El pasado miércoles la empresa El Villarino dio a conocer el nuevo cuadro tarifario de la línea 319 que une Punta Alta con Bahía Blanca y generó sorpresa entre las y los usuarios por el abrupto incremento. La suba fue de 127% pasando de $1.846 a $4.190,30.

Al tratarse de una línea de colectivos interjurisdiccional el aumento fue dispuesto por el gobierno provincial.

Tras conocerse la medida del Ministerio de Transporte bonaerense, desde el Concejo Deliberante de Coronel Rosales solicitaron a la Provincia que dé a conocer el estudio de costos en el que se basó para aplicar la suba, que entienden, es desproporcionada.

“Nos llama la atención que no haya sido escalonado atendiendo a la situación laboral y de salario de la mayoría de los usuarios que no han tenido aumentos salariales en este año y medio comparable con el aumento tarifario que hubo”, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos Daniel Medina, concejal del partido vecinalista Bien Común.

Según remarcó, aún no han obtenido respuestas por parte de las autoridades provinciales.

Además, sumó el histórico reclamo para que el servicio de transporte público de pasajeros que brinda la línea 319 sea incorporado al sistema SUBE para que las y los usuarios puedan gozar de los distintos beneficios.

“La razón que históricamente dio el Ministerio de Transporte de la Provincia es que la traza original está registrada como Punta Alta- Algarrobo, superando los kilómetros que fija como límite el sistema SUBE para poder adherirse. Pero en los hechos, esa traza no está al acceso del usuario. Si yo me tomo la 319 desde Punta Alta termino en el Parque de Mayo (Bahía Blanca), no en Algarrobo”, señaló.

El edil cuestionó que pese a los reiterados reclamos presentados en los últimos años, y durante intendencias de distintos signos políticos, no lograron que el servicio sea incorporado al sistema SUBE.

“Es un olvido que tenemos como habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires y también entra en la discusión el tema de los subsidios que recibe el transporte del interior”, enfatizó.

Pidió que estos temas entren en discusión tanto a nivel nacional como provincial: “Las autoridades de las áreas de transporte, del partido político que sean, deberían entender que no tiene que haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Desde el deliberativo rosaleño, subrayó, están pidiendo, por un lado, que la Provincia presente el estudio de costos en el que se basó para aplicar la suba de 127% en el boleto de la línea 319, y, por otro lado, que el intendente Rodrigo Aristimuño diseñe una estrategia conjunta ante el Ministerio de Transporte de la Provincia para que corrijan la traza Punta Alta- Algarrobo. “Podrá figurar en los papeles así, pero en los hechos no”, insistió.

Fuente: Frente al cano.

Aseis días de que las autoridades del Hospital Municipal Dr. Leónidas Lucero radicaran una denuncia por el faltante de 25 ampollas de fentanilo, fueron halladas hoy esa misma cantidad de ampollas, pero vacías.

La información fue confirmada por Fiscalía General que agregó que “continúa la investigación para determinar lo sucedido”.

El pasado miércoles en conferencia de prensa el director del nosocomio, Dr. Gustavo Carestía, había informado que detectaron el faltante en uno de los controles que realizan cada semana para reponer medicamentos. Las 25 ampollas se encontraban en el área de quirófanos y en ese mismo lugar aparecieron esta mañana los recipientes vacíos.

La causa es investigada por el fiscal Mauricio Del Cero.

“Es una situación delicada pero no creo que genere ninguna particularidad. No afecta al funcionamiento del hospital. Por el momento dependemos de lo que diga la Justicia”, había manifestado Carestía.

Fuente: Frente al cano.

La Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Gisela Caputo, propuso que el próximo jueves el cuerpo trate en sesión un proyecto de declaración mediante el cual se expresa el rechazo a los hechos de violencia ocurridos el pasado 3 de abril en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

La iniciativa apunta a que el Concejo Deliberante fije una posición clara frente a hechos que afectaron el normal desarrollo de actividades y a comerciantes, trabajadores y vecinos.

También son autores del proyecto concejales de distintos bloques políticos, entre ellos Fabiana Úngaro, Carlos Alonso y Emiliano Álvarez Porte, reflejando la importancia de una expresión conjunta frente a este tipo de situaciones.

En ese sentido, la iniciativa pone el foco en un principio central: garantizar el equilibrio entre derechos. Si bien el derecho a manifestarse forma parte de las garantías constitucionales, su ejercicio no puede derivar en la vulneración del derecho al trabajo, la libre circulación y el desarrollo de actividades lícitas.

Asimismo, desde la mayoría de los bloques políticos del HCD se coincide en que no resulta necesario generar nuevas ordenanzas para abordar este tipo de situaciones, ya que los hechos se encuentran contemplados en la Constitución Nacional y en la legislación vigente.

“No podemos naturalizar este tipo de situaciones. Cuando un reclamo se transforma en violencia o presión sobre quienes quieren trabajar, deja de ser un reclamo legítimo y pasa a ser un abuso”, dijo Caputo.

“En Bahía Blanca no puede valer todo. Nadie tiene derecho a imponer su posición afectando el trabajo de otros o paralizando la actividad. Eso no es defender derechos, es avasallar los derechos de los demás”, agregó.

En este marco, el proyecto no se limita a la expresión de rechazo, sino que impulsa la intervención de las autoridades competentes. Por un lado, se solicita al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que tome intervención en los acontecimientos y evalúe las medidas que pudieran corresponder ante eventuales incumplimientos de la normativa vigente.

Por otro lado, se dispone remitir copia a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a fin de que, en el marco de la Ley de Asociaciones Sindicales, evalúe la eventual intervención y la aplicación de medidas frente a conductas que excedan el ejercicio regular de la actividad sindical.

“Esto no puede quedar solo en una discusión pública. Tiene que haber intervención y tienen que aplicarse las herramientas que ya prevé la ley cuando se cruzan los límites”, culminó.