En la estructura interna del gobierno argentino, Luis “Toto” Caputo ha logrado consolidar una red de funcionarios estratégicos, situando a personas de su confianza en posiciones clave vinculadas con la política económica y energética. Este armado silencioso tiene como horizonte eliminar en 2026 gran parte de los subsidios, en línea con los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional, y busca evitar obstáculos internos que puedan demorar la toma de decisiones.

Uno de los movimientos más recientes fue la incorporación de Diego Luis Adúriz, primo segundo del ministro, como director de Yacyretá. A este nombramiento le siguieron el de Carlos Frugoni al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y el de José Luis Pérsico como director del Banco de la Nación Argentina. Este banco, cuya máxima autoridad, Darío Wasserman, responde políticamente a Karina Milei, hermana del presidente, forma parte del delicado entramado de poder que el ministro de Economía debe administrar.

El armado de esta red de influencia no siempre fue sencillo para Caputo. En su paso anterior por la gestión durante el gobierno de Cambiemos, las decisiones económicas estaban diluidas en diferentes áreas de poder, lo que complicó su tarea. Ahora, evitó la exposición mediática y las internas públicas, y avanzó en imponer figuras cercanas tanto en la política financiera como en la energética, logrando un margen de maniobra que antes no tenía.

En el Banco Central colocó a su socio y amigo Santiago Bausili, asegurando la conducción conjunta de la política monetaria. El caso de Pablo Quirno, hoy canciller y de extrema confianza de Caputo, es particular: algunas versiones atribuyen su llegada al cargo a su buena relación con Karina Milei, otras al impulso directo del ministro de Economía para situar a un hombre leal en un puesto estratégico para la negociación de acuerdos comerciales y aperturas de mercado.

El caso de Pérsico en el Nación redunda en importancia en la política que quiere implementar respecto del uso de los “dólares del colchón”. Así, mientras la banca privada señala las dudas que tiene respecto de la ley, desde el Palacio de Hacienda empujaron al banco más grande y con mayor capilaridad del país a llevarla adelante.

Otro punto fundamental en medio de las negociaciones por las leyes con los gobernadores es la designación de Frugoni. Los jefes de los estados provinciales piden obras a cambio de votos, y el hombre que tiene su terminal política en Caputo es el indicado para habilitar o no la obra pública nacional.

Tanto es así que los gobernadores le están pidiendo al ministro del Interior, Diego Santilli, que “Toto” participe de las reuniones. “Es él o personas que le responden a él quien habilita o no abrir la billetera”, dijo un gobernador.

El sector energético, que será central para el futuro cumplimiento de metas fiscales, también quedó bajo la influencia del entorno de Caputo. Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, maneja el análisis de proyectos que buscan acceder al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), y responde políticamente al ministro de Economía. En la Secretaría de Minería, Luis Lucero también fue elegido por Caputo y es otra de sus cartas en la toma de decisiones sobre los flujos de inversión que demandará el sector.

No todas las áreas energéticas, no obstante, están alineadas directamente con el Ministerio de Economía. Cristian Zoca, líder en Enarsa, responde íntegramente al asesor presidencial Santiago Caputo y, según fuentes del sector, mantiene cierta independencia respecto a las directrices económicas del ministro. En contraste, el subsecretario de energía eléctrica, Damián Sanfiullipo, también responde a Santiago Caputo, pero se encuentra “alineado” con la estrategia de Toto Caputo.

En el segmento de empresas energéticas, el gerente general de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), Eduardo Hollidge, se identifica plenamente con el Palacio de Hacienda, reforzando el anclaje de poder del ministro de Economía en áreas críticas.

Este sistema de funcionarios leales agrupados en áreas clave permite a Luis Caputo mantener un control centralizado de las políticas económicas, sobre todo en un contexto donde la administración tiene previsto avanzar hacia el retiro progresivo de subsidios. De cumplirse el plan, 2026 marcará un hito con la virtual eliminación de los aportes estatales al sector energético, movimiento acordado previamente con el Fondo Monetario Internacional.

La sesión para darle media sanción al proyecto de modernización laboral en el Senado ya tiene fecha. Los libertarios confían en que el 11 de febrero podrán dar una señal política contundente que ayude a bajar el riesgo país para luego completar el trámite parlamentario en Diputados una semana después. Si bien el Poder Ejecutivo no aún convocó formalmente al segundo tramo de sesiones extraordinarias, las espadas legislativas libertarias reconocen que todos los esfuerzos se concentrarán en aprobar la modernización laboral: las -más de una vez- anunciadas reformas penal y tributarias quedarán para más adelante.

Cuando Milei firmó el llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre, incluyó en el temario seis proyectos: el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria (prohibir el déficit), la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.

Antes de que terminara el 2025 La Libertad Avanza logró sancionar los dos primeros y también pudo dictaminar la reforma laboral en el Senado y la regla fiscal en Diputados. Sin embargo, durante el receso sólo hubo contactos con la oposición y con los gobernadores en relación a los cambios en la legislación del trabajo. Y tangencialmente se dejó trascender que la ley de glaciares podría ser moneda de cambio para sumar votos entre las provincias mineras.

La reforma penal fue anunciada en varias oportunidades durante el año pasado. En conferencia de prensa la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich detalló que se endurecerían las penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También incluiría la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. Bullrich sostuvo que la reforma apuntaría a “dejar atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Significaría el fin de la “puerta giratoria”.

Sin embargo, el texto nunca llegó al Congreso y difícilmente comience a debatirse durante febrero ya que los proyectos para endurecer penas suelen traer aparejados intensos debates. En el Gobierno, al parecer, parecen entender que la reforma laboral por sí sóla generará suficiente ruido político para sumar nuevas batallas.

En cambio, la reforma tributaria, también anunciada en más de una oportunidad por el Gobierno, se vio afectada por el trámite del Presupuesto 2026. El Gobierno esperaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, para tener mayor margen fiscal. Pero la caída del capítulo XI no estaba en sus planes y dejó en evidencia cierta mala praxis a la hora de contar los votos.

Si bien no está en carpeta una reforma integral del régimen tributario. El proyecto de modernización laboral incluye un capítulo con varios cambios sustanciales. De hecho, sobre ese punto se concentraron las críticas de los gobernadores, que reclaman algún tipo de compensación por la merma en los fondos coparticipables que se reparten entre las provincias.

Entre las propuestas se destacan la reducción de impuestos internos a algunos sectores, una baja de Ganancias para las sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones productivas de empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.

Este viernes se reunió en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno de la que participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Allí comenzó a delinearse la estrategia parlamentaria pero no hubo consenso respecto a qué tipo y cuántas concesiones deberían otorgarse a las provincias para garantizar su apoyo a la reforma laboral.

Por su parte, la oposición se enfoca en juntar votos para derogar el DNU que reformó la SIDE. El decreto fue enviado este jueves a la comisión bicameral de trámite parlamentario pero como no está constituida, difícilmente pueda comenzar a analizarlo. Pasados diez días hábiles, el 29 de enero, cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto para votar sobre su validez.

En Diputados la oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

En tanto, en las filas libertarias confían en que no tendrán problemas en blindar el decreto en el Senado, con eso bastará para que siga vigente.

En paralelo a las negociaciones por la Reforma Laboral, el Gobierno desestima las críticas de la oposición contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la Secretaría de Inteligencia (SIDE), que ingresó en las últimas horas al Congreso Nacional. Según reveló a Infobae una importante fuente al tanto de la negociación legislativa, el oficialismo confía en poder blindar el decreto en la Cámara de Senadores, aunque se juega a estirar el tratamiento al mes de marzo.

“No veo que pueda tratarse estos días. No tienen el número. Sin embargo, técnicamente contamos con los votos para respaldarlo en el Senado”, admitió una importante voz con acceso al despacho presidencial a este medio.

Es que en la administración libertaria descansan en la cintura de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien -según los cálculos de los propios- contaría con un piso de 40 respaldos en la Cámara Alta, que surgen del número que acompañó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre. Sin embargo, la exministra debe trabajar para efectivamente extrapolar el numero al tratamiento del decreto.

El pasado jueves, el Poder Ejecutivo envió la iniciativa que lleva la firma del presidente Javier Milei y del Gabinete al Senado, luego de haber ingresado primero por Diputados. De esta manera, regiría un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo, que aún no está conformada, lo trate. Es decir, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir su validez en el recinto.

En paralelo, por los pasillos de Balcarce 50 destacan la decisión de la Justicia de no habilitar la feria judicial para tratar los amparos que presentó la oposición contra el decreto 941/25, y justifican la determinación. “No representan a nadie. La falta de legitimación es clara. Nadie pueden probar daño e ir contra el decreto”, precisaron. Sin embargo, los equipos legales trabajan en la estrategia judicial que les permita hacer frente en caso de que, durante el mes de febrero, la justicia haga lugar a los planteos.

Si bien la oposición cuestiona el caracter de “necesidad y urgencia” de la reforma que habilita al personal de Inteligencia a ejectura aprehensiones de personas, en la administración libertaria descartan que esté el número necesario para tratar el tema en los próximos días.

Pese a los pedidos por las bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, en La Libertad Avanza se juegan a no conformarlas para estirar el debate hasta marzo. De tratarse en sesiones ordinarias, el tema perdería visibilizadad e impacto al tiempo que permanecería vigente hasta que el Congreso se expida.

En cualquiera de los escenarios posibles, cobra fuerza el rol Patricia Bullrich, en quien reposan para que articule y replique los números que dieron lugar a la sanción de la Ley de Leyes en diciembre. “Patricia (Bullrich) cuenta una especie de bloque de 40″, calculó ante este medio un integrante de la mesa política, que confía en que la exministra logre abroquelar a los aliados detrás del DNU.

En sintonía, un legislador de La Libertad Avanza admitió ante este medio que la situación se presenta algo más compleja en Diputados a raíz de la presión de la oposición, pero se mostró optimista con las chances en el Senado con la mira en los bloques de la UCR, el PRO y algunos provinciales. “La oposición sabe que solo necesitamos la aprobación de una sola cámara. Todo lo que hacen lo hacen para perjudicarnos”, remarcó.

Al mismo cálculo llegan los opositores que, luego de la performance legislativa del oficialismo el pasado fin de año, ven un escenario más favorable en la Cámara Alta. “Hoy está más fácil Diputados que el Senado. Si vemos la foto de lo que fue el Presupuesto, aunque puede tener algunos cambios, hay un apoyo bastante consolidado de algunos bloques. De todos modos, hay que ver qué hace el radicalismo”, planteó uno de los diputados que se resiste al decreto.

Asimismo, trabajan para alcanzar los 129 votos que les permita habilitar el quórum para dar tratamiento en los próximos días. “Debemos estar en 123, 124. Pero de acá a febrero, pueden cambiar las condiciones, sin lugar a dudas. Nosotros vamos a empujar todo lo que podamos”, reafirmó un legislador esperanzado.

Lo que esperanza a la administración liberatria, en especial al asesor presidencial, Santiago Caputo, que fue el artífice de la redefinición de competencias de la SIDE, es la Ley 26.122, que establece que para convalidar el DNU deberá conquistar el aval de una sóla Cámara, mientras que su rechazo deberá ser de parte de las dos cámaras del Congreso por mayoría simple.

Mientras tanto, el consultor trabaja en una tercera Reforma de la Ley de Ingelicencia Nacional con revisión de la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Seguridad Nacional que podría enviar al Congreso una vez iniciado el año legislativo, aunque desde su entorno evitan dar precisiones temporales.