En una postura que incomodará al Gobierno, Hugo Moyano pateó el tablero en materia salarial: reclamó a los empresarios una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad (sin acuerdos con vigencia más extensa, como hoy) y un tratamiento más adecuado de las sumas no remunerativas para evitar el continuo deterioro del salario real y el consecuente perjuicio de la vida de los trabajadores y el funcionamiento del gremio.

En una nota dirigida a las cámaras empresariales del sector, el líder del Sindicato de Camioneros planteó una demanda “urgente de revisión técnica, económica y paritaria de los mecanismos salariales” vigentes debido a “los efectos regresivos comprobables que generan sobre los ingresos reales de los trabajadores”.

Moyano cuestiona el esquema actual de revisión y aumentos salariales al destacar que consolida “una licuación salarial estructural, producto de la brecha temporal existente entre la dinámica inflacionaria y la actualización efectiva de los salarios”.

La firme postura del líder de Camioneros adquiere más relevancia porque en los primeros días de febrero comenzarán las negociaciones con los empresarios para acordar la paritaria 2026. Y, en los hechos, desafiará la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca acuerdos anuales y por debajo de la inflación prevista, y podría trabar la homologación por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En la nota a las cámaras, el sindicalista afirmó que, aunque existe una cláusula de revisión salarial que introduce una corrección posterior, “resulta insuficiente y técnicamente distorsiva, dado que se aplica con un desfasaje aproximado de 4 meses, período durante el cual se materializa una pérdida real sostenida del poder adquisitivo”.

El esquema actual de aumentos, según Moyano, “genera un beneficio económico directo para el sector empresario, a partir del ahorro en contribuciones patronales derivado del atraso salarial, el pago de sumas no remunerativas y el acatamiento a la pauta salarial fijada por el Gobierno, pero sin duda impacta negativamente en los ingresos de los trabajadores y en el funcionamiento de la organización sindical”.

Para el titular de Camioneros, esta situación “afecta el financiamiento, la estructura administrativa y la capacidad operativa” del sindicato que dirige.

Por otra parte, destacó que la asignación extraordinaria no remunerativa de $840.000 en cuatro cuotas, que se acordó en la última paritaria, constituye “un incremento salarial no remunerativo, transitorio y no consolidable”, que sólo incrementa los ingresos “entre un 5% y 10% según rama de actividad y categoría“.

Incluso este incremento, sostuvo, “se pierde de manera exponencial al culminar el pago (en abril), generando una caída inmediata del salario real que no es recompuesta por el nuevo acuerdo salarial, en tanto este último se limita a corregir parcialmente el salario previamente pisado por la pauta oficial y la inflación de meses anteriores, sin incorporar la pérdida producida por la finalización del bono”.

En la nota, además, el líder de Camioneros consideró que los índices de inflación oficiales “no reflejan las necesidades de los trabajadores, toda vez que para su medición se suman objetos suntuarios que lejos están de la verdadera canasta de los trabajadores, compuesta en su mayor parte por alimentos, servicios y transporte que han sufrido incrementos que están muy por arriba del promedio mensual de inflación”.

Por esto, agregó, “resulta evidente que el esquema vigente no garantiza la preservación del salario real, ni cumple con el objetivo de recomposición integral frente a la inflación, consolidando un modelo de actualización tardía que naturaliza la pérdida salarial, que estimamos en un 6 o 7 por ciento, y debilita el equilibrio propio de la negociación colectiva”.

Por eso Moyano advirtió que “será muy difícil llevar adelante una vez más un acuerdo por el plazo de 6 meses”, recomendando en cambio “acotar los plazos de revisión lo máximo previsto a fin de evitar la preservación (SIC) del salario real”.

Para finalizar, el titular del Sindicato de Camioneros juzgó “imprescindible prever los análisis expuestos para la próxima discusión salarial de marzo y enfocar la revisión de los mecanismos de actualización salarial y del tratamiento del bono extraordinario a fin de restablecer criterios de equidad, previsibilidad y sostenibilidad, evitando que continúe profundizándose el deterioro de los ingresos del sector”.

La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros hace cinco meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

En diciembre pasado, Moyano y las cámaras empresariales acordaron una suma fija de 35 mil pesos, que será cobrada con los sueldos de enero de 2026.

Mantener un mínimo equilibrio entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel es el lema con el que La Libertad Avanza apunta a encarar, el martes 24 de febrero, la sesión preparatoria para definir a las autoridades del Senado, con otros cargos que sí estarán en juego, en medio de un nuevo período extraordinario -desde el 2 del mes próximo- que servirá al oficialismo para sondear el movimiento de dialoguistas.

El encuentro en el recinto está fijado por el reglamento, más allá de una convocatoria no consumada, algo que no reviste urgencia alguna. En el primer artículo se señala: “El 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior, en caso que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

“Acto continuo, la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida, en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º”, reza el segundo.

En tanto, el tercero deja en claro que “en caso de no resultar mayoría, se votará por los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios; y en caso de empate, decidirá el presidente”.

Según confiaron fuentes del Gobierno y del Senado a Infobae, no existe ninguna intención de terminar de quebrar el orden en la “Casa”. Es decir, no sumar una nueva batalla a la guerra que mantiene el Ejecutivo con la Vicepresidenta, que sostiene estrategias política y comunicacional devaluadas y sin resultados a la vista, más que destellos ínfimos en redes sociales.

La tranquilidad vendría para lo que es el corazón de la Cámara alta. Primero, por la eventual confirmación del respetado por todos los bloques Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo, la caja del Senado.

Esta butaca se convirtió en un problema mayúsculo para Villarruel, tras la partida de la eficiente María Laura Izzo. Fue un crimen querer hacer bien las cosas. A partir de ahí, todo siguió en caída para aún libertaria, con una ensalada de desvío de funciones para suplir ese vacío. Largos meses después y, en medio de la feroz puja opositora contra Milei, logró ubicar a su “amigo” Emilio Viramonte Olmos. Duró unos días y se convirtió en un papelón mayúsculo. Con Fitzgerald, las olas se calmaron. También evitaron la llegada de un personaje fantasmal que deseaba jugar al poder.

El otro lugar clave, para suerte del Gobierno, funcionó casi como un reloj suizo. Por ese motivo es que Agustín Giustinian mantendría la secretaría parlamentaria, el alma legislativa de la Cámara alta. El ida y vuelta con las bancadas, amortiguar la presión opositora, definir estrategias y avisar con exactitud a la Casa Rosada los votos que hay -o no- para leyes son algunas de las acciones principales de un área sensible que está conformada por personas sin caras conocidas, pero más que trascendentales para una convivencia viable.

Javier y Karina Milei, junto a la jefa libertaria del Senado, Patricia Bullrich, tendrán que resolver una silla todavía más importante: la presidencia provisional. Es el segundo escalón en cuanto a sucesión del jefe de Estado. El primero es Villarruel.

En este sitial se encuentra el libertario puntano Bartolomé Abdala, que ni se inmutó ante el penoso “serrucho” que algunos compañeros recién aterrizados aplicaron contra él. Se direccionan hacia el sur del país. ¿Qué tiene para mostrar, pese a aciertos y errores? Fue uno de los pocos -con el exjefe de la bancada, el jujeño Ezequiel Atauche- que puso la cara en los peores momentos del año pasado, cuando las trompadas entraban por doquier.

Abdala surfeó épocas en las que, para diferenciarse de la Casa Rosada, Villarruel se retiraba del recinto para delegar las sesiones delicadas a él y Giustinian. Esto ocurrió hace casi nada, pero la ambición y el olvido corren más rápido que los sucesos concretos de los últimos meses.

La vicepresidencia del Senado le corresponde al peronismo. Sobre esto no existe objeción alguna, ya que es lo que le corresponde. Las dudas que quedan se enfocan en las vicepresidencias primera y segunda, hoy en manos del radicalismo y el peronismo disidente, respectivamente.

Otros cargos a ocupar son las prosecretarías parlamentaria y administrativa, y la prosecretaría de coordinación operativa. La última es de Manuel Ignacio Chavarría, quien fue designado autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

Este medio contó, el fin de semana pasado, que su nueva vida laboral no genera ningún tipo de inconveniente, en lo formal. Lo que sí consternó en el Congreso es que el funcionario, en vez de renunciar, solicitó una licencia “ad honorem”. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el Senado. Y chofer. Un disparate.

Luego de la victoria moderada que consiguió el Gobierno a fines del 2025 con la aprobación en el Congreso del Presupuesto y de la ley de Inocencia fiscal, el oficialismo concentrará todos sus esfuerzos en estas nuevas sesiones extraordinarias en obtener la sanción de la reforma laboral y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque ya piensa en los futuros movimientos legislativos con los que avanzará una vez que se logren esas primeras metas.

En este sentido, según pudo saber Infobae, las autoridades nacionales ya tienen en carpeta enviar en los próximos meses dos iniciativas que fueron impulsadas el año pasado, pero que no prosperaron en ese momento.

Se trata, por un lado, del nuevo Código Penal, el cual fue elaborado por una comisión especial de expertos en la materia convocada por el Poder Ejecutivo, y la baja de la edad de imputabilidad.

El primero de estos textos fue incluido incluso en el temario de extraordinarias de diciembre último, pero nunca se llegó a tratar por falta de consenso y porque la Casa Rosada prefirió priorizar las leyes que sí terminaron saliendo.

En tanto, la segunda de esas medidas había conseguido dictamen en la Cámara de Diputados en mayo del 2025, pero tampoco pudo pasar al recinto por la falta de apoyo por parte de la oposición.

En este caso, el proyecto planteaba bajar de 16 a 14 años la edad a partir de la cual se puede juzgar a un menor, aunque estableciendo una pena máxima de 15 años y solo para delitos graves.

La iniciativa en cuestión buscaba dar prioridad a las penas alternativas, como la aplicación de tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

En ese entonces, la propuesta obtuvo 77 firmas (necesitaba 73 como mínimo) de los diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre.

Sin embargo, para esa fecha el Gobierno todavía no había ganado las elecciones y seguía siendo una minoría en ambas Cámaras, donde la oposición trababa todos los intentos del Ejecutivo, por lo que no se votó.

Ahora el escenario es diferente y las autoridades nacionales piensan insistir con ambas medidas en un solo proyecto amplio que se enviará al Congreso cuando comiencen las sesiones ordinarias.

“Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, etcétera. Es decir, son un montón de herramientas para pensar qué hacer con un chico que delinque“, explicó uno de los autores de la propuesta.

De esta manera, la baja de la edad de imputabilidad estará incluida dentro del nuevo Código Penal, que no lo contemplaba originalmente, ya que la comisión que lo elaboró se enfocó en modernizar el régimen actual, incorporando algunos delitos nuevos y endureciendo las penas para otros existentes.

El grupo que se encargó de la redacción fue creado a principios del 2024 y estuvo integrado por figuras como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y el abogado Jorge Boumpadre, que lo encabezó.

La junta entregó una primera versión ese año que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

El texto definitivo fue presentado en diciembre último durante una conferencia de prensa del entonces flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la actual senadora Patricia Bullrich, que estaba dejando el Ministerio de Seguridad.

El proyecto, con el que ahora se va a insistir, contempla cambios importantes sobre algunos aspectos vinculados a la corrupción, el terrorismo y el endurecimiento de las sentencias.

Entre otros aspectos, la propuesta más reciente propone no solo mantener la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, sino también sumar otros delitos como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, financiación, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de material audiovisual de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, entre otros.

Asimismo, se conservan algunas leyes sancionadas en el último tiempo, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, aunque fue un tema que generó fuerte discusión dentro del Gobierno, por el momento se sostenían los agravantes cuando los delitos son cometidos en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual.

Entre los nuevos delitos que aparecen, está el de los motochorros, que se redactó de manera más clara para que no haya grises; la criminalidad ambiental, sumando la contaminación, y se perfeccionó la figura del financiamiento del terrorismo.

En la previa de Navidad, el presidente Javier Milei reunió a sus ministros en la Quinta de Olivos y les entregó a cada uno de ellos el libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista estadounidense Walter Block, en el que se abordan varias problemáticas sociales que, según el autor, no deberían ser castigadas penalmente, analizando temas como la prostitución, el narcotráfico y derecho al aborto, entre otros.

El escritor considera en esa obra que el Estado no debería prohibir actividades voluntarias que no impliquen agresión, incluso cuando generen incomodidad moral o rechazo social generalizado. El eje teórico se apoya en el principio de no agresión, una de las bases del libertarismo moderno.