Después de estar un mes a la defensiva, el oficialismo en el Congreso logró recuperar casi por completo el control de la agenda y normalizó la relación con algunos de los bloques aliados que habían dejado trascender su malestar por los manejos de la Casa Rosada. Durante octubre, los libertarios se abocarán a avanzar en la Cámara de Diputados con los proyectos sobre Malvinas, la reforma en Discapacidad, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027. La oposición, por su parte, luchará por mantener en el centro de la discusión pública los proyectos sobre endeudamiento y mora.

El martes, el oficialismo logró dar vuelta la página tras la polémica que se desencadenó por el ajuste en el área de Discapacidad que contenía el proyecto de Presupuesto 2027. Tras dos semanas de tensión, que incluyeron reclamos públicos de los bloques aliados y pases de factura entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió el Poder Ejecutivo y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

Aunque todavía quedan pendientes algunos reclamos de los aliados, como una redacción clara que ratifique que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación y el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas, el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el próximo 7 de octubre.

Esa mega sesión también incluirá el proyecto para proteger los recursos del Atlántico Sur y reforzar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. El puntapié inicial del debate será el miércoles 30 de septiembre, en un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, conducidas por los oficialistas Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El cronograma continuará el martes 6 de octubre con otro plenario de comisiones donde los libertarios buscarán firmar dictamen. Así el texto quedará listo para debatirse en el recinto de la Cámara de Diputados al día siguiente.

Si bien todavía no hay confirmación oficial, fuentes del oficialismo señalaron a Infobae que la reforma del Banco Central también estará incluida en el temario de esa sesión. Los cambios en la Carta Orgánica que apuntan a garantizar la independencia de la entidad monetaria respecto del Poder Ejecutivo fueron aprobados este jueves en el Senado. Pero el texto que venía de Diputados sufrió una modificación importante, por lo que deberá volver en revisión a la Cámara de origen.

A instancia de los gobernadores, y con acuerdo del peronismo, se cambió la redacción en un punto clave: la mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras para remover a las autoridades del Banco Central fue reemplazada por una mayoría absoluta (37 votos afirmativos) solo en el Senado. Ese cambio fue aprobado casi por unanimidad (66 votos a favor y sólo dos en contra), por lo que será matemáticamente imposible que Diputados pueda insistir con el proyecto original (debería llegar a los dos tercios pero no puede lograrse sin el peronismo).

Por su parte, la oposición avanzará este martes 29 de septiembre con el dictamen de las iniciativas sobre endeudamiento. En estos días el peronismo y los bloques dialoguistas buscan unificar una propuesta que no tenga costo fiscal (para evitar un veto presidencial), mientras que el oficialismo y sus aliados presentarán una propuesta propia que tendrá como eje principal la concientización (sin ningún tipo de refinanciación obligatoria de las deudas). La oposición aún no define cuándo convocará a una sesión ya que no tienen los 129 votos del quórum asegurados.

Finalmente, durante el tramo final del año, oficialismo y oposición se abocarán a la negociación del Presupuesto 2027. El cronograma incluirá reuniones informativas el 13, el 14, el 20, el 21 y el 27 de octubre. En tanto que el miércoles 28 prevén firmar el dictamen para avanzar en el recinto el miércoles 4 de noviembre.

Esta negociación estará atravesada por el armado de las alianzas electorales de cara a los comicios del año que viene y condicionará directamente otro de los objetivos principales del Gobierno: la eliminación de las PASO.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que Londres está preparado para defender militarmente las islas Malvinas ante una eventual acción de Argentina. En declaraciones a The Sun on Sunday, sostuvo que las Fuerzas Armadas británicas cuentan con los medios necesarios para proteger el archipiélago.

Streeting rechazó las reiteradas reivindicaciones de soberanía del presidente Javier Milei y las calificó como una posición sin fundamento. También descartó que Argentina tenga la capacidad de tomar las islas por la fuerza.

Consultado sobre si el Reino Unido podría responder en el plano militar en caso de que Argentina enviara buques de guerra hacia las Malvinas, el ministro respondió de forma afirmativa. “Sí”, dijo al diario británico.

“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, declaró Streeting. Más tarde, insistió en que no prevé un conflicto, aunque remarcó la capacidad defensiva británica.

El funcionario cuestionó los planteos del Gobierno argentino y afirmó que se repiten año tras año. En una de sus declaraciones utilizó un término despectivo para referirse a los argentinos, expresión que se reproduce únicamente por su relevancia informativa.

Londres sostiene que la cuestión quedó resuelta tras la guerra de 1982

El secretario de Defensa señaló que la disputa quedó definida luego de la guerra de las Malvinas de 1982, cuando el Reino Unido recuperó el control del archipiélago tras un conflicto de 74 días. En ese contexto, sostuvo que la población isleña ha expresado su voluntad de mantener el vínculo con Londres.

En el referéndum de 2013, el 99,8 % de los votantes de las islas Malvinas se pronunció a favor de que el territorio continuara bajo administración británica, según los datos citados por The Sun on Sunday.

Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas, a las que denomina Malvinas, así como sobre las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El Reino Unido administra el archipiélago y sostiene que la cuestión fue resuelta, mientras que Argentina considera que existe una disputa de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.

La explotación petrolera y los anuncios oficiales elevaron la tensión diplomática

Las declaraciones de Streeting se producen después de una escalada política entre Argentina y el Reino Unido durante septiembre. La controversia se intensificó a partir de expresiones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible revisión de la posición de Washington respecto del archipiélago.

El 3 de septiembre, Milei anunció sanciones para las compañías que explotan hidrocarburos en la zona sin autorización argentina, fondos para una base naval en Tierra del Fuego y un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las medidas apuntaron, entre otros, al proyecto petrolero Sea Lion, situado a 220 kilómetros al norte de las islas y con planes de iniciar su producción en 2028.

Las autoridades británicas calculan que ese desarrollo podría generar 2.000 millones de dólares en regalías durante 30 años. La explotación es impulsada por un consorcio integrado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel.

La respuesta británica incluyó el rechazo de las sanciones argentinas y la confirmación de que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico sostuvo que se trata de una rotación prevista con anterioridad a la actual tensión diplomática.

En el plano judicial, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó como medida cautelar que las petroleras señaladas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. A la vez, la Cancillería argentina preparaba gestiones ante Estados Unidos para que Washington evalúe una mediación, una posibilidad que requeriría la aceptación de Londres.

Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre para exigirle al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La medida de fuerza, resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), será parte de las acciones previas a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

Pero habrá una condición para que el cese de actividades no se lleve a cabo: si el Ejecutivo cumple, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% contemplado en la norma. La última propuesta oficial fue una suba del 3%, que los gremios rechazaron durante la negociación paritaria.

La medida fue definida en un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que buscará coordinarla con CONADU Histórica, y estará acompañada por acciones para visibilizar el conflicto en los días previos a la movilización.

La disputa salarial y la intimación judicial

Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios adeudan una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo sindical se apoya en el porcentaje previsto por la Ley de Financiamiento Universitario. La norma ordena actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes, además de los programas de becas estudiantiles.

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar que exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado concedió un plazo de cinco días y advirtió que podrá imponer multas por cada jornada de demora.

Cormick había dictado esa medida en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema dejó firme la decisión el 25 de junio.

Por su parte, la Casa Rosada anunció que apelará esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió la cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo, aunque la apelación no modificará la cautelar original, que quedó firme.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, pero Milei la vetó. El Parlamento insistió luego con la norma mediante los dos tercios requeridos en ambas cámaras: el Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año, con 58 votos a favor y siete en contra.

El Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación al argumentar que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a presentar la demanda judicial que derivó en la cautelar vigente.

La Marcha Federal del 15 de octubre

La convocatoria sindical apunta a sostener el reclamo hasta la movilización prevista para el 15 de octubre. CONADU afirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria deberá exponer la situación del sistema universitario, tanto por la falta de aplicación de la ley como por el proyecto de Presupuesto 2027.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la necesidad de reforzar la acción colectiva. “El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’”, sostuvo.

Chevalier añadió: “Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.

La organización también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar el pedido de financiamiento y actualización salarial para las universidades nacionales.