La CGT reunirá este miércoles a su mesa chica para analizar sus próximos pasos, pero eso no incluirá otro paro ni una movilización para este viernes, cuando se prevé que el Senado convertirá en ley la reforma laboral. La decisión se tomará en medio de las presiones del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunció un paro de 36 horas para aquel día y pidió a los líderes cegetistas que hagan una convocatoria similar.

Sin embargo, la mayoría de la cúpula de la CGT, de impronta dialoguista, cree que no hay espacio para que sea efectivo un nuevo paro general y que tampoco es viable una movilización porque termina en graves incidentes a cargo de los grupos más radicalizados.

Con la certeza de que la reforma laboral tendrá destino de ley, en la CGT evalúan otra estrategia: por un lado, los abogados ultiman los detalles de la impugnación judicial contra la futura norma y, por otro, se analiza realizar una marcha para acompañar la presentación en el Palacio de Tribunales, tal como se hizo el 27 de diciembre de 2023 para expresar el rechazo al DNU 70 de Javier Milei.

“Estamos analizando las acciones y los tiempos -dijo a Infobae un representante del ala moderada de la CGT-. Es momento de cuidar el aval y el fortalecimiento que recibimos en el paro general actuando con inteligencia y midiendo los tiempos”. Y agregó: “Como decía Perón, la fuerza es el derecho de las bestias”.

Esta posición predominaría hoy en el triunvirato cegetista, que integran Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), y también entre dialoguistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros.

Los partidarios de un paro de 36 horas, por su parte, son algunos dirigentes del ala dura como Abel Furlán (UOM) y Raúl Durdos (SOMU), que integran el Fresu con Aceiteros, ATE, Pilotos, Viales y las dos CTA, que ahora están en sintonía con Omar Maturano (La Fraternidad).

El titular de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, había afirmado el viernes pasado: “Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”.

Sin señales de la CGT, este lunes esa medida de fuerza fue confirmada por el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien sostuvo: “Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado”.

En la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), también parte del ala dura, no quieren apartarse por ahora de la estrategia de la CGT, aunque plantearán profundizar el plan de lucha con una ola de paros parciales y sectoriales, donde cada día se alternen huelgas en el transporte, la educación y otros servicios públicos, como se hizo en Francia. Cerca del titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) piensan que esa acción será más efectiva como método de protesta.

De todas formas, hay gremios aliados del ala dialoguista que amenazan con medidas de fuerza por sus reclamos sectoriales: es el caso de los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que el viernes pasado advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

Además, la CGT anunció que este martes se movilizará al Palacio de Tribunales en solidaridad con la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que dirige Julio Piumato, que realiza protestas contra el traspaso de los juzgados laborales nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, como lo prevé la reforma laboral.

El sindicato de Piumato ocupó ayer el edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y decretó un paro total de actividades en todo el fuero, que afectó en las primeras horas de la mañana a la sede de Diagonal Roque Sáenz Peña 760.

Mientras tanto, los abogados de la CGT siguen preparando la impugnación judicial contra la reforma laboral, en donde apuntarán a los fallos ya dictados por magistrados del fuero laboral que frenaron artículos del DNU 70 y del decreto 340, que reglamentó el derecho de huelga en los servicios esenciales (y que están en el proyecto actual).

En una entrevista con Infobae en vivo, el cotitular cegetista Jorge Sola confirmó que la central obrera irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó al ser consultado sobre los próximos pasos de la CGT.

Este punto también será tratado en la próxima reunión de la mesa chica de la CGT. La idea es repetir una estrategia similar a la adoptada contra otras normas del Gobierno: que las presentaciones judiciales sean efectuadas desde la CGT y no desde cada sindicato en forma individual.

Luego de un verano en el que logró aprobar en el Congreso varias de las iniciativas que se propuso, el presidente Javier Milei ya se prepara para dar el debate sobre casi cinco decenas de otras reformas que tiene en carpeta y que apunta a que se traten a lo largo de este año.

Sobre el cierre de las sesiones extraordinarias, en el Gobierno confían en que se va a terminar de sancionar la ley de glaciares, el nuevo régimen penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Sin embargo, varios de los temas que se iban a votar durante este periodo quedaron pendientes por cuestiones de estrategia parlamentaria, mientras que otros desde un principio se dejaron para más adelante por decisión de las autoridades nacionales.

“Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá cuáles serán las prioridades”, aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una entrevista en Radio Rivadavia.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ubicó en el centro de la escena a los gobernadores provinciales, a quienes acusó de “entreguistas” y de haber sido actores decisivos en la aprobación en el Congreso de la reforma laboral, que debe volver al Senado, pero se prevé que será convertida en ley este viernes.

Argüello, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera, sostuvo que el avance de la iniciativa no hubiera sido posible sin el respaldo explícito de mandatarios locales y legisladores elegidos por el voto peronista y de espacios cercanos al PJ.

Durante una entrevista en el programa A confesión de parte, que conduce Romina Manguel en radio Splendid, el dirigente sindical reveló que la conducción de la CGT mantuvo gestiones directas con varios de ellos en la previa de las discusiones parlamentarias, pero no pudieron llegar a un acuerdo.

“Fuimos, hablamos con todos los gobernadores, nos juntamos con todos los senadores, hablamos con los diputados y ellos tomaron una decisión tanto en el Senado como en Diputados, de acompañar”, afirmó el dirigente.

Para la central obrera, el respaldo de los mandatarios provinciales resultó clave: “Lo que más duele, gobernadores y diputados que entraron por el voto peronista y que ahora han tomado un sentido totalmente contrario acompañando esta ley, que es una ley totalmente regresiva”, sostuvo.

Argüello agregó que “el Gobierno consiguió las manos a través de negociaciones que han hecho con los gobernadores”.

Mencionó puntualmente a los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, a quienes atribuyó haber facilitado los votos necesarios en el Senado.

“Lo hicieron porque llegaron a negociaciones. Quizás por obras, por financiamiento económico. Ahora, no se puede vender la dignidad del pueblo por una zanja cuneta y dos metros de asfalto, me parece una locura”, remarcó el dirigente sindical.

La CGT calificó la actitud de los gobernadores como “entreguista”, al afirmar que “facilitaron sus senadores y sus diputados para que voten esta ley”. De acuerdo con lo dicho por Argüello, hubo un intento de diálogo que no prosperó: “Hemos hablado. Primeramente nos atendieron, tomaron un cierto compromiso y ya la segunda vez no nos atendieron más. Pedimos una reunión en un lugar, pero al final no se reunieron y no nos escucharon. Yo pedí personalmente una reunión con Sáenz, en Salta, y tampoco nos quiso recibir”.

Poco antes de que la iniciativa del Poder Ejecutivo se tratara en la Cámara de Diputados, los mandatarios locales empezaron a organizar un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), pero finalmente se suspendió, a partir de gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli.

Argüello remarcó que el movimiento sindical no cuenta con poder legislativo ni ejecutivo y explicó: “El movimiento obrero no legisla, el movimiento obrero no gobierna, nosotros defendemos los derechos de los trabajadores. Después cada uno tiene que cumplir su rol”. Consultado sobre si los gobernadores quedaban señalados como traidores por el movimiento sindical, respondió: “Obviamente, claramente que sí”.

En la entrevista, el dirigente advirtió sobre las futuras consecuencias políticas de estas acciones. “Todo a su tiempo y armoniosamente. El pueblo tiene memoria, en su momento van a tener que explicar cuál fue la traición esta que le hicieron al pueblo”, expresó el dirigente. Además, dirigió un mensaje a las provincias de Córdoba y Santa Fe: “¿Qué van a hacer cuando haya tanto desempleo y tanto despido? ¿Cómo van a contener su mismo pueblo? Que piensen esto, que le van a dar una plata que dura poco y no le va a servir. Que piensen eso y que, si tienen algo de conciencia peronista todavía, si le queda algo, en este momento es cuando tienen que usarla”.

La reforma laboral, que aguarda la aprobación definitiva, fue calificada por la CGT como una norma que “quita todos los derechos” y que “retrocede a los trabajadores a condiciones del año 1900”. “Está entregando directamente a todo el pueblo trabajador a una ley que retrocedimos a mil nove, a 1900, casi a patrón costa”, denunció Argüello.

El dirigente también vinculó el avance de la reforma con la crisis política y la falta de una oposición articulada. “Nos falta una fuerza, que es la fuerza política. La política está totalmente en crisis, totalmente desordenada, tanto el oficialismo como la oposición”, aseguró. Respecto al accionar de la CGT, enfatizó que la central realizó cuatro paros generales y trece marchas en los últimos dos años, y subrayó que la lucha sindical continúa en los planos judicial, legislativo y en la calle, aunque reconoció que “el problema no es gremial, el problema es político”.

Consultado sobre la falta de apoyo de otros sectores y el escaso acompañamiento en el debate público, Argüello señaló la “gran batalla cultural” perdida por el sindicalismo frente a las narrativas que deslegitiman los derechos laborales. “Lograron que el trabajador informal vea al trabajador formalizado como un oligarca… y que no diga: ‘Quiero llegar al trabajo formalizado’. No, el trabajo formalizado tiene que estar igual que yo”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente se refirió al contexto económico y al impacto sobre el empleo. “Cuatrocientos despidos por día, dos mil y pico de PYME cerradas. Yo me pregunto: ¿cómo lo van a hacer?”, cuestionó. Según sus palabras, en los últimos dos años se perdieron “casi doscientos setenta mil trabajadores”.

El sindicalista también criticó la postura del Gobierno nacional y de sus aliados en el Congreso. “Esta ley está hecha para los grandes empresarios o multinacionales. De hecho, las mismas pymes están en contra de esto”, afirmó. En relación al rol del movimiento obrero, agregó: “Vamos a seguir defendiendo los derechos y la dignidad de los trabajadores, contra toda esta dificultad, porque nuestra responsabilidad es precisamente esto”.

Por último, Argüello insistió con el rechazo a la reforma laboral y advirtió que las protestas podrían aumentar. “Va a haber una profundización del conflicto social, porque no va a tener salida. Está demostrado que (al Gobierno) no le importa la macroeconomía, le importa nada más que le cierre como un Excel, que me cierre el tema del déficit fiscal. No le importa la gente”.