Conecta con nosotros

Destacado

Coronel Rosales se podría convertir en el Cabo Cañaveral argentino

Publicado

en

La industria aeroespacial avanza a paso firme en la República Argentina, y la provincia de Buenos Aires cumple un papel fundamental. No sólo la Universidad Nacional de La Plata forma a los principales especialistas en ingeniería aeroespacial, sino que más de un municipio también ofrece los lugares indicados para hacer las pruebas de los cohetes y, en un futuro no muy lejano, lanzarlos al espacio.

Es que, el proyecto de reciclar la base militar de Puerto Belgrano de Coronel Rosales en un centro espacial marcha sobre ruedas. Y estaría operativo para que en 2030 sea testigo de cómo el cohete Tronador II, de industria nacional, despegue hacia el infinito y más allá.

El interés bonaerense por la carrera espacial no es una novedad. En 1948 el mendocino Teófilo Tabanera, que se había graduado de la UNLP, fundó la Asociación Argentina Interplanetaria, institución pionera en las investigaciones y desarrollos de la industria espacial.

No es casualidad entonces que hoy lleve su nombre el centro espacial cordobés desde el cual el presidente Fernández anunció días atrás el impulso al desarrollo del lanzador argentino Tronador II, un cohete planificado la década pasada pero cuyas inversiones se frenaron y se ralentizó su realización.

En una articulación entre empresas privadas, estatales, y organismos gubernamentales casi sin precedentes, la decisión de avanzar con el desarrollo del Tronador II para ampliar la soberanía espacial del país está sustentada sobre la posibilidad de fabricar tanto los cohetes como los satélites íntegramente en Argentina.

Esto es emblemático. En Córdoba está el centro de operaciones de los satélites y toda la parte de integración de los mismos. El desarrollo de los motores se hace en Falda del Cañete. Después, todo lo que es la integración de los lanzadores y fabricación de estructuras se va a hacer en Pipinas. Los bancos de prueba serán en Punta Indio, y finalmente el lanzamiento de los vehículos se va a hacer desde la base de Puerto Belgrano”, detalló Marcos Actis, presidente de Vehículo Espacial Nueva Generación, más conocida como VENG. Se trata de la empresa aeroespacial estatal que tiene como principal objetivo construir y operar el lanzador de satélites Tronador.

“Salvo cuestiones de electrónica, el resto se puede hacer en el país”, precisó el ingeniero. Pese a las limitaciones que se le suelen achacar a la Industria Argentina, en el caso del sector aeroespacial, tiene condiciones por demás óptimas para desarrollar íntegramente el proyecto.

No sólo el cohete puede ser fabricado en el país, sino que los ingenieros que los desarrollan son formados íntegramente en universidades argentinas. “Son muy bien formados”, aseguró Actis, quien además es decano de la facultad de Ingeniería de La Plata.

Luego, pueden aplicar sus conocimientos en empresas nacionales, pese a que algunos opten por seguir sus carreras en el exterior. “La experiencia obtenida en CONAE e INVAP genera muy buenos profesionales”, agregó el ingeniero.

Camino hacia la soberanía espacial, con un rol fundamental de la educación pública

La soberanía espacial es clave para el país, ya que permitirá ahorrar millones de dólares en el lanzamiento de satélites que luego generarán un beneficio de difícil mesura a otras actividades, como por ejemplo la agricultura.

Dos años atrás, la compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, lanzó al espacio el satélite argentino SAOCOM 1B, mellizo del 1A. El mismo permite a través de una observación con microondas captar la humedad de los suelos y las profundidades de las cuencas con una precisión milimétrica. Según afirmó Salvarezza en diálogo con este medio el satélite puede, por ejemplo, prevenir inundaciones, o indicar el mejor momento para aplicar fertilizantes.

En total, la Argentina desembolsó alrededor de 600 millones de dólares en todo el proyecto, que fue señalado por el entonces ministro Roberto Salvarezza como una “inversión”, por el retorno de las utilidades a partir de su uso para la agricultura, la ganadería y otras actividades productivas.

No obstante, de esos 600 millones un importante porcentaje fue destinado al traslado del satélite a los Estados Unidos y el alquiler del cohete Falcon 9 para su puesta en órbita. Ese ítem podría ahorrarse en un futuro una vez completo el desarrollo del Tronador II, que además podría ofrecerse a países vecinos para su satélites.

“Brasil también quiere tener su sistema, pero vienen atrás nuestro no sólo en cuanto a lanzador, sino también en satélites. Ellos todavía no han producido ninguno. Tenían un lanzador desarrollado, pero en 2003 debieron abandonar el proyecto por un incidente que tuvieron por la tecnología de motores sólidos y no líquidos, que son más eficientes y seguros”, explicó Marcos Actis.

Una vez que el Tronador II esté listo, se trabajará en optimizar su proceso de fabricación para poder desarrollarlo en serie, lo que abarataría los costos aún más. “Nunca te va a salir lo que te sale un vehículo, comparado con el desarrollo”, señaló el titular de VENG.

(Infocielo)

Advertisement

Destacado

Pinamar: la Justicia ordenó admitir la renovación del permiso de un vendedor ambulante que no tiene domicilio en el distrito

Publicado

en

Un fallo del Tribunal Criminal N° 1 de Dolores ordenó admitir la renovación del permiso de Alejandro Cellilli, que lleva más de catorce años vendiendo en la costa, sin exigirle residencia local. La resolución apunta a la “doctrina de los actos propios” y al derecho constitucional al trabajo, cita El Mensajero de La Costa.

La Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó a la Municipalidad otorgarle un permiso provisional al vendedor, sin exigirle la residencia local que impone la Ordenanza N° 7336/2026. La medida cautelar innovativa y de no innovar recayó en la causa “Cellilli, Alejandro Marcos c/Municipalidad de Pinamar s/ Amparo” y llevó las firmas de los jueces Christian Rabaia y María Claudia Castro, según pudo saber Diario Compromiso.

El conflicto tiene un detalle que resultó clave: Alejandro Cellilli no es un recién llegado. Es permisionario de venta ambulante no alimenticia en las playas de Pinamar desde hace más de catorce años, en los rubros “Pareos, pañuelos y túnicas” y “Bijouterie”, y está domiciliado en Dolores. Cuando inició la renovación para la próxima temporada, la Dirección de Habilitaciones calificó expresamente el trámite como “Renovación”, constatando el cumplimiento de los requisitos vigentes.

El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda Municipal le informó que la solicitud estaba “en proceso de resolución” y le pidió el pago del canon fiscal. Cellilli pagó $ 1.330.473,60 mediante el Recibo de Recaudación N° 10-5610848, correspondiente a la “Tasa Venta Ambulante No Alimenticio” y Tasas de Salud y Seguridad. El comprobante emitido por el propio municipio consignaba su domicilio en Dolores y lo identificaba como “Notificado Permisionario”.

El problema llegó el 14 de agosto de este año, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 7336/2026, que introdujo la exigencia de residencia efectiva y continua en el Partido como condición excluyente para conceder o renovar habilitaciones. Al intentar continuar con su trámite, la Comuna le negó el certificado de libre deuda y la continuidad del proceso por no registrar residencia en Pinamar o General Madariaga.

Según cita El Mensajero, los magistrados analizaron la secuencia cronológica de las actuaciones administrativas y fueron contundentes: el trámite no solo ya estaba iniciado, sino que la propia Administración Municipal requirió y cobró el canon conociendo perfectamente que el solicitante residía en Dolores.

El fallo citó expresamente la doctrina de los actos propios, un principio general del derecho basado en la buena fe que impide a un sujeto contradecir sus propios actos anteriores: “La actitud asumida por la Comuna al negar el permiso requerido sobre la base de requisitos impuestos por una nueva Ordenanza, luego de haber dado inicio a lo peticionado y percibir el canon al efecto, trasunta una conducta que va contra sus propios actos anteriores, trasluciendo una actitud distanciada de la confianza legítima y la buena fe”.

Uno de los argumentos más fuertes del fallo fue la naturaleza estacional de la actividad. Los jueces advirtieron que, tratándose de venta ambulante durante la temporada estival, la falta de una tutela oportuna tornaría ilusoria cualquier sentencia definitiva dictada después del verano, privando al trabajador de su sustento económico. El pronunciamiento mencionó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa “Camacho Acosta”) sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten perjuicios de difícil o imposible reparación, y encuadró la tutela en garantías constitucionales.

El Tribunal aclaró que la medida no desconoce la potestad municipal de ordenar el espacio público ni concede un derecho absoluto, sino que busca equilibrar los derechos del trabajador con las atribuciones de fiscalización del Estado local.

En consecuencia, la Justicia ordenó hacer lugar a la medida cautelar promovida por Cellilli e instó a la Municipalidad a que, en el plazo perentorio de 24 horas de notificada, reciba, admita y dé curso a la solicitud de renovación del permiso de venta ambulante para la temporada 2026/2027.

Fuente: Agencia DIB

Continue leyendo

Destacado

ARCA reglamentó el plan de reducción de multas para pymes

Publicado

en

Las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026 se reducen en un 50% para los contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida, comunicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen está previsto en el artículo 17 de la Ley 27826 y fue reglamentado por el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026 y por la Resolución General 5927/2026https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf de ARCA, publicada en el Boletín Oficial este jueves 12 de noviembre.

Pymes: a quién alcanza la quita

El beneficio alcanza las obligaciones vencidas del 2 de enero de este año en adelante, y cuyas infracciones a los deberes formales de la Ley N° 11.683 se cometieron antes del 9 de octubre, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 27.826.

La reglamentación define quiénes pueden acceder, qué multas quedan comprendidas y fija una fecha cierta, el 18 de diciembre de 2026, para cumplir las condiciones.

Continue leyendo

Destacado

El Senado de la Nación evaluará los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores

Publicado

en

El martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, el Senado realizará dos audiencias públicas para evaluar los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores. La reunión la presidirá el vicepresidente de la comisión, el radical Maximiliano Abad, ya que todavía no se designó al nuevo titular luego de la muerte del senador libertario riojano Juan Carlos Pagotto.

Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara Alta apuntan a cubrir vacantes en el fuero laboral y en tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, informó NA.

La audiencia del martes 17

Uno de los candidatos que defenderá su pliego será Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

También expondrán como postulantes a conjueces de los tribunales orales en lo Criminal y Correccional Martín José Adrogué, Sofía Chiambretto, Guido Damián Cresta, Lucía Inés Gallagher Campos, David Gabriel Mangiafico, Federico Martín Mercader, Horacio Alfredo Peix y Andrea Paola Santos.

En tanto, Federico José Iuspa, fiscal del juzgado de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, defenderá su postulación como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la CABA.

Para integrar distintos tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la CABA también se presentan Ariel Alejandro Vilar, Juan Carlos Bernial, Romina Monteleone y Sixto Mihura Gradín. Mientras para las Cámaras de Apelación del Trabajo fueron propuestos Rosalía Romero y Matías Sebastián Moreno Espeja.

Por su parte, para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la CABA se postula a Sofía Inés Hernández Saint Jean y Alejandro Jorge Nobili. Asimismo fue propuesto Camilo Jorge Almeida Pons como vocal de la Sala III de esa Cámara.

En tanto, Eduardo Aníbal Aguayo fue postulado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de CABA Federal.

Durante la audiencia también defenderán sus pliegos Valeria Alicia Bertolini, propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 6 de la CABA, y María de los Ángeles Sapín, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 8.

Además, expondrá Luciano Cruz Savignano, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Savignano, quien está a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Pergamino, ganó el concurso en 2018 y recibió el respaldo del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el entonces presidente Alberto Fernández nunca envió su pliego al Senado, por lo que ahora será tratado después de ocho años.

Por último, también se presentarán las postulantes a defensoras públicas de CABA Carolina Morales Deganut, María Lucrecia Sammartino, Natalia Eda Bonino y Romina Soledad Paraboni, propuesta como defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación.

La audiencia del miércoles 18

Se presentarán candidatos a jueces, fiscales y defensores para distintos cargos en el interior del país.

Expondrán Mateo Dijou, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Resistencia; Mariano Javier Camblong, como juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; y Juan Manuel Kees, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

También defenderán sus pliegos Federico Miguel Baquioni, propuesto como fiscal general de la Unidad Fiscal de San Luis, y María Julieta Ibáñez Arrieta, postulada como defensora pública de Víctimas con asiento en la provincia de La Rioja.

Para distintos juzgados penales de Santa Fe fueron propuestos Emiliano Pedro Méndez Ortiz, Franco Mariano Carbone, Guido Yercovich y Vanesa Natalia Druetta.

Por otra parte, se tratarán postulaciones de conjueces de primera instancia del Trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la CABA.

La nómina está integrada por Norma Alejandra Benítez, María Virginia Chedrese, María Victoria Consentino, Alejandro Esteban Danusi, Gabriela Andrea Donadio, María Ximena Fernández Barone, Mirna Lorena Martínez, Juan Martín Segura, Lucas Hernán Palla, María Roxana Henríques, Federico Pablo Agüero Urquiza, Fernando Guzmán, Silvia Rita García y Héctor David Rodríguez.

Fuente: Agencia DIB

Continue leyendo
Advertisement

Trending