El Poder Ejecutivo oficializó la inclusión del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, a través del decreto 53/2026 publicado este martes.

De esta manera, el tratamiento de la Ley Penal Juvenil quedó habilitado para ser discutido por diputados y senadores a partir del 2 de febrero, cuando comenzará el período de sesiones de verano. El objetivo es avanzar en la discusión de una nueva normativa que reemplace la Ley de Minoridad vigente y establezca un sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

La decisión de incorporar este tema de gran interés a la agenda había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X, cuando la mesa política del Gobierno mantuvo un encuentro el lunes. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin”, afirmó Adorni.

Entre los presentes se encontraban la secretaria de Gobierno y hermana del presidente, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y a su lado la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Del otro lado de la mesa estaba Santiago Caputo, junto a Adorni y el secretario de Estrategia, Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada, el debate sobre la ley en cuestión se concentra en dos aspectos centrales: los plazos para su tratamiento y la búsqueda de consensos con la oposición. El Gobierno, a través de distintas fuentes, manifestó la intención de avanzar en la discusión con el mayor respaldo político posible y, para ello, promueve la unificación de los diferentes proyectos presentados por distintos bloques parlamentarios. El antecedente de agosto de 2024, cuando el tema fue abordado en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, marcó una hoja de ruta.

La normativa que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025 fue diseñada en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

El principal punto de debate gira en torno a la edad de imputabilidad. Mientras que la administración libertaria prefiere fijarla en 13 años, el consenso alcanzado en las comisiones parlamentarias estableció el piso en los 14. El Gobierno admitió que, pese a la intención original, está dispuesto a mantener abierta la discusión en pos de alcanzar acuerdos con los aliados y los sectores de la oposición.

El cronograma legislativo también incide en la posibilidad de que la discusión sobre la Ley Penal Juvenil se prolongue más allá del período de sesiones extraordinarias, que se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero. La reactivación del debate se vio impulsada por el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinado en Santa Fe por otros menores, generando repercusión en la agenda pública y política.

Asimismo, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar la Reforma Laboral, uno de los temas de mayor interés de Javier Milei. Fuentes cercanas al Gobierno anticiparon a Infobae no se descarta sumar nuevos proyectos, además del reciente incorporado. Hasta entonces se incluyó la Ley de Glaciares, Acuerdo Mercosur – Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

“Repasamos la reforma laboral y definimos la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Además, es probable que se amplíe el temario de las mismas porque hay más”, sintetizó un funcionario a este medio tras la reunión.

El terreno de las sesiones ordinarias que comenzarán el lunes próximo empieza a acomodarse de a poco, ante un oficialismo apurado para aprobar la reforma laboral en el Senado. Por este motivo es que la oposición “dialoguista” aprovechará las próximas horas para peinar las observaciones al dictamen de mayoría ya firmado en diciembre pasado, de cara a la cumbre que fuerzas como la UCR, el PRO y silvestres provinciales mantendrán con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, desde las 15 -en principio- de mañana.

“Hay una calma generalizada. La forma en la que se manejaron las cosas en las sesiones extraordinarias de fines del año pasado es la que deberá repetirse”, sentenció a Infobae un legislador de la Unión Cívica Radical (UCR). La bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi mantendrá esta tarde una reunión virtual para filtrar sus inquietudes y llevar planteos concretos a la exministra de Seguridad.

Los radicales suman 10 votos clave, así como los tres del PRO, que lidera Martín Goerling (Misiones), quien también participará del convite de este miércoles, aunque el bloque marista se juntaría recién la semana próxima, cuando arranque la actividad oficial. Ambos espacios recibieron notas y pedidos de diversas entidades interesadas. Algunas, muy reconocidas, se hicieron visibles en las últimas horas. En un puñado de casos, de forma llamativa.

Sobre este punto, desde un importante despacho dialoguista confiaron a este medio: “Lo que se percibe tras revisar los cuestionamientos, a modo general, es que muchos terminaron siendo muy focalizados en sus propios bolsillos. Entonces, la reforma en sí pareciera no interesarles, salvo la parte específica para la que se ponen corporativos. No parece ser el mejor camino”.

Hay un ítem que sí preocupa. Y ya no sólo en una o dos bancadas. En el despacho que firmaron oficialismo y aliados, el artículo 212 señala: “Las disposiciones comprendidas en los Títulos II Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Titulo XXIII Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Título XXIV Modificaciones a leyes impositivas, Título XXV Reducción de la carga tributaria, entrarán en vigencia cuando así lo disponga el MINISTERIO DE ECONOMÍA a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Un senador lo interpretó de esta manera ante Infobae: “Es como dejarle una facultad delegada, prácticamente”.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, el PRO y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a este medio que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. En primer lugar, la de mandatarios provinciales por la inevitable caída en la coparticipación. Una legisladora recordó horas atrás que “si bien es entendible, también es cierto que si continúa la actividad en alza y una normalización de empleados registrados compensará por ese lado, además de aclarar que quien más pierde plata con esto será el Estado nacional”. Y añadió: “Si piden alivios y el Gobierno los otorga, no pueden reaparecer quejas. Si no, es pensar algo para después no mover nada”.

Otras cuestiones se direccionan hacia la ultraactividad y la bomba atómica de varios estatutos. Tampoco debe olvidarse el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Sobre quién pierde y quién gana, desde un bloque deslizaron que “si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector; es decir, lo más justo y ecuánime para todos”.

Para el miércoles se espera que Bullrich se junte con su tropa, una vez terminada la reunión con referentes dialoguistas. Antes de la misma lo haría con su antecesor y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy).

Como un protagonista tácito, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este fin de semana el parte de lo que fue una de las primeras reuniones a nivel seccional que parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) llevó adelante en la Quinta sección electoral. El encuentro fue el resultado de un pedido del propio mandatario bonaerense. Fue cuando semanas atrás dio a los ministros e intendentes propios “tarea para el hogar”. Básicamente, que en medio de la negociación por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y en miras a una expansión del MDF para el 2026, generen encuentros de carácter seccional.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, fue el primero que se subió a esta directriz y el fin de semana organizó un encuentro en su distrito del que participaron los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Gabriel Katopodis (Infraestructura), además de los intendentes Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Caros Rocha (General Guido), Héctor Olivera (Tordillo) y Juan Manuel Álvarez (General Paz). También concejales y dirigentes de otros distritos de la región; incluso aquellos donde gobierna el peronismo.

En esa reunión se ratificó la línea que los principales integrantes del MDF despliegan discursivamente en el plano político y para la convivencia con otros sectores dentro del peronismo. Se traduce en que quien vaya a hacerse cargo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires sea alguien del propio espacio o bien que haya garantías certeras de que esa persona que vaya a suceder a Máximo Kirchner —si el diputado nacional decide no ir por otro mandato al frente de la herramienta partidaria— responderá a los intereses de las políticas del gobierno provincial.

Sin reelección en PBA, Kicillof buscará en este 2026 sostener la gestión y empezar a construir políticamente a nivel nacional de manera más constante y decidida. Pero para ello, primero debe llegar a algún marco de acuerdo con el kirchnerismo y, también, el Frente Renovador. La renovación de autoridades del PJ provincial aparece como la primera parada de ese largo viaje hacia la construcción de una alternativa política primero y una candidatura después en 2027.

Durante el encuentro en Castelli no solo se trazó el escenario ideal a los intereses del MDF para la sucesión de Kirchner, sino que también se hizo hincapié en la cuestión distrital. El peronismo también deberá renovar autoridades en los 135 municipios. En principio, hay un acuerdo no escrito de que, en los distritos donde gobierna el peronismo, el intendente, sea del espacio que sea, tiene el mando interno. Sin embargo, en caso de disputa a nivel provincial, el esquema local es incierto. Un ejemplo lo puso sobre la mesa el concejal del Partido de La Costa, Damián Comas, quien además es el secretario general del gremio de Camioneros de ese distrito. Hoy está dentro del MDF, mientras que la conducción política de La Costa corre por cuenta de Juan y Juan Pablo De Jesús, padre e hijo que responden al esquema de intendentes no camporistas pero aliados a Kirchner. “Nosotros somos parte del PJ del distrito, venimos negociando con Juan y Juan Pablo (De Jesús). Tenemos compañeros en la lista del consejo del partido y estamos negociando la renovación de los compañeros y compañeras. Desde el momento uno estamos militando el MDF en nuestro distrito, porque por ahí alguno decía que en La Costa estaba solamente la bandera de Juan y de Juan Pablo y no. Hay compañeros que también están militando y trabajando el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires y no van a ser ajenos a la hora que tengamos que salir a militar para el 2027 su candidatura presidencial”. Sus palabras fueron acompañadas de aplausos.

La negociación por el PJ bonaerense empieza a acelerarse. Tras la publicación de los padrones en los 135 municipios y a la espera de que la Justicia Electoral dé el visto bueno en un distrito clave como La Matanza, donde la última oleada de afiliaciones supera el 5% del total del padrón en un 0,04% (46 afiliaciones); el escenario pareciera encarrilarse a un esquema de consenso.

No es unidad, es ponerse de acuerdo. Como adelantó Infobae, el kirchnerismo adelantó su posición inicial: ir a un marco de acuerdo una vez que queden validados los padrones. Por la demora de casi dos días en la exhibición de los mismos, el plazo para la observación de padrones se estiró hasta el jueves 29 de enero.

En las últimas horas, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que forma parte del MDF, también trazó un marco de acuerdo con el kirchnerismo. “Estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque la disputa pública que se está dando entre el gobernador Axel Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar”, dijo en declaraciones a AM 530.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Alberto Fernández, también consideró que cualquier intendente “que exprese capacidad de diálogo puede representar al peronismo de la provincia”. Entre los nombres de intendentes que resuenan están los de Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julio Alak (La Plata), Mariel Fernández (Moreno), entre otros. Sin embargo, por el momento nadie reúne el consenso de todos los espacios. El 8 de febrero vence el plazo para presentar candidaturas. Antes de acelerar su proyección nacional, Kicillof busca que el PJ de la provincia que gobierna “esté ordenado”.