica sobre los valores que habían sido aprobados mediante la Resolución 1/2026, del 14 de octubre, cuando se había dispuesto un aumento del 1,9% para ese mes, también en función de la evolución de la inflación.

Por otra parte, la normativa ratificó el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica, en concepto de zona desfavorable.

Los nuevos valores fueron incorporados en un anexo de la resolución y comprenden al conjunto de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

El nomenclador incluye servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, centros de día, hogares, residencias, estimulación temprana y apoyos para la integración escolar. Los valores se dividen en las categorías A, B y C para parte de esas modalidades, mientras que otras prestaciones integran una categoría única.

Discapacidad: cuáles son los valores actualizados

El anexo de la resolución detalla los nuevos aranceles según categorías y modalidades. Entre los principales valores vigentes desde noviembre figuran:

  • Centro de Día con jornada doble: categoría A, $1.166.692,96. Categoría B, $979.967,23. Categoría C, $746.193,92.
  • Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: categoría A, $1.310.557,92. Categoría B, $1.100.312,05. Categoría C, $839.377,84.
  • Hogar permanente: categoría A, $2.194.516,03. Categoría B, $1.842.808. Categoría C, $1.465.570,71.
  • Estimulación temprana: $439.719,68.
  • Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.
  • Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
  • Transporte: $953,22 por kilómetro.
  • Alimentación: $5.223,37.

El anexo también actualiza los valores de formación laboral, escolaridad y residencias. Para la categoría A, la formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 y la escolaridad primaria con jornada doble en $1.228.995,40. En tanto, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 en esa categoría. Entre las prestaciones de rehabilitación, el valor de hospital de día con jornada doble asciende a $1.113.666,92.

Fuente: Agencia DIB

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“Evaluar fusiones y optimizar recursos”: el debate en los colegios privados sobre la caída de la matrícula

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Las estadísticas mundiales muestran una desaceleración demográfica y en Argentina estos datos aparecen como una realidad preocupante para quienes forman parte del sistema educativo. Para el año 2030, el país registrará una caída del 27% en la matrícula del nivel primario, lo que equivale a 1,2 millones de alumnos menos en comparación con los niveles de 2023. Solo en la provincia de Buenos Aires, como informó en su momento Agencia DIB, la matrícula inicial prevé una caída de 100.000 alumnos entre 2024 y 2027. Este escenario fue discutido en el último Congreso Nacional de Educación organizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que reunió a más de 400 representantes de colegios privados de todo el país.

“Frente a esta realidad es necesario repensar los desafíos. Las instituciones privadas deben adaptarse, generar alianzas, evaluar fusiones y optimizar recursos para evitar que la caída de la matrícula impacte negativamente en su funcionamiento y fortalecer a aquellas que logren atravesar este escenario”, destacó el presidente de AIEPA, Flavio Pinto.

Impactos “inevitables”

En las exposiciones quedó claro que la tendencia demográfica descendente permite visualizar un nuevo panorama en las aulas para los próximos años. “Hoy se sabe cuántos ingresantes a primer grado habrá en 2030 y cuántos en la secundaria de 2037, con lo que se pueden delinear los diferentes impactos en la educación pública y privada”, explicó el demógrafo Rafael Rofman, quien realizó un minucioso diagnóstico sobre la evolución de la población y su impacto en las matrículas escolares, y se refirió a proyecciones estratégicas para atravesar los nuevos escenarios.

“La caída de la natalidad no va a parar, aunque es probable que encuentre un equilibrio o se estabilice. Pero esta es la realidad y una gran oportunidad para reformular el sistema de formación docente, haciendo foco en la calidad y en los tiempos para administrar los impactos que son inevitables y no se pueden ignorar”, dijo Rofman.

Hasta el año 1700, la población mundial se duplicaba cada 1.600 años; entre 1700 y 1900, ese período se redujo a 140 años y, en el siglo XX, a 52 años. “En la actualidad estamos atravesando una desaceleración demográfica que en Argentina se presenta como una ‘transición no ortodoxa’, con bajas de mortalidad, disminución de la fecundidad, cambios culturales y tendencias que se mantienen a largo plazo”, graficó el especialista.

“Amenaza latente”

“Escuchamos un diagnóstico con cautela, impactados, pero entendiendo que ésta es la realidad y que también es un buen momento para tomar decisiones que nos permitan afrontar un contexto adverso”, señaló Martín Zurita, director ejecutivo de AIEPA.

“La caída de la natalidad, la baja en la matrícula y los aumentos en los costos fijos constituyen una amenaza latente para todo el sistema educativo y, en particular, para el ámbito privado, donde estas dificultades han empujado a muchas instituciones a cerrar sus puertas en los últimos años”, agregó.

Según Rofman, “ya podemos saber que en 2030 la escuela secundaria va a tener la mitad de alumnos que hoy. Lo sabemos a ciencia cierta y es algo que no va a cambiar porque esos chicos ya nacieron. Lo que hay que preguntarse, en lo que hay que trabajar, es en cómo tiene que ser esa escuela a la que van a ir esos chicos”.

Gran dilema

“La organización del congreso fue pensada en torno a este gran dilema de la educación privada. No nos queríamos quedar solamente con el diagnóstico, que ya conocemos y es inexorable. Venimos analizando desde hace tiempo las dificultades de matrícula en los jardines maternales y luego en los primeros grados de primaria, pero sabemos que el fenómeno va a alcanzar a todo el sistema, incluidos los niveles secundario y terciario. Por eso estamos obligados a trabajar en una transformación que contemple los costos, la adaptación tecnológica y los cambios en los equipos pedagógicos, entre otros aspectos”, aseguró por su parte Zurita.

El dirigente se refirió, además, a la necesidad de avanzar en una legislación acorde con este escenario de transformación y planteó, por ejemplo: “¿Sigue teniendo lógica imponer un mínimo de 20 alumnos por grado para sostener una subvención del Estado, cuando estamos frente a un fenómeno demográfico mucho más amplio?”.

Ante esta proyección, Rofman concluyó que los colegios privados deben “reaccionar con anticipación, trabajando en varias acciones, como pensar junto a otros establecimientos desde la colaboración y no la competencia; evaluar fusiones o acercamientos estratégicos para compartir costos e infraestructura; rediseñar propuestas con nuevas ofertas educativas, como educación de adultos y formación continua, e incorporar nuevas capacitaciones, entre otras alternativas”.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje como “una provocación”

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Luego de que la princesa Ana arribara a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, el Gobierno nacional repudió las actividades oficiales de la hermana del rey Carlos III al sostener que se desarrollaron bajo la ocupación ilegal. Además, por medio de un comunicado, solicitaron que se vuelva a abrir el canal de diálogo por el reclamo soberano con el Reino Unido.

“Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, dijo la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno.

Ante estas circunstancias, las autoridades argentinas remarcaron que solicitaron un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, también pidieron medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El comunicado de la Cancillería argentina donde se rechazaron las actividades oficiales de la princesa Ana del Reino Unido en las islas Malvinas y Georgias del Sur (X: @Cancilleria_Ar)

En su pronunciamiento, la Cancillería reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las islas. El pedido se apoyó en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de otros pronunciamientos del organismo y de su Comité Especial de Descolonización.

“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvieron en el comunicado. Asimismo, el Gobierno argentino ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la República Argentina.

La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre, junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, según confirmaron las autoridades británicas que encabezan la ocupación del archipiélago. Está previsto que los integrantes de la Casa Real Británica abandonen el territorio el próximo viernes 20.

Además de haber participado en la inauguración de obras, la hermana del rey Carlos III rindió homenaje a las tropas británicas. También recorrió los monumentos de guerra que yacen en la zona del Puerto Argentino.

No se trata de la primera vez que la integrante de la Familia Real británica se presenta en las Islas Malvinas, debido a que en noviembre de 2022 también viajó en compañía de su esposo para cumplir funciones oficiales en representación del monarca.

En esa oportunidad, el Palacio de Buckingham informó que visitó la base de Mount Pleasant de las Fuerzas Británicas y recorrió diversos lugares, donde depositó ofrendas florales para conmemorar el 40 aniversario de la guerra ocurrida en 1982.

La princesa Ana aterrizó en las Islas un día antes de que Argentina lleve formalmente el caso de Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho Marítimo (TIDM). Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante un tribunal integrado por 21 jueces. Fue la primera vez que la Argentina y el Reino Unido debatieron ante una instancia internacional por los recursos marítimos situados alrededor de las islas.

En esa instancia, la delegación argentina planteó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible antes de que quede conformado el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por este motivo, presentaron cuatro medidas provisionales. La principal buscaría detener nuevas perforaciones, tareas de explotación e infraestructura vinculada con Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas.

También solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, que no utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que cese las acciones que, según Buenos Aires, le impiden cumplir con sus obligaciones de protección ambiental.

La Argentina también llevó al tribunal el posible impacto de un derrame. El plan de contingencia de la empresa operadora contempla una probabilidad del 30% de que un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

Por este motivo, argumentaron que, ante una emergencia ambiental, la respuesta operativa recaería principalmente en la Argentina por su cercanía geográfica con el área de explotación, mientras que el Reino Unido se encuentra a más de 12.700 kilómetros.

Frente a esto, la defensa británica objetó que el pedido argentino encubre una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y que, por lo tanto, el TIDM no tendría competencia para intervenir.

La representación argentina rechazó esa interpretación y afirmó que el expediente no pretende resolver la disputa territorial. Su argumento se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia e instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta.

Durante la audiencia, la fiscal general británica Ellie Reeves mencionó un discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para cuestionar el interés argentino en una salida negociada. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado por la Argentina, respondió que el mandatario también había ratificado la vía pacífica y el marco del derecho internacional.

La delegación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, e integrada, entre otros, por el embajador Mario Oyarzábal y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver.

Ahora, la Argentina espera para el 28 de noviembre la decisión del TIDM sobre el pedido contra el proyecto petrolero.

El arbitraje ante el TIDM forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Ese esquema contempla iniciativas legislativas y causas penales contra los directivos de las compañías vinculadas a Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

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