Ni el vertiginoso año pasado, ni un Congreso de receso y con guardias mínimas calman las ansiedades ya extremas relacionadas con la reforma laboral, sobre la que se aguardan definiciones concretas para finales del corriente mes o inicios de febrero, en el escenario más optimista. Mientras casi todo el mundo mira hacia Venezuela, la propuesta de modificaciones a la regulación del trabajo en la Argentina tuvo, ante los primeros movimientos de la oposición para bloquearla, a aliados que piden a la Casa Rosada no repetir los errores de diciembre último, los cuales significaron un freno repentino de la misma, pese a haber obtenido dictamen en la Cámara alta.

“Si el Gobierno no complicaba a Diputados con la derogación de leyes sobre universidades y discapacidad que incluyó en el Presupuesto 2026, los votos de reforma laboral estaban en el Senado”, aseguró a Infobae un dialoguista que siguió de cerca las negociaciones. En esa línea, agregó: “Por eso no sorprendió lo que ocurrió luego con las normas que sí se sancionaron. Recuerdo en la sesión del 26 -de diciembre- que, salvo por los que relataban escenarios ficticios, el resto ya sabía ocho horas antes que había un piso de 40 votos. Y fueron varios más. ¿Sabe por qué? Porque el Ejecutivo dio muestras de cumplir con la palabra. Hasta los peronistas lo reconocieron más tarde”.

En el oficialismo también hubo un puñado de integrantes de la bancada que comanda Patricia Bullrich que -con mucha discreción- sugirieron avanzar, en línea con un sector de la Casa Rosada. “Nos favorece todo el orden que impuso la gestión económica y eso da mayor previsibilidad. Dicho esto, la Argentina es un país donde no hay que perder ninguna chance y creo que hubo, hasta lo que ocurrió con el Presupuesto 2026 en Diputados. Es decir: estuvo bien Bullrich en detallar la situación completa al Ejecutivo para tomar una decisión razonable. El inconveniente que se presenta ahora es que regalamos semanas a un kirchnerismo enojado, aunque golpeado. Y nunca se sabe. La CGT ya está haciendo lo suyo y no la juzgo, pero tampoco me hago el distraído”, sentenció un libertario a este medio.

Las normas que se dictaminaron y no arribaron al recinto de la Cámara alta fueron la reforma laboral y los cambios en la ley de glaciares. Allí, Bullrich maneja un interbloque de 21 legisladores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37. Por ende, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración de La Libertad Avanza a la hora de hablar del Congreso.

Agenda en espera

Junto a la reforma laboral y los cambios en glaciares, otro despacho que aguarda a febrero es el de estabilidad monetaria. En la Cámara baja, este tema no preocupa en demasía a los bloques -en general-, y muchos prefieren dejarlo en la parrilla hasta marzo, cuando Javier Milei inicie un nuevo período de sesiones ordinarias.

Uno que nada debajo de la línea de flotación y podría generar rispideces es el del Código Penal, que ya estuvo incluido en el temario extraordinario de diciembre y no se presentó en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad. El oficialismo deslizó a través de una bicameral, algo no aceptado por diversos espacios. Lo más probable es que, al ser un texto pesado y que llevó mucho tiempo calibrarlo, se debata con tranquilidad una vez que Milei pase por el Congreso, en marzo. Allí, el jefe de Estado anunciaría el envío de más iniciativas.

“El 2025 lo terminamos mal”. Lo aseveró esta mañana en diálogo con Radio Altos el titular de Región Sanitaria I Maximiliano Núnez Fariña respecto a los niveles de vacunación.

Señaló que el objetivo es alcanzar el 95% de cobertura de las dosis del calendario oficial, pero los valores actuales son mucho más bajos. Por ejemplo, en el caso de la triple viral que protege contra el sarampión, la rubeola y las paperas, la primera dosis (se aplica al año de vida) tiene un nivel de cobertura del 75%, mientras que en la segunda dosis (se aplica a los 5 años) baja al 50%.

“La tos convulsa, la difteria, el tétanos y la influenza en su momento eran enfermedades que se estuvieron conteniendo no porque no existiera, sino porque estaba la vacuna. Los virus siguen estando, la ventaja que tenemos es que los venimos cubriendo porque la gente se vacuna”, explicó.

Sin embargo, expuso que al bajar los niveles de inoculación, los virus comienzan a circular y se incrementan los casos de enfermedad.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido a principios de 2025 con casos de sarampión en Ciudad de Buenos Aires, parte del Conurbano Bonaerense y el norte del país.

Y en particular se refirió al récord de casos de coqueluche, también conocida como tos convulsa, que tuvo Argentina el año pasado. Fueron 6481 bajo sospecha y 1055 confirmados, de acuerdo a la información publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional Nº 789.

“Son enfermedades que no estaban y que sí estaban ocultas por las vacunas, pero cuando la gente no se vacuna empieza a generarse una circulación del virus. Lo más triste de esto es que por tos convulsa hace años que no teníamos muertes y en 2025 hemos tenido siete fallecimientos”, advirtió.

En cuanto a la gripe H3N2 subclado K, cepa que está circulando en Europa y que ya tuvo sus primeros casos confirmados en Argentina, planteó la necesidad de que el gobierno nacional adelante el inicio de la campaña de vacunación antigripal 2026. Remarcó que las dosis deberían comenzar a aplicarse en febrero y no a fines de marzo o principios de abril como ocurre habitualmente.

Al ser consultado sobre la disponibilidad de vacunas, respondió que hoy no hay faltante, pero sí señaló que hubo inconvenientes con la triple viral y la del Covid.

“Nosotros siempre pensamos en la decisión política y la sanitaria, no en la económica. Y la decisión política del Gobierno Nacional es económica. Entonces ahí hay un problema grande que seguramente lo vamos a ir teniendo, si sigue así, con el transcurrir de los meses y de los años”, expuso.

Y confirmó que de acuerdo a lo manifestado por la gestión de Javier Milei dejarán de distribuir la vacuna contra la fiebre amarilla y quien quiera colocársela tendrá que adquirirla de manera particular.

“Esperemos que sea la única porque las vacunas de calendario lo ideal sería que estén cubiertas por el Estado Nacional, para garantizar así la inmunidad de rebaño y la inmunidad general evitando complicaciones mayores”, concluyó.

El gobierno de Axel Kicillof logró un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por USD 138 millones para licitar un tramo del Plan Maestro Integral de la cuenca del Río Salado que, según estimaciones, permitirá recuperar unas 400 mil hectáreas productivas en la región. Con la medida también se aspira a mitigar los riesgos habituales de sequías e inundaciones que afectan a más de 1 millón y medio de habitantes de distintos municipios del interior bonaerense. El plan integral para la obra del Salado implica también una participación del gobierno nacional, aunque —según la provincia de Buenos Aires— la administración de Javier Milei neutralizó las obras en los tramos cuya ejecución es su potestad.

Así, Buenos Aires llamará a licitar las obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, una obra integral y emblemática que atraviesa casi 500 kilómetros del territorio bonaerense. El 26 de febrero se abrirán los sobres para la licitación.

“El Plan Maestro del río Salado es una solución estructural para cuidar a nuestra gente, fortalecer el desarrollo productivo bonaerense y planificar el territorio”, expresó el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, quien encabezó una reciente reunión de trabajo junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, demás funcionarios y representantes de entidades agropecuarias como CARBAP, Federación Agraria Argentina, CONINAGRO, Asociación de Cooperativas Argentinas e intendentes donde impacta el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado. Allí se les informó sobre la apertura de sobres para la licitación.

En el gobierno bonaerense se encargan de remarcar que la importancia de este tramo radica en que, una vez completado, el 45 % del plan habrá sido ejecutado durante la actual gestión, permitiendo la recuperación de 8 millones de hectáreas productivas. Entre las intervenciones contempladas se encuentra la reconstrucción de siete puentes —cinco viales y dos ferroviarios— cuya localización abarca tanto la etapa uno como la dos. El trayecto a ejecutarse con este último anuncio es de 60,26 km y se extiende desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

“El gobernador Axel Kicillof decidió financiar la última etapa de una de las obras más estratégicas y emblemáticas de los últimos treinta años”, agregó Katopodis. El ministro advirtió que el Gobierno Nacional paralizó el tramo IV, lo que ha retrasado una instancia considerada clave. “Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses”, subrayó.

Con el acto licitatorio, la administración de Kicillof aprovechó para cuestionar la paralización de obras de carácter nacional en la cuenca del Salado. Es que desde 1997, el Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado se ejecuta, aunque con vaivenes, de manera coordinada entre la Nación y la Provincia, dividiendo el curso del río en cinco tramos. Los tres primeros tramos se encuentran finalizados: uno de 48 km en Castelli, Lezama y Pila; el segundo de 57 km entre Lezama, Pila, Chascomús y General Belgrano; y el tercero de 118 km a través de General Belgrano, General Paz, San Miguel del Monte y Chascomús.

El tramo IV, el de mayor longitud con 212 km, recorre municipios como 25 de Mayo, Bragado y Alberti, y fue ejecutado mayormente por el Gobierno Nacional. De sus cuatro etapas, tres se terminaron entre 2019 y 2023; pero los subtramos A, B y C de la etapa dos, con un total de 33,4 km, iniciados en mayo de 2023, están actualmente paralizados por falta de presupuesto.

Los recursos para su financiamiento corresponden al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, que se nutre del 4,31 % del Impuesto a los Combustibles, y recibe transferencias directas del Ministerio de Economía. En la cartera de Katopodis argumentan que de acuerdo con el Presupuesto Abierto, desde el 10 de diciembre de 2023 este fondo ingresó $271.743 millones que debieron destinarse a obras hídricas, pero no fueron empleados en ese fin, como exige la legislación vigente.

La paralización ha generado consecuencias negativas al afectar aproximadamente 10 mil hectáreas en la Provincia. Según los cálculos oficiales, de haberse mantenido el ritmo anterior, el tramo cuatro podría haberse concluido en 2024, lo que hubiera acercado aún más la completa finalización del plan.

“Milei lleva a la Argentina por un camino equivocado cuando deja al país sin infraestructura. Obras públicas como estas son fundamentales para proyectar desarrollo, producción y trabajo”, cuestionó el ministro de Kicillof.

En tanto que el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, enfatizó el “carácter histórico” que ostenta la inversión, y resaltó que “no hay municipios ni bonaerenses de primera y de segunda”. Al mismo tiempo, celebró el inicio de la etapa final del dragado del Salado, aunque remarcó el impacto por la falta de fondos nacionales en el avance de la etapa 4.2, a pesar de la existencia de un fondo hídrico específico recaudado con este objetivo: “No podemos dejar de reclamar por la paralización de la etapa 4.2 por parte del gobierno de Milei, a pesar de que existe el Fondo Hídrico conformado por recursos que se recaudan con este fin”.

El plan también contempla la protección ambiental y la conservación de los humedales situados en el área de influencia de las obras. Además, incluye proyectos específicos como el Nodo de Bragado, que facilitará el manejo más eficiente de los excedentes hídricos y la defensa del territorio, impactando a una vasta zona de la Región Hídrica Área Pampeana Central, de 2,8 millones de hectáreas y partidos como 9 de Julio, Bragado y Lincoln, entre otros.