Además, la Cámara baja, presidida por Sergio Massa, aprobó el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos y otros proyectos consensuados.
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de Promoción de Inversiones en la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor, enviado por el Poder Ejecutivo, que prevé beneficios fiscales para el sector autopartista e integración de componentes locales. La iniciativa obtuvo 227 votos afirmativos, 8 negativos y 1 abstención y fue girada al Senado para su sanción definitiva.
Como miembro informante, el diputado y presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT), consideró que “es un sector estratégico que genera empleo calificado, exportaciones y atrae inversiones de largo plazo”. A su vez, recordó las reuniones con todo el sector: “Fuimos a hablar con todo el sector productivo y todos tienen proyectos de inversión”.
En ese sentido, el diputado agregó que se trata de “un régimen de estímulo para este sector que consideramos muy importante, promueve la inversión en la Argentina y prevé captar miles de millones de dólares”.
En la misma línea, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) manifestó que “estamos hablando de un proyecto para bajar la presión fiscal del sector automotriz, trae alivio fiscal a un sector que está sufriendo una presión fiscal histórica”.
“Beneficia al sector con una baja en la presión fiscal que consiste en una devolución anticipada del IVA; en una aceleración de la amortización de las inversiones en el impuesto a las ganancias y una alícuota cero para exportar”, añadió la legisladora.
Por su parte, el diputado Carlos Mario Gutiérrez (Córdoba Federal) expresó que la iniciativa “provee los instrumentos para que este sector estratégico adquiera la competitividad que le hace falta”.
Desde Identidad Bonaerense, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez dijo que “es un paso positivo de crecimiento significativo que promueve las inversiones, es una discusión constructiva en la Argentina”. “El 6% de la generación de empleo directo se concentra en este sector”, remarcó Rodríguez, al tiempo que lo vinculó a la “importancia para el entramado de pymes”.
En contraposición, el diputado Nicolás Del Caño (PTS-FIT) aseveró que “es una ley que le da más beneficios a las grandes multinacionales y patronales para que paguen cero derechos de exportación”. En ese marco, definió al proyecto como un “ajuste que siempre va a ser contra los trabajadores”.
Durante la sesión especial, también se aprobó la iniciativa por el cual se propone extender el Régimen de Promoción establecido en la ley 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”. El proyecto amplia el alcance de la ley a la Nanotecnología y extiende su vigencia por 12 años. La ley actual vence en julio de 2022, con estos cambios se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2034.
El texto, que pasó al Senado, obtuvo media sanción por 224 votos afirmativos, 7 negativos y 0 abstenciones.
Entre otros puntos, el proyecto crea el Registro Nacional para la Promoción de la Nanotecnología, se modifican los beneficios fiscales para que sean compatibles con la ley de Economía del Conocimiento y establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El diputado Facundo Manes, de la UCR, apoyó la iniciativa y llamó a “convertir al conocimiento en motor del desarrollo argentino”. “Esta ley es un paso hacia la dirección correcta, brinda beneficios económicos para fomentar la ejecución de proyectos productivos, basados en la bio y la nanotecnología”, explicó.
Además, los legisladores le dieron media sanción al proyecto sobre el nuevo acuerdo para promover la inversión y el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego – Fideicomiso para el Desarrollo Austral–, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado nacional y dicha provincia, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se aprobó por 128 votos afirmativos, 77 negativos y 16 abstenciones.
La diputada Rosana Bertone (FdT) recordó que “desde 2001 venimos transitando y solicitando este fideicomiso pensando en el crecimiento y en el desarrollo, creemos también que es una manera de construir soberanía, y esa fórmula es para nosotros irremplazable”.
Luego, se aprobó por 127 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstenciones la norma que crea el Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, en la Plataforma Continental Argentina, lugar donde yacen los restos del Submarino ARA San Juan.
Como defensora de la iniciativa, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) dijo que “elegimos la protección porque, en primer lugar, es la presencia del ARA San Juan y sus tripulantes que quedaron en nuestro mar patagónico en eterno patrullaje de nuestra soberanía y, en segundo lugar, es la conveniencia de la protección de la biodiversidad de nuestros mares”.
Posteriormente, también se convirtió en ley el proyecto por el cual se asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social y el acompañamiento a sus familias.
La norma, entre otras cuestiones, contempla respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.
Por último, la Cámara le dio media sanción a la iniciativa que declara de interés público nacional la prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana, proyecto que tiene por objeto “establecer los mecanismos necesarios para promover la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana en el territorio nacional”.
Un emoji de fuerza salió desde el teléfono celular de Adriana Nechevenko, escribana de Manuel Adorni, y llegó hasta el móvil de Isabel Molina, acreedora del funcionario y testigo en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. La comunicación ocurrió esta mañana y quedó incorporada a la causa.
La mañana de este lunes, en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, la atención se centró en la declaración de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes figuran como acreedoras de un préstamo otorgado en efectivo a Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete. Mientras ambas se preparaban para declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, un mensaje de WhatsApp enviado por Adriana Nechevenko, la escribana que ofició en la operación, irrumpió en el teléfono de Molina. El contenido era breve, pero significativo: un bracito que en significa fuerza en la popular aplicación de mensajería. El gesto quedó incorporado al expediente judicial.
La comunicación digital, junto con el resto del chat entre Nechevenko y las acreedoras, fue sumada a la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes cercanas al caso, la escribana mantiene un vínculo previo con las policías, lo que habría facilitado el contacto con Adorni y la concreción del préstamo. El contexto de esta interacción, en el mismo día en que las testigos prestaban declaración, sumó un nuevo elemento a la pesquisa judicial y generó interrogantes sobre la relación entre los involucrados.
El préstamo en cuestión se realizó en noviembre de 2024 y ascendió a 100.000 dólares, suma que Molina y Cancio entregaron personalmente en la escribanía de Nechevenko, cuando Adorni todavía ejercía solo como vocero presidencial. Como garantía del crédito, el funcionario hipotecó su primer departamento en la avenida Asamblea, ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. La comisario retirada Molina aportó 85.000 dólares, mientras que su hija, aún en actividad dentro de la fuerza y contadora de formación, sumó 15.000 dólares. Ambas evitaron hacer declaraciones a los medios al ingresar y salir de los tribunales, donde permanecieron cerca de tres horas aportando testimonio, documentación y registros de conversaciones.
Durante la audiencia, Molina y Cancio ratificaron que la deuda original pactada con Adorni fue de cien mil dólares, y que el funcionario se comprometió a devolverla en un plazo de dos años con un interés anual del 11%. El pago de intereses se realizó durante los primeros meses en cuotas mensuales de 900 dólares, cifra que se redujo a 600 dólares tras la cancelación parcial del capital, luego de que Adorni abonara 30.000 dólares de forma directa. En la actualidad, la deuda remanente asciende a 70.000 dólares, monto que deberá ser saldado antes de noviembre de 2026, incluyendo los intereses acumulados.
De acuerdo a la reconstrucción realizada, el dinero prestado fue parte del capital utilizado por Adorni para adquirir una vivienda en Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La compra se realizó en el mismo mes en que se otorgó el crédito, y fue la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, quien trasladó personalmente el efectivo a una sucursal del Banco Galicia para su posterior transferencia al vendedor, Juan Ernesto Cosentino. Esta secuencia de movimientos financieros motivó que la fiscalía solicitara información patrimonial y bancaria de todos los participantes, con el fin de determinar la procedencia de los fondos y la capacidad económica de cada uno.
El fiscal Pollicita dispuso una serie de medidas para profundizar en la investigación sobre el origen y justificación del dinero involucrado. El juez Ariel Lijo accedió al pedido de la fiscalía y autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa y las acreedoras. Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue requerida para aportar datos sobre los movimientos económicos, patrimoniales y fiscales de los sujetos implicados, en especial respecto a los préstamos, créditos y garantías hipotecarias que surgen de la documentación.
Por su parte, Molina y Cancio anticiparon parte de las explicaciones requeridas por la fiscalía, detallando que el origen de los fondos provino de ahorros propios, fondos recibidos por un juicio sucesorio y una demanda por diferencias salariales tras el fallecimiento del esposo de Molina. Ambas testigos presentaron documentación que respalda la procedencia del dinero prestado, aunque será la fiscalía la que evalúe la suficiencia y veracidad de esos argumentos en el marco de la investigación.
En paralelo, el expediente sumará nuevos testimonios en los próximos días. El miércoles será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, jubiladas que vendieron a Adorni un departamento sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. En esa operación, el funcionario pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 dólares a saldar en noviembre próximo, aunque en este caso el acuerdo no contempla intereses. También deberá declarar Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras, quien participó en la negociación.
Esta mañana con la presencia del intendente Federico Susbielles, se presentaron los cursos de formación que se brindarán durante 2026 en Bahía Hub.
“Esta nueva propuesta educativa responde claramente a las expectativas que nosotros depositamos al inicio de la gestión en un lugar que se ha renovado, que hace en materia de innovación, de buscar ofertas laborales modernas, orientadas para todas las edades”, expresó el jefe comunal.
Señaló que el año pasado más de 10.000 estudiantes fueron parte de las propuestas de Bahía Hub.
Y comunicó que están trabajando en proyectos “que tienen que ver con facilitar, con incentivar, la llegada de empresas de bases tecnológicas a Bahía Blanca”.
Matías Italiano, director comunal de Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, aseveró, en tanto, que “Bahía Blanca es una ciudad pujante, ciudad cabecera en la región y obviamente no es la excepción en lo que se refiere a innovación y desde el gobierno municipal se apoya fuertemente a todo lo relacionado con este tema, porque innovación y producción caminan de la mano”.
“Es muy importante para nosotros seguir brindando a la comunidad de Bahía Blanca este tipo de propuestas y que se acerquen a anotarse a la gran cantidad de cursos que tenemos para ellos”, destacó.
La confianza en el Gobierno volvió a mostrar señales de retroceso durante febrero, de acuerdo con los resultados publicados por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que se elabora desde 2001 y se mide en una escala de cero a cinco, se ubicó en 2,38 puntos en el segundo mes de 2026. La cifra representa una disminución del 0,6% en comparación con enero, lo que refleja una percepción levemente más negativa respecto del desempeño del presidente Javier Milei y su equipo.
El informe destaca que, aunque la baja registrada en febrero es modesta, el ICG se mantiene cerca del promedio de la gestión actual (2,44 puntos) y dentro de un rango acotado de variación. El índice ha oscilado entre un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 desde el inicio del mandato de Milei, lo que sugiere una estabilidad relativa en la percepción pública, sin cambios abruptos en la tendencia general.
El análisis interanual revela que el nivel de confianza observado en febrero supera el de las dos administraciones anteriores para el momento equivalente: es un 2,7% superior al de febrero de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri (ICG de 2,32) y se ubica 59,5% por encima del registrado en febrero de 2022 bajo la presidencia de Alberto Fernández (ICG de 1,49). En este contexto, el trabajo aclara que la reciente caída no implica una ruptura significativa en la evolución del índice.
La encuesta, realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero, alcanzó a mil personas en 37 localidades del país, con un error estándar de ±0,07. El intervalo de confianza para el ICG, según el relevamiento, va de 2,26 a 2,51 puntos.
Al desglosar los componentes del índice, el estudio señala un comportamiento dispar: se observaron variaciones positivas en la percepción de Honestidad de los funcionarios (2,76 puntos; +2,6%) y Eficiencia en la administración del gasto público (2,29 puntos; +2,7%). Por el contrario, la Capacidad para resolver los problemas del país descendió a 2,70 puntos (-4,9%), la Evaluación general del gobierno cayó a 2,18 puntos (-1,8%) y la Preocupación por el interés general bajó a 1,99 puntos (-1,0%).
La distribución de la confianza difiere según el nivel educativo. En febrero, el ICG más elevado se observó entre quienes completaron el nivel secundario (2,56 puntos; +6,7%), seguido por quienes tienen estudios terciarios o universitarios (2,41 puntos; -5,5%). El valor más bajo corresponde a quienes solo alcanzaron el nivel primario (1,56 puntos; -1,9%).
Por género, la brecha se amplió: el índice se situó en 2,62 entre los hombres (+4,0%) y en 2,11 entre las mujeres (-7,0%). Esta diferencia de 0,51 puntos es mayor que la registrada el mes anterior. En cuanto a la edad, el grupo de 18 a 29 años mostró el mayor nivel de confianza (2,99 puntos; +10,7%), mientras que los segmentos de 30 a 49 años y de mayores de 50 presentaron leves caídas.
El factor geográfico también influyó: el Interior del país exhibió un ICG de 2,60 puntos (+0,4%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubicó en 2,10 puntos (-3,7%) y en el Gran Buenos Aires en 2,04 puntos (-1,9%).
Respecto a quienes han sufrido delitos en el último año, la confianza fue menor (2,00 puntos; +11,1%) en comparación con quienes no los sufrieron (2,50 puntos; -3,1%), aunque la brecha entre ambos grupos disminuyó respecto de enero. Por otro lado, la expectativa sobre la economía futura marcó diferencias notables en la confianza: quienes creen que la situación económica mejorará en un año presentaron un ICG de 4,30 puntos (+3,9%), mientras que aquellos que anticipan que empeorará registraron solo 0,43 puntos (+22,9%).
A nivel histórico, la gestión de Milei mantiene un promedio de 2,44 puntos, superior al de Macri (2,27) y Fernández (1,69) para el mismo periodo. La metodología empleada por la Universidad Di Tella garantiza la representatividad nacional, utilizando encuestas telefónicas aleatorias y estratificadas, con cuotas de sexo y edad para los entrevistados.
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