Con la inminente oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno se prepara para intensificar las negociaciones por las reformas de segunda generación que buscan aprobar durante el verano y llega al 10 de diciembre con garantías para la sanción del Presupuesto 2026, de ocurrir, el primero desde la asunción del presidente Javier Milei. Como contó Infobae, el decreto se firmará este viernes y se hará efectivo en el Boletín Oficial el primer día hábil de la próxima semana, el martes 9 de diciembre.

Los interlocutores del Poder Ejecutivo tienden puentes con legisladores y gobernadores para acumular respaldos que posibiliten, además de la sanción de la Ley de Leyes, la aprobación de la reforma laboral, tributaria y del Código Penal durante los días del caluroso verano que se avecina. Para eso, la mesa chica que define la estrategia y que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ordena la táctica necesaria para cumplir con los deseos del libertario y reeditará sus encuentros la semana próxima.

“El Presupuesto siempre es más sencillo de aprobar. Muchos sectores van a tener que mostrarse abiertamente en contra de la reforma laboral por necesidad, en un gesto interno a los sectores que representan”, sostuvo una importante fuente ante Infobae. Si bien no hubo mención directa, la definición referencia a la Confederación General del Trabajo (CGT) que, en los últimos días, se mostró abiertamente en contra de los puntos incluidos en la “modernización” laboral.

A cinco días del inicio de la prórroga legislativa, el proyecto casi terminado se filtró, se encuentra en período de exhaustiva revisión y descansa en los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Otros sectores del equipo que rodea a Milei también están familiarizados con los detalles, en especial la mesa técnica de redacción conformada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación); los secretarios María Ibarzábal (Legal y Técnica), Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero(Trabajo); el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo.

No corrían la misma suerte hasta la tarde del pasado jueves los integrantes del Consejo de Mayo ni los gobernadores que canjearon algunos reclamos por apoyos al Presupuesto. “Nos mandaron los detalles de la reforma, pero no tenemos ni idea del formato con el que presentaremos el 9 de diciembre el paquete de proyectos que tratamos en el Consejo”, reveló un integrante del cuerpo a este medio.

Una importante fuente precisó ante Infobae que en el cronograma ideal del oficialismo figura como prioridad para el mes de diciembre, en el período que irá del 10 al 31, la sanción de la previsión del cálculo para el año próximo y la Ley de Glaciares, una demanda directa de los mandatarios provinciales para ampliar las áreas habilitadas de explotación.

El tratamiento de la Ley de Leyes incluirá el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal para discutir modificaciones en el régimen general y a blindar la normativa simplificada del Impuesto a las Ganancias. La idea es incrementar el umbral para fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y crear el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros puntos.

El proyecto de “modernización” laboral es otro de los caballitos de batalla del mandatario libertario que, en una faceta más realista, espera para diciembre poder conquistar la media sanción en la Cámara de Senadores, por la que ingresará al Congreso Nacional. El tratamiento en la Cámara Baja quedará para el segundo llamado previsto para finales de enero de 2026 hasta el mes de febrero. También quedará para esa fecha la reforma tributaria y la actualización del Código Penal, ya casi listo para girar al Congreso Nacional. En esta última modificación, varias voces del Gabinete coinciden en que demandará “mucho tiempo”. “Puede incluso que se termine tratando en el periodo ordinario porque va a llevar meses”, deslizaron por los pasillos de Casa Rosada.

Con esa idea en mente, el oficialismo aceite el mecanismo para concretar el armado de las comisiones, en especial la de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación Penal para iniciar con el tratamiento de los mencionados proyectos. En paralelo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien logró arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría legislativa y consolidar un bloque de 95 diputados, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, refuerzan los contactos a la pesca de nuevos acompañamientos.

La exministra de Seguridad se mostró optimista por la nueva composición del Congreso, con los desembarcos de los electos libertarios el pasado 26 de octubre e hizo pública su nueva misión. “Las cosas ahora van a cambiar porque somos una mayoría importante en la Cámara y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que nos importa”, confesó en declaraciones a Radio Rivadavia, y expresó: “Ya estamos hablando con todos. Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina. Tenemos que volver a esa realidad. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales actuales”.

A un kilómetro y medio de distancia, en Balcarce 50, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, replican la tarea y canjean soluciones a conflicto provinciales menores por porotos en el anticipado cálculo legislativo. Luego de entrevistarse con 17 de los 20 gobernadores aliados de la administración libertaria, alistan los detalles para completar el número antes del 10 de diciembre.

Este viernes, a las 9.30, el tándem federal recibirá al pampeano, Sergio Ziliotto, y ultiman detalles para hacer lo propio con Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con quienes ya establecieron contactos. Al término, definirán si incluyen a los cuatro peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja),Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) a las reuniones.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la reciente sanción por parte de la Legislatura de la ley de endeudamiento que finalmente fue aprobada en la madrugada de este jueves luego de una maratónica negociación con sectores opositores.

Tras conseguir la Ley de Financiamiento que le permitirá afrontar los pagos de deuda reestructurados que tomó el gobierno de María Eugenia Vidal y otorgar fondos frescos a los municipios sin tocar partidas esenciales, el mandatario provincial acusó al presidente Javier Milei de querer impedir la sanción de la norma.

“La Legislatura bonaerense aprobó esta madrugada la Ley de Financiamiento con una mayoría de 2/3 de los legisladores. Quedan así convertidos en ley los tres proyectos enviados por el Ejecutivo, herramientas indispensables para seguir funcionando en este contexto de emergencia” sostuvo Kicillof.

El Gobernador encuadró el pedido en una necesidad de “cumplir con los vencimientos de la deuda generada por el gobierno de María Eugenia Vidal sin que se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad, obras y demás necesidades de las y los bonaerenses” dijo.

“La ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente”

En uno de los fragmentos más duros de su posteo, Axel Kicillof cruzó a Javier Milei y lo acusó de querer impedir la sanción: “La ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política” sostuvo.

Seguidamente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires insistió con las críticas ante el retiro del estado nacional y las deudas que mantiene con el principal distrito del país: “La aprobación no cambia el cuadro general: enfrentamos una verdadera emergencia, producto de la política económica del Gobierno Nacional. Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción” consideró.

Fuente: Infocielo.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, impugnaron este jueves la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de avanzar con la ejecución de veinte propiedades para cumplir con el decomiso ordenado en la causa Vialidad por un monto total de 685.000 millones de pesos.

El pasado 18 de noviembre, el juez Jorge Gorini había dispuesto iniciar la ejecución de los bienes de los nueve condenados, de manera solidaria, hasta cubrir la suma exacta de 684.990.350.139,86 pesos. los bienes pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso para hacer efectivo el decomiso.

En su apelación, Cristina Fernández calificó la medida como una “nueva expresión del derecho creativo”, que —según afirmó— fue utilizado para perseguirla y ahora se extiende a sus hijos. La defensa sostuvo que todos los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tienen “origen lícito”, acreditado en fallos firmes, y que fueron recibidos legalmente de sus progenitores.

Fuente: Noticias Argentinas.