Con la reelección del presidente Javier Milei como prioridad, el Gobierno trabaja en ampliar las alianzas en clave electoral, pero descarta sumar formalmente a la Unión Cívica Radical (UCR) como partido a la mesa técnica que mantiene con referentes del PRO para discutir potenciales acuerdos rumbo a las presidenciales de 2027. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que mantienen conversaciones “de manera individual” con dirigentes radicales, en particular con aquellos que integran el ala dialoguista del espacio.

En paralelo a las reuniones que mantienen los primos Menem con Diego Santilli y los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, La Libertad Avanza tiende puentes con dirigentes radicales alineados con la Casa Rosada. El principal impedimento para sumar a la UCR como estructura partidaria es el sector que conduce el senador Martín Lousteau, uno de los dirigentes más críticos de las políticas de gestión.

“Con la UCR como partido es difícil porque también contempla a los que responden a Lousteau”, explicó una voz del armado. “No lo veo viable. Aunque haya conversaciones individuales, hay sectores del propio partido que no quieren cerrar con nosotros”, argumentó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En los últimos días, el titular de la UCR, Leonel Chiarella, anunció la construcción de una alternativa nacional “a la grieta” durante una gira por la Patagonia. “Cuando no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñaron Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”, sentenció.

“¿La grieta? Volvemos a los mismos términos de siempre. Ya está todo inventado, pero tienen derecho a querer presentar alternativas. Tenemos diálogo con todos, pero vamos a tener en cuenta a todos los que coincidan“, respondió un funcionario ante este medio tras el lanzamiento del Chiarella.

Pese a las diferencias con Lousteau, la administración libertaria mantiene diálogo directo con dirigentes como los exdiputados Rodrigo De Loredo y Martín Berhongaray, los senadores Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad. También gobernadores del espacio, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

Si bien los libertarios evitan dar precisiones sobre los potenciales acuerdos y argumentan que aún faltan meses para las elecciones de 2027, Zdero y Cornejo son dos de los cinco gobernadores radicales con los que el oficialismo considera posible avanzar en un entendimiento electoral.

Distinta es la situación de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). A pesar de la buena sintonía existente, tanto Pullaro como Sadir no ven viable un acuerdo con el sello que fundó el libertario y, en su lugar, podrían habilitar una conversación para establecer las condiciones de lo que definen como una “confrontación acordada”.

Con los hermanos Valdés, el vínculo es más complejo. En las legislativas de 2025, el oficialismo se encaminaba a cerrar un acuerdo conjunto para competir en la provincia, pero a último momento los hermanos rechazaron la posibilidad y decidieron competir con listas separadas.

En esa línea, el senador radical Gustavo Valdés admitió que aún no hay canales de diálogo abiertos con el espacio del mandatario. “Todavía no tenemos diálogo político con La Libertad Avanza. Tuve sí un cambio de sintonía a partir de que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, quien es un hombre que conozco hace muchos años, con quien tenemos muy buena relación y por ahí tenemos diálogo”, expresó.

En medio de la decisión del Gobierno de habilitar el debate sobre la reforma electoral, Zdero dio una muestra de sintonía con el Poder Ejecutivo luego de que la Legislatura de Chaco aprobara la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La iniciativa fue recibida con optimismo en Balcarce 50, donde se entusiasman con la posibilidad de avanzar en una discusión que comenzará el próximo 15 de septiembre en el Senado, como anticipó este medio.

En medio de un contexto volátil y oleoso a la hora de cumplir la palabra empeñada que florece, con mayor notoriedad, entre el oficialismo y sus aliados, el Senado tendrá una semana cargada de actividad no sólo por la agenda ya prevista hasta el momento, sino por el casi seguro inicio de los debates de los proyectos sobre Inocencia Fiscal II y Banco Central, más la posibilidad de dictaminar el articulado relacionado con salud mental. En caso de no hallar más espinas en el sendero, los libertarios sueñan con una sesión el jueves para aprobar un nuevo régimen de biocombustibles -ansiedad de dialoguistas delegados del sector azucarero- a cambio de la ley “Hojarasca”, que elimina normas vetustas.

Los primeros dos temas volvieron a elevar la tensión entre los planes del interbloque de La Libertad Avanza (LLA), que comanda Patricia Bullrich (Capital Federal), con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien aceleró -declaraciones en “on”- sus diferencias con la Casa Rosada. Por ahora, son ideas sueltas y fácil de expresarlas, aunque sin indicio alguno de un plan económico y financiero que las valide. Es decir, parecido a lo que hace gran parte de la oposición. Es por ello que, más pronto que tarde, estará forzada a decidir sobre su futuro. Será interesante ver cómo lo comunica y las inevitables repercusiones.

Durante largas jornadas, la plana mayor del Senado pisó los giros de ambas iniciativas a las comisiones. El mal clima fue tal que, si para las próximas horas no aparecían, el oficialismo estaba dispuesto a presentar notas de queja a Villarruel, que hubiese quedado expuesta como bloqueadora del Gobierno que aún representa. Un delirio llegar a esa instancia. Por suerte, se frenó a metros del choque. Como contó Infobae el penúltimo fin de semana, la sensación más firme que dejó el último mes es que, a partir de ahora, a casi nadie le interesa el contenido de los proyectos. Nada recomendable para el último cuatrimestre del año.

Para la tarde del viernes, Inocencia Fiscal II -sacar los topes de $1.000 millones y $10.000 millones de lo facturado y en patrimonio, respectivamente- fue enviada a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda. En tanto, Banco Central -defensa de la moneda como único fin y mayorías en ambas Cámaras para eyectar a tu presidente- apareció en Economía Nacional; y Presupuesto. Para el primer caso, se aguarda que en las próximas horas se selle una reunión para las 17 de mañana, mientras que el segundo sería analizado desde las 10.30 del miércoles.

Lo que sí está previsto para esa misma jornada es que las comisiones de Salud; y de Legislación Penal, siempre según los objetivos del oficialismo, dictaminen sobre una nueva ley de salud mental. Desde hace un tiempo que entre los legisladores que las integran circula un semáforo con los ítems que más y menos consenso suman. Desde LLA volvieron a insinuar que se acercaron las posiciones, aunque restan pinceladas sobre las obligaciones de familiares y de representantes legales que todavía generan dudas.

Media hora más tarde, todas las miradas estarán en Asuntos Constitucionales, donde se reanudará el análisis de la amplia reforma electoral y política que mandó la Casa Rosada al Senado. En Balcarce 50 quieren eliminar o suspender las PASO, como punto más importante. No obstante, la ley tiene capítulos trascendentales para la supervivencia y estructura de los partidos. Nadie prevé lo delicado que podría ser esta discusión. Ni hablar de la oportunidad que tiene el Gobierno al alcance de la mano, si es que la logra ver.

Será curioso, ante un debate por “capítulos”, si los aliados que reclaman Ficha Limpia se animan a empujar un despacho por separado. Ya lo “agitaron” en “off” decenas de veces. Vale recordar que un texto de este tipo sólo se vota con mayoría absoluta del Cuerpo: 37 adhesiones y no puede desempatar, bajo ningún punto de vista, Villarruel.

En caso de llegar al jueves y de consumarse antes una reunión de Labor Parlamentaria para acomodar el temario, se buscaría sesionar ese día para aprobar un nuevo régimen de biocombustibles -ansiedad en complejo azucarero-, así como dos convenios de transferencia de competencias judiciales de Nación a Ciudad dictaminados la semana pasada, y la sanción de la -ahora criticada- ley “Hojarasca”, que ya tiene el guiño de Diputados.

Detrás de ella -elimina normas vetustas- está el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que desde hace un mes parece ser el culpable -vagancia mental de enemigos internos y algunos operadores- de todos los males del país, más allá de haber aportado lo suyo. Si se cayera el convite, todo quedaría para el 17 o 24 del corriente mes.

La relación del Gobierno nacional y los 19 gobernadores aliados o con canal de diálogo está atravesada por la sostenida caída de la obra pública en las provincias, cuyo financiamiento está en manos de la Nación. Javier Milei necesita apoyo en el Congreso para la reformas que quiere impulsar – especialmente la eliminación o suspensión de la PASO en el plano electoral -, y los mandatarios están preocupados por el impacto en sus gestiones del recorte en el presupuesto vial y de infraestructura en sus distritos, consecuencia del ajuste fiscal impuesto por la LLA.

Según un informe de la consultora Labor, Capital & Growth (LCG), uno de cuyos principales socios es el economista y hoy diputado radical Martín Lousteau, en los dos primeros años de Milei, entre 2024 y 2025 el gasto de capital bajó a 0,4% del PBI cuando en los último dos años de Alberto Fernández era de 1,6%.

En lo que va de 2026, esta dinámica no cambió, ya que de acuerdo con ese trabajo el gasto de capital siguió bajando y se ubica, a julio de este año, en 0,3%.

Por otra parte, esta firma especializada en macroeconomía y política contabilizó 1.241 proyectos activos en el Presupuesto que, en conjunto, suman $2,6 billones (0,2% del PBI), aunque este monto fue recortado en un 10% a principios de año, ya que el crédito inicial era de $2,9 billones. En los primeros siete meses de 2026, LCG identificó que el Gobierno devengó pagos sólo para 435 proyectos por $700.000 millones, el 26% del crédito vigente.

Los proyectos con impacto en las provincias son dos de dos tipos: los financiados con las transferencias de capital a las provincias, que son las que deben llevar adelante la ejecución de las obras; y los ejecutados directamente por la Nación.

Ante el freno al financiamiento desde el Tesoro de la obra pública,bajo estas dos modalidades, los mandatarios locales buscaron acordar con la Nación el traspaso de rutas y obras de infraestructura a sus distritos, asumiendo con recursos propios la finalización y mantenimiento de esos proyectos paralizados que estaban bajo responsabilidad nacional.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, por ejemplo, acordó en julio asumir durante 20 años, con recursos propios, la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012.

En Chubut, Ignacio Torres logró en septiembre de 2025 un acuerdo que incluyó el traspaso de obras viales inconclusas – entre ellas, la finalización de la autovía de la ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew y trabajos en la ruta 40 – a cambio de una reducción de la deuda de la provincia con la Nación en $101.000 millones y dejar de pagar intereses. El ahorro generado, que según el gobierno de Chubut, iba a ser de $3.000 millones mensuales, sería destinado a la ejecución y finalización de obras prioritarias.

El otro mecanismo implementado por el Gobierno es la concesión de rutas nacionales al sector privado, a través de la nueva Red Federal de Concesiones. Así, la Nación busca transferir al sector privado la operación, mantenimiento y realización de inversiones en más de 9.000 km de rutas (de un total de 40.000 km en manos nacionales), bajo un esquema de concesión por peaje, sin subsidios ni aportes estatales, como parte del paquete de medidas económicas orientadas a reducir el gasto público y atraer inversiones.

El informe de LCG advierte, sin embargo, que “las licitaciones contemplan, en su gran mayoría, sólo el mantenimiento (pozos, grietas o pasto)”. Y que si bien este esquema “permite reducir las necesidades de financiamiento público, también plantea desafíos relevantes, por ejemplo, riesgos de renegociación de condiciones, algo que comenzó a verse de manera incipiente, presumiblemente por algunas deficiencias en los pliegos o ausencia de buenos estudios previos de demanda, costos y estado de la infraestructura”.

Obra pública de Nación

Según el informe de LCG, de enero a julio, la obra pública ejecutada por el gobierno nacional cae a una tasa del 38% anual real. Las obras del área de Transporte concentran el 43% del monto total devengado. El programa más importante, con montos asignados en todas las provincias salvo la Ciudad de Buenos Aires, es el de Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias, con $24.100 millones devengados y un 42% de presupuesto ejecutado. En la comparación anual – según analizó la consultora – este programa muestra una baja del 28% en términos reales.

Ciencia, Tecnología e Innovación concentra el 21% de las obras a cargo de Nación, básicamente, por la construcción del Reactor RA-10, mientras que Defensa, otro 10% por el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). En estas dos últimas áreas, el grado de ejecución del crédito vigente no supera el 45%, y en Transporte se reduce al 36%.

Dentro de las obras cuya ejecución está en manos del Ejecutivo nacional, Infobae analizó su nivel de avance, a partir de los datos del sitio de Presupuesto Abierto, tanto de los que están bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad como los del área de Infraestructura del Ministerio de Economía.

De ese análisis, con datos al 30 de agosto, surge que en los mencionados organismos hay 278 obras contempladas en el Presupuesto 2026, incluyendo el Reactor Argentino Multipropósito RA10 perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de las cuales 151 no tienen presupuesto vigente asignado (54%) y otras 176 están sin ejecución (63%).

A cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, aparecen 175 obras, de las cuales el 68% (119 proyectos) no tienen crédito vigente. El presupuesto inicial previsto era de $611.995 millones, pero se redujo un 16% ya que el vigente es de $514.285 millones.

De este monto, solo se ejecutó, al 30 de agosto pasado, el 56% por un monto de $286.525 millones, mientras que un 26% de las obras (solo 45) tienen algún grado de ejecución.

Otras 130 obras (el 74%) no tuvieron avance de ningún tipo. Entre las obras sin ejecutar aparecen: mantenimiento de rutas nacionales, construcción de autopistas, obras de seguridad, repavimentación de calzadas, pavimentación de rutas y construcciones de puentes, entre otras.

LCG analizó, a su vez, la distribución de la inversión de Nación directa en las provincias del área de Transporte entre enero y julio de este año. Buenos Aires se lleva el 19% del total devengado: $29.693 millones. El grueso de la inversión está asignado a la construcción de la autopista Pte. Juan Domingo Perón ($9.300 millones) y a las etapas III y IV del Programa de Movilidad y Accesibilidad Sostenible (MAS) en la Provincia ($10.300 millones), que apunta a mejorar la conectividad y el transporte público en el AMBA.

Las otras tres provincias que le siguen en la asignación de montos devengados por obra pública referidos a Transporte son Misiones, con $18.380 millones; Santiago del Estero con $18.865 millones; y Entre Ríos con $10.577 millones, según el informe de esa consultora.Le siguen Santa Fe ($8.033 millones); Salta ($7.239 millones) y Jujuy ($7.144 millones).

Bajo el área de Infraestructura Económica y Social del Ministerio de Economía, están listadas otras 102 obras, de las cuales la tercera parte (31%) no tiene crédito vigente.

Son 32 proyectos muy diversos sin presupuesto vigente asignado. Van desde la construcción de viviendas sustentables en Marcos Paz (PBA), Puerto Iguazú (Misiones) o en Paso de los Libres (Corrientes), hasta la modernización de la Línea Belgrano Sur de transporte ferroviario de pasajeros, pasando por

Infraestructura Penitenciaria, la ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes la impermeabilización y tratamiento de Fachadas del Hospital Garrahan

Incluyen también las obras en el Marco del Plan de Adaptación a Extremos Climáticos; la construcción de 10 radares meteorológicos; proyectos de agua potable en Concordia y Diamante (Entre Ríos), Corzuela (Chaco); un acueducto en Resistencia, y en Río Colorado y Santa Rosa (La Pampa); la ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en Jáchal (San Juan), y la construcción de Colector Costanero, en Bariloche (Río Negro).

El presupuesto Inicial para esas obras era de $1,5 billones, pero se amplió a $1,7 billones, aunque la ejecución al 30 agosto pasado fue de solo $765.276 millones (el 45% del monto total vigente).

El 55% de las obras (56 proyectos) tienen algún grado de ejecución, mientras que el 45% (46 obras) no se iniciaron. Entre las obras sin ejecutar aparecen: obras de infraestructura hidráulica, de agua potable, de transporte y de acceso al hábitat.

En cuanto a la construcción del reactor RA 10, cuya construcción depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenía un presupuesto inicial de $48.578 millones, que se duplicó a $101.578 millones. El porcentaje de ejecución al 30 de agosto era del 77%, con $78.530 millones ya desembolsados para ese proyecto ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza (PBA).

La construcción de la base integrada en Tierra del Fuego, incluida el jueves por Milei en cadena nacional en su mensaje sobre Malvinas, estaba prevista en el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). En realidad, ya había sido anunciada en marzo de 2022, por el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, en el Gobierno de Alberto Fernández

Pero con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el FONDEF fue desfinanciado. El presupuesto inicial para este año del FONDEF – destinado a reequipamiento de las Fuerzas Armadas – era de $91.765 millones, pero fue reducido en un 26%, ya que el vigente – según corroboró Infobae – es de $67.464 millones. De hecho, el artículo 30 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 derogó el aporte del Estado al FONDEF. A finales de agosto, el porcentaje de ejecución de este Fondo para el “alistamiento operacional para la Fuerza Aérea, el Ejército,la Armada y el Estado Mayor Conjunto” era del 34%.

Tras su discurso en cadena nacional, este viernes se publicó el Decreto 867/26 que amplía recursos para el Ministerio de Defensa. Así, el Gobierno oficializó un refuerzo de casi $218.000 millones, de los cuales más de $200.000 millones serán utilizados para avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuegoy terminar la Base Petrel, en la Antártida.

Transferencias de capital a las provincias

En cuanto a las transferencias de capital a la provincias, según los datos de la Secretaría de Hacienda analizados por LCG entre enero y julio de este año, sumaron $0,5 billones. La cifra equivale, de acuerdo a la consultora, a una caída del 52% en términos reales contra los mismos siete meses de 2025.

“Más allá de la magnitud de la caída total, lo relevante es que esta esconde una distribución muy desigual entre el total de las provincias”, advierte el informe. Apenas 4 provincias concentraron el 70% del total transferido. Se trata de Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, gobernadas por mandatarios aliados al gobierno nacional o que tienen diálogo con el Gobierno. “Esta concentración podría estar reflejando esa negociación” con el Ejecutivo nacional, señala el trabajo.

Catamarca y Salta recibieron recursos casi exclusivamente para programas de Agua potable y Alcantarillados, y San Luis para Vivienda y Urbanismo.

San Luis, Catamarca y Salta también figuran entre los 6 distritos que recibieron más recursos en lo que va de este año que en el mismo período de 2025. Los otros tres son Santa Fe, Buenos Aires y Jujuy.

En el caso de Tucumán, las transferencias de capital muestran una caída interanual del 47%, a valores reales, pero producto de haber sido muy favorecida también en 2025, advierte el informe de LCG.

Esta provincia norteña concentró recursos para obras de Transporte de Energía Eléctrica – FNEE- y para obras por convenio Repavimentación de calzada en ex ruta nacional N° 7, prácticamente el único giro de la Dirección de Vialidad Nacional a las provincias.

En cambio, otros distritos no recibieron prácticamente transferencias de capital o por monstruos muy menores. Es el caso de Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones. Por ejemplo, esta última provincia figura solo con $1 millón devengado a finales de julio de este año en el informe de LCG, correspondiente al proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID Nº 2776 OC/AR). Por el mismo programa, Corrientes sí tiene un devengado de $938 millones, el 24% del crédito vigente.

Las provincias que este año no están recibiendo recursos tampoco estuvieron entre las destacadas en 2025. En todas estas, la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, ausente en 2026, fue el proyecto más relevante.