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2023: ¿el final de las reelecciones indefinidas?

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*Por Hernan Rodriguez Vagaría

En la Facultad de Derecho nos enseñan y enseñamos siempre a respetar las sentencias de los jueces porque ello es un pilar fundamental del sistema constitucional argentino y porque ello es una de las lecciones más contundentes que aprendió la humanidad en su lucha universal contra la arbitrariedad. En esa misma clase aprendemos también a apreciar a los precedentes judiciales (la jurisprudencia) como piedra de toque del sistema y como cimiento luminoso sobre el que busca sosiego la seguridad jurídica. Es justamente en esas primeras clases cuando cala hondo el principio de supremacía de la ley y cuando comenzamos a comprender el control que ejercen los jueces en nuestro sistema para garantizar la constitucionalidad de las normas que dicta el Congreso (leyes) o el Poder Ejecutivo (decretos).

Forjados bajo esas premisas, los Jueces son, por regla general, reacios a los cambios y propenden a administrar justicia sin levantar polvareda y muchas veces ello mismo los lleva a resolver con una parsimonia que exaspera. Los jueces son conscientes de ello y probablemente encuentran mayor confort resistiendo a los cambios pero saben también que administrar justicia en una sociedad abierta, cambiante y democrática les impone, a la corta o a la larga, adoptar un cambio de criterios.

El ejemplo más claro de esta puja entre lo viejo y lo nuevo, lo vemos hoy con la reelección indefinida de los cargos ejecutivos (presidente, gobernadores e intendentes). Si dejamos de lado el caso de los presidentes, porque nuestra constitución se ha encargado de vedarlo expresamente, la sociedad y la justicia argentina ha admitido históricamente la validez de las reelecciones indefinidas de gobernadores e intendentes pero ya no quedan argumentos para sostenerlo y los debates legislativos en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años lo han dejado de manifiesto. Por ello resulta deseable y esperable que durante el 2023, una vez definidos los candidatos, la sociedad y la justicia impugnen a todos los candidatos a gobernadores e intendentes que pretendan continuar antirrepublicanamente en sus cargos so pretexto de las constituciones o normas provinciales que los habilitan a presentarse nuevamente.

La Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 7 de junio de 2021 versa sobre el caso de la reelección indefinida de los presidentes pero sus conclusiones se irradian y proyectan con perfecta analogía a los gobernadores e intendentes del sistema federal argentino.

No es aquí el lugar para reproducir todos los argumentos vertidos por la mayoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ni tampoco los del voto en minoría de Zaffaroni) pero la conclusión fue categórica. De una lectura sistemática de la Convención Americana, incluyendo su preámbulo, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, concluyeron que la habilitación de la reelección indefinida (más de dos mandatos) es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En el año 2023 la sociedad y los jueces tendremos la oportunidad de dar un salto de calidad en nuestras instituciones. Y como dijo Fayt en el caso “Rodríguez Pereyra” no hay que temerle a los cambios en la jurisprudencia: “… la autoridad de los precedentes debe ceder ante la comprobación del error o de la inconveniencia de las decisiones anteriormente recaídas (…). Estar a lo que se ha decidido previamente es un principio básico de recta judicatura y de necesidad de certeza en la aplicación de la ley. No obstante, esta regla conduce a soluciones injustas cuando su aplicación mecánica prescinde de elementos relevantes como los apuntados ut supra con el consiguiente menoscabo de los derechos constitucionales en juego…”.

(*) El autor es Abogado, Magister en Derecho Empresarial y Profesor de Derecho Constitucional

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Cuando gestionar vale más que gritar

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En tiempos donde la política argentina se volvió un concurso de consignas, hay gestos que marcan la diferencia entre gobernar y comentar la realidad. La decisión del intendente Federico Susbielles de avanzar para que el Municipio y el Puerto arreglen la traza del Paso Urbano en la zona de El Cholo es uno de esos gestos.

Porque lo que está sobre la mesa no es sólo una obra vial. Es una definición de modelo. Un modelo que involucra la mejor participacion PUBLICA PRIVADA que es el puerto de Bahía con Santiago Mandolesi Burgos hoy a la cabeza.

La obra, iniciada hace años y abandonada desde entonces, hoy se encuentra en un estado crítico que afecta la seguridad, la logística y la calidad de vida de miles de vecinos, además del movimiento del transporte pesado hacia el puerto. Frente a la parálisis nacional, la ciudad decidió no esperar más y propuso algo tan simple como disruptivo: si Nación no la hace, que permita hacerla con inversión local y privada.

Eso, en la práctica, es un esquema de participación público-privada. Es decir, exactamente lo que el discurso liberal reclama desde hace décadas.

Susbielles, peronista, terminó proponiendo una solución más libertaria que los propios libertarios.

Mientras algunos dirigentes locales se concentran en denunciar problemas o explicar por qué las cosas no pueden hacerse, el intendente puso sobre la mesa una alternativa concreta: gestionar capital privado, coordinar con el Puerto y resolver un cuello de botella histórico de la ciudad. No es ideología. Es gestión.

Y no es una obra menor.

El Paso Urbano y la conexión hacia Cerri constituyen uno de los accesos más importantes de Bahía Blanca, clave para el tránsito de camiones, la actividad portuaria y la circulación cotidiana de miles de personas. Su deterioro no sólo genera riesgos viales, sino también sobrecostos logísticos que impactan directamente en la competitividad regional.

En otras palabras: estamos hablando del sistema circulatorio de la economía local.

Si esta iniciativa prospera, el impacto puede ser estructural. No se trata de tapar baches; se trata de redefinir cómo entra y sale la producción, cómo se articula la ciudad con su puerto y cómo se proyecta el crecimiento urbano. Son decisiones con horizonte de décadas, no de mandato.

De hecho, el propio Municipio planteó que, si Nación no reactiva la obra, debería ceder su concesión para permitir que el Puerto y la ciudad consigan financiamiento privado y la finalicen.

Eso es pragmatismo puro.

No hay épica partidaria, no hay relato. Hay una pregunta sencilla: ¿cómo resolvemos esto ahora?

La política argentina suele quedar atrapada entre dos extremos igualmente improductivos: el Estado que promete todo y no cumple, y el anti-Estado que se limita a explicar por qué nada debe hacerse. En el medio queda la gestión real, la que combina recursos públicos, privados y decisión política.

Eso es exactamente lo que está intentando Bahía Blanca.

Por eso, más allá de simpatías o diferencias, la iniciativa merece ser reconocida. Porque rompe con la lógica de la excusa permanente y apuesta a una solución concreta para un problema concreto.

Si se concreta, podría convertirse en el mayor cambio logístico y de transporte de la ciudad en los próximos 20 años. Y también en un precedente: demostrar que, incluso en un contexto nacional adverso, una ciudad puede tomar la iniciativa y empujar su propio desarrollo.

En definitiva, la diferencia entre administrar y liderar suele reducirse a una sola cosa: quién se anima a hacerse cargo.

Esta vez, Bahía Blanca parece haber encontrado a alguien dispuesto a hacerlo.

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Mediática y viral: la responsabilidad que nos toca a todos

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Partamos de la siguiente base. El caso Loan, además de figurar en el rubro policiales también pertenece a la categoría política. Teniendo en cuenta ese punto, es correcto que estas líneas figuren en este espacio. Y es que más allá de la aclaración, la mayoría de los ciudadanos entiende que en casi todos los casos policiales (de gran impacto) la política mete la cola.

También está claro que, en esta historia, todos tenemos diferentes responsabilidades a la hora de confeccionar el cuadro de situación que hoy nos deja este flagelo. No es lo mismo un legislador que un juez. Tampoco un policía que un periodista. Aunque todos aportamos algo. Para mal o para bien. “Cuando todos seamos superheroes, ya nadie lo será”, dice Mr. Increíble en la (gran) película “Los Increíbles”. Y algo de eso hay. Sobre todo para los nuestros. Los colegas. Los comunicadores.

Hace unos cuantos años, siempre se les pedía máxima responsabilidad a los periodistas en su trabajo cotidiano. Y es que eran (éramos) los encargados de darle a difusión a las noticias. De ahí la idea de chequear fuentes y revisar datos antes de publicarlos. Hoy el mundo cambió. El de la comunicación puntualmente. Pero el otro también. Por eso, en el auge de las redes sociales y la viralización, también algo de eso se le debería pedir a los ciudadanos.

Un reciente caso en nuestra ciudad, con escrache digital entre familiares de alumnos de una escuela local, llego hasta denuncias (en el aire) de intento de secuestro. Justamente apuntando a ese ejercicio de responsabilidad (periodística), se pudo chequear tanto en la órbita educativa como la policial que no había nada que hiciera sospechar que los hechos ocurrieron tal cual se deslizó livianamente.

¿Y entonces? ¿Qué hacemos? Con las víctimas, sobre todo. Y no me refiero al pobre infeliz del que muchos ya se saben la patente de su auto de memoria. Apunto al resto de la ciudadanía. Esa que, casi en un brote psicótico, se encargó de replicar lo más que pudo una denuncia que, evidentemente, no tenía la rigurosidad necesaria.

Sin embargo, releyendo el último párrafo, casi que se confunde el lugar que le toca a cada uno. ¿Víctima o victimario? Por qué los mismos que se alarmaron con un mensaje que tenía más ruido que nueces, estoy convencido que son los mismos que irresponsablemente (aunque sin advertirlo) contribuyeron a ese círculo vicioso ¿En que quedamos?

Casi que en nada, a decir verdad. Como en este episodio que es como tirar una trompada al vacío. La pregunta es si alguna vez la paja se separará del trigo. O al menos querrá hacerlo.

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Bahia Blanca y las alertas: ¿Le damos bola?

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Hay un antes y un después del 16 de diciembre de 2023. El temporal que azotó la ciudad y dejó el saldo luctoso de 13 personas marcó a cada uno de los bahienses.

Es importante destacar que las alertas se emiten para permitir a los vecinos tomar cuidados que nos permitan un resguardo de los acontecimientos climáticos.

Es que cada vez que sopla viento fuerte y en la ciudad es bastante normal, ahora nos tomamos la cabeza con suma precaución ¿Pero antes?

Según informes meteorológicos Bahía Blanca tuvo 15 alertas amarillas y dos alertas naranjas en 2023. Una de estas, la última fue la catástrofe.

Según el informe de PYP solo 2 personas de cada 10 toman recaudos en el pais con las alertas amarillas y los medios tienen mucho que ver.

“Es que muchas veces dicen que pasa y no pasa nada” fue una de las frases más escuchadas post temporal y de varios que tenían fiesta de egresados o encuentros que justificaron con esta frase para “No faltar”.

Los medios de información debemos de sostener que “cuando exista alerta la población deberá de resguardarse” y entender que 13 familias no volverán nunca más a ser las mismas.

 

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