La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) inició este jueves un paro nacional por 24 horas en todo el país tras la muerte de dos profesoras en un accidente automovilístico cuando regresaban de una manifestación en la provincia de Chubut. “Vamos a declarar una jornada nacional de duelo y un paro nacional de CTERA, exigiendo al Gobierno nacional y provincial que se resuelva el conflicto en la Provincia de Chubut”, anunció el miércoles la secretaria general de la Confederación en una rueda de prensa, Sonia D’Alessio.
“Lo advertimos, dijimos que el límite es la violencia, es inadmisible que todavía el conflicto no se haya resuelto”, advirtió por su parte el secretario adjunto de Ctera, Roberto Baradel, quien atribuyó la responsabilidad al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que es el que debe “pagar en tiempo y forma”, y al gobierno del presidente Mauricio Macri, que “debe asistir a cualquier provincia que esté en una situación financiera como la de Chubut”. La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) también adhiere al paro.
El líder de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, advirtió que “si no se resolvió el conflicto, es porque se tiran la papa caliente de uno a otro y los que pagan son los empleados públicos y los docentes”. “Sabíamos que se podían dar situaciones como esta. Había que resolver este conflicto antes. No se puede especular electoralmente, hay que dejar de jugar a las escondidas”, agregó.
La tensión social reina en Chubut desde hace varias semanas. No hay clases desde el 22 de julio, los funcionarios estatales están en huelga, los hospitales tienen sus guardias colapsadas, la actividad judicial está detenida y los trabajadores petroleros de Vaca Muerta vieron alterada su actividad debido a los problemas económicos. Entre tanto, Arcioni presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que más que quintuplica su sueldo, puesto que pasaría de los 55.000 pesos a más de 300.000, y que aumenta entre 25 y 80% el de la plantilla del Poder Ejecutivo, bajo la justificación de que los salarios están congelados desde abril de 2017.