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Política Nacional

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reperfilamiento de deuda

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Tras la aprobación de la emergencia alimentaria, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reperfilamiento de deuda que había sido anunciado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, semanas atrás, cuando anunció el paquete de medidas económicas para llevar tranquilidad a los mercados.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados, habilita al Ejecutivo a entablar una negociación con los acreedores y no incluye una reestructuración.

“Para despejar las exigencias financieras del período 2020-23, y que el mandatario que gane en las próximas elecciones pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin excesivos condicionantes financieros, este proyecto de ley busca proveer las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de plazos de deuda bajo jurisdicción local”, indicaron desde Hacienda en un comunicado.

El principal artículo del proyecto incorpora a estos bonos Cláusulas de Acción Colectiva, como tienen los de legislación extranjera, “que establecen que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie”.

Fuente: El Día

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Los motivos que esgrime el Gobierno para no haber votado en la ONU en contra de la violencia de género

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Javier Milei

En otra muestra de la posición geopolítica que la administración libertaria viene sosteniendo desde que asumió, el Gobierno se abstuvo nuevamente en una votación de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, quedando así alineado con los Estados Unidos y ratificando las críticas contra el organismo y su rol, al considerar que la resolución en cuestión buscaba “incorporar agendas ideológicas” detrás de “un título noble”.

A pesar de las críticas por parte de la oposición, en el Poder Ejecutivo defendieron esta decisión y remarcaron que el rechazo estuvo en el contenido del texto y no en el objetivo que declara perseguir.

La medida se aprobó en la Tercera Comisión de la Asamblea General con 175 votos a favor, mientras que la delegación argentina quedó en sintonía con la norteamericana y las de Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, que también se abstuvieron. Somalia fue el único que votó en contra.

“La Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto incluye, por supuesto, los femicidios. Nuestra abstención en esta votación no tiene absolutamente nada que ver con ese compromiso, que es claro e innegociable”, aseguró a Infobae una fuente de la Cancillería consultada sobre los motivos de la decisión.

En el Palacio San Martín remarcaron que la diferencia no pasa por el título de la resolución, “ni en el objetivo que dice perseguir“, sino en que el documento, a su entender, “incorpora conceptos ideológicos controvertidos y sesgados que desvían la atención de los problemas concretos de violencia que enfrentan” esos grupos sociales.

En este mismo sentido, en Balcarce 50 insisten en que “muchas veces, detrás de títulos nobles, se incorporan agendas ideológicas“, por lo que se debe “analizar el contenido de cada resolución, más allá de su nombre”.

“Del mismo modo que cuando se vota una ley se examina artículo por artículo y se evalúan las obligaciones que genera, en el ámbito internacional debemos hacer exactamente lo mismo”, explicaron.

La resolución, impulsada por un grupo de países europeos, insta a los Estados a reforzar sus políticas para prevenir la violencia de género, incluida la que ocurre en entornos digitales, y menciona garantías vinculadas con los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva. Esos pasajes fueron, según el Gobierno, los que motivaron la decisión de no acompañar el texto.

“La Argentina considera que las resoluciones deben concentrarse en los problemas reales y en las soluciones concretas. Lo importante es prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar justicia. No alcanza con aprobar declaraciones que incorporan conceptos controvertidos sin resolver los problemas de fondo”, plantearon a este medio.

A esa objeción le sumaron una lectura sobre el enfoque general del texto, porque entienden que contiene “muchísimas referencias al género y muy pocas a la mujer“.

“Se termina imponiendo una mirada ideológica por encima de la realidad de las personas, de los Estados, de sus legislaciones y de las políticas públicas que cada país lleva adelante”, señaló la fuente consultada.

En Balcarce 50 negaron, además, que la decisión no responde a una preocupación por la imagen internacional del país, porque no se hizo para cumplir con “las expectativas del establishment multilateral“.

“La posición responde a una evaluación del contenido de las resoluciones y de su capacidad real para atender los problemas de las mujeres. No vamos a acompañar textos simplemente para quedar bien en los organismos internacionales”, remarcaron.

En esta línea, en el Gobierno insistieron con que “las resoluciones de esta naturaleza no garantizan por sí mismas una reducción de los femicidios ni de las muertes maternas“, sino que “lo que produce resultados son las políticas públicas concretas”.

“De hecho, las políticas implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei han permitido, según los datos que manejamos, alcanzar el índice de femicidios más bajo en bastante tiempo”, argumentaron.

En septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario cuestionó que el organismo hubiera dejado de concentrarse en su función de mediar entre los Estados y garantizar la paz y remarcó que “no faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias”.

Además, criticó lo que definió como una expansión de las atribuciones de la ONU sobre asuntos que, a su criterio, deberían resolver los países, por lo que lo calificó como “un leviatán burocrático” dedicado a decidir “cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”.

La decisión que tomó el país en la votación de este martes fue similar a lo ocurrido en noviembre de 2024, aunque en aquella oportunidad directamente rechazó una resolución sobre prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, centrada en el entorno digital.

Esa vez, el texto fue aprobado por 170 países y 13 se abstuvieron, mientras que la delegación argentina quedó aislada incluso de Estados Unidos e Israel, que sí acompañaron la iniciativa.

De hecho, en la Casa Rosada destacaron el cambio de criterio y remarcaron que en esta oportunidad “no se votó en contra ni bloqueó la resolución”, ya que solamente se dejó expresada la opinión de la administración libertaria “frente a los conceptos incorporados”, pero “sin obstaculizar su tratamiento”, lo que consideran ”una diferencia fundamental.

“Nuestra posición es categórica en lo siguiente: estamos en contra de cualquier tipo y forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Precisamente por eso creemos que esta causa debe abordarse con seriedad, sin subordinarla a agendas ideológicas y con medidas concretas que protejan efectivamente a las víctimas”, concluyen.

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El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje como “una provocación”

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Luego de que la princesa Ana arribara a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, el Gobierno nacional repudió las actividades oficiales de la hermana del rey Carlos III al sostener que se desarrollaron bajo la ocupación ilegal. Además, por medio de un comunicado, solicitaron que se vuelva a abrir el canal de diálogo por el reclamo soberano con el Reino Unido.

“Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, dijo la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno.

Ante estas circunstancias, las autoridades argentinas remarcaron que solicitaron un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, también pidieron medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El comunicado de la Cancillería argentina donde se rechazaron las actividades oficiales de la princesa Ana del Reino Unido en las islas Malvinas y Georgias del Sur (X: @Cancilleria_Ar)

En su pronunciamiento, la Cancillería reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las islas. El pedido se apoyó en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de otros pronunciamientos del organismo y de su Comité Especial de Descolonización.

“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvieron en el comunicado. Asimismo, el Gobierno argentino ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la República Argentina.

La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre, junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, según confirmaron las autoridades británicas que encabezan la ocupación del archipiélago. Está previsto que los integrantes de la Casa Real Británica abandonen el territorio el próximo viernes 20.

Además de haber participado en la inauguración de obras, la hermana del rey Carlos III rindió homenaje a las tropas británicas. También recorrió los monumentos de guerra que yacen en la zona del Puerto Argentino.

No se trata de la primera vez que la integrante de la Familia Real británica se presenta en las Islas Malvinas, debido a que en noviembre de 2022 también viajó en compañía de su esposo para cumplir funciones oficiales en representación del monarca.

En esa oportunidad, el Palacio de Buckingham informó que visitó la base de Mount Pleasant de las Fuerzas Británicas y recorrió diversos lugares, donde depositó ofrendas florales para conmemorar el 40 aniversario de la guerra ocurrida en 1982.

La princesa Ana aterrizó en las Islas un día antes de que Argentina lleve formalmente el caso de Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho Marítimo (TIDM). Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante un tribunal integrado por 21 jueces. Fue la primera vez que la Argentina y el Reino Unido debatieron ante una instancia internacional por los recursos marítimos situados alrededor de las islas.

En esa instancia, la delegación argentina planteó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible antes de que quede conformado el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por este motivo, presentaron cuatro medidas provisionales. La principal buscaría detener nuevas perforaciones, tareas de explotación e infraestructura vinculada con Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas.

También solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, que no utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que cese las acciones que, según Buenos Aires, le impiden cumplir con sus obligaciones de protección ambiental.

La Argentina también llevó al tribunal el posible impacto de un derrame. El plan de contingencia de la empresa operadora contempla una probabilidad del 30% de que un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

Por este motivo, argumentaron que, ante una emergencia ambiental, la respuesta operativa recaería principalmente en la Argentina por su cercanía geográfica con el área de explotación, mientras que el Reino Unido se encuentra a más de 12.700 kilómetros.

Frente a esto, la defensa británica objetó que el pedido argentino encubre una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y que, por lo tanto, el TIDM no tendría competencia para intervenir.

La representación argentina rechazó esa interpretación y afirmó que el expediente no pretende resolver la disputa territorial. Su argumento se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia e instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta.

Durante la audiencia, la fiscal general británica Ellie Reeves mencionó un discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para cuestionar el interés argentino en una salida negociada. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado por la Argentina, respondió que el mandatario también había ratificado la vía pacífica y el marco del derecho internacional.

La delegación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, e integrada, entre otros, por el embajador Mario Oyarzábal y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver.

Ahora, la Argentina espera para el 28 de noviembre la decisión del TIDM sobre el pedido contra el proyecto petrolero.

El arbitraje ante el TIDM forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Ese esquema contempla iniciativas legislativas y causas penales contra los directivos de las compañías vinculadas a Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

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Argentina y Chile buscan bajar la tensión por el carguero que unirá Punta Arenas con Malvinas en diciembre

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Mientras el carguero Danstar ya se alista en los astilleros de ASMAR Magallanes en Punta Arenas para transportar el próximo 17 de diciembre frutas, verduras, alimentos perecederos, vinos, gas licuado y materiales de construcción hacia las Malvinas, Argentina y Chile buscaron en las últimas horas bajar la tensión en torno a la reapertura de esa ruta comercial. Desde Buenos Aires, y según supo Infobae, instaron a “no generar una controversia donde no existe”, sobre todo a raíz de la especulación sobre una eventual asistencia del buque a las empresas que desarrollan el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de la Isla.

Desde la Cancillería, que conduce Pablo Quirno, destacaron que los dos países “mantienen una excelente relación bilateral” y que “cuentan con normativas que contemplan este tipo de situaciones”. Por su lado, el vocero oficial del gobierno chileno, Gonzalo Arenas, confirmó que ambas cancillerías mantienen comunicación fluida y coinciden en tratar el asunto “con la mayor normalidad posible”. “No estamos por exacerbar dificultades u odiosidades o supuestos encuentros que pudiesen dañar la relación bilateral”, planteó en conferencia de prensa. Y remarcó la necesidad de bajar el “tono belicoso que por momentos uno ve en ambos países”.

El funcionario de José Antonio Kast se refirió, además, al núcleo de la discusión jurídica y política en ambos costados de la Cordillera de los Andes: el pedido de autorización para que buque pueda transitar rumbo a Malvinas a través de aguas argentinas. Según Arenas, la obligación de solicitar autorización no corresponde al Estado sino a la embarcación. “Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”, sostuvo.

Infobae se comunicó con las autoridades de la naviera Easter Island Logistics, a cargo de la operatoria comercial de un negocio estimado en 20 millones de dólares anuales, para saber si efectivamente iban a cumplir con ese pedido de autorización. Se excusaron de responder.

Este punto fue epicentro de la discusión la semana pasada, cuando los cancilleres de ambos países tuvieron declaraciones cruzadas. Quirno exigió -en declaraciones televisivas- que el Danstar solicite autorización para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas, en virtud de un decreto vigente desde 2010 que impone esa condición a toda embarcación con destino a las islas. Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, rechazó esa exigencia e invocó el derecho de paso inocente reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). “Los países no piden permiso”, sentenció.

El Danstar en preparación

El carguero de 72 metros de eslora llegó este lunes a la capital de la Región de Magallanes, donde permanecerá unas tres semanas en los astilleros de ASMAR Magallanes —con trabajos presupuestados entre USD 300.000 y USD 400.000, según estimaciones privadas— antes de zarpar hacia Puerto Argentino.

La iniciativa es promovida por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) del gobierno ilegal de las Islas y es respaldada por el municipio de Punta Arenas. Hasta ahora, el único servicio regular de abastecimiento al archipiélago operaba mensualmente desde Montevideo, con productos provenientes en su mayoría de Europa y Asia. La ruta desde Punta Arenas reduciría esa distancia marítima en unos 1.100 kilómetros.

La preocupación de fondo de Buenos Aires va más allá del permiso de navegación. El gobierno de Javier Milei teme que la nueva ruta sirva de soporte logístico al proyecto petrolero offshore Sea Lion, habilitado por el Reino Unido en la cuenca norte de Malvinas sin participación ni aval argentino, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). El proyecto contempla la perforación de 23 pozos, con inicio para marzo de 2027, y una producción estimada de 35 años.

Quirno recordó públicamente el compromiso del gobierno chileno de que la operación “no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales” en el archipiélago. Pablo Pacheco, gerente general de Easter Island Logistics, rechazó en La Prensa Austral cualquier vínculo con las petroleras: “Nosotros nos hemos desmarcado completa y absolutamente de lo que es la explotación de hidrocarburos. Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular”.

De todas formas, fuentes políticas y diplomáticas argentinas consultadas por este medio sospechan que el negocio de la reapertura comercial incluye indefectiblemente el abastecimiento a Sea Lion, y que no alcanza con la explicación de un “acuerdo entre privados”.

El frente judicial también está activo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, fallará el 28 de noviembre sobre el pedido argentino de suspender la explotación petrolera mediante medidas provisionales. El Danstar estará aún en mantenimiento en Punta Arenas cuando se conozca esa resolución.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, rechazó este lunes que Chile deba someterse a cualquier exigencia de autorización. “Para transitar en una u otra dirección por el Estrecho de Magallanes, no debiera haber ningún impedimento. Y si se debe pedir autorización, quiere decir que existe la opción de que se pueda negar, y eso es totalmente improcedente”, sostuvo en declaraciones recogidas por BioBío Chile.

Squella fue más allá del caso puntual del Danstar y advirtió sobre las consecuencias de ceder terreno en materia de navegación: “La aceptación, sea expresa o tácita, de cambios en la relación entre ambos países son los que al final del día pueden ser aprovechados en el futuro con un propósito totalmente distinto a lo que estamos viendo hoy”.

Sus palabras coinciden con las de ocho excomandantes en jefe de la Armada chilena, quienes en una carta conjunta sostuvieron que la ruta del Danstar es una actividad legítima entre privados y que aceptar una autorización argentina sentaría un precedente perjudicial para Chile.

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