Hubo tres hechos que cambiaron los movimientos de Máximo Kirchner en el tablero político de la Argentina. El primero fue la condena y la detención de su madre en San José 1111, donde está aislada de la vida de las mayorías hace poco más de un año. El segundo fue el final de su ciclo al frente del PJ Bonaerense. El tercero fue el veloz y profundo deterioro de su relación, y la de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof.

Ese encadenamiento de situaciones le abrió el camino a un mayor protagonismo en la discusión nacional del peronismo y en la organización política del kirchnerismo. Su discurso en Parque Lezama, cuando se conmemoró un año de la prisión de CFK, puede ser tomado como un quiebre en la lógica interna del mundo K. Ese día Kirchner terminó de erigirse como el líder de una línea del peronismo que tiene una jefa detenida y un jefe en la calle.

En las últimas semanas amontonó recorridas y actos en Entre Ríos, Santa Fe, Carmen de Areco y La Rioja, donde estuvo el fin de semana. En 48 horas tuvo tres actos y ocupó un rol protagónico en una cumbre de unidad armada por el gobernador riojano, Ricardo Quintela. Kirchner no está jugando la partida nacional como el jefe de La Cámpora, sino como líder del kirchnerismo y dueño de un poder real que le fue delegado por su madre, imposibilitada de ejercerlo libremente. Es un escalón más arriba que el de la conducción de la organización que fundó pasado el 2003.

Nacido en La Plata y criado en El Calafate, Kirchner construye la imagen de un dirigente nacional con el suficiente peso para ser candidato en la provincia de Buenos Aires el año que viene o para jugar en un cargo a nivel país. Casi ninguna candidatura se puede anticipar con tanto tiempo. Lo seguro es que el legislador va a estar parado en la línea de largada para ser una opción en cualquier rol que el kirchnerismo quiera pelear en la batalla electoral.

Con CFK presa e inhabilitada para competir por cargos públicos, el sector que ella lidera necesita construir un perfil que pueda representar la identidad cristinista en la cancha electoral. Hasta aquí, ese segundo nombre siempre ha sido Eduardo “Wado” de Pedro, pero la salida de Kirchner al territorio federal modifica ese orden y lo coloca como el nombre capaz de representar con claridad el sentir cristinista.

El último fin de semana, Kirchner absorbió gran parte del protagonismo de la cumbre peronista en La Rioja. La ausencia de Kicillof, que estaba invitado pero no quiso quedar entrampado en lo que consideraba que era una foto de unidad forzada, le dio mayor peso a sus apariciones. Quintela le brindó un lugar preponderante en los actos y después aseguró que la unidad para enfrentar a Milei tiene que ser total. Para eso necesita, sí o sí, que haya algún tipo de acuerdo entre el gobernador bonaerense y los Kirchner. Por ahora, ese anhelo del riojano es muy difícil de cumplir. La relación está muy desgastada y lo político está enredado con lo personal.

Tras el clásico receso invernal que suele regalarse el Congreso, el Senado retomará su actividad con una agenda abultada: habrá dos jornadas de audiencias para analizar pliegos judiciales; el oficialismo intentará avanzar -cautela dialoguista- con el Súper RIGI para grandes inversiones, un texto ya aprobado por Diputados; y el jueves se reanudará la sesión que quedó con cuarto intermedio en la que se definirá la ley de propiedad privada, una iniciativa ya muy manoseada y con al menos 16 borradores extra, pese a contar con un dictamen de mayoría firmado en mayo pasado.

El puntapié lo dará la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. Desde las 14 de mañana expondrán 12 postulantes a ocupar sitiales en diversos puntos del país, algo que interesa a legisladores aliados que se mostraban preocupados por las dilaciones en relación con este tema. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares. Al día siguiente habrá otra reunión, aunque desde las 11.

Para la tarde de dicha jornada -14.30-, la comisión de Industria revisará un proyecto de la filoradical Edith Terenzi (Chubut) que forzaría la obligatoriedad de comercios del rubro gastronómico a incluir cartas adaptadas con pictogramas. No obstante, el plato fuerte será media hora más tarde, cuando un plenario comience la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.

Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente, mientras que la segunda es presidida por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

Desde La Libertad Avanza (LLA), que regentea la porteña Patricia Bullrich, deslizaron la idea de empujar un despacho exprés, algo arriesgado si se tomaran en cuentas las dificultades que tuvo el oficialismo por apurar leyes sin un acuerdo sellado de manera previa. Que en Diputados haya captado 130 votos es una señal, por haber sido más ajustado de lo esperable. Nadie lo adopta, por ahora, como un espejo.

Entre mañana y el miércoles ocurrirán, con seguridad, encuentros informales entre libertarios y dialoguistas para ver si la ley de propiedad privada llega blindada de cara al jueves, con oficinas y asesores ya hartos de las volteretas de junio y julio. De hecho, la última cumbre conocida fue la que mantuvo Bullrich con el ministro de Desregulación -e impulsor de la norma-, Federico Sturzenegger.

Al término de la reunión, la senadora dijo que había entendimientos sobre el borrador 15. No fue así, debido a que ahí mismo empezó a asomar la versión 16. De hecho, se estiman más modificaciones en las próximas 72 horas, lo que alimenta la postura opositora en contra sobre la iniciativa. En particular, sobre la venta de tierras a extranjeros, que tiene en una misma baldosa al kirchnerismo, a la izquierda y a la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, entre otras caras visibles. El mercado mira de cerca el desenlace.

El pequeño sueño de personajes menores fue que a la compañera de fórmula del primer mandatario en 2023 le tocara intervenir en un potencial empate. Quedará para otra ocasión: la Casa Rosada confirmó anoche que Javier Milei partirá el miércoles hacia Colombia. Por ende, comandará el encuentro el oficialista puntano Bartolomé Abdala, ya que Villarruel suplantará al Presidente en el Ejecutivo hasta su retorno a la Argentina.

Entre mañana y el miércoles, LLA tendrá que decidir si juega a todo o nada con el proyecto, restándole importancia a la marcha que habrá ese día fuera del Congreso. Lo que se presume es que, para la temática en cuestión, lo del jueves tiene aroma a última chance. Ya casi nadie quiere continuar con el asunto. En caso de tener que bajar la persiana -y lo que ello implicaría- el oficialismo buscará, al menos, mostrar avances en otros campos. Y si lo llegara a aprobar, sacará un conejo de la galera que luego deberá pasar el filtro de la Cámara baja y dejar atrás la pronunciada mala praxis legislativa de las recientes semanas.

Un ítem no menor: fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. Hasta se sacó al Congreso del medio. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Una vez que se saldó eso, surgieron dudas menores entre quienes habían demandado cambios. Seguido a ello, entre los senadores libertarios y funcionarios de Milei aparecieron divergencias. Por eso es que la discusión se encuentra enjabonada y no hay lugar firme de dónde agarrarse. Un escenario no recomendable. Restan 72 horas para que se reanude la sesión.

En el inicio de las actividades luego del receso de invierno, el Gobierno enfrenta este lunes el primer conflicto docente desde que está en vigencia la reforma laboral que, entre otras cuestiones, estableció a la enseñanza básica como un servicio esencial.

En gran parte de las escuelas del país se espera que las aulas permanezcan cerradas durante toda la jornada debido al paro anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Durante el fin de semana, las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, cuestionaron la medida de fuerza y advirtieron que, si efectivamente se lleva adelante de la forma en la que está prevista, se estaría violando la norma aprobada por el Congreso a principios de este año.

Es que, en el artículo 24 de la ley 27.802, se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de determinados servicios que el Poder Ejecutivo consideró imprescindibles, deben garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento.

Entre los sectores que fueron calificados de “esenciales“ o “de importancia trascendental” está “el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

Este apartado en particular fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, pero el Estado apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación.

De esta manera, la gestión libertaria consiguió que la reforma continúe plenamente vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Por esta razón, en la Casa Rosada ya prepararon un plan para supervisar durante todo el lunes la actividad en los colegios estatales y detectar los lugares en los que no se cumpla este requisito legal.

Según precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, en caso de encontrar alguna irregularidad, las autoridades nacionales realizarán la correspondiente denuncia.

”Se arrancará un proceso sancionador, si es que no cumplen con lo establecido. No sería la primera vez que se sancione a un gremio por violar una conciliación obligatoria“, remarcó un funcionario.

Al respecto, en Balcarce 50 detallan que “es un trámite extenso“ el que comenzaría bajo ese escenario, pero precisan que “la primera medida es una multa“.

“Ojalá no ocurra, porque lo que se quiere lograr, en última instancia, es que haya clases, pero si no cumplen con el 75% de capacidad, se dictará la sanción y se comunicará oportunamente”, advierte el Gobierno.

En este marco, el domingo Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, que agrupa a los ministros del sector de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, para abordar en conjunto la problemática.

Durante ese encuentro virtual, el secretario nacional, Carlos Torrendell, les ratificó a sus pares que se va a exigir el acatamiento de lo dispuesto en la reforma laboral.

“Se coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto”, comentó Pettovello en su cuenta de X, luego del zoom.

En las oficinas del Ministerio señalaban en la previa del conflicto que esta era “la primera vez que algo así sucede en este contexto, con la nueva ley” y se mantenían atentos a las reacciones de CTERA.

El sindicato confirmó días atrás un paro de 24 horas en todas las escuelas de la Argentina, como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente.

El gremio asegura que el sueldo mínimo de un profesional de esta rama se encuentra estancado en 500 mil pesos, por lo que reclama un aumento sustancial y el regreso del FONID, el fondo del que el Estado disponía para pagarles todos los meses un incentivo a los maestros y profesores, que fue eliminado en el 2024.

Por su parte, el Gobierno remarca que “la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes“, y no a la administración nacional.

En Capital Humano recuerdan que esto es así desde 1992, por lo que no interviene directamente en los acuerdos relativos a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y otros aspectos de la carrera.

Asimismo, la cartera señaló que la propia CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió un decreto que dejaba en manos del Consejo Federal la definición de todas estas cuestiones, causando ”un conflicto innecesario que dificulta la continuidad del diálogo institucional”.

“Son las provincias, junto con las entidades gremiales, quienes establecen las condiciones salariales por medio de la negociación: el Estado nacional no integra una supuesta paritaria nacional docente, por la sencilla razón de que no es el empleador de los docentes”, argumentó.

En este sentido, el Ministerio acusó al sindicato de “amenazar ahora con un paro ilegítimo que compromete el derecho a la educación de los estudiantes argentinos” por no haber encontrado “eco en el ámbito judicial“.

Para ejemplificar lo que podría suceder este lunes si se avanza con la medida de fuerza, en Capital Humano recuerdan el caso reciente de La Fraternidad, a la que se multó por más de $21.000 millones por sumarse al paro de la CGT desacatando así la conciliación obligatoria que se los impedía.

Si bien es un proceso muy largo y complejo, las autoridades nacionales advierten que, por no cumplir con lo que dicta la ley, los gremios también pueden llegar a perder la personería, algo que, no obstante, es más difícil que ocurra.