“¡Gracias compañeros y compañeras por lo del PJ de hoy!”. El mensaje que Axel Kicillof envió al grupo de WhatsApp del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que integran intendentes y dirigentes que promueven la figura del gobernador, destacó que su sector logró hacer un poco de mella en la renovación del Partido Justicialista.

La decisión de que se renueven las autoridades el próximo 15 de marzo abre un nuevo escenario en la discusión interna del espacio. Aunque tanto desde el sector de la ex presidenta Cristina Kirchner -quien transita la prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad- como los referentes de Kicillof plantean que buscarán un esquema de unidad para llegar a esa fecha, lo cierto es que subterráneamente la desconfianza es total. Se evidenció en lo que fue el proceso de este viernes en la reunión del consejo del partido en Malvinas Argentinas.

Son varios los actores involucrados en la discusión, entre intendentes de La Cámpora, otros que buscan hacer equilibrio entre ambos bandos, el espacio de Kicillof con posiciones que varían en el nivel de beligerancia y en el medio de todo los tiempos electorales de carácter interno.

Hubo un principio de acuerdo este viernes. Fue básicamente pactar una fecha. Si bien desde el espacio de Kicillof optaban porque fuera más entrado el mes de abril, lo cierto es que con esos plazos y ya con el mandato de Máximo Kirchner caducado —venció el jueves pasado— y el consejo del partido en el mismo camino, se corría la chance de una intervención judicial. Los días previos hubo conversaciones entre ambos sectores para que este viernes se ponga sobre la mesa una fecha. Uno de los que medió fue el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Aunque ahora nadie se anime a arriesgar nombres, el lomense es uno de los que suena. Otra es la vicegobernadora, Verónica Magario. En su momento, Kicillof pensó en el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

En el MDF están dispuestos en ir a una contienda interna. De hecho, este viernes “festejaron” haber conseguido “las claves digitales” para poder cargar afiliaciones propias en caso de disputar una elección. El visto bueno de esas afiliaciones deberán pasar por el congreso partidario; el mismo lo preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los negociadores de Kicillof.

Aunque en La Plata adviertan que el mandatario está algo corrido del devenir partidario, Kicillof sigue de cerca lo que sucede. De hecho, este viernes a la reunión del consejo asistió la Secretaria General del Gobierno, Agustina Vila. Fue una enviada directa. Su presencia fue para ampliar la integración de los apoderados. Sin embargo, no pudo ser posible porque no estaba afiliada al PJ. En su lugar se incluyó a una funcionaria de su área: Sol Berriel.

En el cristinsimo admiten cierta falta de praxis de parte del sector de Kicillof. Es que el otro postulante para ser apoderado, Mariano Díaz Ordoñez, del peronismo de La Matanza, tampoco estaba afiliado al partido.

Cerca de Kirchner aseguraron a Infobae que “se va a seguir trabajando para llegar una lista de unidad”. “De nuestro lado está toda la predisposición”, aclararon.

Otro de los negociadores de Kicillof habló con este medio tras la reunión y aclaró que hoy por hoy “no hay una situación de unidad”.

“Podemos intentar lograrla, no es un tema de ‘queremos la unidad, seamos buenos’: estamos discutiendo que tiene que cambiar la lógica”, sumó el dirigente del MDF.

En ese cambio de lógica, lo que asoma es que el sector de Kicillof quiere un respaldo orgánico y constante del PJ bonaerense a la gestión y construcción hacia el 2027; es decir, ya con proyección nacional.

A partir de ahora se trabajará casi en tiempo récord para cargar afiliaciones. También podría darse una reunión del congreso partidario para plantear la nueva integración de la junta electoral. Ese encuentro sería de carácter virtual.

Será un verano en el que las negociaciones internas seguirán casi como durante todo el 2025, cuando hubo que acordar listas para las elecciones provinciales y nacionales.

Por lo pronto, el lunes Kicillof reunirá a los principales dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro para hacer un cierre de año y con proyecciones para el 2026, en el que el mandatario empezará a buscar una expansión de su espacio a otras provincias. La reunión será en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA) en la ciudad de Ensenada.

La ola triunfante sobre la que avanzaba el oficialismo después de las elecciones de octubre sufrió esta semana un primer golpe con la realidad. La Libertad Avanza festejó la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados pero perdió una votación clave sobre la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. El traspié legislativo dejó expuestas fallas en el tejido de alianzas que tuvieron a cargo Martín Menem y el ministro del Interior Diego Santilli.

“Forzamos mucho ese capítulo, pero estamos bien”, dicen cerca del presidente de la Cámara y señalan que son “apenas” una primera minoría en el recinto, por lo que prevén que el trámite legislativo “va a seguir siendo difícil”.

Durante las últimas semanas, Santilli se había ocupado de aceitar el vínculo con los gobernadores para garantizar el apoyo al Presupuesto. Repartió $66 mil millones en concepto de ATN durante las dos semanas de diciembre, mientras que el total del año es de $199 mil millones.

Entre los que más recibieron se destacaron Tucumán ($20 mil millones); Misiones ($12 mil millones); Chaco ($11 mil millones); Catamarca ($10.500 millones); Entre Ríos ($7 mil millones); y Salta ($6 mil millones). Tal vez por eso en el oficialismo daban por propios algunos votos que luego se dieron vuelta al momento de votar el polémico capítulo 11.

Los tres tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, apoyaron en general el Presupuesto pero dos de ellos rechazaron el capítulo 11 y uno se levantó para no votar. Por su parte, los tres catamarqueños que controla Raúl Jalil también votaron a favor en general pero rechazaron el capítulo 11. En el caso de Salta, tres diputados apoyaron en general y uno se dio vuelta para voltear el artículo de la polémica.

“No es todo tan lineal y que algún diputado vote en contra no quiere decir que se haya metido el gobernador”, argumentan algunos libertarios. No obstante, otros diputados oficialistas reconocieron que tenían el compromiso previo de los catamarqueños para votar a favor o en todo caso abstenerse. También apuntan contra los diputados de Provincias Unidas, que habían ayudado a garantizar el quórum, pero luego rechazaron el proyecto. “Se iban a retirar y no lo hicieron. No se bancaron la presión del kirchnerismo”, aseguró un libertario ante la consulta de Infobae.

Los cinco cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora habían dejado en claro su insatisfacción con el proyecto de Presupuesto durante el debate en comisión y se abstuvieron al momento de la votación en general. Luego, cuando se trató el capítulo 11, directamente votaron en contra.

Entre los principales reclamos de la provincia se destaca la deuda con la caja previsional provincial. Por lo que no cayó nada bien cuando al día siguiente, cuando comenzó a analizarse el Presupuesto en el Senado, el secretario de Hacienda Carlos Guberman rechazara el monto reclamado para cubrir el déficit.

Según Vigo, la deuda con Córdoba es de $690 mil millones mientras que en el Presupuesto el Gobierno destinó $122 mil millones para todas las provincias. “No alcanzaría ni por asomo”, fustigó.

“Esa deuda es la que calcula la Provincia sin ninguna validación por parte de Anses como para estar claros de que ese es el valor. Sabemos que hay una deuda, pero no estamos de acuerdo con que el monto sea ese. Es algo que tendrá que definir Anses de acuerdo a las simulaciones que tiene que hacer”, explicó el funcionario ante una pregunta de la senadora schiarettista Alejandra Vigo. Esa respuesta no augura una buena relación con la bancada que también integran los pullaristas de Santa Fe.

Por otro lado, la relación entre los libertarios y el PRO merece un capítulo aparte. El bloque amarillo reclamó durante las negociaciones previas que se incluya en el Presupuesto la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires y se llevó un compromiso de último momento de que ese punto sería incluido.

El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, no pudo ocultar su enojo al ver que los libertarios incluyeron ese artículo dentro del polémico capítulo 11, junto con discapacidad y universidades. Como la votación era por capítulos enteros, lo interpretaron como una maniobra para forzar un escenario de todo o nada. Finalmente fue nada. El capítulo salió rechazado y el PRO se quedó con las manos vacías.

Pero como si eso fuera poco, luego se concretó un pacto entre los libertarios, el kirchnerismo y los gobernadores de Salta y Misiones para designar a los tres representantes por Diputados a la AGN.

Esa misma madrugada juraron Mónica Almada, en representación de LLA, Juan Ignacio Forlón, por el peronismo, y la salteña Pamela Calletti, alfil de los gobernadores del norte. El PRO se retiró del recinto enardecido y amenazó con judicializar la designación.

Recomponer esa relación, que ya había quedado muy golpeada por la decisión de sacarle a los diputados bullrichistas para sumarlos al bloque LLA, será una tarea ineludible para Menem, ya que los 12 diputados que conduce Ritondo son esenciales para llegar al quórum.

Según pudo saber Infobae, ya hubo contactos entre Menem y Ritondo. “Intentó explicar lo inexplicable, van a tener que hacer muchos esfuerzos para que volvamos a confiar”, resumieron en la bancada amarilla.

“Nos cambian a nosotros, que somos aliados ‘baratos’, por los gobernadores, que son caros y además después te hacen lo que hizo Sáenz, que puso a dos diputados a votar a favor y a uno en contra para quedar bien con todos”, explicaron.

Y desafiaron: “La reforma laboral la vamos a apoyar, pero cuando empiecen las sesiones ordinarias los libertarios se van a dar cuenta que 95 diputados es un montón, pero te siguen faltando 34 para el quórum”.

Con alianzas frágiles y reclamos aún pendientes, el Gobierno enfrenta la necesidad de revisar su estrategia para avanzar con las reformas estructurales que prometió Milei para los próximos meses.

El comienzo del nuevo Congreso no fue para nada el que esperaba el Gobierno, que a pesar de tener un bloque más fuerte y haber negociado durante varias semanas con los aliados, no logró aprobar el Presupuesto 2026 que pretendía y sufrió el rechazo de artículos clave que ahora ponen el riesgo todo el proyecto, a menos de que consiga recomponerse en el Senado.

En medio de una sesión maratónica y con protestas a lo largo de toda la jornada, en la Cámara de Diputados, en la madrugada del jueves, la iniciativa obtuvo media sanción, pero dejando afuera la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad.

Las autoridades nacionales habían incluido la baja de ambas leyes en el artículo 75 del texto que, a su vez, estaba adentro del polémico Capítulo XI, titulado “Disposiciones generales” y que también contenía propuestas que pedían las provincias.

A lo largo de toda la semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, prácticamente se instaló en el despacho de Martín Menem, presidente del recinto, para coordinar en conjunto la estrategia parlamentaria.

En la previa de la votación todo indicaba que el oficialismo conseguiría los apoyos necesarios como para que el Presupuesto saliera tal como lo había enviado el Poder Ejecutivo, pero con el correr de las horas todo se complicó.

Luego de varias maniobras de último momento y cruces con diferentes bloques, la Casa Rosada volvió a estar enemistada con algunos de sus principales aliados y con los gobernadores con los que venía recomponiendo el vínculo.

A partir de esta situación, al día siguiente la mesa política se reunió en el Ministerio del Interior para analizar los pasos a seguir: estuvieron el anfitrión, Santilli; su par de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

En ese encuentro, la cúpula decidió que se iba a insistir en el Senado con las medidas de discapacidad y universitaria, pero ya no buscando su eliminación, sino apuntando a modificar las normas que fueron aprobadas, pero nunca se aplicaron, con el argumento de que no especifican la fuente de financiamiento y, por ese motivo, afectan el déficit fiscal.

Tal como precisó este medio, todas las propuestas que se están estudiando implican mantener vigentes esas leyes, pero agregando recortes en otros lados y aclaraciones sobre la implementación para respetar el equilibrio fiscal.

Por caso, según pudo saber Infobae, en cuanto a la emergencia en discapacidad, entre otros puntos, se propondrá incluir que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeto a actualizaciones.

En lo que respecta al Financiamiento de Educación Universitaria, tampoco se avanzará con su derogación, pero se establecerá un aumento que será del 20% de los fondos designados para gastos de funcionamiento sobre lo repartido en 2025.

“Así como está, el Presupuesto no va a salir porque atenta contra el superávit. Vamos a trabajar en buscar la manera para solucionar el conflicto en la Cámara alta”, sostuvo un funcionario involucrado en las conversaciones.

De hecho, con el objetivo de concentrarse plenamente en esta tarea, Bullrich optó por postergar el tratamiento de la reforma laboral, otra de las iniciativas que para el Gobierno eran prioritarias, y así votar el 26 de diciembre solamente este proyecto, el de Inocencia fiscal y el que plantea cambios en la ley de glaciares. La sesión ya fue convocada para ese día a partir de las 12:00.

“Queremos tener el instrumento (por el Presupuesto), no va a ser el final, porque hay muchas cosas que se han escuchado y que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente. Solamente digo esto para que vean que estamos abiertos al diálogo”, remarcó la ex ministra de Seguridad, durante una conferencia de prensa.

En los pasillos de la Casa Rosada, no solo celebraron la media sanción del Presupuesto, al remarcar que “los mercados respondieron muy bien con esa noticia”, sino también la de las otras iniciativas que avanzaron en la madrugada del jueves.

“Hay muchos que seguramente no estén preparados para esta discusión, pero el proyecto de Inocencia fiscal es, probablemente, uno de los más importantes de toda la gestión”, indicó un integrante de la mesa chica política.

Ahora, las dos propuestas deberán tratarse en el Senado, donde si bien La Libertad Avanza está mejor posicionada que antes de las elecciones, con 20 integrantes en su bloque -hasta que jure el reemplazante de Lorena Villaverde- sigue siendo minoría.

En el corto plazo, además, Santilli tiene la misión de recuperar las relaciones con los gobernadores, molestos porque si intentó usar algunos de los pedidos que hicieron para forzar la votación de todo el Capítulo XI, con el artículo 75 incluido.

Asimismo, el ministro ya se comunicó en varias oportunidades con su ex compañero de bloque, Cristian Ritondo, quien acusó a las autoridades nacionales de cometer un hecho inconstitucional al elegir a los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN).

El jefe del bloque PRO, que pretendía que uno de esos lugares fuera para alguien de su partido, señaló en un comunicado que el Congreso solamente puede votar en sesiones extraordinarias las cuestiones que envíe formalmente el Poder Ejecutivo.

Para la administración libertaria, en cambio, el pleno del cuerpo “es soberano para decidir si se agrega alguna cuestión no prevista” durante el debate, por lo que “no es una cuestión que dependa del Ejecutivo y es discutible que tenía que estar previamente en el temario”.

De todas formas, las autoridades nacionales se muestran preocupadas por la pelea que surgió con uno de sus aliados más leales y aseguran que van a intentar recuperar la cordialidad.