El Ministerio de Economía de Argentina actualizó el listado oficial de cláusulas abusivas prohibidas en los contratos de consumo. Según el Boletín Oficial, esta nueva medida entrará en vigor desde el 11 de marzo de 2026 y obliga a adecuar todos los contratos a las nuevas disposiciones.

Esta acción surge tras un proceso de revisión normativa que responde tanto a la experiencia acumulada como a los cambios introducidos en el marco legal durante los últimos años.

La medida contempla la sustitución del anexo de la Resolución 53/03, la cual establecía el listado de apartados considerados abusivos en los contratos de consumo. Ahora, el Anexo IF-2025-100956608-APN-SSDCYLC#MEC pasa a constituir el nuevo marco de referencia.

Esta actualización fue determinada a partir del análisis jurídico correspondiente y es consecuencia directa de la ampliación de facultades otorgadas a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

El anexo actualizado reemplaza la versión anterior implementada en 2003 y sus sucesivas revisiones, adaptándose así a los lineamientos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y la jurisprudencia nacional e internacional. La normativa prohíbe expresamente la inclusión de cualquier cláusula que, conforme al artículo 37 de la Ley 24.240, resulte desfavorable, ineficaz o abusiva para los consumidores.

El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial Fernando, Martín Blanco Mulño, firmó la disposición que establece la actualización. Según el texto, el objetivo central reside en optimizar la detección y remoción de cláusulas ineficaces, dificultando que se vulneren derechos básicos de los consumidores

Se aclara que todos los contratos vigentes y futuros deberán ajustarse al nuevo listado. Según el comunicado, la medida se adoptó en función de las facultades conferidas por el artículo 43 de la Ley 24.240 y sus modificatorias, el Decreto 50/19 y la Resolución 227/23.

El Boletín Oficial publicó: “Se considera necesario llevar a cabo la actualización, modificación y especificación de ciertos supuestos que constituyen cláusulas abusivas y, por ende, que no podrán ser incluidas en los contratos de consumo, para lo cual deviene pertinente proceder a la sustitución del Anexo de la Resolución Nº 53/03″.

En el anexo se detalla que se consideran abusivas las cláusulas que: “Confieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y de las prestaciones respectivas”, “otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en aquellos casos que la autoridad de aplicación determine conforme pautas y criterios objetivos”, y “autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que medie incumplimiento del consumidor”, entre otros puntos que rigen en el Boletín Oficial. Así, esta publicación marca el inicio formal de la obligación de revisión contractual para todas las empresas y proveedores que ofrezcan bienes o servicios en el país.

Qué establece la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor en su artículo 37

El artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe que los contratos tengan cláusulas que sean injustas para quienes compran productos o servicios. Si un contrato incluye reglas que quitan derechos al consumidor, que limitan la responsabilidad de la empresa o que hacen más difícil reclamar, esas reglas no tienen validez.

La nueva norma publicada en el Boletín Oficial no modifica el fondo del artículo 37, sino que detalla y amplía el listado de cláusulas que se consideran abusivas y, por lo tanto, prohibidas en los contratos de consumo. Esta actualización entra en vigor a partir del 11 de marzo de 2026 y obliga a que todas las empresas revisen sus contratos y eliminen cualquier cláusula que esté en ese nuevo listado que lo restrinja.

De esta manera, la ley mantiene su marco protector para los consumidores, mientras que la actualización normativa fortalece los mecanismos de control sobre los contratos. Esto significa que si una empresa incluye una cláusula abusiva, el Ministerio de Economía puede obligarla a quitarla o cambiar el contrato. Así, se busca que los derechos de los consumidores estén siempre protegidos y que los contratos sean más justos.

El Ministerio del Interior oficializó la designación de Gustavo Javier Coria, actual secretario de Interior, como representante de la cartera ante la Comisión Nacional de Ex-Combatientes de Malvinas y le otorgó también la función de director ejecutivo del organismo.

El organismo fue creado en 1994 bajo la cartera que ahora conduce Diego Santilli, según lo dispuesto por el Decreto N° 1741/94 y sus modificaciones, para articular políticas públicas en torno a los derechos y necesidades de los veteranos de la guerra del Atlántico Sur y sus familias. A su vez, está integrada por representantes seleccionados mediante el voto de los propios ex combatientes de distintas regiones del país.

“Cabe destacar la inconmensurable labor educativa y social que cumplen desde hace más de cuatro décadas las asociaciones de primer grado reivindicando en toda oportunidad, la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes; al tiempo que brindan apoyo y acompañamiento diario a cada veterano de guerra y familiar de los héroes caídos en combate”, explica el texto en uno de sus párrafos.

La normativa vigente establece que el organismo debe contar entre sus integrantes con “un o una representante” del Gobierno, función que ahora asumirá Coria. La medida quedó establecida en Boletín Oficial bajo la Resolución 25/2026, firmada por el ministro del Interior.

La designación se adoptó luego de la intervención del servicio jurídico del Ministerio, que actuó en el marco de sus competencias para validar el nombramiento. En el artículo segundo del texto oficial, se determinó que el licenciado en Ciencia Política “también ejercerá la Dirección Ejecutiva de la aludida Comisión”.

Su paso como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre pasado, el decreto 895/2025 publicado en Boletín Oficial lo había nombrado al frente de la Secretaría de Interior. Siendo un hombre de confianza de Santilli y un colaborador todoterreno, Coria ocupó roles clave en la administración del Gobierno de la Ciudad. A los pocos días de la asunción de Santilli como ministro, realizaron juntos una visita oficial a Entre Ríos para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro fue uno mas de los tantos que había emprendido el funcionario electo en el interior del país, durante esas semanas. También estuvieron con los mandatarios de Salta, Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba.

Entre 2019 y 2021, Coria se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño durante la gestión de Marcelo D’Alessandro.

De 2016 a 2018, el hombre oriundo de General Lavalle, Córdoba, presidió la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde entabló relaciones de trabajo con intendentes de distintos signos políticos del Conurbano bonaerense. En las elecciones bonaerenses del 7b de septiembre fue electo diputado provincial, en el quinto puesto de la lista de la Sexta Sección Electoral. Sin embargo, su banca fue ocupada finalmente por María Fernanda Coitinho, titular de ANSES, tras su incorporación al Ministerio del Interior.

En 2023, fue designado ministro de Seguridad y Justicia porteño por el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, luego de la salida de Eugenio Burzaco en medio de la crisis que desencadenó el crimen del ingeniero civil, Mariano Barbieri, ocurrido en el barrio de Palermo en 2023.

Coria obtuvo la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991. Completó estudios de Defensa Nacional en la respectiva escuela y fue investigador en el Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991. En el sector privado, ejerció como secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y como jefe de Relaciones Institucionales de la misma empresa entre 2002 y 2008.

En una nueva acción orientada a intensificar el control del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno Nacional habilitó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a autorizar la habilitación de distintas erogaciones del Estado, según confirmó una inobjetable fuente a Infobae.

Hasta entonces, la gran mayoría de los desembolsos, como por ejemplo las transferencias de fondos a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), no alcanzaban al Jefe de Gabinete. Si bien intervenía previamente en los expedientes, el mencionado aporte era instrumentado por el Ministerio del Interior que, desde finales de noviembre, lidera Diego Santilli, y el Ministerio de Economía cuyo titular, Luis Caputo, se encarga de evaluar las solicitudes en función de la situación fiscal, las cifras de coparticipación recibidas, el impacto político y la disponibilidad del fondo.

En la acción, el Poder Ejecutivo intensificó el control de las acciones que implican giro de dinero o la habilitación de recursos a través de la ampliación del esquema de firmas y dotó de “mayor poder de gestión” al ministro coordinador al que definen como el “más mimado” del Gabinete.

De esta forma, se instrumentó la implementación de los cambios internos que rigen desde la semana pasada en la previa al viaje del Presidente y funcionarios a Estados Unidos.

Como algunas otras erogaciones, los ATN son de administración discrecional, por lo que, a diferencia del resto de los fondos coparticipables, no se otorgan de forma automática. Es la propia administración libertaria la que determina en qué plazos y a quién asignarlos, lo que despierta tensiones con varios de los gobernadores que reclaman fondos para sus provincias.

En Balcarce 50, descartan de raíz que se trate de una limitación a los dos ministros involucrados sino -aclaran- que la decisión responde a la necesidad de sumar una tercera instancia de validación para intensificar el control. “La idea es poner un embudo para aumento de control. Nada más”, sintetizó una fuente en tema.

Lo cierto es que Luis Caputo es de los funcionarios más respaldados por el mandatario, quien lo califica como “el mejor ministro de Economía de la historia”, y Santilli, que integra la mesa política, logró ganarse la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y trabaja en tándem con el propio Manuel Adorni en el diálogo con las provincias.

“Trabajamos todos juntos. La mesa política funciona con todos sus integrantes y estaban todos al corriente y de acuerdo con los cambios”, destacaron a Infobae desde las filas libertarias.

Si bien la idea no es realizar una supervisión del paso a paso de las carteras, con la incorporación de la firma del ministro coordinador, el Gobierno suma una nueva instancia de control y una validación en términos políticos más allá de los aspectos técnicos para instrumentar las transferencias. “La idea es ordenar el procedimiento, que consigne el aval de la mesa política. La validación debe contemplar también la estrategia parlamentaria”, sintetizó a Infobae un integrante de la mesa política.

En los últimos meses, Manuel Adorni se transformó en los ojos y la voz de Javier y Karina Milei, por lo que su presencia en las instancias de debate y decisión, como lo son las reuniones de la mesa política, se tornó obligatoria.

Luego de haber desembarcado en el cargo, y de barrer con los vestigios de su antecesor Guillermo Francos, Adorni oficia de principal espada de la secretaria general de la Presidencia y divide sus días entre la gestión y la coordinación política del equipo reducido equipo que designó el libertario para la sanción de proyectos que darán forma al segundo tramo de la gestión.