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Con el oficialismo buscando ampliar el número, Diputados debatirá la reforma de la Magistratura

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La Cámara de Diputados comenzará a debatir el martes próximo en un plenario de comisiones y con la presencia de especialistas la reforma al Consejo de la Magistratura, impulsada por el oficialismo y que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales para su funcionamiento.

Fuentes parlamentarias no descartaron que, como parte del debate, puedan incorporarse algunas modificaciones al proyecto para lograr mayores consensos, ya que se necesitan 129 votos para su aprobación, por tratarse de una ley derivada de la Constitución Nacional y que requiere de mayorías especiales.

“Siempre hay margen, esos cambios no tienen que desvirtuar el espíritu del proyecto y tienen que traer votos para conformar una mayoría de 129. Primero vamos a escuchar en las reuniones a los especialistas”, afirmó una fuente del Frente de Todos (FdT).

De hecho, el bloque oficialista cuenta con 117 diputados -ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no vota y sólo lo hace en caso de empate-, con los cual necesita una docena de votos más para llegar a los 129.

Ante ese escenario, el oficialismo deberá intentar establecer acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Ser, para lograr avanzar con la reforma.

Las fuentes adelantaron que el FdT podría tener el respaldo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas y uno del MPN, aunque todavía necesitaría siete votos más para alcanzar los 129 votos.

De modificarse el texto, la iniciativa deberá volver al Senado que tendrá que avalar o no los cambios efectuados por la Cámara baja.

La apertura del debate de los proyectos que buscan reformar el Consejo de la Magistratura se dará luego de que se constituyeran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a cargo de Hernán Pérez Araujo y de Rodolfo Tailhade, ambos del FdT.

De esta manera, la Cámara baja iniciará el martes a las 14 en un plenario de esas dos comisiones la ronda de consultas con especialistas en la materia, quienes serán invitados a propuesta de todos los bloques con representación parlamentaria.

“1577 días tardó la Corte en emitir un fallo”, aseguró el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, días atrás, al señalar que ahora “es un desatino” pedirle a la Cámara baja que aborde la reforma en “sólo tres días”.

Desde el PRO, Pablo Tonelli, integrante también del Consejo, manifestó a Télam su rechazo a la iniciativa sancionada por el Senado y dijo que ese espacio insistirá con la postura adoptada en la Cámara alta por Juntos por el Cambio (JxC), que propuso volver a poner en vigencia la ley que había hasta 2006, cuando el Consejo de la Magistratura estaba integrado por 20 miembros y era presidido por la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) destacó que “es una de las leyes más importantes que vamos a votar este año, ya que es absolutamente necesario poder ordenar el Consejo de la Magistratura, que es de vital importancia para el funcionamiento del Poder Judicial y ha quedado librado a los avatares de la política”.

En declaraciones a Télam, Camaño -integrante del Consejo de la Magistratura- anticipó que escuchará “la opinión de los especialistas” antes de decidir si presenta un dictamen propio aunque adelantó que “no” está de acuerdo con el proyecto aprobado por el Senado.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.

El proyecto eleva de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

De esta manera y si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.

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La CGT y las CTA analizan movilizarse este viernes ante Trabajo en reclamo de un fuerte aumento del salario mínimo

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El Gobierno rechazó el pedido de la CGT y las dos CTA de que el Consejo del Salario delibere este viernes en forma presencial y no virtual, pero las tres centrales obreras, de todas formas, analizan movilizarse igual ese día ante la Secretaría de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem 650, en reclamo de una fuerte mejora del salario mínimo, que hoy alcanza los $376.600.

“No queremos que se politice un tema que no tiene un gran impacto en la recomposición de los ingresos”, dijo a Infobae una alta fuente oficial acerca de la ratificación de que el encuentro tripartito no se hará cara a cara, como reclama el sindicalismo, que visualiza la audiencia para resolver el aumento del salario mínimo como otro escenario del plan de lucha contra el Gobierno.

Según los funcionarios libertarios, “no se modificará el formato del Consejo de Salario Mínimo ya que se trata de reuniones que permiten mayor claridad de manera virtual” y agregaron: “Hoy se prioriza la virtualidad por la transparencia institucional adicional que brinda en los actos administrativos formales”.

El viernes pasado, la CGT y las dos CTA pidieron en sendas notas a la Secretaría de Trabajo que la reunión del Consejo del Salario convocada para el viernes 28 a las 12.30 sea presencial y no virtual, con el argumento de que allí se discutirá la suba del salario mínimo y de que esa definición impacta sobre ingresos laborales, prestaciones por desempleo y otros beneficios atados por ley a ese valor.

El reclamo se produjo mientras desde el Gobierno se difundieron estimaciones oficiales que relativizan la incidencia directa del salario mínimo sobre los ingresos: según esos datos, alrededor del 1% de la población asalariada del país cobra por debajo de ese piso, y entre los trabajadores asalariados registrados del sector privado y del sector público la proporción baja a menos del 0,2%.

En la práctica, agrega el informe oficial, para el conjunto de trabajadores con empleo registrado del sector privado o en la administración pública nacional “la función de establecer un piso salarial queda delegada en la negociación colectiva, dada su elevada cobertura y su impacto efectivo en las remuneraciones”.

No obstante, remarca, “el salario mínimo se utiliza principalmente con la finalidad de actualizar los ingresos de otros segmentos de la población distintos a los que están amparados por la negociación colectiva, aunque recientemente esa incidencia se recortó sensiblemente”.

En la nota enviada a la presidenta alterna del Consejo y subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, para pedir el cambio de modalidad, la CGT señaló que “la magnitud de las decisiones que corresponde adoptar exige el más amplio y genuino debate entre los sectores que lo integran (al Consejo del Salario)”.

En ese escrito, la CGT afirmó que “como quedó demostrado en las últimas sesiones, la metodología virtual no permite el real desarrollo de la misión de los actores sociales involucrados”. También advirtió: “Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país atraviesan una pérdida sostenida del poder adquisitivo de sus salarios, que compromete su capacidad de acceso a los bienes y servicios de la canasta básica todos ellos esenciales para llevar una vida digna”.

Agregó que a ese deterioro salarial se suma “la sostenida destrucción de puestos de trabajo registrados, que golpea de manera directa a miles de familias y agrava la precarización del mercado laboral”. En la misma nota mencionó la crítica situación del sector productivo, con caída de actividad, cierre de empresas e incertidumbre económica, como factores que inciden sobre el empleo y sobre la fijación del salario mínimo, vital y móvil.

Para la CGT, “asuntos de esta relevancia, con impacto directo sobre los ingresos de millones de trabajadores y sobre la sostenibilidad de miles de unidades productivas, requiere de un ámbito de deliberación presencial que garantice el intercambio directo entre las partes, la posibilidad de negociación efectiva y la debida transparencia y legitimidad de lo que allí se resuelva”. En el mismo sentido, remarcó que la modalidad virtual “si bien resulta admisible para cuestiones de trámite, no resulta adecuada para un debate de esta naturaleza y trascendencia institucional”.

En el último encuentro del Consejo del Salario, realizado el 26 de noviembre pasado, no hubo acuerdo entre el Gobierno, la CGT y los empresarios y por eso el Poder Ejecutivo estableció por decreto aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026: el salario mínimo pasó entonces a $334.800 en el primer tramo y llegó al nivel actual de $376.600.

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Estados Unidos y Francia: los próximos viajes en la agenda de Javier Milei

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Tras retomar la actividad en Casa Rosada, el presidente Javier Milei trabaja en la agenda internacional de los próximos meses, que contempla una visita a Francia y dos nuevos viajes a Estados Unidos. Uno de ellos será en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en Washington esperan que el mandatario diserte hacia fines de septiembre, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

El mandatario volverá a Estados Unidos por decimonovena vez desde que asumió, en la previa a las elecciones de medio término de noviembre, que marcarán un nuevo desafío para la administración de Donald Trump. El viaje será también una nueva señal del alineamiento de Milei con el republicano, mientras el Gobierno busca consolidar a la Argentina como interlocutor en la región.

Con el cronograma todavía en construcción, el libertario encabezará una nueva edición de la Argentina Week en París, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre. Como contó este medio, el megaevento tendrá una activa participación de gobernadores de distintos signos políticos, empresarios y organismos económicos internacionales.

La delegación presidencial que acompañará al mandatario estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e incluirá a varios ministros nacionales, entre ellos Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

En el marco de la semana, que aspira a captar inversiones para el país, se realizará una recepción en el Palacio del Elíseo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un nuevo gesto de acercamiento entre ambos mandatarios.

El vínculo entre Milei y Macron tuvo además un nuevo capítulo con motivo del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín: el Presidente le obsequió, por intermedio del embajador argentino en París, Ian Sielecki, un cuadro que emula un encuentro entre Napoleón y el prócer en Tolón en 1798.

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La Provincia aprobó un protocolo único para el manejo de muestras de ADN en causas penales

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la aprobación del “Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN”, a través de la Resolución 2060, firmada por el ministro Javier Alonso.

El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia, con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de los métodos utilizados en el levantamiento, la recopilación y la preservación de evidencias genéticas.

En la elaboración del protocolo intervinieron, además, la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, dependiente de la mencionada secretaría de la Procuración General. También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El protocolo establece además una serie de requisitos destinados a reforzar la trazabilidad, preservación y valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras disposiciones, fija criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, la utilización de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.

Como regla general, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas según su posible utilidad para el esclarecimiento del hecho, y podrán rechazar aquellas que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación establecidas.

La guía también contempla procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual, con especial énfasis en la prevención de la contaminación de las muestras y, en estos últimos casos, en la protección física y psicológica de la víctima y su consentimiento para la toma de evidencias.

Fuente: Agencia DIB

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