Con un calendario más que ajustado, el Congreso iniciará mañana un período de sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre, con un Gobierno envalentonado y con mayor volumen legislativo, aunque sin mayorías propias, y dos objetivos principales, blanqueados por la propia Casa Rosada: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Las dudas que persisten desde que se conoció el temario son conocidas y las ansiedades se convierten en temor: leyes cruzadas entre Cámaras para ganar tiempo, un acotado cronograma que choca con las fiestas y bloques que deslizan la posibilidad de proyectos aprobados, pero no sancionados antes de fin de año.

La ley de gastos para el año próximo es la que, en principio, mejor perspectiva presenta. Primero, por el contexto. Ya van dos presupuestos prorrogados por el Ejecutivo -no tendría problemas en hacerlo de nuevo-, aunque el mercado y otros organismos necesitan el guiño de Balcarce 50 con el control del Congreso. También, los gobernadores: entendieron, después de dos años de ajuste -validado con votos-, la conveniencia de contar, al menos, con ciertas partidas escritas en una ley.

Al ser más flexible en cuanto a reglamento, Diputados podría dictaminar rápido el Presupuesto 2026 -lo hizo antes que terminara el período ordinario y, con el recambio, perdió validez- y llevarlo lo antes posible al recinto, para dejarle al Senado dos semanas. La primera, para firmar un despacho; la segunda, luego de los siete días -no habría dos tercios para habilitar sobre tablas, con el kirchnerismo en modo opositor total-, para sesionar. No es ilógico, aunque forzaría con seguridad a trabajar lunes o viernes, la criptonita del 95% de legisladores que vuelan todas las semanas hacia la Capital Federal. Todo esto, bajo una potencial perspectiva acuerdista de las partes que estarán involucradas.

El Congreso es día a día, llamado a llamado y voto a voto. Pensar que todo caminará de forma natural o por mensajes mágicos o desde el cielo sería un grave error de parte del Gobierno libertario. Más aún, con un kirchnerismo herido y que pasó de pegarle piñas parlamentarias a Javier Milei con los ojos cerrados a recientes y desesperados intentos para sostener algo más de un tercio de voluntades. No es menor y no debe olvidarse ya que, en el medio, sólo queda un festín de aceitosos. El ida y vuelta de los articulados, las discusiones en las comisiones y en los recintos son sólo la pantalla de cuestiones políticas, personales y de eventuales elefantes que tendrán que pasar por un bazar sin ser detectados.

Con el Presupuesto 2026 estará atado el demorado texto de inocencia fiscal que entró a Diputados y, en un segundo, ingresó a siesta durante meses. En paralelo a esto, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, ya prepara el hombro para cargarse la discusión de la reforma laboral, a la que le quiere dar un trámite muy ágil. No es una meta sencilla, pero la saliente ministra de Seguridad asegura tener “fe”. De nuevo, será clave obtener un dictamen en un abrir y cerrar de ojos para aguardar una semana y votarlo. Bien pretencioso.

Detrás de este primer paquete corren, por caso, las modificaciones sobre periglaciares y el nuevo Código Penal, con precisiones no tan claras aún ni estrategia definida. En caso de contar con aprobaciones sin sanciones para las leyes que busca, el Gobierno deberá adoptar un plan B sobre las extraordinarias. La mayoría de las bancadas prefiere cerrar el Congreso en enero y retomar en febrero. Sobre todo, si el corriente mes finaliza sin problemas para el oficialismo. Otros creen que, para no quedar mal ante la opinión pública, se incluiría la última semana de enero para demostrar un menor receso. Es lo que menos interesa, pero son más las consultas por esto que por el articulado de los proyectos, según el bloque. La Casa Rosada lo sabe y por eso aspira, con dicho interés del otro lado mediante, a votar todo lo que pueda.

Mientras el Gobierno activa el protocolo antipiquetes y resta importancia al “poder de movilización” de los movimientos sociales, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabezará este martes 9 de diciembre, desde las 10 de la mañana, una Jornada Nacional de Lucha contra el Hambre, por Salario Digno y Trabajo con Derechos, con acciones simultáneas en el AMBA y más de 30 ciudades del país. Entre esos centros de protesta figura el Congreso de la Nación. Las protestas incluyen ollas populares, cortes, asambleas y movilizaciones territoriales que conforman el inicio de lo que diversas organizaciones describen como “un diciembre caliente”.

La medida se da en un escenario social “crítico, atravesado por el congelamiento del Salario Social Complementario (SSC) —fijado en 78 mil pesos desde diciembre de 2023—, la pérdida de ingresos informales, la paralización de la obra pública en barrios populares y la tensión creciente por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza“, describen los organizadores.

“Estamos frente a un plan sistemático de miseria planificada”, señalan desde la UTEP, que articula la convocatoria junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CCC y el Frente Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otras organizaciones del campo popular.

No estarán solos. Los sindicatos combativos participarán de la protesta. La Asociación Trabajadores del Estado, por ejemplo, definió la fecha del Paro Nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. Hasta ese mismo punto también llegarán las principales columnas de la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro “Peluca” Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Cuando fue la crisis económica global de 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”, opinó el dirigente estatal.

El jueves pasado, una masiva asamblea en Plaza Belgrano, en La Plata, impulsada por la UTEP, funcionó como puntapié del plan de lucha.

Gremios estatales, movimientos territoriales y las dos CTA coincidieron en el diagnóstico: el Gobierno busca una flexibilización “al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los grandes grupos empresarios”, que precariza aún más un mercado laboral que ya refleja índices de indigencia sin precedentes, sostuvieron en un comunicado en conjunto.

El Partido Justicialista acompañó con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, donde advirtió sobre el deterioro acelerado de los ingresos y la ofensiva sobre los convenios colectivos.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, planteó una lectura dura y directa sobre la reforma laboral: “No existe reforma en el mundo que por sí sola genere trabajo con derechos. Cuando el Gobierno dice que quiere terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, como pasó en 2001, cuando la gente cagada de hambre terminó saqueando supermercados”.

Gramajo describió una situación social límite: endeudamiento familiar, pagos con tarjetas y billeteras virtuales, y la irrupción de los prestamistas narcos como última instancia financiera en los barrios populares. Y agregó: “Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción, que deje de importar esclavitud. Hoy existe un trabajo real en la Argentina que es el de la economía popular, que cientos de miles de personas inventan para vivir. Falta reconocimiento y faltan derechos. Por eso es urgente crear un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.

La CTA Autónoma, que también se sumará a las marchas, participó del plenario sindical: “La reforma laboral que planea el gobierno”, instancia para debatir y analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno.

Su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, llamó a fortalecer la organización en los lugares de trabajo y en los territorios para enfrentar el avance del gobierno de La Libertad Avanza que en las últimas elecciones se vio fortalecida parlamentariamente. “Tenemos que poner en estado de movilización a nuestro pueblo para que la reacción sea masiva y contundente, y que el paro necesario sea también un paro comunitario”, expresó Godoy.

Según las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP, la situación se agravó con la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares, el impacto de las importaciones en la producción textil, la caída del precio del cartón que afecta a las familias cartoneras y la crisis de la agricultura familiar. A eso se suma la desfinanciación de espacios comunitarios y la violencia institucional “que estigmatiza y persigue a los trabajadores del espacio público”.

Las acciones no se limitan al AMBA. Durante los últimos días hubo movilizaciones en Plaza Congreso, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Rosario, Ushuaia y Jujuy, en rechazo a la intención oficial de modificar la Ley de Glaciares. Organizaciones socioambientales, colectivos indígenas y movimientos territoriales confluyeron en un mismo reclamo: frenar lo que definen como un proyecto de ajuste estructural.

En paralelo, ATE, las dos CTA, Libres del Sur y movimientos piqueteros acordaron un esquema de protestas que incluye paros escalonados, movilizaciones conjuntas y una contrapropuesta técnica a la reforma laboral.

Las centrales sindicales remarcaron que los puntos más regresivos del DNU 70/23, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia Laboral y denunciaron un intento del Gobierno por “fragmentar al movimiento obrero bajo la excusa de la modernización”.

La crisis alimentaria, la falta de trabajo y la reforma laboral son los ejes que atraviesan los reclamos. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, dijo al ser consultado por Infobae: “El debate sobre el Estatuto de Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular es fundamental para poder blanquear el trabajo sin derechos que tiene la mitad de la población económica mexicana. El aumento del salario social complementario, que tiene que ser la mitad del salario mínimo vital y móvil, por supuesto que eso tiene que ir acompañado de un salario mínimo vital y móvil que cubra la canasta básica. Y para todo esto, por supuesto es necesaria una jornada de lucha como esta, pero este es recién el comienzo de un proceso de lucha que se va a ir incrementando, que se va a ir acelerando”.

Por estas razones, para el referente social: “Estamos convencidos de que nuestro pueblo va a pasar una Navidad muy triste y necesitamos poder discutir esto con el pueblo, con el pueblo que le está pasando mal. Por lo tanto, se van a acelerar las actividades como las asambleas en los barrios, no tengo duda de que también se van a hacer asambleas en barrios de clase media-baja, empezar un proceso asambleario, porque el eje central es el problema principal que hoy tiene nuestro pueblo, que es el problema que está vinculado al trabajo. El gobierno con este plan económico no tiene manera de garantizar una reforma laboral que no genere mayor exclusión que la que está generando”.

Las organizaciones exigen:

• Actualización inmediata del Salario Social Complementario.
• Reindexación automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
• Bono de fin de año para trabajadores informales.
• Reactivación de obras en barrios populares.

La UTEP recordó que más de 8,8 millones de personas integran la economía popular. La reforma laboral del Gobierno —advierten— profundizará la exclusión si no incorpora al sector con un régimen propio que formalice y proteja a quienes trabajan fuera del empleo registrado.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Alejandra Monteoliva, confirmaron que se aplicará el protocolo antipiquetes sin excepciones. Solo se permitirá la “circulación ordenada de columnas” y se impedirán acampes y cortes prolongados. En la Casa Rosada descreen de la capacidad de movilización de estos sectores y relativizan el impacto político de las protestas.

El 11 de diciembre, en tanto, las organizaciones acompañarán la marcha de los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada que buscará unificar luchas y dar volumen político a las marchas de diciembre que ya se votaron y son puestas en acción.

El Gobierno oficializó una profunda reestructuración de la Administración Pública Nacional mediante el Decreto 866/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por altos funcionarios, introduce cambios sustanciales en la organización y los objetivos de varios ministerios y secretarías, con el propósito declarado de “optimizar la gestión”.

El decreto, que modifica el esquema establecido por el Decreto 50/2019 y sus sucesivas actualizaciones, elimina, fusiona y redefine áreas clave de la estructura estatal.

Entre las decisiones más destacadas figura se encuentra la reconfiguración integral de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el nuevo organigrama incorpora áreas como la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa. Cada una de estas dependencias se subdivide en subsecretarías especializadas, como la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Subsecretaría de Prensa, entre otras.

El Ministerio del Interior también recibe una nueva estructura, que incluye la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior —con áreas dedicadas a asuntos políticos, deportes, enlace legislativo y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)— y la Secretaría de Provincias y Municipios. Esta última se subdivide en las Subsecretarías de Relaciones con las Provincias y Relaciones con los Municipios.

En el caso del Ministerio de Economía, el decreto redefine su composición interna, estableciendo nuevas secretarías y subsecretarías. Entre ellas se encuentran la Secretaría Legal y Administrativa, la Secretaría de Política Económica, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Asuntos Nucleares. Cada una de estas áreas cuenta con subsecretarías orientadas a funciones específicas, como la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Subsecretaría de Políticas Nucleares.

La estructura del Ministerio de Salud también se reorganizó, pasando a estar compuesto Secretaría de Gestión Administrativa, la Secretaría de Gestión Sanitaria y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Estas secretarías se dividen en subsecretarías responsables de la coordinación administrativa, la planificación sanitaria, la vigilancia epidemiológica y la atención en materia de drogas.

El decreto no solo modifica la estructura, sino que también redefine los objetivos de varias áreas. Por ejemplo, se establece que la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales debe “asistir a la Secretaría General en lo relativo a ceremonial y protocolo, en coordinación con las áreas con competencia en la materia”.

En el ámbito económico, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial tiene como función “asistir a las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas, correspondientes a los Servicios Administrativos Financieros asignados a su órbita, efectuando los trámites administrativos necesarios para la obtención de los recursos humanos, materiales, equipamientos tecnológicos y los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos” para las secretarías bajo su dependencia.

En materia de control y supervisión, el decreto otorga a la Secretaría de Transporte la responsabilidad de “ejercer el control tutelar de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la Junta de Seguridad en el Transporte”.

De igual modo, la Secretaría de Obras Públicas asume el control tutelar del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

El decreto también dispone la transferencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes —excepto la Subsecretaría de Deportes— desde el Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete de Ministros, junto con sus unidades organizativas, bienes, personal y créditos presupuestarios.

Además, se aclara que, hasta que se complete la reestructuración de las áreas afectadas, “se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las acciones, dotaciones y personal con sus respectivos cargos, niveles, situación de revista y suplementos vigentes a la fecha”.

En cuanto a la vigencia, la norma establece que “la presente medida entrará en vigencia el día de su dictado”, es decir, el 6 de diciembre de 2025.