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“Una vergüenza”: Axel Kicillof desmintió una nota que lo vinculaba con los incidentes en el Congreso

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió este domingo a las publicaciones periodísticas que vinculaban su responsabilidad con la marcha del miércoles pasado en el Congreso, la cual estuvo marcada por la represión de las fuerzas de seguridad.

Kicillof calificó las notas del diario Clarín como “ejemplos de fraude y corrupción en el ejercicio del periodismo”, refiriéndose a los artículos titulados “Dirigentes del peronismo, detrás del financiamiento a las barras que chocaron con policías en el Congreso” y “En alerta por una nueva marcha frente al Congreso, el Gobierno ajusta el operativo y esperan más gente en la calle”.

El diario mencionó “fuentes indiscutibles” y aseguró que un funcionario del gobierno bonaerense y un intendente del Partido Justicialista (PJ) habrían ofrecido $50.000 “por cabeza” a un barrabrava de un club con el fin de generar incidentes y provocar la represión policial. Según Clarín, el barrabrava habría rechazado la oferta.

A través de su cuenta en X, Kicillof acusó al medio de ser parte de una “maniobra del gobierno de Milei” destinada a desviar la atención de la “brutal represión” que, según él, fue ordenada por el propio Ejecutivo. “Es una vergüenza, y es algo extremadamente grave”, expresó.

Por último, el gobernador bonaerense destacó que “los gobiernos autoritarios siempre han necesitado de una prensa cómplice para propagar mentiras y esconder la realidad”.

 

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Ley de Salud mental: provincias rechazan la reforma impulsada por Nación

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En el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que reunió a más de 15.000 participantes, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, con la participación del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, autoridades sanitarias de 18 provincias, junto al Órgano de Revisión Nacional y el Consejo Consultivo Honorario.

El encuentro se desarrolló en un contexto de emergencia en salud mental, caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Durante la jornada se analizaron los datos correspondientes a 2025 del informe federal, que evidencian un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.

Las provincias señalaron que la situación actual no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha empeorado, lo que refleja una mayor presión sobre el sistema público de salud, en un escenario de fuerte desfinanciamiento por parte del Estado nacional. En ese marco, también se expresó una profunda preocupación por la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención.

Asimismo, se destacó la necesidad de analizar la situación de la salud mental en relación con el contexto social actual, atravesado por el ajuste económico y el incremento de las desigualdades, factores que impactan directamente en los padecimientos de la población.

Rechazo al proyecto de ley de Nación

En relación con el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades expresaron un enérgico rechazo. Advirtieron que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente.

Además, remarcaron que ninguna de las provincias fue consultadaen el proceso de elaboración del proyecto, lo que constituye una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental.

En tanto, este lunes, el proyecto que impulsa el Ejecutivo que ingresó el fin de semana al Congreso, será presentado a todos los ministros de Salud del país en una reunión del CoFeSa (Consejo Federal de Salud) .

Acuerdos en contexto de emergencia

En este sentido, se planteó la urgente necesidad de reactivar el COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas, cuya convocatoria ha sido reiteradamente solicitada por las autoridades sanitarias provinciales. Participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.

Durante el encuentro, las autoridades acordaron:

– Fortalecer instancias federales de trabajo y decisión acordes a la magnitud de la situación actual.

– Impulsar la elaboración de estudios epidemiológicos federales y guías clínicas de buenas prácticas, especialmente para la atención de urgencias en infancias y juventudes, en articulación con universidades nacionales.

– Reconocer que los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo.

Lineamientos comunes para los 135 municipios bonaerenses

En paralelo, en la asamblea del CoSaPro, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires acordaron una serie de lineamientos comunes para abordar la salud mental en sus territorios, fortaleciendo la integración con las políticas provinciales y promoviendo una respuesta articulada frente al incremento de la demanda.

Del mismo modo, subrayaron el acompañamiento a los “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires” que buscan organizar para la etapa actual las políticas municipales y su integración con las provinciales en el marco de una altísima incidencia de padecimientos en la esfera de la salud mental.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de sostener y fortalecer los espacios de articulación federal y provincial, y advirtieron que cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual en salud mental.

Fuente: Agencia DIB

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Paro de ATE: además de vuelos, qué servicios estarán afectados el martes 21 de abril

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes 21 de abril un paro en todo el país que impactará en las administraciones nacional, provinciales y municipales, afectará los vuelos y también en el normal dictado de clases en las escuelas públicas.

El epicentro de las acciones se llevará adelante en terminales aéreas de zonas turísticas y de fuerte tráfico internacional, con medidas simultáneas que anticipan un escenario de alta conflictividad y posibles interrupciones en el servicio aerocomercial.

Se trata de una medida de fuerza impulsada por los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que están afiliados al gremio y hacen un reclamo salarial tras el último fracaso paritario en las negociaciones con el Gobierno de Javier Milei.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración principal será a partir de las 12 en las inmediaciones de Aeroparque, con punto de encuentro en Costa Salguero.

Qué otros servicios afectarán el paro de ATE

Más allá de la afección de los vuelos, el paro de ATE impactará en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Es que muchos de los auxiliares que allí se desempañan pertenecen a este gremio.

También aquellos afiliados que realizan tareas en oficinas del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, si se suman a la protesta harán que se vea afectada la atención al público.

En este contexto, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que este martes se realizará “una jornada nacional de lucha y protesta con paros, concentraciones, acciones públicas y movilizaciones en toda la administración pública nacional, provincial y municipales”.

Según el comunicado que compartió Aguiar en X, estas son las demandas de ATE en el paro nacional de este 21 de abril:

  • Reapertura de paritarias y urgente recomposición salarial.
  • Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.
  • Pase a planta permanente de todas las y los trabajadores precarizados.
  • Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras.
  • Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.
  • Cese de la persecución a las y los trabajadores que luchan.
  • Restitución de los fondos adeudados a las provincias.
  • Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.
  • Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Fuente: Agencia DIB

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Desfinanciamiento en discapacidad: “Es de una crueldad muy importante”

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El Dr. Diego Palomo, titular de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, se refirió esta mañana en diálogo con Radio Altos a la situación delicada que atraviesan las instituciones que asisten a personas con discapacidad por la decisión del gobierno de Javier Milei de recortar a cero el envío de fondos desde el pasado mes de diciembre.

En el caso de Bahía Blanca, tal como lo expuso el intendente Federico Susbielles, las instituciones que mayores complicaciones tienen para poder sostener su funcionamiento son el Pequeño Cottolengo José Nascimbeni, el Hogar Don Orione e INCUDI.

“Desfinanciar estos dispositivos con personas que tienen una altísima vulnerabilidad, una altísima dependencia, de una crueldad muy importante”, aseveró.

Además, opinó que esta medida de la administración libertaria es de desconocimiento de todo lo que significa la red nacional que tiene la Argentina de apoyo y atención a la discapacidad, que, recalcó, siempre se sostuvo en los márgenes, con solidaridad, con gran esfuerzo, pero al menos siempre existió un financiamiento nacional que le permitió dar prestaciones mínimas necesarias para las personas que están internadas.

Expuso que en muchas de las instituciones no solo atiende, cuida y rehabilita a personas con discapacidad, sino que viven los pacientes allí. Recalcó que se trata de personas que no tienen otro lugar donde vivir y algunos ni siquiera tienen familiares que puedan asistirlos o ser una red de apoyo para su internación.

Advirtió que las instituciones recibieron el último pago de Nación en diciembre y que además se cortó el envío de medicamentos, muchos de ellos muy costosos, y de pañales.

“Todo eso hace que sea muy difícil para estas instituciones, con el voluntarismo, con el amor, con la beneficencia, con la solidaridad, sostenerse. Es una urgencia social y humana”, describió.

Planteó que el intendente Federico Susbielles fijó como prioridad a la discapacidad y por eso dispuso que funcionarios municipales diseñen un plan de contingencia para asistir, “al menos con aquellas cosas que el Municipio puede apoyar”, a las distintas instituciones.

El jefe comunal ya solicitó una audiencia con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para presentarle la preocupación por el desfinanciamiento que lleva adelante el gobierno de Milei.

“Se comprometió, y en este caso es lo que nos toca hacer a nosotros, en hacer un análisis de cuáles son aquellas líneas, medicamentos, alimentación parenteral, alimentación diaria habitual, limpieza, insumos, que podamos nosotros como municipio aportar. Vamos a hacer un informe de necesidades de cada una de estas instituciones y ver cuál es el umbral mínimo para poder tratar de asistirlas para que puedan seguir haciendo su enorme tarea”, detalló.

Para Palomo, lo importante en la decisión del intendente fue “romper con acostumbrarnos a estas cosas”: “Como ciudadanía tenemos que empezar a decir que esto es un límite. No se puede tolerar que las políticas nacionales, provinciales y locales sean de abandono, de exclusión con los más débiles, con los más vulnerables”.

Y concluyó: “el intendente lo que puso es un alto, dijo ´hasta acá´, porque esto no es discutible políticamente; de hecho convocó a todas las fuerzas políticas  porque esto no es aceptable”.

Fuente: Frente al cano.

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