Semanas atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con quienes integran la línea juvenil del Movimiento Derecho al Futuro. El MDF Juventudes iba a tener su acto de lanzamiento el 6 de junio último, pero producto del fallecimiento del Indio Solari, la actividad se pospuso. Luego, el mandatario recibió en la gobernación a las principales referencias del sector. En la reunión, se habló de distintos temas que atraviesan a jóvenes, sobre todo sociales y económicos. También le dijeron a Kicillof que están en contacto con otras provincias y que la idea es nacionalizar el MDF Juventudes.

El plan es hacer pie en otras provincias a la par de lo que vienen haciendo distintas ramas del MDF. El objetivo final es dotar de estructura propia para lo que será la negociación del peronismo de cara a las elecciones del año que viene. Quienes están dentro del MDF están confiados de que Kicillof estará al frente de la campaña y será el candidato por el peronismo.

Es en este marco que, lentamente, se empiezan a diseñar y estudiar distintos escenarios. El voto joven es uno de ellos. En las elecciones del 2023, La Libertad Avanza logró capitalizar buena parte del descreimiento político en jóvenes y buscará profundizarlo. Por caso, semanas atrás, el diputado provincial de LLA, Pablo Morillo, presentó un proyecto de ley para bajar la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses: la propuesta es bajar de 25 a 18 años. Como dio cuenta Infobae, desde el partido pretenden aumentar la presencia de militantes de la juventud libertaria en las listas. Señalan que, si la iniciativa avanza en la legislatura bonaerense, podría haber candidatos menores de 25 años liderando listas en distintos distritos. Esta medida también apunta a captar el “voto joven” para el próximo año y a fortalecer la militancia, que el partido impulsa mediante diversas agrupaciones en los municipios de la provincia.

El sector de Kicillof también busca sumar presencia juvenil. En la provincia de Buenos Aires, el MDF Juventudes está constituido y ya funciona como un dispositivo propio. Entre las referencias aparecen directoras de distintos ministerios, concejales; además, presencia de militancia universitaria y de ramas juveniles de sindicatos. La directora de Juventudes, Ayelén López, es una de las que está a cargo del despliegue más allá del territorio bonaerense, al igual que la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, del ministerio de Trabajo bonaerense, Macarena Kunkel. Como contó este medio, las caras visibles del MDF Juventud también aparecen en la estructura del PJ bonaerense que preside Kicillof. Aylén Katopodis y Constanza Schumkler figuran como titulares. Katopodis, activa en San Martín, lidera la secretaría de Juventud del PJ en la Primera sección electoral. Es abogada y, además, hija de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial. Por su parte, Schumkler se desempeña como consejera escolar en Vicente López por el peronismo, integra el PJ encabezado por Kicillof y participa en la agrupación Descamisados. La concejala de La Plata, Sol Malundez, es otra figura que participa activamente.

Las referentes de Juventud se reunieron con Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y con la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Allí le trasladaron la idea de expandir la rama del MDF a otras provincias. El gobernador dio el visto bueno.

Desde ese momento a la actualidad, empezaron a aceitar contactos con Tierra del Fuego, San Juan, Chaco, Corrientes. Lo hacen a través de las ramas juveniles de la CTA de los Trabajadores y la CGT. Con la CGT la articulación se hace a través del gremio de UPCN. A nivel provincial, tanto la CGT como la CTA están trabajando para la construcción política de Kicillof y se encuadran dentro del Movimiento Derecho al Futuro, a través de distintos dirigentes. También hay otros gremios como ATSA, Camioneros, UOCRA, Las 62 organizaciones y varias más.

Según cifras oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el padrón electoral nacional para las elecciones legislativas de 2025 incluyó 35.987.634 electores habilitados. De ese total, 1.139.315 correspondían a jóvenes de 16 y 17 años, según los datos publicados por el Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior (Elecciones Legislativas 2025: el proceso electoral, en números).

En cuanto a la franja de 18 a 30 años -que es donde está mirando el MDF Juventud- la Cámara Nacional Electoral indicó a través de informes y estadísticas que este grupo representa aproximadamente uno de cada cuatro electores habilitados, es decir, cerca del 25% del padrón nacional. Aplicando ese porcentaje sobre el padrón total, el número estimado de electores de 18 a 30 años asciende a unos 9 millones. Sumando los 1.139.315 de 16 y 17 años, el total de electores menores de 30 años se aproxima a 10 millones de personas.

“La idea es empezar a componer un ámbito de referencias nacionales”, remarcaron desde la línea de Juventud del MDF a este medio. “Nuestro objetivo es organizarnos este año porque quedan 5 meses de 2026 y el año que viene vamos a tener una campaña a nivel nacional y el sector juventud es muy importante en la cantidad de pibes sub 30 que votan”, agregaron. Anhelan que el candidato sea el gobernador bonaerense. En la discusión interna, La Cámpora, nacida hace 20 años como organización juvenil, sigue promoviendo a Cristina Kirchner a la par de la campaña que viene desplegando por la libertad de la expresidenta.

Tras el encuentro con los referentes del MDF Juventud, Kicillof había planteado que “para entender las problemáticas actuales de los pibes y las pibas necesitamos conocer cuáles son sus ideas y propuestas: no alcanza solo con acercar herramientas y políticas desde el Estado, tenemos que ofrecerles respuestas a sus inquietudes en un mundo de cambios muy veloces”.

El Gobierno dispuso por decreto que Diego Santilli concentre el control de ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), mientras Arsat y el Correo Argentino pasarán a la órbita de su vicejefe y mano derecha Gustavo Coria, un movimiento que fortalece la estructura propia y de quienes están alineados con Karina Milei.

La medida quedó formalizada en el Decreto 581, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de Santilli. La reorganización se produce alrededor de la Jefatura de Gabinete y de las dos secretarías comunicacionales que dependen del Presidente.

Los cambios se producen después de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentara su propuesta de estructura frente a los hermanos Milei y le fuera aprobado. “No creamos más áreas, sino que reordenamos al interior de la Jefatura y redujimos direcciones, subsecretarías y cargos por el traspaso del Ministerio del Interior a nuestra órbita”, comentó una fuente inobjetable a Infobae.

La reorganización saca de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología esos cuatro organismos y empresas, que hasta ahora dependían del área conducida por Darío Genua, alguien que llegó a la administración nacional por recomendación de Rodrigo Lugones, socio del asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move.

El cambio se produce mientras Arsat atraviesa el impacto de una causa judicial sobre su conducción anterior. Durante los allanamientos, la Justicia secuestró USD 2,4 millones en efectivo, además de drogas y equipos de espionaje, en propiedades del expresidente de la empresa Facundo Leal.

El dato central del decreto es que Santilli pasa a controlar de manera directa áreas de altísimo componente estratégico como son las telecomunicaciones, a través de ENACOM; y la agencia que controla qué información es pasible de ser revelada desde el Poder Ejecutivo o no, la AAIP. Ambas estructuras responden directamente al jefe de Gabinete, ni siquiera a sus vicejefes.

En tanto, Coria tendrá la responsabilidad sobre la conectividad terrestre y satelital que provee la empresa pública Arsat, así como el Correo Argentino, que tiene una importancia fundamental al momento de mirar la logística de lo que serán las próximas elecciones nacionales, ya que es la compañía de logística que ayuda al traslado de urnas y todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo esa jornada.

Genua, identificado dentro del Gobierno con el sector de Caputo, conservará únicamente el control del Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG), la única empresa estatal que permanece bajo su órbita. También sigue a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET.

El ENACOM, actualmente a cargo del interventor Juan Martín Ozores, es la autoridad de aplicación de las leyes sobre telecomunicaciones, servicios audiovisuales y comunicaciones satelitales. También administra el espectro radioeléctrico, otorga licencias y fiscaliza a los operadores del sector.

La AAIP, por su parte, es el organismo responsable de garantizar el acceso a la información pública y de controlar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales.

En el caso de Arsat, el traspaso ocurre en medio de una investigación que comenzó por el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica y luego se amplió a presuntas irregularidades en contrataciones. La causa derivó en la detención y en allanamientos sobre Leal. El Correo Argentino, a su vez, atraviesa un proceso de reestructuración con reducción de personal y gastos. Ese ajuste se inscribe en la decisión oficial de avanzar con su privatización.

Ese medio sostuvo que el reacomodamiento no implica por ahora cambios de nombres en la conducción de los organismos: Genua sigue en su secretaría y también continúan los titulares de Arsat, del Correo y del Enacom.

Dentro del sector de Caputo, algunas fuentes describieron la redefinición de competencias como un acuerdo y señalaron la continuidad de Genua como prueba de esa lectura. En otros sectores del Gobierno, en cambio, interpretaron la decisión como otro avance de Karina Milei sobre la estructura de influencia del asesor presidencial.

Podría ser un punto medio que encontró Santilli para hacer equilibrio entre ambas partes de la interna: quitar la estructura pero no a sus responsables. El jefe de Gabinete no considera que haya que seguir profundizando la guerra al interior del Gobierno.

La Jefatura de Gabinete solo sufrió una fuga a nivel organizacional: la salida de la Secretaría de Comunicación y Medios, la cual se consolidó como una estructura aparte y dependiente de manera directa de la Presidencia de la Nación.

Esto llevó a que en el Decreto publicado el lunes se dispusiera el traslado de diferentes direcciones y coordinaciones que permanecían bajo la órbita de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno.

Esa área se encontraba bajo el mando de Agustina Vilanova, alguien de estrechísima confianza del entonces secretario Javier Lanari. Ambos presentaron sus renuncias antes de que se diera a conocer que Adorni había decidido reemplazar la cúpula de Comunicación y colocar al actual secretario Fabián Fernández.

La Subsecretaría ahora pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Vocería Presidencial, a cargo de Adrián Ravier, área donde tiene mayor injerencia el sector ligado a Santiago Caputo. Así, esa área solo tiene dos subunidades: la Unidad de Gabinete de Asesores, por Alexia Sagemuller, que viene de trabajar en la Fundación Faro; y la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, que aún no tiene designación formal.

La Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Fernández, recibió dos subsecretarías y una dirección provenientes de distintas áreas de la Jefatura. Así, el área quedó con subesferas: las Subsecretarías de 1) Coordinación Administrativa y Legal; 2) Prensa y Actos de Gobierno; 3) Comunicación y Medios Públicos; y 4) Análisis y Planificación de Gobierno. En todas ellas no se conoce designación formal.

La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.