La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, difundió un video en sus redes sociales tras la aprobación de la reforma laboral y acompañó la publicación con un mensaje breve y enfático. “Hermosa mañana. Les metimos 7…”, escribió.

“Top jugadas de las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia argentina, nada más y nada menos que por este nuevo Congreso Nacional. Ahora, a continuar con las nuevas reformas que propondrá el Presidente”, expresó Bullrich en sus redes sociales junto a un video.

La publicación se debe a que La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei: sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas.

Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.

El material audiovisual de Bullrich mostró imágenes del recinto, momentos previos a la sesión y escenas de celebración luego de la votación. La publicación circuló pocas horas después del debate legislativo y se difundió en un contexto de fuerte exposición del oficialismo por el tratamiento de proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias.

En su mensaje, Bullrich hizo referencia a siete iniciativas que, según enumeró, el Congreso aprobó durante las sesiones extraordinarias. La lista incluye el Presupuesto, la ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, la modificación de la Ley de Glaciares, la reforma del Régimen Penal Juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El conteo que expuso la senadora agrupó proyectos de distinta naturaleza parlamentaria. Dentro del listado aparecieron leyes, acuerdos legislativos y la ratificación de un tratado internacional, todos con tratamiento en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

El mensaje no fue el primero que la senadora publicó en ese tono durante el período de extraordinarias. Semanas antes, Bullrich difundió otro video luego de la media sanción de la reforma laboral, una publicación que generó repercusiones y críticas en redes sociales por su puesta en escena y el lenguaje utilizado.

El material, de menos de un minuto, muestra a la exministra de Seguridad en distintos momentos de la jornada parlamentaria: cómo se preparó para ingresar al recinto, fragmentos de su discurso y la celebración tras la votación final.

Los expertos en cine rápidamente encontraron en las imágenes una referencia a “El Diablo se viste a la moda”, película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway -entre otros-.

Como analizó este medio, el crecimiento de Patricia Bullrich no pasa desapercibido en el seno de La Libertad Avanza. A nadie sorprende que su presencia resulte disruptiva y no solo lo perciben así quienes esperaban esa situación, sino que también genera malestar en otros sectores.

Desde que la ex ministra de Seguridad desembarcó en el Senado de la Nación, el rol de Victoria Villarruel quedó acotado a su mínima expresión. No obastante, eso estaba previsto. Aunque la Vicepresidenta pelea por no dejarse opacar en su rol de presidenta de la Cámara alta, casi no participa de la vida parlamentaria ni de las decisiones que se toman en su bloque. Pero el problema es que el modo expansivo de la senadora está molestando a otros.

Hace mád de una semana, este medio informó que ese malestar comenzaba a trascender. Mientras se desarrollaba un encuentro de la mesa política, en la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, Bullrich exponía y el diputado Martín Menem no disimulaba su incomodidad.

El presidente Javier Milei debe hablar el 1 de marzo para dar las perspectivas de lo que será su administración este 2026, así como la dinámica legislativa que buscará imprimir. El oficialismo de La Libertad Avanza comenzó a ganar mayor peso político con el crecimiento de sus bloques en ambas cámaras, pero todavía no tiene un nivel de independencia que le permita movilizar sus proyectos de manera automática.

“Todo depende de cómo nos llevemos con la oposición dialoguista y, en particular, con las provincias”, sintetiza un importante miembro de la Casa Rosada. Es decir, la ambición reformista del Gobierno está condicionada a cuántos incentivos tengan para colaborar los espacios opositores. Cuando se mira con esa óptica, 2027 está mucho más cerca de lo que se piensa.

Milei hará énfasis este domingo en la necesidad de ampliar el espíritu reformista a los fines de dar la batalla cultural que permita “sepultar” el modelo anterior. En su entorno coinciden, pero, tal y como adelantó Infobae, marcan que la cantidad de proyectos que podrán impulsar son menores a lo que se espera.

Y es que varios gobernadores están mirando hasta cuándo más apoyar al oficialismo. “Esto es fácil. Va a ser más fácil dar el número y ser laxos en nuestros apoyos en la medida que La Libertad Avanza no avance con el armado en nuestros distritos”, dicen cerca de un jefe provincial que coquetea con el Gobierno.

Este medio recabó opiniones de tres importantes integrantes del Gobierno. En todas parece haber la noción de que, con las cartas que se tienen ahora, debe haber un mayor espacio para la negociación política con los gobernadores de cara al año próximo.

El año pasado había dos grandes posturas. Por un lado, el sector ligado a Santiago Caputo consideraba que debía haber más consensos con los oficialismos provinciales: La Libertad Avanza perdía posibles escaños en ese trade, pero ganaba fidelidad de parte de un gobernador. La lectura del campamento Menem y del karinismo puro era de más intransigencia: apostar por candidatos puros que sean 100 por ciento fieles en ambas cámaras del Congreso.

Ambos parecen estar dispuestos a ser más concesivos de cara al año próximo. Así, La Libertad Avanza tendría intenciones de hacer más alianzas con provincias de las que hizo en 2025.

En ese entonces, la conducción nacional del partido convalidó solo tres coaliciones electorales con gobernadores: en Chaco, con Leandro Zdero; en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio; y en Mendoza con Alfredo Cornejo. También hubo un pacto de caballeros en San Luis con Claudio Poggi, que no compitió con su sello en las nacionales a cambio de que LLA no se presentara en sus elecciones locales, donde el gobernador ganó por amplísimo margen.

“Hay gobernadores que nos están dando los gestos correctos. Por ahora no tenemos los incentivos para competir contra ellos. Si muestran colaboración podemos aliarnos”, afirmó una fuente inobjetable.

Tal y como le gusta decir al Presidente, las sesiones extraordinarias fueron el principio de revelación de las alianzas que pudo tejer para impulsar sus principales reformas. El salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil fueron los principales partícipes de la colaboración hacia el oficialismo: “sus legisladores apoyaron casi todas las reformas del Gobierno y, además, les dieron las órdenes a sus respectivos senadores para que abandonaran el bloque Convicción Federal para disminuir el poder del interbloque de Unión por la Patria”.

Esa sucesión de gestos cayó muy bien en la Casa Rosada: no sería raro que, de continuar este ida y vuelta entre Nación y provincias aliadas, más de un referente provincial de La Libertad Avanza pueda tener que esperar cuatro años más para aspirar a la gobernación. Aun así, queda mucho camino por recorrer.

Los libertarios también agradecieron los comportamientos del cacique misionero Carlos Rovira, jefe político del gobernador Hugo Passalacqua, que siempre se ha mostrado pragmático en su colaboración con los libertarios. El santacruceño Claudio Vidal ayudó en la reforma laboral, aunque eso no implica que en La Libertad Avanza sientan la necesidad de soltar el pie del acelerador y no armarle en su distrito. Lo mismo sucede con el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro: pese a que en las últimas semanas se generaron espacios de colaboración, el oficialismo les va a competir en 2027.

Pese a esto, quienes han negociado con varios de estos jefes provinciales han notado que, en los últimos días, han crecido las demandas de parte de estos legisladores. Es por eso que varios consideran que el vínculo podría ser insostenible a partir del segundo semestre.

Una importante voz de la Casa Rosada no se resigna y piensa que hay algún gobernador con margen para afiliarse a La Libertad Avanza. De no poder hacerse, continuarán dialogando como se hacía hasta ahora. “El consenso es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. No tiene un valor per se. Y el fin es hacer de Argentina el país más libre del mundo. Si sirve para eso, son bienvenidos, y si no, estarán enfrente”, afirman.

Muy cerca del Presidente creen que el año próximo puede darse un excelente resultado siempre y cuando la economía muestre signos de recuperación y la oposición esté dispersa. En un escenario optimista, creen que pueden ganar en 16 provincias. El calendario electoral sigue sin definirse y en una gran cantidad de casos podría adelantarse para cuidar el pago propio.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.

Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.

“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.

Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo observó y Villarruel aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pusieron de pie y se hizo silencio.

El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.

Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.

Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.

Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.

La respuesta llegó desde el bloque libertario, algunos con mayor énfasis, como Luis Juez, quien acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.

“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora integra LLA.

Parte de la postura peronista se reflejó en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios no habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo permitió el ingreso de varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.

“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, sostuvo Corpacci.

Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, recorrió diferentes artículos para argumentar la inconstitucionalidad de la norma. El ex gobernador advirtió que el proyecto generará “litigiosidad”. “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.

El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien señaló: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.

Qué dice el proyecto

La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.

El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. Se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.

El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por delitos juveniles. El proyecto garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.

El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.

En la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen respuestas específicas para problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.

La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como capacitación del personal a cargo.

En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.