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El Senado bonaerense dio media sanción a la Ley de Alcohol Cero

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El Senado bonaerense aprobó este jueves y giró a la Cámara baja un proyecto unificado que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de vehículos, con penas que incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación.

El proyecto de alcohol cero al volante fue una propuesta enviada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, en abril pasado, y prevé la modificación de la Ley 13.927 del Código de Tránsito para establecer que quienes hayan bebido alcohol no puedan conducir un vehículo.

Durante el tratamiento en comisiones del Senado bonaerense, el texto incorporó agregados de los senadores José Luis Pallares (Frente de Todos) y de la senadora de Juntos, Claudia Rucci, por lo que su aprobación fue unánime en el recinto.

“Queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor, con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir o con una concentración de alcohol superior a cero miligramos de alcohol”, expresa el proyecto de alcohol cero al volante.

La ley de alcohol cero recogió los lineamientos de tres proyectos: uno que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof, otro de autoría del massita José Luis Pallares (Frente de Todos) y un tercero elaborado por la senadora de Juntos, Claudia Rucci. Además, el dictamen de mayoría receptó los aportes vertidos en el plenario conjunto de comisiones que realizó cuatro reuniones con especialistas en siniestralidad vial, expertos en toxicología, funcionarios municipales, técnicos del INTI y familiares de víctimas.

“Fue un honor poder presidir una de las comisiones que llevó adelante el debate por la ley de alcohol cero, es histórico para el Senado bonaerense que tres cuerpos de trabajo estén trabajando al unísono en un proyecto de tanta relevancia. En mi caso vengo trabajando fuertemente en la aplicación de la ley de víctimas. Fue un ámbito democrático donde trabajaron muchos todos los colegas y asesores de las tres comisiones. Estamos demostrando que con diálogo, compromiso y esfuerzo hay una Argentina distinta. Distintos colores políticos y diversidades personales lograron llegar a un acuerdo para que salga la ley de alcohol cero”, dijo la senadora de Juntos, Lorena Petrovich, que preside la comisión de Transporte.

Como una de las novedades que se agregó a último momento a pedido de la bancada de senadores bonaerenses de Juntos, fue un fondo para que los 135 municipios de la provicia de Buenos Aires puedan aplicar en territorio la ley de alcohol cero, que se distribuirá mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD). De acuerdo a lo que supo este medio, las partidas se incluirán en un artículo del proyecto de Presupuesto 2023 que ingresará el Poder Ejecutivo por la Cámara de Diputados bonaerense.

“Es una satisfacción porque fue un trabajo arduo pero con mucho consenso respecto a la agenda de las diferentes mesas y de los expositores invitados. En este trabajo se abrió un panorama muy importante. Fue una labor a conciencia y después se tomó un plazo produente para que los bloques elaboren sus propuestas respecto a esta ley de alcohol cero tan importante. En momentos en que se habla tanto de grieta, en el Senado bonaerense desde ambos bloques se dio una muestra de madurez y un ejemplo de que se puede trabajar en conjunto”, expresó el senador del Frente de Todos, Walter Torchio, que preside la comisión de Adicciones.

En cuanto al fondo destinado a los municipios para la aplicación de la ley de alcohol cero, Petrovich marcó que “era necesario incorporar para que la norma se pueda aplicar en los distritos”. “Además se modificaron algunos detalles menores, pero lo importante es que el alcohol cero está a un paso de hacerse realidad en la provincia de Buenos Aires”, agregó la legisladora de Juntos.

El fondo para los distritos es un ítem que se negoció hasta último momento entre las bancadas del Frente de Todos y de Juntos. De hecho, el plenario conjunto de comisiones extendió una hora su comienzo para que los legisladores puedan ponerse de acuerdo. El tema se destrabó después de un contacto con el titular de la cartera de Transporte, Jorge D’Onofrio, uno de los impulsores de la ley de alcohol cero al volante, que mantuvo una videollamada con los senadores de ambos bloques.

“Hicimos el trabajo de manera tal de confeccionar una ley que se pueda cumplir, no sólo tiene que ver con los controles, sino también con la educación, es una ley que busca impulsar a los conductores responsables y salvar vidas. Es un disparador, pero hay una tarea muy grande por hacer”, enfatizó Torchio, respecto a la inclusión del fondo para los municipios que incluyó el dictamen de mayoría de alcohol cero.

Las estadísticas del Ministerio de Transporte bonaerense dan cuenta de cuatro muertes diarias por siniestros viales en la provincia de Buenos Aires, de las cuales cerca de un 60% están relacionadas con el consumo de alcohol y afectan a los jóvenes. En ese sentido, la ley de alcohol cero se prevé que, acompañada de campañas de concientización, controles y medidas de educación vial, pueda colaborar con reducir esas tristes cifras.

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Malvinas: medios británicos reflejaron los dichos de Villarruel sobre los isleños en medio de la creciente tensión diplomática

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La vicepresidenta de ArgentinaVictoria Villarruelles exigió a los habitantes de las Islas Malvinas que “vuelvan a Gran Bretaña” si “se sienten ingleses”, en una serie de publicaciones en X que los principales diarios británicos recogieron de inmediato. Las declaraciones llegaron en un momento de máxima tensión diplomática: días antes, la filtración de un memorándum interno del Pentágono había puesto sobre la mesa la posibilidad de que Washington retire su respaldo histórico a la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago.

“Hoy más que nunca, las Malvinas son argentinas”, escribió Villarruel en X. “La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre estados, por lo tanto el Reino Unido debe discutir bilateralmente con Argentina el reclamo que mantenemos por razones legales, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino; no son parte de la discusión“, añadió la vicepresidenta. En respuesta a un usuario que sostenía que “los isleños son argentinos”, Villarruel replicó: “Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros de distancia donde está su país.”

El detonante inmediato de la escalada fue la filtración, publicada el viernes 25 de abril por la agencia Reuters, de un memorándum interno elaborado por Elbridge Colby, principal asesor de política del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El documento, que circuló en los niveles más altos del Pentágono, listaba opciones para castigar a los aliados de la OTAN que se negaron a respaldar las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán. Entre esas medidas figuraba la revisión del apoyo diplomático de Washington a lo que el texto denominó “posesiones imperiales europeas”, con las Islas Malvinas mencionadas de forma explícita.

La filtración sacudió a Londres. El portavoz oficial del primer ministro Keir Starmer respondió con contundencia: “La posición del Reino Unido es clara y no va a cambiar. Es una postura histórica e invariable, y así permanecerá.” La canciller Yvette Cooper fue más directa: “Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía recae en el Reino Unido y la autodeterminación, en los isleños. No podríamos ser más claros”, declaró Cooper, citada por el Daily Mail. La tensión de fondo tiene raíces en la guerra de Irán: el gobierno de Starmer, que se negó a sumarse a los ataques ofensivos aunque autorizó el uso de bases británicas con fines defensivos, acumuló fricciones con la administración Trump desde el inicio del conflicto.

Fue en ese contexto donde el presidente argentino Javier Milei tomó la iniciativa. A fines de la semana pasada, el mandatario publicó en X que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. El 43° aniversario de la guerra, el 2 de abril del año pasado, Milei había sido más explícito sobre su estrategia: “Cuando se trata de la soberanía sobre las Malvinas, el voto más importante es el que se hace con los pies, y esperamos que algún día los malvinenses decidan votar con los pies por nosotros. Por eso buscamos ser una potencia”, declaró entonces, según consignó el Daily Mail. Un año antes, el mandatario había admitido públicamente que las islas estaban “en manos del Reino Unido” y prometió recuperarlas por vías diplomáticas, reconociendo que no había “solución instantánea”.

The Telegraph reveló además una dimensión militar del conflicto diplomático que pasó casi inadvertida: Washington presionó al gobierno británico para que aceptara un acuerdo mediante el cual Estados Unidos armaría a Argentina con cazas F-16. Según tres fuentes citadas por el rotativo londinense, el Foreign Office recibió presiones en reuniones bilaterales. “Hubo reuniones en el Reino Unido y a Gran Bretaña se le dijo en términos inequívocos que así sería el trato”, relató una de las fuentes al diario. Argentina ya recibió una entrega de F-16 estadounidenses procedentes de Dinamarca a fines del año pasado, en lo que el Telegraph describió como “un ejemplo poco frecuente de aliados occidentales que arman a Buenos Aires“. El Reino Unido mantiene una prohibición estricta sobre la exportación de armas o componentes a Argentina debido a la disputa de soberanía.

El canciller argentino Pablo Quirno aprovechó la coyuntura para publicar en X que Argentina renueva “su voluntad de retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”. El gobierno de las Islas Malvinas respondió con una declaración en la que afirmó tener “plena confianza en el compromiso del gobierno del Reino Unido de defender nuestro derecho a la autodeterminación”, y recordó que el 99,8% de los votantes, con una participación del 92%, optó en el referéndum de 2013 por permanecer como territorio de ultramar británicoArgentina no reconoce la validez de ese plebiscito.

La oposición conservadora británica cerró filas con el gobierno. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, comparó la posición de la administración Trump con sus comentarios sobre la anexión de Groenlandia: “Es una absoluta tontería. Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía es soberanía británica”, declaró. Desde el partido Reform, su líder Nigel Farage tiene previsto viajar a Argentina en otoño para transmitirle a Milei en persona que mantener las Malvinas bajo bandera británica es “no negociable”, según informó el Daily Mail.

La guerra de las Malvinas de 1982 costó la vida a 255 militares británicos, tres isleños y 649 soldados argentinos, tras diez semanas de combates que concluyeron con la rendición de las fuerzas de Buenos Aires ante la fuerza de tareas enviada por Margaret Thatcher. En aquel conflicto, Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan respaldó a Gran Bretaña, un antecedente que hoy adquiere nueva relevancia ante la posibilidad de que la administración Trump revierta esa posición histórica.

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La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo, según el índice de la Universidad Di Tella

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La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo en abril de 2026, según el índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. La contracción de 12,1% respecto de marzo es la más pronunciada de las cuatro caídas registradas en lo que va del año, y supera con amplitud los retrocesos de enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%).

No obstante, el nivel de abril se sitúa por encima del valor que exhibió la gestión de Alberto Fernández en el mismo mes de 2022, cuando el ICG marcó 1,44 puntos, lo que representa una diferencia de 40,9% a favor de la administración de Javier Milei. En tanto, el indicador quedó por debajo del registrado bajo la presidencia de Mauricio Macri en abril de 2018, cuando el índice alcanzó 2,07 puntos, una diferencia de -2,1% respecto del valor actual.

En términos interanuales, el índice acumula una baja de 13,2% frente al mismo período de 2025. La caída acumulada desde diciembre de 2025 asciende a 17,9%, lo que ubica al promedio de la gestión de Milei en 2,42 puntos, el registro más bajo desde el inicio de su mandato.

La brecha de género se redujo respecto de marzo, aunque por razones que reflejan un deterioro generalizado. El ICG entre los hombres cayó 16,9%, hasta 2,16 puntos, mientras que entre las mujeres descendió 4,1%, hasta 1,85 puntos. La diferencia entre ambos segmentos pasó de 0,67 puntos en marzo a 0,31 puntos en abril.
En el plano etario, el segmento de 18 a 29 años recuperó el liderazgo que había cedido en marzo, con un valor de 2,27 puntos y una variación positiva de 2,3%. El grupo de mayores de 50 años descendió a 2,03 puntos (-11,4%), en tanto que el tramo de 30 a 49 años registró la contracción más pronunciada del mes, al caer 16,7% hasta 1,94 puntos.

En el análisis geográfico, todas las regiones presentaron caídas respecto de marzo. El interior del país mantuvo el nivel más elevado, con 2,22 puntos (-11,9%). Los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubicaron en 1,87 puntos (-11,8%), mientras que los del Gran Buenos Aires (GBA) registraron el valor más bajo del AMBA, con 1,67 puntos (-13,0%).

Por nivel educativo, quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios presentaron el ICG más alto del segmento, con 2,21 puntos (-7,9%). Le siguieron quienes completaron el secundario, con la caída más pronunciada entre los tres grupos: 1,83 puntos (-19,0%). El segmento con instrucción primaria se ubicó en 1,60 puntos (-4,2%).

La percepción sobre el futuro económico continúa siendo la variable con mayor poder de diferenciación dentro del índice. Quienes anticipan una mejora de la situación en el próximo año registraron un ICG de 4,03 puntos (-3,6%), mientras que los que esperan que se mantenga igual cayeron a 2,49 puntos (-13,5%). En el extremo opuesto, quienes prevén un deterioro económico presentaron el valor más bajo: 0,51 puntos, con una leve suba de 2,0% respecto de marzo.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril de 2026, sobre una muestra aleatoria de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades del país, entre personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El margen de error del ICG es de ±0,06 puntos, con un intervalo de confianza del 95% de entre 1,90 y 2,15 puntos.

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El Gobierno intimó a los rectores a que garanticen las clases tras el paro docente universitario: la respuesta de la UBA

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El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades nacionales a que garanticen las clases y se tomen medidas en medio de la semana de paro docente que establecieron los profesores universitarios. En tanto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cruzó al Ejecutivo y solicitó que se aplique la ley de Financiamiento Universitario.

En ese sentido, la cartera que dirige Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, elevó el pedido a las cabezas de las universidades y pidieron que “informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.

“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”, continúa el comunicado.

Y completa: “La situación descrita reviste especial gravedad, ya que los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone. El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender“.

El comunicado del Ejecutivo tiene razón debido al paro docente que comenzó este lunes y al que se adhirieron los gremios de profesores universitarios. La medida de fuerza se extenderá hasta el próximo lunes 2 de mayo y está en la previa de una nueva marcha federal universitaria en reclamo por la ley de financiamiento.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras un primer fallo favorable a las universidades en diciembre, el mes pasado la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6 de esa ley, referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. En respuesta a esa decisión judicial, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

En esa línea, el vicerrector de la UBAEmiliano Yacobitti, en respuesta al Gobierno, planteó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.

Y añadió: “Esto ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente“.

Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad”, completó, y agregó un nuevo mensaje de cara a la manifestación de la que se espera una amplia convocatoria: “No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”.

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