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Alberto Fernández negó “arbitrariedades” en el reparto de obra pública

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Alberto Fernández negó este martes la existencia de “arbitrariedades” en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama “mucho la atención” lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Presidente sostuvo que se trata de “decisiones políticas no judiciables”, al declarar bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

También destacó que el expresidente Néstor Kirchner “siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas” y remarcó que “tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como Presidente”.

Cuando le preguntaron cuál era el criterio para distribuir obra pública, el Presidente dijo que “son creterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan. Eso no tiene una regla. Los criterios son criterios de lo que uno entiende de que lo que en ese momento está necesitando el país”.
Y agregó: “No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante”.

Le insistieron con la misma pregunta y Fernández profundizó: “todos nosotros creemos que la inversión pública es un gran motor para la economía y hay un principio rector que son cuestiones de naturaleza política. Algunos creemos esto, que el Estado tiene que estar presente y motorizar la obra pública y otros creen que deben hacerlo los privados. Hace un año hubo un terremoto en San Juan y decidimos que se construyen 1000 viviendas en San Juan. El criterio fue la necesidad. En el 2003 la Patagonia tenía un infradesarrollo y hubo que hacer mucha obra. Es muy importante porque está toda la producción petrolera y pesquera”.

“Nosotros en 2003 o en 2009 y como me pasa a mí ahora, la obra pública es un enorme motorizador de la economía”.
Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación Julio de Vido, se quejó de que le hicieran varias veces la misma pregunta.
Y el Presidente agregó: “quiero que entiendan que una vez que el Presupuesto es aprobado es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al Presidente sobre cómo gasta el dinero de su ministerio”.

Le volvieron a preguntar sobre cómo asignaban los recursos en la Ley de Presupuesto y reiteró: “un presupuesto no es la decisión de un Presidente, todos los ministerios construyen sus números y eso es revisado por el Congreso nacional”.

“Una vez que el presupuesto llega para ser aprobado como proyecto de ley sigue el tratamiento de cualquier proyecto de ley. Lo que quiero enfatizar es que es la ley más compleja de todas y se tiene que modificar porque todas las provincias quieren defender sus intereses”, siguió Fernández.

Rusconi se quejó de que el Presidente haya contestado seis veces sobre lo mismo.

Luego, el fiscal Luciani un anexo a la ley de presupuesto, le preguntaron sobre una en particular.

“Me da la impresión de que no me está escuchando bien”, le dijo el Presidente al fiscal. El fiscal le respondió que lo había escuchado bien. Entonces Fernández le dijo que tal vez tuviera un problema de comprensión de texto.

Luciani le pidió a Fernández que no le faltara el respeto, el Presidente le dijo que no había sido su intención. Luciani siguió haciendo preguntas que el tribunal consideró improcedentes, e insistió para hacer consultas sobre una obra en particular. El tribunal deliberó y por mayoría hizo lugar a la pregunta de Luciani, que la volvió a formular: “en la planilla del presupuesto 2008 se informa un importe a devengar de 150 millones de pesos y la adjudicación fue de 225 mil persones de pesos. Hay 75 millones de pesos que faltan”.

“Como le dije antes no tenía presente ninguna de las obras, mi memoria es buena, pero no tanto, puede haber habido muchas explicaciones, pero no puedo arriesgar la explicación sobre algo que no conozco”, reiteró Fernández.

Consultado nuevamente por el criterio para reasignar fondos, ya cansado de contestar lo mismo, el primer mandatario dijo nuevamente que la necesidad marcaba el rumbo.
Luego una pregunta concreta sobre reasignación de partidas del Presupuesto.

“Si entiendo bien la pregunta es si los ministerios podían reasignar los recursos que yo les reasignaba. Eso se llama reasignación presupuestaria y va a ver cuánto pasa y cuánto pasó en la pandemia. Ahora una vez que los recursos son reasignados, los ministros no reasignan, los ministro ejecutan”, dijo Fernández.

El Presidente había arribado a las 9.36 a los tribunales de Comodoro Py, donde declarará como testigo en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa denominada como “Vialidad” y en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El mandatario ya se encuentra en los tribunales federales de Retiro para la audiencia que comenzará en minutos ante el Tribunal Oral Federal Número 2, en un debate que se realiza de manera semipresencial, con los jueces, testigos y un secretario en la sala y las restantes partes conectadas a través de la plataforma Zoom, a raíz de la pandemia de coronavirus.

El testimonio del primer mandatario fue pedido por la defensa de la expresidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el exministro de Planificación Julio De Vido a raíz de su condición de ex Jefe de Gabinete en el kirchnerismo.

El Presidente anunció que concurrirá a Comodoro Py 2002 pese a que por su investidura podía optar por responder un cuestionario escrito a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la ex Presidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018.

El Presidente responderá preguntas de las defensas de los acusados que pidieron su testimonio y luego de las restantes partes.

Para el lunes próximo está citado el presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien declararía por videoconferencia.

Fuente: Télam.

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Javier Milei decidió no arbitrar y los libertarios se acostumbran a gestionar con dos bandos

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Con la evidencia empírica de que el presidente Javier Milei no tomará un rol de árbitro en las disputas de poder que tenga su hermana Karina con Santiago Caputo, los hombres y mujeres que gestionan el gobierno libertario aceptaron que la situación difícilmente cambiará y se resignan a llevar adelante las tareas con ese problema ya internalizado. Esa disputa se observa en la cúpula de poder, pero también -en demasía- en las segundas líneas que toman decisiones con temor a quedar presos de la interna en alguna operación cruzada. “Hay mucho cagazo. Es lamentable pero es la verdad porque en todos lados hay funcionarios de ambos sectores. Y nadie confía”, reconoció un cuadro técnico al frente de un organismo ante Infobae. Para peor, toda noticia que golpee al entorno de la secretaría general de la Presidencia es visto por ese bando como un mensaje interno y viceversa.

El último ejemplo sucedió con el envío de pliegos por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elegido personalmente por Karina. El archivo de los elegidos por el ministro sumado a algunos artículos periodísticos que hablaban de “incomodidad” interna por “lazos K” hicieron desatar la bronca hacia adentro de Casa Rosada por creer que hay piedras en el camino de la gestión.

Las filas no se cerraron ni siquiera sobre Manuel Adorni. Más allá de la sobreactuación en redes sociales (el terreno más importante para el gobierno libertario), en “Las Fuerzas del Cielo” hay bronca contenida por el daño que le realiza el jefe de gabinete al Presidente. Pero, una vez más, quedó en el medio quien lo eligió, Karina Milei. Por eso la orden fue contundente. Desde el Presidente hacia abajo estarán todos. “Es como si nos tomaran falta”, reconoció entre risas y algo de nerviosismo un ministro que hoy buscará sentarse en primera fila.

Las más de cuatro mil preguntas fueron respondidas por escrito. Cuando fueron enviadas aún no se conocían todos los viajes del matrimonio Adorni-Angeletti. En las últimas horas se conocieron dos destinos más. El primero a Río de Janeiro a mediados del 2024. El efectivo fue la forma predilecta para pagar los costos. Lo mismo para el último conocido. Su esposa gastó cerca de 6.000 dólares en efectivo en un viaje a España, en septiembre de 2025, entre pasaje y estadía, según reconstruyó la Justicia. Con un sueldo que estuvo entre los 3 y los 7 millones de pesos, los malabares para justificar esos ingresos serán materia de estudio en cualquier universidad de Economía.

Más allá de las investigación judiciales, la discusión política que termina siempre en la Corte Suprema es un tema de debate. Así lo planteó el martes Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal. Dijo que mientras la Corte Federal de Estados Unidos dicta entre 80 y 100 sentencias por año, en Argentina fueron 15.000. “¿Por qué esa diferencia? En primer lugar porque hay una judicialización creciente de todos los temas. Los debates no se clausuran en el circuito político, sino que hay judicialización y, en la Justicia, siempre se busca llegar a la palabra de la Corte”, aseguró.

Este panorama está lejos de frenar. El ejemplo más concreto es la reforma laboral. Otros proyectos que tensan al poder real podrían terminar igual, más allá de lo que diga el Congreso. El debate para aprobar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) podría seguir ese camino. Allí se da algo curioso. Fue el canciller Pablo Quirno quien mandó a frenar el avance. La pregunta que se hizo al respecto el área de Federico Sturzenegger es en base a qué. “Ahí es una pelea de laboratorios nacionales que buscan frenar a toda costa el cambio. El lobby es enorme”, reconoció un empresario al tanto de la disputa. La Cámara que nuclea a estas empresas, CILFA, apuesta a estirar los tiempos. La creencia es que si a Donald Trump le va mal en noviembre como las encuestas preven, todo lo negociado entre su administración y la de Milei entrará en debate.

Esa previa en el país más poderoso del mundo es seguido con detenimiento por la política argentina, sin importar el oficialismo y la oposición. Desde el PJ creen que el comienzo del fin de Trump puede adelantar el ruido económico para Milei. Sobre todo el financiero. Si bien la creencia es generalizada, el método para enfrentar a Milei tiene tantos caminos como líneas internas existen hoy en el universo peronista. Axel Kicillof no tiene otra salida que hacia adelante y es el único candidato firme. Pero encuentra rivales de peso. El sector de Cristina Fernández de Kirchner amenaza con una ruptura total y apoyar a otro candidato. A esa idea se le suman otras. Algunas muy conocidas y otras que son imposibles de obviar. El banquero Jorge Brito dejó correr la idea de presentarse el próximo año. Apareció y se fue Dante Gebel, apoyado por un círculo que rodea peronistas, ex libertarios y sindicalistas. Y detrás de todos, siempre presente Sergio Massa.

“Hay un error. En ese momento no solo estaba Perón proscripto, sino que estaba el peronismo en proscripción. Cuando se llamó a votar en blanco. Hoy Cristina no puede ser candidata, pero no es que está el peronismo proscripto. Está Cristina proscripta, como lo dijimos mil veces. Entonces, son situaciones que no se pueden comparar. Tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga un candidato, independientemente de la situación de Cristina”, dijo la mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, a FutuRock. La respuesta vino por parte de Teresa García, diputada nacional que responde directamente a la ex presidenta: “La quieren fuera de la cancha. No hay diálogo con el sector de Kicillof”. Suenan los tambores.

En la Ciudad de Buenos Aires la campaña nunca se detuvo. El fin de semana el jefe de Gobierno, Jorge Macri, aprovechó la mirada mundial sobre Franco Colapinto para anunciar que irá por la reelección en 2027. El hombre del PRO sueña con traer a la Fórmula 1 para el 2028 (confirmarlo, obviamente, durante la campaña).

Por lo pronto, durante mayo tendrá su primer test legislativo con un recinto segmentado como nunca antes. Buscará ampliar el Presupuesto producto de la inflación. ¿La razón? Lo aprobado para este año contemplaba, como marcó el Estado nacional, una inflación del 10 por ciento. Ahora buscará ampliarlo un 15,5 más (total de 25,5%). Tiene lógica, ya que en el primer trimestre los aumentos de precios registrados por el INDEC rozaron el 10%. Para esa ampliación necesita el aval legislativo. El bloque más importante lo lidera Pilar Ramírez, los ojos de Karina Milei en la Ciudad. Los votos no llegarían por esa vía ya que sería admitir una inflación muy por encima de lo anunciado por el Presidente. ¿Entonces? La pecera que sigue es la peronista. Allí están dispuestos a acordar a cambio de avanzar con iniciativas propias.

Falta un tercero en el juego: Horacio Rodríguez Larreta. El ahora legislador que ya dijo que buscará ser jefe de gobierno tendrá votos clave para el futuro presupuestario del PRO. Además de este tema, será interesante escuchar si Larreta tiene algo para decir acerca de la salida de Carlos Frugoni del ministerio de Economía de la Nación. Es que el ahora ex funcionario no declaró siete (si, siete) propiedades en Miami. ¿Cuándo hizo semejante patrimonio? Quizás su pasado al frente de AUSA y de la polémica obra del Paseo del Bajo tengan algo que ver.

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El Gobierno apura la reglamentación de la reforma laboral, pero un artículo clave podría quedar afuera del decreto

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Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral y restableció la validez de 83 artículos de la norma, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

Con ese impulso brindado por un sector de la Justicia, el Gobierno consideró que la Ley 28.702 de Modernización Laboral está plenamente vigente y decidió no perder el tiempo: es inminente la firma del decreto reglamentario de la norma con el fin de no dilatar más la instrumentación de los cambios previstos en la norma.

“Hay algunos aspectos que ya se pueden aplicar de manera directa, como los vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo, que no necesitan reglamentación en particular, pero sí la requieren otros artículos como el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el de las rebajas en las cargas para las nuevas contrataciones”, dijo a Infobae una fuente oficial.

La misma fuente reconoció que el envión del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo que se decidiera acelerar el dictado del decreto reglamentario, pero advirtió que todas las áreas del Gobierno involucradas en esa tarea no tienen el mismo ritmo porque hay artículos complejos en materia legal. “Fue una tarea en conjunto ya que hay borradores de la reglamentación que fueron elaborados por los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, el Banco Central y ARCA”, agregó el funcionario.

El FAL fue, según trascendió, lo que implicó más análisis y consultas técnicas y jurídicas. Y es, al mismo tiempo, una de las principales apuestas del Gobierno en la Ley 28.702 de Modernización Laboral: se trata de una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.

Aun así, en la Casa Rosada advirtieron que, ante la complejidad del tema, existe una posibilidad de que la reglamentación del FAL no sea incluida en el decreto que se conocerá en las próximas horas y que sea el eje de otro decreto que sería dictado más adelante.

Según la ley 27.802, el FAL debía empezar a funcionar a partir del 1° de junio próximo, pero en el mercado ya temían que hubiera una prórroga sobre este punto por la demora en reglamentar la reforma laboral. Y ahora Economía no descarta dejar ese artículo para más adelante y que sea reglamentado con otro decreto.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, insiste en la necesidad de que los empresarios aprovechen las herramientas de la nueva ley para aumentar los sueldos por encima del piso paritario, como el salario dinámico, que ayudaría a descomprimir las fuertes presiones de los sindicatos para lograr acuerdos salariales que compensen la inflación.

Ese punto, de todas formas, ya tiene vigencia y no requiere de reglamentación. En cambio, sí necesita ser reglamentado uno de los artículos de la reforma laboral que más expectativa genera en la administración libertaria, como es el que promueve la creación de sindicatos de empresa, que la normativa del trabajo ya contemplaba, pero la Ley de Modernización Laboral facilitará el otorgamiento de la personería.

Hasta ahora, la ley vigente decía que “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión”. En la reforma laboral, el artículo 136 establece que podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando, durante un período continuo de al menos seis meses, esa organización cuente con más afiliados cotizantes que el sindicato de actividad con personería previamente reconocida. Será un golpe al gremialismo tradicional, cuyo poder se basa en los derechos exclusivos que brinda la personería sindical.

En el Gobierno admiten que tampoco depende de ninguna reglamentación la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y, al mismo tiempo, prevén un aumento de la conflictividad en los próximos meses. Los funcionarios libertarios incluso imaginan una complicación adicional: creen que muchos sindicatos desobedecerán la exigencia de mantener servicios mínimos del 75% o del 50% en caso de huelga, como figura en la reforma laboral, y que será muy difícil constatar los porcentajes exactos de acatamiento y exigir que se cumpla lo establecido en la Ley 27.802.

Otros artículos que son considerados válidos y que no hace falta reglamentar son, entre otros, la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y el tope del 2% para la cuotas solidarias, que limita el financiamiento de los sindicatos.

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En medio de la interna con Kicillof, el PJ se reúne y pone en agenda la libertad de Cristina Kirchner

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Este jueves, a las 11 de la mañana, en Matheu 130, se reunirá el consejo nacional del PJ tras cinco meses. La última vez que se encontraron fue el 18 de noviembre del año pasado, pocos días después de la dura derrota en las elecciones nacionales frente al gobierno de Javier Milei.

Al encuentro asistirán los cinco vicepresidentes que están en funciones y que llevan adelante el partido, debido a la imposibilidad de Cristina Kirchner de estar presente. La ex presidenta de la Nación monitorea los movimientos del partido a través de los ojos del formoseño José Mayans, vicepresidente primero del PJ.

En el orden del día aparecen cinco puntos: la lectura y consideración del acta anterior; la situación de las intervenciones en Salta y Jujuy; el informe de normalización del PJ de Misiones; la convocatoria al Congreso Nacional y el análisis de la situación política nacional.

El encuentro se dará en un contexto caliente. En el medio de las peleas internas que agobian, una vez más, al peronismo bonaerense, y algunas horas después de que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente el informe de gestión en el Cámara de Diputados, acompañado por el presidente Javier Milei. Serán horas efervescentes las que sigan desde hoy hasta el fin de semana.
En el quinto punto de la convocatoria, cuando se trate la situación nacional, varios dirigentes pondrán sobre la mesa la necesidad de mantener en alto el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner. Ese tema generó un nuevo enfrentamiento con el kicillofismo en los últimos días, luego de que el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijera que “Cristina está proscripta, pero el peronismo no”, lo que desató una cadena de críticas por parte del cristinismo a la mano derecha del Gobernador.

Aunque esté detenida en San José 1111, CFK es la presidenta del partido, se mantiene en línea con lo que sucede y, sobre todo, hace valer su conducción sobre muchos de los dirigentes que son parte del consejo nacional. Por eso el reclamo por su libertad estará presente y atravesará el debate en el primer piso del edificio partidario.

En paralelo a la reunión del consejo, Axel Kicillof va a estar en el centro porteño encabezando una marcha por el Dia del Trabajador como presidente del PJ Bonaerense. Ya que es el partido de la provincia el que hizo la convocatoria, a las 12, bajo la consigna: ”Marchamos en defensa de los derechos del pueblo trabajador“.

En lo que respecta a las intervenciones en los PJ del norte, la situación más amigable para la conducción kirchnerista es la de Salta, donde la intervención cambió de manos un puñado de semanas atrás y está en una instancia de organización, auditoria y convocatoria a elecciones.

Hasta el mes pasado Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso estaban a cargo del partido. En un cambio de estrategia evidente, CFK dio luz verde a que la intervención quede en manos de Pablo Kosiner, un hombre de confianza de Juan Manuel Urtubey. Esa conducción, al igual que la anterior, es resistida por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que presiona para que haya elecciones y se abra la competencia a todos los sectores.

Sáenz hoy tiene una parte importante del peronismo dentro de su esquema provincial, pero no al partido. Sin claridad plena sobre qué camino seguirá el año que viene en términos electorales, mantiene un enfrentamiento abierto con el kirchnerismo, desde donde se lo cuestiona cada vez que levanta la voz o que queda asociado a Javier Milei a través de su apoyo en iniciativas parlamentarias.

En lo que tiene que ver con el PJ de Jujuy, el grupo de los gobernadores norteños, que integran Sáenz junto a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), y del que también es parte la senadora jujeña Carolina Moisés, se alzó con un triunfo político cuando la justicia federal de la provincia designó como interventor a Ricardo Villada, un ex funcionario del gobierno de Sáenz y hombre de mucha confianza del Gobernador.

Moisés, que está en pie de guerra con el kirchnerismo, dejó en claro tiempo atrás, cuando se conoció el ingreso de Villada, que debe existir un espacio de participación nuevo dentro del partido y tras la intervención de CFK. El peronismo del norte mantiene una disputa abierta con el sector que lidera la ex jefa de Estado.

“La conducción del PJ Nacional hoy debe reconsiderar sus decisiones políticas, porque con Jujuy quisieron dar un mensaje claro: si pensás distinto, te castigan. Mi mensaje también es claro: no son dueños del peronismo y mucho menos de pensar que pueden pisotearnos, vamos a seguir defendiendo lo que pensamos en todos los ámbitos”, dijo la senadora a principios de abril, cuando se conoció el cambio de mando en el partido.

Lo cierto es que hay una tensión permanente entre la conducción nacional del PJ y las dirigentes que son parte o rodean las delegaciones partidarias en Salta y Jujuy. Conflictos que tienen un correlato en el Congreso y también en la discusión pública sobre hacia dónde debe ir el armado nacional del peronismo de cara a las elecciones del año que viene.

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