Luego de varios intentos por dejar atrás la polémica abierta por los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que dio lugar a una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional trabaja para relanzar la gestión, que en la práctica implica reimpulsar la actividad y recuperar finalmente la agenda mediática marcada por los movimientos en la causa.

“Es hora de retomar la normalidad”, sintetizó ante Infobae un importante funcionario del Gabinete, que considera que la mediatización del tema que involucra al ex vocero presidencial se agotó.

Para eso, luego de haber ensayado ante la oposición que no dudó en solicitar explicaciones detalladas sobre su situación patrimonial y las salidas al exterior en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador -que estuvo en el centro de la escena- volverá a las conferencias de prensa en un nuevo intento por volver a la dinámica que antecedió a las semanas más complejas del Poder Ejecutivo.

En los últimos días, al conflicto que involucra a Adorni, se sumó la abrupta salida de Carlos María Frugoni, ex funcionario de Economía que fue eyectado cuando admitió que evitó declarar siete propiedades en Miami, y los llamativos gastos registrados en la cuenta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Con la idea de dar vuelta la página de una vez por todas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó el retorno de la prensa acreditada a la Casa Rosada, impedida de ingresar desde el jueves 23 de abril por orden directa del presidente Javier Milei en un accionar inédito desde su creación en 1944.

Si bien, al cierre del domingo, la fecha para el nuevo cruce -prevista para principios de semana- entre periodistas y el ex vocero no estaba cerrada, desde el entorno del funcionario anticipaban que la idea era concretarlo este lunes. El objetivo expuesto, además de retomar la comunicación de gestión, era “darle la bienvenida” a los acreditados que tras su vuelta se verán limitados en sus movimientos. Según fuentes de Casa Rosada, el regreso parece estar condicionado al cumplimiento de nuevas restricciones en la dinámica diaria.

“Hasta ahora vivimos una especie de transición en la que Manuel (Adorni) fue el blanco de todo tipo de ataques. Eso se terminó”, definió un integrante de la mesa política que celebró el regreso de la comunicación de gestión.

En la previa, Adorni rompió el silencio en lo que configuró su reaparición en medios de comunicación luego de dos meses de blindaje y reafirmó que no renunciará al cargo. Ante la posibilidad de nuevas preguntas en torno a su situación judicial, en su equipo aseguran que se ajustará a la línea que planteó en el Congreso el pasado miércoles ante la atenta mirada de los Milei y del Gabinete. Además, adelantan que a diferencia de la última conferencia fallida del 25 de marzo, no se espera la asistencia de ministros ni legisladores en apoyo.

La semana estará marcada además por un nuevo viaje exprés del presidente Javier Milei que partirá el martes a Estados Unidos, en compañía del canciller, Pablo Quirno, en lo que configura su visita número cuatro en lo que va del 2026. El libertario aceptó una invitación del Instituto Milken para disertar el próximo miércoles en la 29ª Conferencia Global, que reunirá personalidades de todo el mundo. Sin más actividades en la agenda, se espera su regreso al país para el jueves al mediodía.

En plena coordinación de un nuevo encuentro de la mesa política, el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.

Luego de que la Justicia fallara a favor de la reforma laboral, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.

La implementación del capítulo se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 315/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo.

De acuerdo con lo dispuesto, los empleadores comprendidos en este régimen gozarán de ciertos beneficios por cada nueva incorporación de trabajadores. Para ello, los empleados deberán cumplir con una serie de requisitos.

El régimen apunta a cuatro perfiles de trabajadores. El primero es el de quienes no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El segundo, quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos al alta laboral. Los otros dos perfiles son los ex inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —monotributistas— que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses, y aquellos cuyo último empleo bajo dependencia fue en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El decreto aclara que la obtención de ingresos adicionales por parte del trabajador —ya sea bajo el régimen general o como monotributista— luego de iniciada la relación laboral no afecta los beneficios que le correspondan al empleador.

Para quedar comprendidos en el RIFL, los empleadores deben haber adquirido el carácter de inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales que habilitan el beneficio son aquellas que se inicien y registren ante ARCA entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive. La norma fija además un tope: las incorporaciones bajo este régimen no pueden superar el 80 % de la nómina total de trabajadores del empleador.

El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral. Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2 % se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3 % tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032. ARCA fijará el procedimiento de liquidación e ingreso de ambos componentes.

En caso de que el empleador no cumpla con los requisitos correspondientes, deberá recomponer las contribuciones no abonadas más los intereses y sanciones que correspondan. ARCA tiene a su cargo instrumentar los controles sistémicos para hacer operativas las exclusiones automáticas.

La norma también establece que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sigue siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y que la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación. Los empleadores deben ejercer la opción de adhesión mediante los mecanismos que determine ARCA; la falta de ese ejercicio impide el goce retroactivo del beneficio por los períodos en que no se hubiera aplicado.

Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ARCA quedan facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación del régimen.

Esta reglamentación llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara al cautelar que frenaba la reforma laboral y reestableciera la validez de 83 artículos. Tras esto, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

De esta manera, el Gobierno consideró que la legislación está plenamente vigente, por lo que avanzó rapidamente con su implementación.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, continuó hoy el cruce que mantuvo este sábado con la senadora y exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que se inició luego del robo a un nene de 12 años ocurrido en la ciudad de La Plata.

Durante una entrevista con la periodista Mariana Contartessi en Radio La Red, el funcionario de Axel Kicillof apuntó contra Bullrich y afirmó que la exministra “está nerviosa porque el gobierno está cayendo mucho en la consideración de la opinión pública”.

Además, indicó que los dichos de Bullrich responden a una estrategia política, en un contexto en el que, según él, el gobierno nacional está perdiendo respaldo en la opinión pública y crece la imagen del gobernador Kicillof. Alonso expresó que el discurso de la senadora va en sintonía a una maniobra para desviar la atención de la caída en la consideración social, y no a una preocupación técnica en materia de seguridad.

De acuerdo con Alonso, la actual ministra de Seguridad de la provincia, María Fernanda Monteoliva, cuenta con conocimientos técnicos, pero se encuentra limitada por un gobierno nacional que “no pone un peso” ni impulsa políticas concretas. A su vez, señaló que Monteoliva habría advertido la falta de fundamento en las acusaciones y, por esa razón, la vocera principal terminó siendo Bullrich. “ (Bullrich) está tratando de volver a traer la idea del baño de sangre, la idea de que es un descontrol el conurbano”, remarcó Alonso.

Durante la entrevista, Alonso sostuvo que el año pasado, la provincia de Buenos Aires registró la menor cantidad de crímenes en ocasión de robo desde el retorno de la democracia. “Desde que se contabilizan seriamente los homicidios, el año pasado fue el año con menos homicidios en ocasión de robo”, afirmó. El mandatario provincial reconoció la gravedad de cada hecho puntual y el impacto sobre las víctimas y sus familias, pero remarcó que el trabajo conjunto con los intendentes apunta a mejorar el espacio público y fortalecer los patrullajes.

Al referirse al esfuerzo operativo, Alonso destacó el alcance de los recorridos policiales: “Cada cuatro horas recorremos el setenta y cinco por ciento de las calles”, dijo, y subrayó el gasto sostenido en combustible a pesar del aumento de los precios. Para Alonso, el contraste con la ausencia de inversión nacional evidencia una diferencia de prioridades y compromiso.

El funcionario concluyó que quienes critican la situación de seguridad en la provincia deben actuar con seriedad, abandonar la política del espectáculo y priorizar la gestión. “Tienen que dejar el show, dejar las redes sociales y ponerse a gobernar en serio”, concluyó Alonso.

El violento robo a un niño de doce años ocurrido el jueves en el barrio de Tolosa, en La Plata, generó este sábado un fuerte intercambio en redes sociales entre Bullrich y Alonso. El asalto ocurrió cuando un delincuente encapuchado abordó al menor mientras se dirigía a la escuela, lo tiró al suelo y le robó sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil y un buzo. El episodio fue registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales.

Tras conocerse el caso, Bullrich utilizó su cuenta en X para cuestionar duramente la gestión del gobernador Axel Kicillof y de Alonso, a quien calificó como “no ministro”. La exministra de Seguridad criticó la respuesta de las autoridades ante el hecho, acusándolos de no actuar frente a la inseguridad y de abandonar a los ciudadanos, y reclamó mayor presencia y acciones concretas para brindar seguridad a los bonaerenses.

Alonso respondió horas después con un mensaje en el que recurrió a una frase de Néstor Kirchner para interpelar a Bullrich y defendió el trabajo realizado por la cartera de Seguridad provincial. Sostuvo que la función del ministerio no es dictar condenas, sino que esa tarea corresponde a la Justicia, y destacó el nivel de esclarecimiento de delitos alcanzado durante la gestión de Axel Kicillof. Además, recordó la colaboración de la provincia en operativos en Rosario y señaló fallas de Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad.

Para Alonso, las críticas de Bullrich forman parte de una “campaña sucia” que busca utilizar casos de inseguridad con fines políticos. El ministro cuestionó la instrumentalización de las víctimas y sugirió que estos ataques buscan desviar la atención ante la caída en la imagen del gobierno nacional. Y concluyó pidiendo a la senadora que actúe con dignidad y deje de emplear la inseguridad como herramienta electoral.